Mediante un comunicado, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información exige la libertad plena para los 22 periodistas y comunicadores sociales, que actualmente se encuentran detenidos  de manera arbitraria

"Hasta diciembre de 2025, 22 periodistas o comunicadores se encuentran detenidos/as arbitrariamente en Venezuela, por el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de prensa, y de asociación con fines sociales o políticos", dice el documento publicado por Espacio Público."Exigimos al Estado venezolano que otorgue libertad plena e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, en particular a 22 periodistas y comunicadores: Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar, Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Nicmer Evans, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán y Víctor Ugas".

A continuación, el comunicado íntegro:

Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazamos las políticas de criminalización que sostiene el Estado de Venezuela y sus autoridades hacia quienes se expresan y se organizan en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estas prácticas incluyen la detención de personas periodistas y comunicadoras sociales.

Según datos públicos de organizaciones locales, hasta diciembre de 2025, 22 periodistas o comunicadores se encuentran detenidos/as arbitrariamente en Venezuela, por el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de prensa, y de asociación con fines sociales o políticos.

Las detenciones y procesos penales incluyen faltas graves en el debido proceso: desapariciones forzadas, negación de abogados de confianza, incomunicación, desatención médica, castigos, prohibición de visitas y ausencia de información sobre los procesos judiciales.

En muchos casos, los familiares pasan meses sin conocer su paradero, y cuando los ubican finalmente, lo saben por poco tiempo, ante nuevos traslados que no son informados oficialmente. También se registran castigos físicos hacia las personas detenidas en represalia por denunciar las condiciones en los centros de reclusión y la falta de independencia judicial. En otros casos, son sometidas a aislamiento y, con frecuencia, quienes padecen enfermedades crónicas que requieren asistencia y medicación, no son atendidas oportunamente, lo que pone en grave riesgo sus vidas.

Las instituciones se articulan en esta política represiva. El sistema judicial es dependiente de las altas autoridades, la Fiscalía acusa sin pruebas. La Defensoría del Pueblo calla ante la demanda de las víctimas, al punto que dicha instancia perdió su acreditación internacional. Así, cuando el Estado no ejerce la violencia de forma directa, lo hace a través del silencio o facilitando la impunidad.

El gobierno venezolano promueve una supuesta narrativa de diálogo y paz, que es abiertamente incompatible con autoridades que detienen, desaparecen, torturan y niegan derechos fundamentales. No existe respeto y garantías para los derechos civiles y políticos, si quienes se expresan y ejercen sus libertades son reprimidos.

Desde hace varios años, como Alianza hemos reportado y rechazado las prácticas autoritarias en la región. Venezuela fue un ejemplo temprano de muchas políticas regresivas que hoy se han extendido en varios países del continente. Avanzando desde la estigmatización del discurso crítico, hacia procesos judiciales arbitrarios como forma de reprender la libre difusión de ideas y contenidos, reducir el escrutinio y promover la autocensura, llegando incluso a castigar con cárcel demandas o expresiones críticas legítimas. Cuando la violencia estatal instala la privación de libertad como un mecanismo frecuente de sanción, es la demanda colectiva muchas veces el único recurso para subir el costo de los abusos.

Exigimos al Estado venezolano que otorgue libertad plena e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, en particular a 22 periodistas y comunicadores: Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar, Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Nicmer Evans, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán y Víctor Ugas.

Las autoridades deben detener la persecución a los entornos familiares de las víctimas, y cesar los procesos judiciales arbitrarios hacia periodistas, que siguen sometidas/os a persecución penal desde hace años.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) y organizaciones internacionales de prensa llaman la atención para exigir la liberación inmediata de periodistas en el país.

«APEVEX, directivos de organizaciones internacionales de prensa, políticos y periodistas unimos nuestras voces para exigir la liberación de periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. ¡Liberen de inmediato a los periodistas!», solicitaron.

#21Nov ? "LIBEREN DE INMEDIATO A LOS PERIODISTAS"@Apevex junto a directivos de organizaciones internacionales de prensa, políticos y periodistas se unen para exigir la liberación de los trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela?: @Apevex pic.twitter.com/ITo3HvFF2p

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A este respecto se manifestó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien expresó se rechazo al amedrentamiento del ejercicio del periodismo y sus actores,

«La Sociedad Interamericana de Prensa reitera su condena enérgica ante las crecientes violaciones contra la libertad de prensa y expresión en Venezuela, ocurridas de manera creciente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio», afirmó.

Agrega que «los periodistas han sido atacados, intimidados, amenazados y detenidos arbitrariamente; varios de ellos acusados de supuestos delitos de incitación al odio y el terrorismo».

«La SIP reitera su reclamo a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad de los periodistas y la cobertura periodística», finaliza.

Recordemos algunos de los periodistas y trabajadores de la prensa que han sido objetos de agresiones o que aún están privados de libertad: Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Ramón Centeno, Deisy Peña, Ana Guaita, Carmela Longo, Roland Carreño, Fernando Chuecos y Víctor Ugas, entre otros.

Un grupo de comunicadores sociales argentinos se solidarizó con los periodistas venezolanos detenidos tras el 28 de julio, luego de las elecciones presidenciales y exigieron la liberación de una docena de de ellos.

“Hoy levantamos nuestras voces en nombre de la libertad de expresión y la justicia”, expresaron.

En la denuncia mencionaron a denuncian, al referirse a los casos de Ana Carolina Guaita, Gilberto Reina, José Camero, Yousner Alvarado, Fernando Chuecos, Roland Carreño, Deisy Peña, Paúl León, Gabriel González, Luis López, Carlos Julio Rojas y Víctor Ugas.

Además se refirieron a Claudia Macero y Omar González, otros dos periodistas que están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas desde marzo.

“Esta situación es insostenible y no podemos callar ante tanta injusticia. Nos solidarizamos con ellos y exigimos su liberación inmediata. La libertad de prensa es un derecho fundamental», indicaron

Entre los comunicadores argentinos que Osvaldo Bazán, Carolina Amoroso, Joaquín Sánchez Mariño, Eduardo Feinmann, Silvia Mercado, Alfredo Leuco, Guadalupe Vásquez, Natasha Niebieskikwiat, Silvio Klein, Cristina Pérez, Claudio Savoia, Adriana Amado, Miguel Wiñazki, Darío Mizrahi y Gonzalo Bañez.

Desde Argentina, junto con Osvaldo Bazan, Carolina Amoroso, Joaquín Sánchez Mariño, Eduardo Feinmann, Silvia Mercado, Alfredo Leuco, Guadalupe Vásquez, Natasha Niebieskikwiat, Silvio Klein, Cristina Pérez, Claudio Savoia, Adriana Amado, Miguel Wiñazki, Darío Mizrahi y Gonzalo Bañez, exigimos la liberación de cada periodista secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y el respeto a la voluntad popular de un pueblo que quiere vivir en democracia. No permitiremos que el miedo y la represión callen la verdad.

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Así también se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este 27 de agosto la Resolución 58/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de la periodista Ana Carolina Guaita, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.

#27Ago ? OTORGAN MEDIDAS CAUTELARES@CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la periodista venezolana, Ana Guaita Barreto, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el país?Vía: @Lauraartaltv pic.twitter.com/HVuPDdewQi