La Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, publicada en mayo de 2024, no garantiza que lo recaudado llegue a un fondo real de seguridad social.

La denuncia la hizo Leonardo Palacios, abogado experto en materia tributaria y profesor universitario, quien indicó que,  por el contrario, la ley está generando sanciones y cargas excesivas para pequeñas y medianas empresas, incluso aquellas que no tienen empleados activos.

“Al establecerse la contribución, no se creó un mecanismo de armonización con las demás cargas patronales ya existentes, como el Seguro Social y fondos nacionales, lo que genera duplicidad de pagos”, explicó el experto, en entrevista con Rafio Fe y Alegría..

A esto se suma que la ley no precisa si la contribución debe calcularse sobre el salario normal o integral, lo que ha derivado en montos “bastante altos y ambiguos” para los empresarios.

Detalló que la contribución aplica a sociedades mercantiles, tanto formales como irregulares, que tengan actividad continua, generen renta y operen en el país, pero denunció que incluso pequeños contribuyentes han sido sancionados, a pesar de no contar con personal en nómina.

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Régimen  transparente

Como alternativa, Palacios planteó reducir la evasión, ampliar la base de imposición bajo parámetros de racionalidad definidos por la ley —y no discrecionalmente por la administración tributaria—, y asegurar que la recaudación provenga de una verdadera expansión económica, en lugar de sanciones.

Asimismo, insistió en que Venezuela necesita construir un verdadero régimen de seguridad social, con un organismo que administre lo recaudado, rinda cuentas y garantice beneficios concretos para los trabajadores. 

La ley de pensiones fue reformada para que cada empresa contribuya con un impuesto que luego es distribuido entre los pensionados del Seguro Social, pero el monto no ha sido determinado en la norma, sino que la decide el Ejecutivo discrecionalmente y se otorga a través de la Plataforma Patria. 

Actualmente, los abuelos que la reciben, tienen acceso a unos 47 dólares mensuales.

Con información de Radio Fe y Alegría

Orlando Camacho, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y presidente de (Fedeindustria), explicó cómo es que se llegó finalmente a determinar que el aporte del sector privado, según dicta la nueva Ley de Protección de Pensiones, fuera de 9% y no de 15% como lo establecía la norma, originalmente.

«Tras reuniones entre el Ejecutivo y el sector privado, se acordó establecer en 9 % la cuota de la nueva Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social. Definimos cuáles son los montos, evaluando el número de trabajadores en el sector privado», explicó Camacho, en entrevista con Unión Radio.

«La idea es que se comparta, que 80 % de la carga sea para el sector público y 20% con esta nueva recaudación, sea para el sector privado», agregó.

Sobre el tema, puntualizó que «dado el ingreso mensual de los trabajadores, partiendo de $ 130, era difícil proponer que el trabajador hiciera un aporte». Poir ello, «Fedeindustria sugirió que pudiéramos llegar hasta 10% sin que el trabajador coloque ningún aporte, porque lo debería asumir la empresa».

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Fue así como «tras varios encuentros, se llegó en consenso a 9%, en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Economía en el estado Bolívar, donde nos reunimos con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el gabinete social y el Seniat. Allí se estableció esa tasa».

Por otro lado, indicó que «de 100% del pago actual a los pensionados, el Estado coloca 99 % y 1 % lo pone la recaudación a través del Seguro Social. Eso no se complementa para nada a la realidad».

En consecuencia y, para «poder mantener la pensión, la carga debe ser compartida, porque también los trabajadores del sector privado son personas pensionadas del Seguro Social».

Sobre la fecha para el primer aporte oficial, Camacho ratificó que los cálculos arrojan que podría ser en junio.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha estado presente en las reuniones que el empresariado ha realizado para debatir sobre la “Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista” y ya tiene el calendario de pago para el aporte, afirmó el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho.

«Ojalá pueda ser a partir del mes de junio cuando se realicen los primeros aportes. Es una fecha viable, porque el Seniat se reunió con nosotros y ya tiene su instrumento, lo único que falta por definir es la tasa», adelantó Camacho.

El también diputado a la Asamblea Nacional agregó que «el ente tributario tiene el calendario y va bastante adelantado para que la recaudación sea eficiente y llegue rápidamente a los pensionados”.

Explicó que al Seniat se le cancelará a través de un formulario en el cual cada uno de los empresarios debe colocar el número de trabajadores con sus salarios y sobre ese monto total se va a aplicar la alícuota que Nicolás Maduro establezca y se deberá pagar en la fecha que el calendario del Seniat indique.

«Los salarios e ingresos por bonificación van a entrar directamente en los gastos y son deducibles de lo que pagan en Impuesto Sobre la Renta (ISLR). El Seniat lo entiende como un pago”, señaló.

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Por otra parte, el dirigente gremial fue cauto y dice estar desacuerdo con las posibles exoneraciones parciales o totales del pago de esta contribución a determinadas categorías de sujetos pasivos especiales y sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo social.

“No creemos en exoneraciones porque, a veces, terminan siendo instrumentos de competencia desleal (…) Aquí todo el mundo debe pagar impuestos para que la economía sea cada día más estable” expresó.

Mientras que sobre las sanciones establecidas en la Ley para aquellas empresas que no presenten la declaración de la contribución o lo hagan fuera del plazo establecido por el Seniat, resaltó que es importante que el monto reseñado en la declaración coincida con el que se pague en el formulario.

La Asamblea Nacional (AN) sancionó en tiempo récord la Ley de Protección de las Pensiones que, básicamente, establece un aporte de 15% “del total de los pagos realizados a los trabajadores” que deberán entregar los empresarios, para crear un fondo de donde se sacarán los recursos para incrementar los ingresos de los abuelos.

Sin embargo, además del tiempo récord en que se sancionó la norma, puesto que no pasó una semana desde que el presidente Nicolás Maduro la anunció, el 1 de mayo, hasta que la AN le dio el aval, el Parlamento no escuchó las sugerencias que los principales afectados.

Y es que tanto Fedecámaras como Conindustria presentaron un documento a la comisión especial designada por la directiva de la AN para redactar el informe para la segunda discusión, en el cual señalaban cuál debía ser el monto del aporte de parte de los empresarios, con la finalidad de no causar estragos al sector, ahogado con el pago de unas 200 contribuciones al año.

“La alícuota debería ser establecida por la Ley conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6 %”, señala el escrito entregado por unos 45 representantes gremiales.

“La justificación de ello es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada”, agrega.

Asimismo, los afectados alertaron que cobrar “15 % sobre el ingreso integral mensual que pagan los empleadores del sector privado a sus trabajadores significa no solo un desestimulo a la contratación de trabajadores y al crecimiento del sector que ofrece empleos formales; sino que, a todas luces, es un escenario insostenible para cualquier compañía”.

Es más, advirtieron que ese impuesto les obligaría “a reducir la nómina y detener el avance sostenido de recuperación del ingreso de los trabajadores que han implementado hasta ahora, para poder cumplir con dicha contribución especial”.

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Aunque la AN cumplió con el proceso de consultas que exige la Constitución, en el proceso de elaboración de leyes que obliga a los diputados a dar dos discusiones a las normativas, el documento que se sancionó no se diferencia en casi nada del original que entregó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Una fuente del Parlamento, que pidió conservar su nombre de reserva, dijo a Impacto Venezuela que “solo se le cambiaron algunas comas, puntos, acentos y una que otra palabra, pero en el fondo quedó igual”.

La reforma pensional tiene a Colombia en ascuas. El gobierno de Gustavo Petro propone un revolcón para que más personas puedan acceder a este beneficio en la vejez, pero muchos otros se verán afectados para mal.

Y el sistema en general podría no aguantar el nuevo modelo. El expresidente Álvaro Uribe hace serias advertencias en ese sentido, según reseña la revista Semana.

Recuerda, por ejemplo, que “Argentina acabó con los fondos y los pensionados dependen de préstamos del Banco Central al Gobierno y de una mesada en pena por la inflación del 100 %”.

Y enumera uno a uno los problemas que le ve a la reforma. Este es el texto del exmandatario:

“Indudablemente con la propuesta del Gobierno habrá más dinero para gastar ahora pero al costo de mayor endeudamiento futuro», dijo Uribe en un video publicado en sus redes sociales.

Del total de 21,5 millones de personas que trabajan en Colombia, solamente 12 millones son cotizantes activos del Sistema de Pensiones.

Esto también indica que no se ha tenido una alta y sostenida tasa de crecimiento económico y de generación de empleo. Y reciben pensión 2,3 millones de personas, más 1,8 millones que son beneficiarios del programa del Adulto Mayor.

Deben señalarse por lo menos tres problemas pensionales: llegar a todos los ancianos vulnerables mayores de 65 años, 3,4 millones, con un apoyo de $ 223 mil mensuales, que equivaldría a multiplicar por más de 3 el presupuesto anual del rubro; manejar un déficit pensional que oscila alrededor del 100 % del PIB, con tendencia a agravarse por la reducción de personas que nacen, lo que conduce a que habrá menos cotizantes para pagar a los que reciben pensión; y, el alto subsidio que se paga en Colpensiones porque los aportes no compensan el valor de la pensión.

Las tres reformas sociales, laboral, pensional y a la salud, se encuentran en graves aprietos por la falta de consensos con los sectores más escépticos. Las negociaciones no surten el efecto esperado, lo que evidencia la intransigencia del Gobierno.

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Las tres reformas sociales, laboral, pensional y a la salud, se encuentran en graves aprietos por la falta de consensos con los sectores más escépticos. Las negociaciones no surten el efecto esperado, lo que evidencia la intransigencia del Gobierno.

En los fondos de pensiones el único subsidio es para garantizar que no haya pensiones por debajo del salario mínimo -garantía de pensión mínima-, que se financia con parte de las cotizaciones, sin costo fiscal.

El problema puede darse en bajas pensiones para los afiliados de ingresos medios, lo que necesitaría aumentos de cotizaciones, hoy casi sin espacio por los nuevos impuestos. Los fondos tienen un acumulado de $ 360 billones de pesos de propiedad de los afiliados, suma que podría ascender a 86 billones de dólares.

Esta suma significa seguridad para los futuros pensionados, defensa de la economía ante las crisis y fuente razonable de financiación del Gobierno y de los mercados institucionales.

La rentabilidad real del 8 % anual en los fondos acredita su buen manejo no obstante que ha habido dificultades puntuales y excepcionales.

El diseño de un Sistema de Pilares propuesto por el Gobierno es apoyado por ANIF, Fedesarrollo y la Universidad de Los Andes. Hay diferencias sobre el alcance del pilar solidario para apoyar a los más vulnerables.

Además, mientras el Gobierno propone llevar a Colpensiones el ingreso de todos los cotizantes hasta tres salarios mínimos, y de ahí en adelante al Sistema de Ahorro Individual o de los Fondos, los analistas mencionados sugieren reducir a dos o incluso a un salario mínimo.

En cualquier caso los fondos dejarían de recibir entre el 50 % y más del 75 % de sus ingresos, lo cual se traduciría en endeudamiento futuro para pagar pensiones.

En el caso de que no existan beneficiarios directos para recibir esos aportes, (en el caso de Colpensiones) el dinero pasa al Fondo Común de Naturaleza Pública).

La propuesta del Gobierno no varía la edad ni las semanas de cotización. Y al mantener el Sistema de Prima Media -Colpensiones-, hasta tres salarios mínimos, solamente de allí para arriba elimina subsidios fiscales.

La propuesta del Gobierno no varía la edad ni las semanas de cotización. Y al mantener el Sistema de Prima Media -Colpensiones-, hasta tres salarios mínimos, solamente de allí para arriba elimina subsidios fiscales.

ANIF y Fedesarrollo están de acuerdo en que habrá crecimiento del déficit, aunque difieren en el monto que podría crecer en un 30 % sobre el PIB.

El Gobierno propone crear un Fondo de Ahorro en Colpensiones. Este sería muy bajo porque con sus nuevos ingresos primero habrá que pagar al Adulto Mayor y después compensar los $ 18 billones de pesos que recibe al año del Presupuesto Nacional.

El Gobierno propone crear un Fondo de Ahorro en Colpensiones. Este sería muy bajo porque con sus nuevos ingresos primero habrá que pagar al Adulto Mayor y después compensar los $ 18 billones de pesos que recibe al año del Presupuesto Nacional.

El Sistema de Beneficios Económicos Permanentes, BEPs, creado en 2005, se mantiene.

A finales de 2022 contaba con más de un millón de vinculados o pequeños ahorradores, y 44000 personas ya recibían el beneficio permanente. No se entiende la cobertura tan baja cuando un 43% de los trabajadores colombianos reciben menos del salario mínimo.

Indudablemente con la propuesta del Gobierno habrá más dinero para gastar ahora pero al costo de mayor endeudamiento futuro.

No olvidemos, Argentina acabó con los fondos y los pensionados dependen de préstamos del Banco Central al Gobierno y de una mesada en pena por la inflación del 100 %”.

Problemas pensionales. Con la Reforma habrá más dinero para gastar en el presente al costo de más deuda futura. Tanto problema que se podría resolver con una economía con confianza y alto crecimiento pic.twitter.com/Y8ketUvpZr

Aunque el dólar paralelo comenzó esta semana con una tendencia a la baja, en relación con la semana pasada que cerró casi en 12 bolívares, los precios de los principales productos que consume el venezolano no han bajado, todo lo contrario. Mientras, los aguinaldos y las pensiones del Ivss se disuelven.

Este martes, el dólar en el mercado paralelo cerró en Bs. 11,16, lo que representa una una caída de 0,76% en relación con la jornada anterior.

No obstante, el aumento de los precios registrado el fin de semana, tras el salto abrupto de la divisa, de la semana anterior, se mantiene y contando, porque amenazan con incrementarse más.

Para citar un ejemplo, los abuelos cobraron este 22 de noviembre la pensión de diciembre y el segundo mes de aguinaldo, lo que suma 260 bolívares que, al tipo de cambio actual representa un poquito más de 23 dólares.

Ahora ¿Qué se compra con ese dinero? Realmente muy poco. Algunos gramos de queso, carne, huevos por unidad y harina de maíz, a duras penas.

Nada de frutas o vegetales y menos aún las medicinas que los viejitos necesitan para preservar su salud.

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Por su lado, el tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en 9,98 bolívares por dólar.

Además, el Cendas-FVM informó que el costo de la Canasta Alimentaria Familiar ronda los 500 dólares.

Así es que ni sumando el aguinaldo con la pensión se llega a dos días de alimentos para una familia de seis integrantes.

Al respecto, el economista José Guerra sostiene que el BCV no tiene cómo estabilizar la moneda, aunque mantenga la política de intervención en el mercado cambiario.

Acá mi explicación sobre esta maxi devaluacion del bolívar durante noviembre. El BCV no tiene cómo estabilizar al bolívar pic.twitter.com/OemeP1uWMm

Petro presentó su propuesta para reformar el sistema de pensiones en Colombia; iniciativa con la que aspira financiar los subsidios que les darían a tres millones de adultos mayores que hoy están sin pensión.

Según Gustavo Petro así se potenciará con recursos al programa “Adulto mayor” al pasarlos al control de Colpensiones.

A tenor de las explicaciones del presidente colombiano «un % del aporte» de los asalariados en fondos de pensiones privados pasaría a Colpensiones para financiar un bono de 500.000 pesos a tres millones de adultos mayores sin pensión. 

Esto significa que a la entidad-Colpensiones- llegaría una parte de los aportes en el futuro y no los ahorros que ya se han depositado en la cuenta individual del trabajador.

Asimismo, Petro agregó, que estos cambios podrían mejorar el sistema de protección para la vejez. 

Además, señaló que no se tocará el ahorro pensional de los trabajadores antes de la reforma. “La parte de cotización que ingresa a Colpensiones le conferirá a su propietario asalariado derecho a la pensión”.

La idea de esta reforma es unificar el Sistema General de Pensiones para proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos 13 billones de pesos del presupuesto del Gobierno que actualmente son girados a Colpensiones.

Este modelo se organizaría teniendo en cuenta los tres pilares que garantizan el acceso a una pensión básica para la población cotizante, es decir, el régimen no contributivo, contributivo y complementario:

No contributivo: se garantizará un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.

Contributivo: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media.

Complementario: las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones.

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Durante la campaña presidencial Gustavo Petro mencionó este proyecto: “Transitaremos hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes habiendo aportado a la sociedad no reciben pensión”.

El presidente Gustavo Petro propuso ampliar un bono asistencial para los adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión en su vida productiva ni tienen un ingreso fijo. 

El gobierno otorgaría un subsidio de 500.000 pesos mensuales y el dinero lo tomarían de los fondos privados, que muchos colombianos tildan de expropiación; marco legal sería una reforma pensional que deberá ser aprobada en el Congreso.

“A través de un bono, que en lugar de $80.000, pase a ser de 500.000 y haga que el viejo que hoy no está pensionado pueda superar la línea de pobreza”, dijo el presidente Petro durante la posesión de 7 nuevos funcionarios de su gobierno.

El auxilio se otorgaría a tres millones de abuelos en el país e implicaría un gasto de 18 billones de pesos al año.

“Hay tres millones de adultos mayores que multiplicados por $500.000 implica claramente una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que quedan en fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”, explicó Petro.

El anuncio de Gustavo Petro ya había aparecido entre sus propuestas de la campaña presidencial que terminó ganando, sin embargo, no tendría la cobertura total de todos los adultos mayores que no tinen pensión.

El 9 de mayo de este año el ministerio de Hacienda del gobierno Duque calculó que en Colombia son 5,6 millones de personas las que están en edad de pensionarse pero que, por distintas razones, no tienen acceso a esta mesada mensual.

El gobierno anterior hizo cálculos e indicó que –si se cubriera con el medio salario mínimo a las 5,6 millones de personas– el gasto en el 2023 sería de 27,9 billones de pesos.

“Se supone que este impacto es mitigado por los aportes de los adultos mayores que al no obtener pensión aportan los saldos de sus ahorros en pensiones para obtener el beneficio de vejez”, había conceptuado el gobierno anterior.

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El anuncio del presidente Petro, a falta de conocerse el borrador de su reforma pensional, ocurrió en medio de la posesión de los directores del Departamento para la Prosperidad Social, Icfes, Icbf, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Dane, así como a la consejera para la Equidad de la Mujer y el presidente del Banco Agrario.

El anuncio se realizó a través de un comunicado publicado en la red social Twitter, explicando que dicha cancelación consistirá en dos depósitos, uno correspondiente al mes de junio y el retroactivo del decreto de incremento salarial.

“Se informa que este viernes 22 de mayo será depositada la pensión correspondiente al mes de junio con retroactivo del mes de mayo”

Asimismo, se conoció que el monto a recibir será de Bs. 400.000 más Bs. 150.000 para un total de Bs. 550.000.