En Venezuela, durante años, el silencio fue política de Estado.

Mientras el poder lo negaba, las celdas hablaban, no en discursos, sino en cuerpos marcados, en expedientes irregulares, en memorias que sobrevivieron al encierro.

Hoy, esas voces, las de quienes pasaron por la detención, la tortura y el exilio, vuelven para contar una historia que nunca dejó de existir.

Mira en este especial, en nuestro canal de YouTube.

Un divertido video se hizo viral en las redes sociales al mostrar a un policía tratando de capturar a un cerdito fugitivo en Utah, Estados Unidos. Tras incesante persecución logra su cometido.

Las imágenes fueron captadas por conductores desde un vehículo del vecindario. Grabaron el insólito y divertido momento cuando un agente de policía protagoniza el singular episodio de la vida real.

?? | Un intrépido oficial de Utah, se lanza en una captura épica, transformando un vecindario en el escenario de una hilarante "cerdo-aventura". pic.twitter.com/t45GHBVOOP

El oficial de Utah, Cory Cooper, comentó que una semana antes el departamento de policía recibió una llamada y reportaron sobre cerdos sueltos corriendo por el vecindario de South Hale Street.

Los vecinos denunciaron que los cerdos estaban entrando en los patios y jardines de sus hogares. También manifestaron su malestar porque se comían el alimento de sus mascotas. Sin embargo, cada vez que la policía intentaba acorralarlos, los cerdos huían. 

Pero no fue hasta este este jueves 4 de abril cuando el conflicto por los cerdos llegaría a su fin. El oficial Cooper dijo que todo comenzó cuando una mujer llamó al departamento para avisarles que los mismos estaban encerrados en uno de sus gallineros.  

Cuando la policía llegó para verificar, los cerdos habían escapado. Fue, en ese momento, cuando se inició la persecución por el vecindario. 

«Había dos que estaban sueltos, se mantuvieron bastante bien juntos por un minuto, pero luego terminaron separándose y fue entonces cuando fui tras el pequeño y logré alcanzarlo», relató el oficial. 

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Las autoridades instaron al dueño del cerdo y de otros animales a que se acerquen a reclamarlos.

Tres delincuentes murieron la noche de este lunes en una persecución que se extendió por varios sectores del área Metropolitana de Caracas.

Los sujetos se enfrentaron a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de estar implicados en el robo de dos vehículos.

Los reporteros de sucesos, por redes sociales, informaron que la persecución se produjo entre la Autopista Regional del Centro (ARC), en la vía hacia Caracas, hasta llegar a Hoyo de la Puerta, en Baruta.

Al parecer, los sujetos se enfrentaron a los policías luego de robar una Toyota Fortuner de color gris que dejaron abandonada.

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Posteriormente, robaron una pick-up Dodge RAM e intentaron escapar, puesto que PoliBaruta también se activó en la persecución de los maleantes, entre Prados del Este, Ojo de Agua y sectores circunvecinos.

Tal fue la confusión que los elementos chocaron la última camioneta contra dos unidades de PoliBaruta. Se supo que hay varios delincuentes de este mismo grupo que logró darse a la fuga.

Producto de este enfrentamiento también resultó lesionada una funcionaria de la policía municipal de Baruta.

Un hombre de 54 años de edad habría perdido la vida, después de recibir un disparo en la cama de su hogar, aparentemente durante una persecución policial.

Según los familiares de la víctima, el evento ocurrió el fin de semana pasado, en la calle Chile de la ciudad de Upata, en el estado Bolívar, cuando supuestamente funcionarios de la policía municipal de Piar, perseguían a unos antisociales.

Al parecer, en horas de la noche del sábado se produjo un intercambio de disparos y según algunos testigos, se hicieron tiros al aire, tal y como señala el medio regional upatadigital.com.ve.

La víctima, identificada como Angelvis Guzmán, fue encontrada por su madre en la cama en horas de la madrugada del domingo. La infortunada mujer vio que su hijo tenía un brazo fuera de la cama y se acercó, cuando lo tocó en la cabeza percibió la sangre.

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Los familiares trasladaron de emergencia al hombre hasta un centro asistencial, donde debido a la herida lo refirieron a otro hospital en Ciudad Guayana parta hacerle una tomografía.

Después del estudio clínico se pudo determinar que tenía alojada en la cabeza una bala. A los minutos del examen falleció.

Los familiares acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para colocar la respectiva denuncia.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) emitió un balance sobre la persecución que se vivió en Venezuela en el mes de enero de este 2023, y determinó que se registraron 187 casos de represión y hostigamiento contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía, entre otros.

En el informe, detalló que esta cifra equivale a que «cada cuatro horas una persona fue perseguida o criminalizada en Venezuela» durante enero.

Asimismo, el centro determinó que del total de casos computados, 94 fueron contra la ciudadanía en general y, la mayoría, tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.

«A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el Gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos», aseveró la Organización No Gubernamental.

En ese sentido, constató que un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron «actos de hostigamiento y amenaza» en contra de varias ONG.

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? Tan solo durante el mes de enero Cepaz ha documentado 187 casos de criminalización y #PersecuciónenVzla contra trabajadores de la prensa, medios de comunicación, defensores de DDHH, ONG, personas vinculadas con la política y la ciudadanía en generalhttps://t.co/44nufrQ2Ep

Cepaz registró 18 «actos de criminalización en contra de trabajadores de la prensa y medios de comunicación» y nueve en contra de personas vinculadas con la política, estos últimos incluyeron cuatro «irregularidades» en procesos judiciales, tres hechos de «hostigamiento y amenaza» y dos «allanamientos irregulares».

En ese sentido, calificó de «alarmante arremetida» la persecución registrada durante enero, e insistió que se trata de «patrones específicos que utiliza la administración de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida».

300 casos de persecución y criminalización contra civiles y militares en el primer semestre de 2022 es la cifra alarmante que maneja la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Según el último informe publicado por la organización, de los casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación (32 %), siendo la categoría de personas “más perseguidas o criminalizadas”.

Las principales arremetidas son contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, 93 específicamente a quienes se les dictaron órdenes de aprehensión arbitrarias y 69 personas vinculadas con la política (23 %)

“Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente de la política del Estado venezolano”.

Destaca que junio fue el mes con el mayor número de actos de persecución y criminalización documentados, con al menos 125 casos y enero el segundo con 55.

“Identificamos además 27 actos de persecución y criminalización que ocurrieron contra la población (9% del total de casos documentados). Y por último, 15 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos fueron criminalizadas (5% de la totalidad de las víctimas)”, según el documento.

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Entre los patrones identificados están “5 cierres de emisoras y 2 suspensiones de programas de radio. 24 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 74 actos de hostigamientos, amenazas y criminalización, 11 actos de irregularidades en procesos judiciales”.

Asimismo, “2 casos de medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja, 1 asesinato bajo negligencia del Estado, 29 bloqueos de páginas web, 13 presos políticos trasladados arbitrariamente, 22 detenciones arbitrarias, 23 aperturas de investigaciones, 93 órdenes de aprehensión, 1 discusión de una norma restrictiva”.

En cuanto al género, hay “37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos”, explicó Cepaz.

“El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupos de personas”, advirtió la organización.

Cepaz insistió en la necesidad “de mantener estos mecanismos de seguimiento vigentes en el sistema universal de derechos humanos, hasta tanto sus recomendaciones hayan sido cumplidas, alcanzado la restitución y garantía en el ejercicio de los derechos civiles, sociales políticos y culturales, así como un espacio cívico seguro y democrático”.

La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG), denunció este domingo una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos; trabajadores humanitarios y sindicalistas.

«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte de la administración de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares; como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez», señaló la organización en un comunicado de prensa.

La plataforma, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público; indicó que estas «detenciones arbitrarias» representan «otro ataque» a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.

Asimismo, destacaron que todos los detenidos, ejercieron activismo sindical en diversas regiones del país. Gabriel Blanco actualmente se desempeña como trabajador humanitario.

«En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingresos a las entidades de trabajo; ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o por exigir el cumplimiento de garantías laborales», agregó.

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Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

«Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más», indicó la organización en su cuenta de Twitter.

La ONG venezolana Provea denunció el 7 de julio que la gestión de Nicolás Maduro «insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical; garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución nacional y la legislación vigente».

«Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida», añadió.

El Gobierno de Daniel Ortega propinó una contundente estocada a la libertad de expresión en Nicaragua.

Sacó de circulación, allanó las instalaciones y abrió una supuesta investigación contra el periódico LA PRENSA en Nicaragua, el último medio de comunicación impreso y el más antiguo del país.

El pasado mes de agosto, la Policía del régimen de Ortega irrumpió en la redacción y cortó la energía y el acceso a internet.

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Todos los periodistas y trabajadores del periódico quedaron  incomunicados.

“La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad”, tituló el diario en su última versión impresa el 12 de agosto.

Ortega acusa  al medio de comunicación de “lavado de dinero” y “defraudación aduanera”.

La periodista Karen Díaz para Testigo Directo habló con parte de la directiva del medio, exiliada ante la persecución impuesta por Daniel Ortega.

El dirigente opositor y exalcalde de Chacao, Emilio Graterón, se encuentra en calidad de «huesped», en la embajada de Chile en Caracas.

Esto luego de la persecución política de que es víctima por parte de la administración de Nicolás Maduro que intentó detenerlo el mismo día que lo hizo con Freddy Guevara.

El Gobierno de Chile envió un comunicado anunciando la acogida de Graterón, a solicitud de Juan Guaidó.

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“La decisión obedece a una solicitud del líder de la oposición Juan Guaidó y tiene por objeto brindar protección a esta persona, quien sufre persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.

El año pasado, la embajada de Chile, albergó a Guevara, a quien la administración de Maduro detuvo la semana pasada.

El gobierno chileno consideró «inaceptable» esta detención, condenando una vez más la existencia de presos políticos en el país.

Funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, tomaron los alrededores de la vivienda del líder opositor Juan Guaidó.

En un mensaje enviado por el director de prensa de Guaidó, Edward Rodríguez, informó que funcionarios de las Faes entraron al estacionamiento de las residencias El Parque donde vive el opositor en Santa Fe.

#12Jul #ImpactoVenezuela Fotos del sótano del edificio donde reside el líder opositor Juan Guaidó.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/Of0BbpcaLj

En el estacionamiento, amarraron a una persona que resultó ser el chófer de Guaidó y dispararon hacia una de las columna del edificio.

En la cuenta de Twitter @Presidencia_Ve alertan a la comunidad internacional sobre una nueva escalada de represión por parte de Maduro.

«ALERTA | Denunciamos ante la comunidad internacional una nueva escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra el presidente (e) @jguaido y diputados de la legítima @AsambleaVE«.

ALERTA | Denunciamos ante la comunidad internacional una nueva escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra el presidente (e) @jguaido y diputados de la legítima @AsambleaVE

Minutos después, Guaido bajó a la puerta de su residencia donde se encontraba la prensa y aseguró que «no existe orden de detención» y que las Faes «vino con hostigamiento y amenazas».

«Están con armas de fuego, con armas de guerra en un edificio residencial donde vivimos con nuestras familias», dijo.

Además, indicó que no tiene conocimiento del cuerpo de seguridad que entró al estacionamiento. «porque no tienen identificación, incluso pueden ser paramilitares».

«Los medios de comunicación y los vecinos lograron disuadir a estos funcionarios», precisó, al tiempo que aseguró que se encontraban en el vehículo cuando llegaron los funcionarios al estacionamiento.

Responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que suceda con él y su familia.

Asimismo, enfatizó que ni él, ni Voluntad Popular, ni Primero Justicia ni nadie de la oposición tiene que ver con los enfrentamientos de la Cota 905.

«Amarren a sus locos que financian a grupos irregulares como el ELN, a bandas armadas como las de la Cota 905».

Más temprano, Fabiana Rosales aseguró que los funcionarios de las Faes llegaron a su residencia e intentaron llevarse preso a su esposo.

El equipo de Juan Guaidó pidió a la ciudadanía movilizarse ante la nueva ola represiva.

En mayo de 2021 se registraron al menos 43 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa, ONG y partidos, líderes políticos y la población en general. El balance lo hizo la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

«Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones. Además del uso de la violencia bajo la aquiescencia del Estado», dice el informe.

Destaca «el cierre y bloqueo de medios de comunicación, la apertura de procedimientos judiciales y embargos». Y se añade «la creación de normas que restringen el espacio cívico», unido a «un fuerte control y discriminación contra la población». En este último punto se refiere «a los beneficios otorgados con la inscripción y uso de la plataforma Sistema Patria», para la vacunación contra la COVID-19.

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Cepaz señala que el mes pasado ocurrieron al menos 23 ataques contra trabajadores de la prensa. «Específicamente hubo 14 amenazas, estigmatizaciones o violencia, 2 detenciones arbitrarias y 4 aperturas de procedimientos judiciales. A lo que se unen investigaciones o embargos, 3 bloqueos de páginas web y cierre de medios».

«La escasez de papel, el desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto costo de los equipos, dejó al diario El Tiempo fuera de circulación en su versión impresa», recordó la ONG.

A esto se añade el embargo de la sede de El Nacional y la orde un tribunal mercantil de Caracas de pagar 30 millones de dólares a Diosdado Cabello.

La ONG también registró 2 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. «Javier Tarazona, director de FundaRedes, denunció amenazas de grupos irregulares. También a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión».

A este activista le amenazan por informar sobre el conflicto en Apure y el avance violento de esos grupos en el territorio nacional.

Cepaz destasca que sigue vigente la medida de obligar a las ONG a registrarse en la oficina antiterrorismo. Destaca que se eiliminó la obligación de suministrar los datos de los beneficiarios.

No obstante, considera que ese registro atenta contra estas organizaciones que deben empadronarse para conseguir su habilitación.

Durante el quinto mes del 2021, la ONG documentó al menos 7 ataques contra dirigentes políticos. «Específicamente 4 actos de detención y una solicitud de extradición de un líder de oposición».

Asimismo, denuncia el traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y a sus defensores.

La población es constantemente amenazada, criminalizada y discriminada. Durante el mes de mayo hemos registrado al menos 11 actos ejercidos contra la población. Desglosados ocurrieron 5 actos de amenaza, violencia e intimidación, 2 detenciones arbitrarias y un acto de control social a través del Sistema Patria.

«El Sistema Patria constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización social. Ya durante el mes de abril alertábamos con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un patrón de control y discriminación contra la población supeditando la asignación de las vacunas contra la COVID-19 a la inscripción en esta plataforma digital», resalta.

En mayo se siguió utilizando la emergencia sanitaria para obtener un mayor número de personas inscritas, para alegar un índice de popularidad que no puede ser medido por esta plataforma, considerando que la población se encuentra coaccionada a inscribirse. Ahora también se ofrecen descuentos en los servicios de electricidad y agua a través del Sistema Patria, incentivando a los usuarios a que se inscriban y realicen el pago a través de éste.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación y ha instado al gobierno de Maduro a cesar estas acciones:

Frente a la detención del general retirado Ovidio Poggioli cuando ingresaba a Venezuela, la CIDH emitió el 13 de mayo de 2021 la Resolución 41/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

El 14 de mayo, luego del embargo al diario El Nacional, tras una medida del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta por el líder del chavismo Diosdado Cabello, la CIDH condenó este hecho y afirmó que esta acción profundiza el cierre prolongado y sostenido de los espacios democráticos en el país.

Por último, ante el traslado de los presos políticos venezolanos a cárceles comunes, la CIDH exhortó el pasado 29 de mayo a proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Así como informar a familiares y a la defensa sobre su nueva ubicación y permitirle una evaluación médica independiente.

«Reiteramos que los casos presentados en este monitoreo no necesariamente representan la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de mayo. Sin embargo, si constituyen una muestra significativa que demuestra la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy controlan el poder2, destaca la ONG.

En la noche de este jueves, Margaret Baduel una de las hijas del militar Raúl Baduel denunció que asedian la vivienda de su hermana Andreína en Maracay.

Mediante su cuenta en Twitter informó que supuestos investigadores estaban en el edificio donde reside su hermana.

En ese sentido, alertó que los presuntos funcionarios mantienen una actitud agresiva y destacó que desconoce los detalles de esta “visita”.

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Posteriormente, pidió a los usuarios difundir la información.

De esta forma, responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrirle a Andreina Baduel.

La familia Baduel ha estado expuesta a agresiones, intimidaciones y persecuciones, luego de que el general retirado, Raúl Baduel se opusiera al mandato de Hugo Chávez.

Desde entonces lo privaron de libertad y ha sido sometido a distintas violaciones de los derechos humanos.  

En estos momentos, de acuerdo a las denuncias de sus hijas está “enterrado vivo” en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Por su parte Josnar Baduel, hijo del militar también está privado de libertad.

Se encuentra en la sede de El Helicoide por presuntamente participar en la “Operación Gedeón”.

#URGENTE En este momento una supuesta comisión de investigaciones se encuentra en el edificio dónde reside mi hermana @AndreinaBaduel en Maracay con una actitud agresiva, desconozco detalles. Favor difundir! Responsabilizo al régimen de lo que ocurra con mi hna.

El diputado elegido en 2015, Juan Pablo Guanipa, denunció en la noche de este jueves que nuevamente fueron víctimas de obstáculos en la vía para llegar a Barcelona, Anzoátegui.

Mediante su cuenta en la red social Twitter detalló que efectivos de la Guardia Nacional no querían permitirles el acceso.

Sin embargo, resaltó que lograron evadir el bloqueo del acceso y llegaron a Barcelona, Anzoátegui para reunirse con los ciudadanos.

“Hemos vencido cada obstáculo que el régimen ha tratado de poner. ¡Llegamos a Barcelona! Ni nos intimidan ni nos doblegarán!”, sentenció.

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Además pidió a los venezolanos no perder la fe, ni la esperanza.

“Vamos a lograr que este país cambie, y cuando eso pase todos sentiremos la satisfacción de que luchando unidos conquistamos la libertad”.

Más temprano, también se encontraron con el acceso bloqueado cuando un grupo de dirigentes opositores se dirigían a El Tigre.

No obstante anunciaron que lograron pasar y reunirse con los venezolanos que los esperaban.

No lograron impedir que llegáramos a Barcelona y aquí estamos con nuestra gente. Hermanos, no perdamos la fe ni la esperanza. Vamos a lograr que este país cambie, y cuando eso pase todos sentiremos la satisfacción de que luchando unidos conquistamos la libertad. #4mar pic.twitter.com/74J6ToXX0W

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 79 actos de persecución en enero de este 2021 contra personas, medios de comunicación y organizaciones en Venezuela.

En ese sentido, resaltó que la criminalización y la persecución política en el país se ha agudizado.

Asimismo, indicó que las personas que se oponen a la administración de Nicolás Maduro son víctimas de violaciones de DD.HH., informó El Impulso

Destacó que estos actos se perpetraron mediante amenazas, estigmatizaciones, censuras, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares, tratos crueles e inhumanos, entre otros.

La Cepaz ha sido consecuente con estos informes desde el 2014 y se enfocó en denunciar la persecución política y la criminalización en el país.

En ese período documentaron múltiples casos de violaciones a los derechos humanos a través de prácticas de persecución y criminalización.

Cepaz mediante el informe, denunció que las ejercen funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

Posteriormente, destacó que en el modo que las cometen les permitió identificar patrones.

En enero del 2021 registraron un total de 79 hechos que constituyen un acto de persecución por parte de funcionarios de Maduro.

La organización registró: 20 ataques directos contra periodistas y medios de comunicación.

14 organizaciones de la sociedad civil víctimas de la criminalización.

Persiguieron a 45 diputados de la Asamblea Nacional electa en el 2015.

De las 79 víctimas de persecución registradas en enero de 2021, uno era una mujer hostigada y amenazada por redes sociales.

Asimismo, la Cepaz subrayó la imposibilidad de determinar cuántas mujeres despidieron de su puesto de trabajo en el parlamento.

Tampoco cuántas diputadas le han impuesto una medida cautelar en estos actos de persecución colectiva ejercidos por el régimen.

La censura en Venezuela fue alarmante a principio de año. Al menos cada 36 horas ocurre un ataque contra la libertad de expresión y de prensa.

La ONG determinó que se mantienen amenazando y cerrando espacios de comunicación e información dentro del país para impedir que los ciudadanos tengan acceso a la información.

Determinaron que en el primes mes del año se registraron al menos 20 ataques a la libertad de prensa.

Durante el primer mes del año registraron cinco detenciones arbitrarias, un allanamiento irregular.

También una amenaza haciendo uso del canal de televisión del Estado, y un caso de criminalización a la cooperación internacional.

En estos hechos se vieron involucradas al menos 7 organizaciones de la sociedad civil.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes se pronunció frente a las acciones de los últimos días contra defensores y activistas, ante lo cual afirmó que aún con amenazas y judicialización no lograrán silenciar al DDHH.

FundaRedes expresó su rechazo a la criminalización de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que ha arreciado con la detención de las ONG.

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Tarazona aseguró que quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que ocurre en el país.

Además buscan impedir la asistencia humanitaria que estas organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja.

#16Ene ONG @FundaREDES_: “Aun con amenazas y judicializaciónno lograrán silenciar al movimiento de DDHH”Javier Tarazona, director general de FundaRedes hizo un pronunciamiento frente a las acciones de los últimos días contra defensores y activistas en Venezuela pic.twitter.com/k6jZpiPSq4

El director explicó que lo ocurrido con los miembros Azul Positivo, es una detención arbitraria y una persecución sin razones:

«Se trata de una organización dedicada a la asistencia humanitaria, que solo ha atendido a ciudadanos desvalidos con programas destinados a personas con VIH».

Así mismo, alertaron sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Los periodistas en el exilio, Rita de Martino y Rafael Garrido, denunciaron y rechazaron la campaña de difamación que se ha emprendido en las redes sociales, específicamente en cuentas que trabajan bajo el anonimato y que ha traído como consecuencia la detención arbitraria de los colegas Mimi Arriaga y Marco Antoima.

“Se trata de un acoso sistemático que se ha prolongado por más de diez años encabezado por factores «anónimos» que operan bajo la persecución, acoso, extorsión, difamación, instigación al odio y asesinato de reputación, todo esto bajo el amparo del régimen”, reza textualmente la carta enviada por ambos periodistas.

Garrido y de Martino  exigieron la liberación inmediata de Arriaga y Antoima y el cese de la persecución contra otros periodistas. “Informar y pensar distinto no es delito”.

“Las redes sociales han sido utilizadas perversamente para perseguir a periodistas inocentes, periodistas que fueron sacados de sus lugares de trabajo en La Colina en Caracas y llevados bajo amenaza a sedes policiales y no contaron con defensa alguna, hoy, indignados y sin temor comentan esa terrible experiencia”.

A continuación la carta

Miami 20/06/2020

A LA OPINIÓN PUBLICA

Nosotros, Rita de Martino y Rafael Garrido denunciamos y rechazamos la campaña de difamación e incitación al odio que se ha emprendido desde las redes sociales en cuentas que trabajan bajo el anonimato y a la cual se ha sumado el canal de noticias venezolano Globovision, en contra de nosotros y otros dos respetados y apreciados colegas como lo son Luisa Mimí Arriaga y Marco Antoima. Se trata de un acoso sistemático que se ha prolongado por más de diez años encabezado por factores «anónimos» que operan bajo la persecución, acoso, extorsión, difamación, instigación al odio y asesinato de reputación, todo esto bajo el amparo del régimen.

En infinitas oportunidades hemos rechazado cualquier red social o medio que trabaje bajo el anonimato y hemos demostrado que somos frontales con nuestras creencias y convicciones, trabajamos bajo la ética y la legalidad. Salvo ciertas personas con altos cargos, que demostraron una saña personal, nuestros ex compañeros de trabajo e incluso jefes directos en Venevision, Globovision y EVTV Miami, pueden dar fe de ello. (Aunque este último, según la información publicada por Globovision, “despidió” a Rita De Martino “al identificarla como miembro de la red de extorsión VVperiodistas”). Exigimos a EVTV Miami aclare esta información, ya que la explicación dada al momento del despido se trataba “de un ajuste económico”, informamos que ante este señalamiento acudimos a las instancias laborales y legales de los Estados Unidos.

Como periodistas que somos trabajamos con la verdad, con pruebas, con hechos, dando la cara, situación que no ha ocurrido y que injustamente, sin denuncia y una cara que acuse, tiene a dos prestigiosos colegas secuestrados en un órgano de seguridad del régimen. La publicación de Globovision nos califica como “prófugos y extorsionadores”. ¿Prófugos y extorsionadores? Cuando desde hace varios años vivimos fuera de Venezuela y sobre nosotros no hay ningún proceso judicial, utilizan nuestra imagen para someternos al escarnio público como si fuéramos delincuentes.

 En los últimos meses este acoso se ha venido incrementando con bajos señalamientos, acusaciones carentes de veracidad pero con mucho ensañamiento, sin presentar prueba alguna, porque no existe. Las redes sociales han sido utilizadas perversamente para perseguir a periodistas inocentes, periodistas que fueron sacados de sus lugares de trabajo en La Colina en Caracas y llevados bajo amenaza a sedes policiales y no contaron con defensa alguna, hoy, indignados y sin temor comentan esa terrible experiencia. Exigimos la liberación inmediata de Mimí Arriaga y de Marco Antoima. Exigimos el cese de la persecución contra periodistas, el informar y pensar distinto no es delito.

Rita De Martino

Rafael Garrido

Dos sujetos armados sometieron al dueño de una camioneta Chevrolet Blazer, color verde, placa ABS85C, en la calle Real de Montesano, en la parroquia Carlos Soublette, en horas de la mañana de este lunes, hecho que fue denunciado ante la Coordinación Central de la Policía de La Guaira, en Simetaca.

De inmediato se activaron las comisiones policiales, lideradas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves y el director de la policía regional, comisionado agregado Ángel González, por lo que se originó una persecución con rumbo a la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Justo a la altura de Marlboro se produjo un intercambio de disparos que aprovecharon los robacarros para intentar huir hacia una zona boscosa, donde posteriormente se originó un segundo enfrentamiento en el que resultaron heridos el supervisor Rafael Gómez y los dos sujetos.

El traslado de los lesionados se realizó hasta el hospital Rafael Medina Jiménez de Pariata, donde los pistoleros fallecieron. Mientras que al efectivo policial le diagnosticaron herida en mano izquierda con salida a nivel de cúbito y radio.

Los sujetos fueron identificados como Joiser Castillo, de 24 años, con residencia en Propatria, Caracas y Omar Enrique González, de 23 años, quien habitaba en Montesano.

Escrita por: Amy Torres

La Organización No Gubernamental, Espacio Público informó que en mayo registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frencuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.

Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general.Asimismo detalló que los responsables determinados son los cuerpos de seguridad e instituciones del régimen de Nicolás Maduro.

En ese sentido, informó que al quinto mes del 2020 han acumulado 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa. «Hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país», reseñó.Intimidación y hostigamiento

En reiteradas oportunidades los defensores y titulares de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, pero el régimen de Maduro mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino ahora como víctimas de una pandemia.

Espacio Público reportó también 35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.

López fue rodeado por funcionarios y obligado a mostrar el material que posteriormente tuvo que borrar, pues lo amenazaron con detenerlo si no lo hacía. Alertó que lo sucedido es cada vez más frecuente, «eso está ocurriendo con todos los periodistas que cubrimos a la GNB» y manifestó que en ocasiones no tenía otra alternativa que borrar el material.

Otra situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fuchón Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.

García informó que el funcionario amenazó con detenerlo, le quitó de forma violenta su cámara y estimulado por seguidores del chavismo presentes en la cola, borró los testimonios y fotografías que había realizado previamente sobre la situación que se vivía en el lugar.

En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.

Los efectivos les revisaron los teléfonos pese a que los tres mostraron sus credenciales de prensa. Los GNB alegaron que estaban «violando el perímetro de seguridad» aún cuando los reporteros estaban a media cuadra de las instalaciones de la cablera, hacia el extremo opuesto de la calle.

«El único que se vio afectado fui yo, que me borraron unos videos que hice desde el teléfono. Nos insistieron en revisar lo que teníamos en nuestras cámaras. Nos negamos», contó Rodríguez.

El impedimento en la cobertura es el común denominador, en Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.

La periodista denunció la intimidación a través de la red social Twitter. Explicó que uno de los hombres pretendía amedrentarla realizando una «llamada en voz (muy) alta donde pedía apoyo de las Cuadrillas de Paz porque había llegado @CaraotaDigital». Caraballo detalló que presume que el sujeto trabaja con cisternas que acuden al llenadero a surtir sus camiones.

Continúan las detenciones

Durante el mes de mayo contabilizaron 20 detenciones motivadas a la búsqueda y difusión de información, la mayoría de estas fueron realizadas a ciudadanos por hacer comentarios en redes sociales, y en el caso de periodistas en el contexto de cobertura informativa en la calle. En los primeros cinco meses del año documentamos un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.

Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.

Rodríguez tenía varias horas en el lugar y los funcionarios millitares indicaron que ya no podían estar allí porque el tiempo había caducado y cuando eran dispuestos a ser desalojados del sitio, Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora.

Otro caso que es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.

Rodríguez fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el pasado 7 de mayo, fue acusado ante el Tribunal 1ro de Control encabezado por la jueza, Lizgreana Palma, por el delito de «ultraje al funcionario público». En la audiencia decidió beneficiarle con una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.

Wilfredo Rodríguez es locutor y utiliza sus redes sociales personales para denunciar presuntas anormalidades en torno al manejo del combustible entre los militares, y la gestión de la Gobernadora del estado Delta Amacuro.

Al igual que Rodríguez, el 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.

Vásquez, quien trabaja como taxista, habría expresado en sus perfiles personales salir a protestar ante la situación crítica de la gasolina; la cual solo la podían adquirir algunos privilegiados de la entidad. «Compartan señor, solo echan gasolina los llamados enchufados y más gente aquí en Cantaura, el del carrito urbano, el de la bus, el de la ruta», escribió.

Los efectivos de la GNB fueron hasta su casa y lo llevaron hacia una sede del cuerpo de bomberos donde estuvo recluido en un calabozo con otras nueve personas. Un capitán de apellido Hernández lo interrogó.

A Vásquez le indicaron que podría ser acusado de varios delitos, entre ellos, «instigación al odio», supuesto delito tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio. Al día siguiente, fue reseñado en el Cicpc de Anaco y luego llevado a los Tribunales en El Tigre; en donde le fue otorgada una medida cautelar bajo régimen de presentación por tres meses cada 45 días.

En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.

La publicación por la que la doctora habría sido detenida arbitrariamente, sin orden judicial, fue calificada por los funcionarios como «incitación al odio contra Maduro».

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Este martes 2 de junio, la Asamblea Nacional, durante la sesión ordinaria denunció y repudió la constante persecución armada por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de los funcionarios del gobierno interino liderado por Juan Guaidó.

En ese sentido, la diputada Delsa Solórzano, Presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, alertó a la comunidad internacional y autoridades en materia de Derechos Humanos que la dictadura “pretende socavar las resoluciones de diversos juicios que se están llevando a cabo en este momento sobre Venezuela”.

Reiteró que los funcionarios designados legítimamente por el Gobierno Interino de Venezuela, son víctimas de «gravísimos acosos» y persecución política constante, por parte por parte de la “satrapía madurista y sus cómplices”.

Señaló que la seguridad física de los funcionarios elegidos por el presidente encargado Juan Guaidó y plenamente autorizados por la Asamblea Nacional legítima para proteger los recursos de todos los venezolanos y así evitar que los personeros de la dictadura se apoderen ilícitamente del dinero del estado, ha estado comprometida en diversos ataques por parte de colectivos y las fuerzas de seguridad de la dictadura.

«la seguridad física de los funcionarios elegidos por el presidente encargado Juan Guaidó ha estado comprometida en diversos ataques»

Durante su intervención recordó las recientes acciones ejecutadas por el gobierno encargado para proteger las reservas de oro que pertenecen a la República de Venezuela, depositadas en el Banco de Inglaterra y que el régimen quiso recuperar, pero su proceder fue infructuoso, ya que dicha institución financiera argumentó que no reconoce la autoridad de la actual dirección del BCV y la ilegitimidad de Nicolás Maduro.

Exaltó la “gestión impecable” del Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández y las autoridades del BCV designados por el presidente Guaidó, a favor de la defensa y resguardo de los intereses de la República y aclaró que dichos recursos están congelados hasta que se logré instalar el Gobierno de Emergencia Nacional, los cuales afirmó, que serán empleados en la recuperación y progreso de Venezuela.

Por otra parte, Solórzano rechazó la arremetida contra el procurador especial, José Ignacio Hernández, y el presidente ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, a quienes el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron ilegalmente sus residencias en la ciudad de Caracas.

“Los funcionarios del Gobierno interino junto a los diputados de las fuerzas políticas democráticas del país, hemos decidido dedicar nuestras vidas, tiempo, espíritu y corazón por la lucha en rescatar la democracia y libertad en Venezuela”, destacó.

«Los funcionarios del Gobierno interino junto a los diputados de las fuerzas políticas democráticas del país, hemos decidido dedicar nuestras vidas, tiempo, espíritu y corazón por la lucha en rescatar la democracia y libertad en Venezuela”

El Acuerdo aprobado se manifiesta frente a la política de persecución emprendida por el régimen de Nicolás Maduro, a través del secuestrado sistema de justicia venezolano, como parte de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que ha venido incurriendo en un vano intento por detener el proceso de transición en Venezuela.

La resolución ratifica la defensa del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, el cual será ejercida por el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, en cumplimiento de las decisiones dictadas por esta Asamblea Nacional, por medio del Acuerdo aprobado el pasado 20 de mayo.