El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos dijo este viernes que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte, como parte de un grupo de medidas para «fortalecer» la pena capital a nivel federal.

Las nuevas directivas buscan despejar «el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación», informó el DOJ, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

 Entre ellas se incluye «la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte».

«Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes», agregó la Justicia en un comunicado.

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Según el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, el Gobierno del expresidente Joe Biden «incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden».

Blanche advirtió que ahora, el DOJ «vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas».

Justicia también anunció que instruyó a la Oficina de Prisiones «examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos».

En el país norteamericano, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones. En otros 23 estados y el Distrito de Columbia ha sido abolida, según la ONG Death Penalty Information Center.

De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida.

Este año están programadas al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las que hasta el momento ya se han completado ocho.

Con información de EFE

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidió a la Fiscalía que pida la pena capital para los dos migrantes responsables por el abuso y asesinato de una niña de 12 años en Texas, tras expresar su profundo rechazo ante estos hechos.

“Es muy penoso que personas inocentes en EE. UU. sean víctimas de crímenes atroces por parte de inmigrantes venezolanos, que demuestran el fracaso de una revolución que está exportando delincuentes fuera de las fronteras de Venezuela”, dijo el presidente de Veppex, José Antonio Colina, en un comunicado reseñado por Efe.

El cuerpo de la niña Jocelyn Nungaray, de 12 años, fue encontrado en un arroyo en el norte de Houston, la semana pasada con signos de violencia.

Los autores del crimen son los migrantes venezolanos Franklin José Peña Ramos, de 26 años, y Johan José Martínez Rangel, de 22.

Ellos fueron arrestados pocos días después de que la Policía de Houston divulgara varias imágenes de los dos migrantes hablando con la menor.

Según documentos judiciales, los sospechosos supuestamente atrajeron a la niña debajo de un puente, la ataron y luego estrangularon antes de arrojar su cuerpo al pantano, donde fue hallado la mañana del lunes 17 de junio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a los medios que Peña Ramos y Martínez Rangel fueron detenidos en la frontera recientemente por autoridades de migración y puestos en libertad con grilletes electrónicos y una orden para comparecer ante un tribunal de inmigración.

Un juez de Texas les impuso a ambos una fianza de diez millones de dólares por la existencia de un alto riesgo de fuga.

La trágica muerte de Nungaray ha dado combustible nuevamente a la retórica antiinmigrante de los republicanos y la campaña del expresidente Donald Trump (2017-2021).

De hecho, en un mitin este fin de semana, Trump mencionó el asesinato de Jocelyn Nungaray por el que fueron arrestados los dos venezolanos que ingresaron recientemente al país, y además se refirió a otras cuatro investigaciones a las que están vinculados inmigrantes.

Biden salió al paso de la criminalización de los inmigrantes el martes y acusó a Trump de aprovecharse de esas tragedias para deshumanizarlos.

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Veppex afirma en el comunicado que la comunidad venezolana radicada en EE.UU. se ve muy afectada por “los delitos cometidos por inmigrantes de nuestro gentilicio que han ingresado recientemente a Estados Unidos”.

Por ello, insta a la fiscalía al frente de las investigaciones de este caso a que “solicite la pena capital para estos dos delincuentes provenientes de Venezuela”, para que se haga justicia y “se envíe un mensaje a quienes quieran seguir con la realización de actos atroces en Estados Unidos”.

Un sondeo de Gallup en febrero encontró que la inmigración se convirtió en el tema de mayor preocupación de los estadounidenses, con un 55 % que dice que “el gran número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos” son una amenaza crítica para los intereses vitales del país.

El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, llevó a cabo este jueves la primera ejecución de un condenado a muerte usando gas de nitrógeno, en la primera aplicación de este método en el país que la ONU equipara con «tortura».

El reo Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte en 1996 por el asesinato de una mujer ordenado por su marido, fue declarado muerto a las 20H25 (02H25 GMT del viernes), 29 minutos después del inicio de la ejecución, indicó un comunicado del fiscal general de Alabama.

«Se hizo justicia. Esta noche, Kenneth Smith fue ejecutado por el atroz acto que cometió hace 35 años», declaró Steve Marshall, al afirmar que Alabama «logró algo histórico».

Su ejecución es la primera del año en Estados Unidos, donde en 2023 hubo 24, todas por inyección letal. Y es la primera vez en más de 40 años que se introduce un nuevo método de ejecución en el país.

Una tentativa anterior por inyección letal, el 17 de noviembre de 2022, fue cancelada cuando funcionarios de la prisión fueron incapaces de colocarle la vía intravenosa para administrarle los fármacos en el tiempo legalmente previsto, después de «haber permanecido atado varias horas», según sus abogados.

Alabama es uno de los tres estados del país que permiten las ejecuciones por inhalación de nitrógeno, en las que la muerte se produce por hipoxia, es decir por falta de oxígeno. 

La Unión Europea deploró en un comunicado la ejecución de Smith con un método que «según destacados expertos (…) es un castigo especialmente cruel e inusual» y recordó su firme oposición a la pena de muerte «en todo momento y circunstancia».

«Lamento profundamente la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama a pesar de las serias preocupaciones de que este método no probado de asfixia con nitrógeno pueda constituir tortura o un trato cruel, inhumano o degradante», declaró por su parte el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

La semana pasada, su Oficina (ACNUDH) afirmó estar «alarmada» por esta ejecución y su portavoz, Ravina Shamdasani, pidió que fuera suspendida.

El protocolo de ejecución por hipoxia con nitrógeno de Alabama no prevé la sedación, a pesar de que la Asociación Veterinaria Americana (AVMA) recomienda administrar un sedante a los animales sacrificados de esta manera, añadió Shamdasani.

Kenneth Eugene Smith, de 58 años, recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos alegando que este nuevo intento de ejecución violaría sus derechos constitucionales, además de solicitar su suspensión. Todas las apelaciones que había presentado anteriormente en Alabama fueron rechazadas.

Pero el máximo tribunal del país, con mayoría de magistrados conservadores, rechazó la petición el miércoles.

En sus alegatos, el estado de Alabama señala que la hipoxia con nitrógeno es «quizá el método de ejecución más humano jamás inventado». 

«Las autoridades de Alabama han fallado tres ejecuciones seguidas en 2022, incluida la del señor Smith», afirmó la directora ejecutiva del observatorio especializado Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), Robin Maher.

«Tal vez se sientan más cómodos pasando a un modo de ejecución completamente diferente, aunque sea totalmente experimental y nunca haya sido probado», declaró a la AFP.

«Todavía estoy traumatizado por la última vez», confesó el recluso en diciembre en una entrevista a la radio pública NPR, en la que confesó estar «absolutamente aterrorizado» ante la perspectiva de volver a pasar por lo mismo.

En 1988 fue declarado culpable del asesinato de Elizabeth Dorlene Sennett, de 45 años, ordenado por su marido, Charles Sennett, un pastor muy endeudado e infiel, para que pareciera un robo que acabó mal.

A pesar de que el marido se suicidó, la policía siguió la pista del asesinato que le llevó a dos hombres. El cómplice de Kenneth Eugene Smith, John Forrest Parker, que había sido condenado a muerte, fue ejecutado en 2010.

Smith también fue condenado a muerte una vez, pero el juicio fue anulado en apelación. 

En 1996, en su segundo juicio, 11 de los 12 miembros del jurado estaban a favor de la cadena perpetua.

Pero en su caso, como en el de su cómplice, el juez desautorizó a los jurados y le condenó a muerte, una posibilidad que existía entonces en algunos estados pero que ahora se ha abolido en todo el país.

En su informe anual de diciembre, el observatorio DPIC señaló que la mayoría de los presos ejecutados en Estados Unidos en 2023 «probablemente no serían condenados a muerte hoy».

Se basa en los cambios en la legislación y en que ahora se toman más en cuenta los problemas de salud mental y los traumas de los acusados. 

La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados del país y otros seis observan una moratoria en su aplicación por decisión del gobernador.

El régimen de Irán aumentó drásticamente las condenas a latigazos contra activistas civiles y políticos tras el levantamiento por la muerte de la joven Mahsa Amini en septiembre de 2022, según el Atlas de Prisiones de Irán (Iran Prison Atlas).

Este tipo de condenas, amparados por el Código Penal Islámico, se han cuadruplicado en comparación con 2022, con al menos 117 activistas, entre ellos 13 mujeres y 104 hombres, sentenciados a un total de 7.404 latigazos, además de 99 años y tres meses de prisión y una multa de 1.160 millones de riales (unos 2.300 dólares).

De acuerdo al Código Penal Islámico, las condenas a latigazos son por “alteración del orden público y publicación de falsedades con intención de perturbar la opinión pública”, explica EFE.

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El Atlas de las Prisiones Iraníes criticó duramente al régimen por emplear la flagelación, pese a ser consciente de sus daños físicos y psicológicos.

El aumento de las condenas coincide con la actual preocupación por el trato que reciben los manifestantes tras el levantamiento revolucionario de Mujeres, Vida, Libertad.

Amnistía Internacional acusó la semana pasada a Irán de “intensificar la represión” contra mujeres y niñas para imponer el uso del hiyab, después de que las autoridades anunciaran el redespliegue de la Policía de la moral cerca de diez meses después de la muerte bajo custodia de Amini, detenida en septiembre por supuestamente llevar mal puesto el velo.

Al menos 61 personas, entre ellas 11 pertenecientes a la minoría baluchi, fueron ejecutadas en Irán durante el mes de julio, lo que eleva la cifra de ajusticiados en la República Islámica a 423 en lo que va de año, informó la ONG Iran Human Rights (IHR).

La organización, con sede en Noruega, indicó en un comunicado que entre los ejecutados se encontraban cuatro mujeres y tres ciudadanos afganos, mientras que todos ellos fueron ajusticiados tras ser condenados por tráfico de drogas, asesinato, violación y “moharebeh” o enemistad contra Dios.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Irán es el país de Medio Oriente que más aplica la pena de muerte.

En 2022, se llevaron a cabo 576 ejecuciones en el país persa respecto a los 314 registrados en el año anterior.

Con información de EFE

La ola de abusos contra menores perpetrados en las últimas semanas en Venezuela, ha desatado conmoción e indignación en la opinión pública al punto de revivir el debate sobre la pena de muerte y otros castigos por la crueldad de los delitos cometidos.

Este domingo ocurrió un hallazgo macabro, vecinos del río Escalante dieron aviso a las autoridades de un cadáver en avanzado estado de descomposición, que resultó ser el de la niña Luzmary Hurtado.  Extraoficialmente se conoció que el cuerpo presentaba signos de violencia sexual y estrangulamiento.

Otros casos que conmocionaron la opinión pública fue el de un hombre de la tercera edad que abusó de sus 7 nietas de entre 3 y 16 años.

También el atroz crimen de Franyelis Veliz Rodríguez de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas.

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Las reacciones no se han hecho esperar, y pese a que la Fiscalía ha actuado con celeridad y ha imputado pena máxima para los depredadores sexuales, sectores de oposición plantean elevar otras propuestas a la Asamblea Nacional

Tal es el caso del Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), partido que estudia presentar ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN), una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación, según reseña VOA.

Consultado sobre el tema Alejandro Aguilera, diputado por el MOVEV, considera se trata de una “opción viable” y que hay que evaluar si es posible aplícalo en Venezuela.

Aguilera subraya que no debe interpretarse como una “doble pena”, prohibida en la legislación venezolana, y menos aún como una “pena cruel, inhumana y degradante”, o una venganza.

Por su parte, Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), asegura que el planteamiento de castración química parte del desconocimiento del manejo del tema del abuso sexual.

Explicó a VOA que “es absurda (…) la violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, pero también con el dedo y con objetos, y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene”.

Para León los casos de abusadores deben ser tratados en varios niveles. “Si hablamos del tratamiento al abusador, debería ser multidireccional, interdisciplinario y evaluar cada caso en específico, qué necesita y qué se debe dar”.

Al tiempo que agregó que “Las condiciones del país para estos tratamientos no están dadas a menos que esta persona busque ayuda médica y pueda él mismo tener atención”.

Mientras que el secretario Político de Vente Venezuela en Carabobo, Ramón Bravo, hizo un llamado a los diputados a evaluar la aplicación de la pena de muerte o la cadena perpetua para los abusadores.

“Es nuestra responsabilidad como sociedad civil abrir este debate y ponerle un parao a ese tipo de crímenes que vienen creciendo día a día”, dijo según cita Noticias 24.

Emplazó a los diputados a la Asamblea Nacional y a los legisladores regionales que inicien un debate profundo para la aplicación de pena de muerte o cadena perpetua en contra de los violadores sexuales y asesinos de menores de edad.