Luis Gonzalo Pérez, videógrafo de María Corina Machado, pasó sus últimas semanas en Venezuela escondido en casas de seguridad de la oposición, porque el gobierno de Nicolás Maduro lo declaró como el “periodista número uno” que debía ser capturado por el supuesto delito de terrorismo.

Pérez, comunicador de 33 años que recorrió Venezuela junto a Machado, recibió la noticia de que había una orden de captura en su contra de boca de la misma líder, quien le pidió que no saliera más, para proteger su vida.

Un trabajo publicado por la revista Semana, da cuenta que para Gonzalo, no bastó con esconderse. Los funcionarios del gobierno llegaron a la casa de su mamá, a la de su padre y sus abuelos y hasta al apartamento en Caracas donde vivía, haciéndose pasar por funcionarios de CANTV cuando él ni siquiera tenía teléfono fijo en su casa.

#22Sep ?️ "MI ÚNICA ARMA ES UNA CÁMARA Y UN MICRÓFONO"El periodista venezolano, Luis Gonzalo Pérez, revela cómo fue su salida del país y cómo se enteró de su orden de capturapic.twitter.com/6gCvuOln06

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Lo tenían rodeado y tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas, en la que solo cargaba a cuestas dos camisas, dos pares de medias y un morral con sus documentos.

Él es uno de los 230 venezolanos que trabajaban en política, en defensa de derechos humanos o periodismo, que han huido a Colombia desde las elecciones porque el régimen los declaró como objetivo policial.

Todos ellos ya le pidieron a la Cancillería que los reconozca como refugiados, pero hasta ahora solo tienen un salvoconducto que les permite residir en el país de forma regular, mas no trabajar.

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes están en alerta porque el Estado colombiano tarda, en promedio, hasta tres años analizando una solicitud de refugio, trámite que es un clamor de protección y asilo que hacen quienes no pueden regresar a su país porque su vida corre peligro.

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció 10 casos de persecución contra periodistas en diciembre. A eso se suman otras 7 persecuciones contra dirigentes políticos.

«Durante el mes de diciembre, en el Centro de Justicia y Paz registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos». Así lo señaló la ONG en un comunicado publicado en su página web.

La organización también registró el cierre de dos emisoras de radio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alegó que se debía al vencimiento de la concesión.

Sin embargo, Cepaz indicó: «Coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa, quien se identifica como opositor».

«Registramos el cierre de cuatro programas de radio. Tres de ellos de la misma emisora. Conatel obligó a los directivos a sacar varios programas de su parrilla por ser contrarios a los intereses del gobierno de Maduro», añadió Cepaz.

El cuarto programa de radio que obligaron a cerrar era conducido por el excandidato opositor a la Gobernación de Barinas, Freddy Superlano. Este triunfó el 21 de noviembre, pero el TSJ intervino el proceso electoral alegando que estaba inhabilitado.

Cepaz registró, asimismo, las detenciones arbitrarias de un periodista y su chófer, mientras hacían un reportaje.

«Pudimos documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro periodista. Sufrió la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último, identificamos el bloqueo de la página web de un medio de noticias digital», subrayó.

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La organización también sostuvo que identificó una «amenaza colectiva». Pero, no pudo determinar el número de posibles víctimas.

«Como parte de esta acción, Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Psuv que ‘dividieron a la población’ en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión», expresó Cepaz.

Otro acto de amenaza documentado por la ONG era contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón.

«Diosdado Cabello amenazó con interponer una denuncia. Consideró que las recomendaciones del rector como un ataque a la gestión de Maduro y al partido que representa», indicó Cepaz.

«Por otra parte, identificamos dos detenciones arbitrarias, que involucran a la familia de un dirigente político. Se trató del hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar, y su chófer. El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales», apuntó.

Cepaz aseguró que las acciones de criminalización y persecución identificadas en su monitoreo fueron categorizadas como patrones.

«Forman parte de un conjunto de actuaciones que de forma sistemática y reiterada se ejecutaron durante todo 2021», finalizó.