El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó este viernes la posibilidad de realizar comicios complementarios en Lima ante las irregularidades registradas en el proceso electoral del 12 de abril, y ratificó que el balotaje presidencial será el 7 de junio.

El candidato ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien todavía disputa el pase a la segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez, había solicitado una nueva elección en la capital alegando que problemas en las mesas de votación impidieron votar a miles de sus simpatizantes.

"El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias", señaló el organismo en un comunicado difundido en las redes sociales.

En el pedido se señaló que los retrasos en distribuir material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran. Ello obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

Aliaga dijo luego en conferencia de prensa que el JNE le ha quitado la "legitimad absoluta" al proceso electoral e instó a su presidente, Roberto Burneo, a que declare la nulidad de 4.500 actas electorales que sumarían más de un millón votos, según el candidato.

"En Perú nos ha pasado algo que ya en Venezuela se ha hecho varias veces (...) El proceso está herido de muerte", agregó el líder ultraderechista.

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Temprano, la policía allanó la casa del exjefe de la entidad electoral que organizó los comicios, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión relacionada con la votación.

Corvetto renunció el martes poco antes de ser interrogado por la fiscalía, ante las múltiples fallas en la jornada electoral del 12 de abril que retrasaron el escrutinio.

Aún no está definido quién enfrentará en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, la única candidata con boleto asegurado.

Con 95% de los votos emitidos ya procesados, Sánchez y López Aliaga pelean palmo a palmo por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios del izquierdista radical.

"La fecha de la segunda vuelta está ya fijada a través de un Decreto Supremo y se ha diseñado un cronograma orientado a cumplir con esa fecha", dijo a la AFP Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó "graves fallos" en la primera vuelta, aunque precisó que no encontró "ninguna prueba objetiva" de fraude, como alegó el candidato ultraconservador.

Con información de AFP

La presidenciable Keiko Fujimori celebró el lunes los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones del Perú, que la dan como favorita para un balotaje en junio sobre el "enemigo" de izquierda.

El escrutinio oficial avanza a cuentagotas en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes que llevaron a ampliar las votaciones hasta el lunes con una nueva jornada de 07H00 a 18H00 locales.

"Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda", dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.

Sin un rival confirmado, el segundo cupo del balotaje se juega entre un puñado de candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga aparece con grandes posibilidades.

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

"Que acabe todo eso. Estamos viviendo en un país del narcotráfico (...) con la delincuencia rebasados", dijo Elena Flores, una comerciante de 50 años en el centro de Lima.

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Con un 40% de los votos escrutados, Fujimori lidera los conteos oficiales por encima de López Aliaga, conocido como Porky.

En el país donde el voto es obligatorio, unas 63.000 personas se quedaron sin sufragar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio.

"Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor", dijo Martha Tumba, de 81 años, mientras protestaba frente a la autoridad electoral.

Durante la jornada se registraron extensas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

"Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana", dijo más temprano López Aliaga.

Según los sondeos el tercer y cuarto lugar de una cerrada disputa lo completa el socialdemócrata Jorge Nieto, que no se descarta que alcance a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont.

Cuando aún no se habían cerrado las votaciones, policías anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de repartir materiales electorales para recabar información de los incidentes.

Periodistas de la AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo.

En la noche decenas de personas gritaban "fraude, fraude" en una protesta frente a la máxima autoridad electoral.

Buena parte de los peruanos desconfían de sus políticos, a quienes responsabilizan por la violencia que coincide con la llegada de grupos criminales transnacionales en guerra con los locales.

Los discursos de campaña se enfocaron en combatirlos con mano de hierro.

Varios candidatos apuestan por medidas radicales como tribunales anónimos para juzgar criminales, cárceles rodeadas de serpientes, premios por matar criminales o retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Todo está pésimo. La delincuencia nos dominó y prácticamente ya acabó con nosotros", dijo Raúl Cabana, obrero de 45 años.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, Fujimori prometió expulsar migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

Los electores se enfrentaron a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que marcaron además por primera vez desde 1990 diputados y senadores, pues el país restablecerá en julio un parlamento bicameral.

Más del 90% de los peruanos tienen "poca" o "ninguna confianza" en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con la inflación más baja y boyantes exportaciones mineras.

Con información de AFP

El 88,6 % de los venezolanos residentes en Perú trabaja en la informalidad, mientras que el 13,9 % no cuenta con permiso migratorio, según los resultados de una encuesta nacional sobre población venezolana 2024 difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El estudio, que tomó como base una muestra de 3 680 viviendas en ocho ciudades del país, revela además que el 95,8 % de la población económicamente activa venezolana se encuentra ocupada. 

De ese grupo, la mayoría se concentra en el sector servicios (57,8 %) y comercio (24,4 %), seguidos por manufactura (11,3 %), construcción (6,2 %) y actividades como agricultura, pesca y minería (0,3 %).

Gaspar Morán, jefe del INEI, presentó el informe que estima en 1,6 millones la población venezolana en Perú y detalló que el 72,1 % trabaja como empleado dependiente, mientras que el 27,3 % lo hace de manera independiente. El ingreso promedio mensual se ubica en 1 484 soles (438 dólares).

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En cuanto a la situación migratoria, el reporte indica que el 61 % posee residencia vigente, mientras que el 13,9 % permanece sin permiso migratorio en el país andino.

Sobre condiciones de vida, el informe señala que el 49 % cuenta con algún tipo de seguro de salud, y que el 95,9 % vive en viviendas alquiladas, aunque un 14,7 % se encuentra en situación de hacinamiento.

El estudio también recoge percepciones sociales, entre ellas que el 23,7 % de los venezolanos reportó haber sufrido discriminación en el último año, y un 16,5 % de los mayores de 18 años afirmó haber sido víctima de acoso.

En el ámbito educativo, el 55,4 % de los migrantes tiene como nivel máximo la educación secundaria, mientras que el 36,2 % alcanzó estudios superiores. Solo el 7,8 % de quienes tienen formación universitaria ha logrado homologar su título en Perú.

Finalmente, el informe detalla que la población venezolana en el país está compuesta por un 52 % de mujeres y un 48 % de hombres.

Con información de Efe

Sacudidos por la criminalidad, los peruanos eligen este domingo entre 35 candidatos a su nuevo presidente, en una apretada elección sin liderazgos populares que resume una década de turbulenta crisis política.

Perú, país con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Los peruanos ya no confían en sus políticos, a los que responsabilizan de la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

"No votaría por nadie. Me siento tan decepcionada de todos los gobernantes", dice a la AFP la comerciante de ropa María Fernández, de 56 años. "Nos han gobernado puros corruptos, ladrones y sinvergüenzas", comenta.

La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

Los principales candidatos prometieron combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales. Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten criminales y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Son propuestas populistas y poco coherentes", dice Francisco García, estudiante universitario de 18 años.

El país andino, de 34 millones de habitantes, abrirá sus mesas de votación desde las 07H00 hora local (12H00 GMT).

Los electores "llegan muy incrédulos, muy inseguros, sin fe en la política, sin reconocer liderazgos sólidos que orienten el voto", dice el sociólogo David Sulmont.

Las preferencias están repartidas entre siete pequeñas candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje. Ninguna supera el 15%.

Según recientes sondeos, la derechista Keiko Fujimori encabeza las preferencias.

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, prometió expulsiones de migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

La siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el exalcalde ultraconservador Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Y cualquiera puede remontar.

En 2021, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), que terminó ganando la presidencia, sorprendió al país al pasar al balotaje, pese a que una semana antes figuraba séptimo en las encuestas.

"Frente a esta incertidumbre (...), las personas están decidiendo en la última recta", dice Sulmont, al añadir que esta vez el porcentaje de indecisos "ha sido uno de los más altos" comparado con sufragios anteriores.

El domingo pasado aún había un 16% de indecisos y otro 11% que pensaba no votar por nadie, según Ipsos.

Los electores se enfrentarán a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que además marcarán por primera vez desde 1990 diputados y senadores. Perú restablecerá desde julio un parlamento bicameral.

Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.

Para el analista David Sulmont, "se muestra una gran desconexión entre la oferta política y las expectativas de la gente".

"Ninguna de las candidaturas despierta un gran entusiasmo", dice.

"Ha sido una campaña más superficial, más emotiva, más de impulsos" que de programas, comenta Luis Benavente, experto en opinión pública. Señala que la sensación general es de "desánimo".

Centrados en seguridad, durante tres meses los principales candidatos casi no hablaron de reforma política ni de derechos humanos, explica, y tampoco hubo "propuestas claras" para impulsar la producción del país y reducir la alta informalidad laboral de 70%.

"No hay esperanza, con tantas cosas que han pasado. No tengo un candidato", dice Luis Peña, un decepcionado lustrabotas de 55 años.

Más del 90% de los peruanos tienen "poca" o "ninguna confianza" en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con boyantes exportaciones mineras y la inflación más baja con 1,5%.

Con información de AFP

La hija del expresidente Fujimori, un comediante de televisión y un empresario millonario admirador de Trump que se compara con un cerdito: tres figuras de la derecha llegan como favoritas a las presidenciales del domingo en Perú.

Keiko Fujimori lidera las últimas encuestas a una semana de una primera vuelta con un récord de 35 candidatos, que prevé un balotaje en junio entre ella y quien gane el pulso entre Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

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Keiko Fujimori, la otrora combativa fundadora del partido de derecha populista Fuerza Popular, muestra hoy un tono más moderado que en sus anteriores campañas.

Administradora formada en Estados Unidos, madre de dos hijas y divorciada, ha forjado por dos décadas una dinastía en nombre de su padre fallecido, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

"No tiene otra alternativa" que ganar en su cuarta postulación consecutiva desde 2011, dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, quien investiga desde la academia al fujimorismo.

La candidata, de 50 años, se presenta como la opción segura para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios al apelar al recuerdo de su padre, una figura que polariza al país.

Aunque condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori es considerado artífice de la derrota del maoísta Sendero Luminoso, la guerrilla más cruenta de las Américas y cuyos métodos fueron comparados con los Jemeres Rojos de Camboya.

"Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado" en los años 1990, dijo Keiko Fujimori durante un reciente debate televisado.

Lidera con una preferencia de un 15% el último sondeo de Ipsos autorizado antes de la prohibición que rige durante la semana previa a la elección.

Promete "mano dura" contra el crimen y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar "jueces sin rostro" (encapuchados) que juzguen criminales.

El comediante Carlos Álvarez, un conocido imitador de políticos que irrumpió en la campaña con el nuevo partido País para todos, es la gran novedad de los comicios.

Arrancó relegado en los sondeos, pero a una semana de la votación desplazó del segundo lugar a López Aliaga, a quien supera por escaso margen.

El humorista de 62 años empuña un discurso de derecha radical. Ofrece "mano de hierro" y "pena de muerte" contra los sicarios, a quienes quiere declarar "objetivo militar".

"Esos miserables no merecen vivir", dijo a la AFP.

"Álvarez es un outsider en toda su magnitud. Y aquellos que buscan alguien nuevo lo ven como alternativa, sobre todo porque se ha posicionado en la derecha del espectro político", comenta Meléndez.

Católico a ultranza y empresario millonario, Rafael López Aliaga, que adoptó el apodo "Porky" por su parecido con el cerdito de dibujos animados Porky Pig, postula por segunda vez. Ha sido uno de los animadores de la campaña al dar rostro a un nacionalismo cristiano que navega con guiños a Donald Trump.

Célibe a sus 65 años, este miembro del Opus Dei y líder de Renovación Popular fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025.

Ingeniero de formación, hizo fortuna al frente de un grupo empresarial financiero, hotelero y ferroviario.

En una reciente entrevista se definió como un "gerente cristiano, que se dedica a la política por amor".

Para combatir la delincuencia, propone expulsar a los migrantes venezolanos irregulares "a su Venezuela querida" y firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú.

También promete cárceles en medio de la Amazonía y, como Fujimori, retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Al igual que Trump, es de la especie de políticos que uno no se los imagina moderándose", dice Meléndez.

No se descartan otros candidatos en un balotaje, pues en la última elección Pedro Castillo (2021-2022), que fue elegido, aparecía séptimo una semana antes de la primera vuelta.

Desde la izquierda asoma el psicólogo Roberto Sánchez, de 57 años, quien se presenta como el heredero político de Castillo, condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.

Congresista y exministro, su electorado más sólido está en las poblaciones pobres y rurales del sur andino, a las que les promete que indultará al exmandatario si llega al poder.

Ofrece impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución de 1993, promulgada por Alberto Fujimori y cuyo modelo económico liberal reprueba.

Con información de AFP

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país.

De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril.

El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.

Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en una sala del Legislativo.

Perú Libre es el mismo movimiento con el que ganó las elecciones en 2021 el expresidente Pedro Castillo, quien está preso por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

"Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de Presidente de la República, y asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú", dijo Balcázar.

"En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones", prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento.

El izquierdista compitió contra María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular, así como con Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

El propio Balcázar no escapa a la polémica.

Suscitó indignación del Ministerio de la Mujer y varias organizaciones en 2023 al afirmar ante el Parlamento que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer", durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil.

"La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual", indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.

"Si gana la izquierda sería un retroceso, va a ser un (Pedro) Castillo dos", había advertido también a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.

En su momento también jefe del Congreso, Jerí, de 39 años, reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte en octubre, cuando el máximo cargo ejecutivo quedó vacante luego de que la mandataria fuera destituida en un juicio político exprés por su supuesta incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos.

El Congreso, que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo, lo apartó del cargo el martes por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo", también en un veloz proceso.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", indicó Jerí en la red social TikTok cuando dejó el cargo.

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro", agregó.

Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril, que marcarán también el regreso a un Parlamento bicameral.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima, al igual que Castillo, condenado a más de 11 años por su fallido intento de golpe.

"Esta crisis podría ser una carga electoral para los partidos que colocaron a Jerí en la presidencia, como Fuerza Popular, de Keiko Fujimori", dijo a la AFP Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

Perú vive una inestabilidad política desde hace una década que este martes alcanzó un nuevo récord cuando el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado desde 2016.

La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. En ese lapso, solo uno de siete mandatarios completó su período.

El nombre del octavo presidente se conocerá este miércoles cuando el Congreso elija a su nuevo jefe, quien automáticamente se convertirá en mandatario encargado en reemplazo de Jerí. Gobernará hasta julio, tras las elecciones generales de abril.

El origen de la inestabilidad se remonta a los comicios de 2016, cuando estalló un choque de poderes entre un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, situación que se mantiene debido a la fragmentación y falta de consenso político.

El capítulo más reciente lo protagonizó Jerí, destituido este martes y quien estuvo en el cargo desde el 10 de octubre. En ese entonces era jefe del Congreso y asumió la presidencia interina tras la destitución de Dina Boluarte.

Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

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La crisis empezó en el gobierno de derecha de Pedro Pablo Kuczynski, elegido en julio de 2016 por cinco años tras derrotar en una apretada elección a la populista Keiko Fujimori.

Durante ese quinquenio, Fujimori tuvo mayoría absoluta en el parlamento y forzó la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, en vísperas de que el Congreso lo destituyera por el escándalo de Odebrecht. Gobernó 20 meses.

Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió el poder en marzo de 2018 para completar un mandato previsto hasta julio de 2021. Heredó la enemistad del fujimorismo.

El 10 de noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó en un juicio político por "incapacidad moral permanente", un artículo constitucional que le permite al parlamento cesar al mandatario. Estuvo 32 meses en el poder.

La caída de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino, quien permaneció cinco días al frente del país. Renunció tras violentas protestas que dejaron dos muertos.

Tras la dimisión de Merino, el parlamento eligió al centrista Francisco Sagasti como presidente de transición con el fin de aplacar la ira en las calles. Es el único que completó un mandato de ocho meses hasta julio de 2021 luego de las elecciones de ese año.

Pedro Castillo, el maestro de escuela de origen campesino, cuya presidencia de 2021 a 2026 se vislumbraba como una reivindicación de los peruanos pobres y excluidos, acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Sin mayoría parlamentaria y con un congreso controlado por la derecha, Castillo ejerció solo 17 meses. Su remoción desató protestas con medio centenar de muertos.

La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, lo reemplazó. La única mujer mandataria de Perú fue removida del cargo el 10 de octubre pasado por el mismo Congreso que la encumbró. Fue presidenta 34 meses.

Su destitución, que ocurrió tras un juicio político en el que se alegó su incapacidad para el cargo, se produjo en medio de masivas protestas por una ola de inseguridad y extorsiones en el país.

Con información de AFP 

 El Congreso de Perú debate este martes en sesión extraordinaria una moción de destitución del presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años, a quien la fiscalía investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Jerí fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida por el parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

La propuesta contra Jerí, de 39 años y cuyo mandato finaliza en julio, se produce a escasas  semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

Los congresistas presentaron el viernes las 78 firmas necesarias para forzar a una sesión extraordinaria en período de receso.

Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

"Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República", declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

"Tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

Además, "será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política", agregó.

El Congreso requiere de mayoría simple para censurarlo. En caso de destitución, deberá elegir a un nuevo jefe del legislativo quien automáticamente asume la presidencia interina de Perú.

"Yo estoy de acuerdo en que no sea censurado por el poco tiempo que le queda de presidente, sugiero que termine su período hasta julio", dijo a la AFP Edgar Clavijo, de 68 años, un pequeño comerciante.

Pero Zoila Sajami, una estilista de 44 años, estimó que "sería bueno que lo destituyan porque no hace nada" contra la corrupción.

La rapidez con la que se tramita la censura ha sido relacionada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

"Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección del 12 de abril", recalcó Alvarez, director del medio digital A3R.net.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.

López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que "Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa".

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, defendió la continuidad de Jerí en entrevista al diario financiero Gestión.

"Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones", dijo el diplomático estadounidense.

"Cambiar de presidentes seguido, a los ojos no solo de Estados Unidos, sino del mundo, no es normal", agregó.

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras conocerse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió encapuchado.

Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por "tráfico de influencias" ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Con información de AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, mantuvo este jueves en Washington un encuentro con la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a quien ratificó el compromiso del Gobierno peruano «para la pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela».

A través de un mensaje en redes sociales, con fotografías en las que De Zela y Machado aparecen abrazados y conversando, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que el canciller también abogó con la líder opositora para «el retorno al orden constitucional y la defensa y promoción de los derechos humanos» en Venezuela.

De Zela viajó a Washington para participar esta semana en la Reunión sobre Minerales Críticos organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Allí el canciller peruano también aprovechó para mantener encuentros bilaterales con sus homólogos de Argentina, Pablo Quirno; de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; de República Dominicana, Roberto Álvarez Gil; de India, Subrahmanyam Jaishankar; y de Canadá, Anita Anand.

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#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela sostuvo un encuentro con María Corina Machado (@MariaCorinaYA), en el que se reafirmó el firme compromiso del Perú para la pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela, y el retorno al orden constitucional y la defensa… pic.twitter.com/AmEzBip1kF

El Gobierno peruano, ahora al mando interinamente del congresista derechista José Jerí, ha mantenido la postura de la destituida presidenta Dina Boluarte de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia, alterno de María Corina Machado en la candidatura presidencial, como presidente electo de Venezuela.

Asimismo, el Ejecutivo peruano ha abogado junto a otros países suramericanos por la proclamación de González Urrutia como jefe de Estado de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la operación militar desarrollada el pasado 3 de enero.

Con información de Efe

El Gobierno de Perú anunció este miércoles la liberación de otros dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, lo que suma un total de tres hombres liberados desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación militar el pasado 3 de enero.

 Los dos peruanos excarcelados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, según anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, difundido en redes sociales.

La Cancillería peruana señaló que la liberación de Meléndez y Paredes se produjo después de diversas gestiones realizadas desde Torre Tagle, la sede de la diplomacia de Perú, que también consiguió la semana pasada la excarcelación y repatriación de Marco Antonio Madrid.

En anteriores comunicados, el Ejecutivo peruano había advertido que el recluso que generaba mayor preocupación era Meléndez al sufrir hipertensión.

Meléndez, de 62 años, un empresario y economista de profesión, fue detenido en octubre de 2024 en el estado de Táchira cuando viajaba al cumpleaños de su suegro, bajo el argumento de que había ingresado al país sin sellar el pasaporte, y durante siete meses no tuvo contacto con su familia, que recién en mayo de 2025 supo que estaba en la prisión El Rodeo I, del estado de Miranda.

Por su parte, Paredes, quien es exalcalde del municipio peruano de Requena, también se encontraba encarcelado en Venezuela tras haber sido detenido, en circunstancias aún no aclaradas, junto a su esposa Marianela Chung. El matrimonio fue condenado en Perú a dieciocho años de cárcel en 2023 por «desbalance patrimonial».

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Tras la liberación de ambos reclusos, se están ejecutando las acciones necesarias para brindarles asistencia consular, a cargo de Brasil, que tiene temporalmente delegada la representación diplomática de Perú en Venezuela, debido a que los dos países rompieron sus relaciones en julio de 2024, cuando el Gobierno peruano reconoció como presidente electo al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Al mismo tiempo han comenzado las coordinaciones para que Meléndez y Paredes puedan retornar a Perú como lo hizo Madrid, gracias al apoyo brindado por las autoridades brasileñas y colombianas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores apuntó que mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros ciudadanos peruanos que aún permanecen detenidos en territorio venezolano.

 Un total de 34 partidos políticos de Perú inscribieron hasta última hora del martes a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2026, una cifra récord en medio de la crisis institucional que ha llevado al país a tener siete mandatarios en una década.

La avalancha de aspirantes a los comicios del próximo 12 de abril se produce solo dos meses después de que el Congreso destituyera a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político exprés ante la inseguridad que azota a los ciudadanos por el auge del crimen organizado y la extorsión.

Casi todos los gobernantes peruanos en lo que va del siglo XXI han pasado por los tribunales o han terminado en la cárcel, salpicados por presuntos casos de corrupción que han convertido el cargo en un trabajo de alto riesgo.

Al cierre del plazo de inscripción, el martes a las 23H59 (04H59 GMT), "34 organizaciones políticas presentaron solicitudes de inscripción de sus fórmulas presidenciales", anunció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El máximo tribunal electoral del país realizará un proceso de revisión para anunciar la lista definitiva de aspirantes a más tardar el 14 de marzo.

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Entre los principales postulantes figura el empresario derechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, quien encabeza los primeros sondeos con 10% de intención de voto.

También en las filas de la derecha, Keiko Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), intentará a sus 50 años y por cuarta vez consecutiva alzarse con la victoria que le ha sido esquiva siempre en segunda vuelta.

Fujimori dirige Fuerza Popular, la principal bancada del Congreso.

En el listado aparecen también, entre otros, exmilitares, prófugos de la justicia, cómicos de la televisión y el hermano de un expresidente condenado.

Según las encuestas, ninguno de los postulantes es considerado "favorito".

En caso de que ningún candidato supere el 50% de votos, un balotaje está previsto para junio.

En las elecciones de 2021 se inscribieron 23 candidatos, en las de 2016 lo hicieron 19 y en 2011, 10 contendientes.

Los partidos también entregaron la relación de aspirantes al Congreso (130 diputados y 60 senadores) y al Parlamento Andino (5 representantes), cuya elección se realiza el mismo día de las presidenciales.

Perú sufre desde 2016 una crisis de gobernabilidad derivada del choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que le ha llevado a tener en ese periodo siete presidentes, varios de ellos ahora tras la rejas.

El megaescándalo de la constructora brasileña Odebrecht tiene en prisión a Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Los exmandatarios Pedro Castillo y Martín Vizcarra también cumplen condena. Castillo por su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 y Vizcarra por recibir sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua.

Los cuatro están recluidos en una pequeña cárcel exclusiva para exmandatarios, al este de Lima. Ahí también estuvo 16 años preso Alberto Fujimori, quien murió en libertad en 2024 tras un indulto humanitario.

Con información de AFP

El Gobierno del Perú anunció la declaración del estado de emergencia en la región de Tacna, específicamente en la frontera con Chile, como respuesta al incremento de ingresos irregulares y a los problemas de control migratorio en la zona.

 La decisión fue anunciada por el presidente peruano, José Jerí, en sus redes sociales y la misma  permitirá el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos. 

“Vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar toda la parte fronteriza de Tacna”, señaló a su vez el ministro del Interior, Vicente Tiburcio,

 Tiburcio indicó que, incluso antes de la declaratoria, la Policía Nacional ya había intensificado los controles en la frontera sur del país. En esa línea, aseguró que se ha reforzado la verificación de identidades y supervisando el flujo de personas que intentan ingresar al territorio peruano. “Desde ya estamos haciendo todo nuestro trabajo de control con la PNP. Migraciones ya está reforzando los controles y verificando identidades”, afirmó.

 El ministro subrayó que la decisión del Ejecutivo responde al mandato expreso del presidente de la República. “Tenemos ya una decisión del señor presidente; ha sido bien claro: nuestra frontera se respeta”, remarcó.

 Tiburcio insistió en que el Estado debe garantizar un control riguroso para evitar ingresos irregulares que puedan comprometer la seguridad interna.

 Como parte del despliegue operativo, el Ministerio del Interior triplicó el número de policías asignados al resguardo fronterizo en Tacna. 

El ministro señaló que, durante los últimos días, se han incorporado más agentes y vehículos para patrullaje permanente en zonas críticas del límite con Chile. “Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado. Desde la semana pasada se ha triplicado con los efectivos”, explicó.

 Además, Tiburcio adelantó que se sumará un contingente adicional de las Fuerzas Armadas para complementar el trabajo policial. Su llegada, dijo, se concretará durante la jornada. “En el transcurso del día también tenemos más efectivos de la Policía y mi presencia en Tacna será para coordinar con los comandos de las Fuerzas Armadas para que refuercen todo el estado fronterizo”, aseguró.

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El ministro también precisó que la declaratoria de emergencia no se limitará a Tacna. El Ejecutivo tiene previsto ampliar progresivamente la medida a otras fronteras del país en los próximos días. “En estas horas debe estar saliendo el estado de emergencia de Tacna y, en el transcurso de los días, se proseguirá con el estado de emergencia en todas las zonas fronterizas del Perú”, adelantó.

Consultado por la capacidad operativa para cubrir zonas extensas como el límite entre Perú y Chile, Tiburcio sostuvo que el Estado dispone del equipo necesario para asegurar la vigilancia. “Tenemos los vehículos reforzados para patrullaje y control. También se ha reforzado con más efectivos… y con el estado de emergencia, el personal de las Fuerzas Armadas debe sumarse”, señaló.

Informó además que el Ejecutivo permanece en sesión continua para acelerar la aprobación de las medidas necesarias. Explicó que, ante la coyuntura, el Consejo de Ministros se encuentra evaluando acciones de forma permanente. “Estamos siempre en sesión permanente bajo estas circunstancias para aprobar inmediatamente el estado de emergencia”, declaró.

Tiburcio insistió en que el objetivo es asegurar la presencia del Estado en las zonas de mayor vulnerabilidad y garantizar que no se permita el ingreso de ciudadanos extranjeros de manera irregular. Con la inminente publicación del decreto de emergencia, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo como una respuesta inmediata a la crisis migratoria e incrementar la seguridad en la región de Tacna.

Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras. pic.twitter.com/cKviaSF5rp

Con información de Infobae

Perú rompió este lunes relaciones diplomáticas con México tras el asilo de la ex jefa de gabinete, Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo, informó la Cancillería.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", dijo el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

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"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", agregó.

Con información de AFP

Al menos un muerto y más de 100 heridos dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles en el centro de Lima, durante una protesta masiva liderada por jóvenes contra el Congreso y el gobierno recién instalado.

Ante estos hechos, la Fiscalía peruana anunció que realizará las investigaciones sobre la muerte de un hombre de 32 años.

“La Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre”, publicó el Ministerio Público en su cuenta en X.

“ La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.

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Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

El derechista José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta del miércoles.

Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades.

Jerí identificó a la víctima en X como "Eduardo Ruiz Sanz de 32 años".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la principal ONG en la materia en Perú, dijo que la "víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil".

Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima.

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, "24 civiles y 78 efectivos policiales". El balance fue publicado en su cuenta en X.

"Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado", dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso.

"La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (..) ha crecido enormemente en el Perú", agregó la mujer en medio del grito de la multitud "ni un muerto más".

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP.

Con los choques de este jueves, ascienden a por lo menos 176  los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

El presidente Jerí denunció que la "manifestación pacífica" fue infiltrada por delincuentes "para generar caos".

"Todo el peso de la ley para ellos", advirtió.

Este miércoles también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.

La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el Ministerio Público.

Sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras "presidente del Perú José Jerí violador".

Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, lidera el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista

Con información de AFP

El Congreso de Perú destituyó el viernes a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo.

José Jerí, un abogado de 38 años, tomó juramento del cargo a primera hora por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará en abril elecciones generales.

Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.

Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra", afirmó el nuevo mandatario.

Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios según el recuento final del Congreso, unas cien personas estallaron en júbilo frente a la sede del Congreso con una bandera de Perú, según un periodista de la AFP.

"Cae Dina. Fuera pacto mafioso", decía uno de los carteles que sostenía uno de los manifestantes.

La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su "permanente incapacidad moral" para dirigir el ejecutivo.

"El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada", dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.

Boluarte rehusó presentarse ante el Congreso que la había citado la noche del jueves para que se defendiera en el juicio político.

Su abogado Juan Carlos Portugal alegó falta de garantías al "debido proceso" por el poco tiempo para preparar la defensa.

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- Sin apoyo y bajo escándalo -

Acechada por protestas y escándalos por presunta corrupción que siempre negó, Boluarte no tenía margen para mantenerse en el cargo.

Durante su gestión, había podido tejer pactos burocráticos con las fuerzas conservadoras a cambio de que no votaran, hasta ahora, ningún pedido de vacancia.

Esto le permitió sobrevivir a varias investigaciones de la fiscalía que, sin embargo, mermaron a mínimos récord su popularidad.

"En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos (...) No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos", dijo este viernes Boluarte luego de su destitución, en un mensaje que fue interrumpido por el canal estatal.

Su gobernabilidad se deterioró en los últimos meses por la crisis de inseguridad y las protestas que la acorralaron desde distintos sectores.

Lima ha sido el foco del descontento.

En los últimos fines de semana, numerosos jóvenes liderados por el colectivo Generación Z protagonizaron manifestaciones en la ciudad, que se saldaron con decenas de heridos.

El lunes, la capital peruana quedó semiparalizada por una movilización de transportistas.

Y el jueves, horas antes de que se activase el proceso de destitución, unos sicarios hirieron a cuatro músicos y un vendedor durante un concierto en el sur de Lima.

- Escándalos y procesos -

Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo.

La entonces vicepresidenta alcanzó el poder después del fallido intento del líder de izquierda de gobernar por decreto.

Su ascenso estuvo marcado por protestas que fueron reprimidas por la fuerza pública y dejaron medio centenar de muertos, según organismos de derechos humanos.

La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.

Con su destitución, Boluarte pierde su fuero y podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el parlamento.

Con información de AFP

El Estado peruano "no pudo acomodarse" a la migración de 1,6 millones de venezolanos, alentada desde 2018 con una flexibilidad migratoria, por una "falta de capacidad" institucional y de gestión de datos, afirmó el investigador Matthew Bird, responsable de un estudio sobre la migración venezolana en el país andino realizado por la Universidad del Pacífico y Ayuda en Acción.

Bird explicó   en la presentación del informe, que lo hecho por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) de dar la bienvenida a venezolanos a Perú fue "un gesto humanitario muy admirable".

Dicha acción de Kuczynski cumplió un "principio de protección que se necesitaba" de forma "temporal" que buscaban los venezolanos por la “crisis humanitaria y política” del país.

Sin embargo, el cambio de documentación migratoria incrementó la irregularidad o ilegalidad de los migrantes en el país, y el Estado "perdió el rastro" de este movimiento migratorio que se convirtió en el más numeroso en la nación, con los consecuentes riesgos para la seguridad, el empleo y la integración social.

En la actualidad, Bird estimó que más del 50 % de los migrantes registrados en el país tiene carnet de extranjería, pero el mismo Estado peruano "no lo sabe", pues "no sabe cuántos están en forma regular".

El investigador de la Universidad del Pacífico considera que la cifra de 1,6 millones de migrantes venezolanos en Perú está "sobreestimada", dado que él calcula que son aproximadamente 1,1 o 1,2 millones porque el estudio determinó que unos 100.000 migrantes salen de Perú cada año rumbo a otros países de la región.

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La mayor comunidad extranjera

El estudio titulado “Inmovilidad en Contextos Frágiles: Entre la dignidad, el arraigo y la migración” se realizó con participación de la organización española Ayuda en Acción y la peruana Universidad del Pacífico, teniendo en consideración que los venezolanos residentes en Perú representan el 4 % de la población nacional y el 10 % de los habitantes de Lima.

Las conclusiones del estudio revelaron que 55 % de los venezolanos migrantes en Perú quieren regresar a su país, el 29 % quiere quedarse en el país andino y el 16 % tiene intención de migrar a otro país.

Bird expuso que entre los motivos de esta diáspora están la discriminación, la precariedad legal, la exclusión laboral y las preocupaciones de inseguridad.

Agregó que el cambio migratorio que aplicó el entonces gobierno de Kuczynski fue un "error" que aceleró problemas de seguridad como el ingreso de miembros del grupo criminal internacional “Tren de Aragua”.

Debido a ese ingreso acelerado, Perú se convirtió en el país "más humanitario en la región" debido a sus medidas de corte "muy liberal en sentido político", anotó.

Apoyo a la integración social

A su turno, el coordinador de proyectos de Ayuda en Acción Perú, Jorge Gálvez, comentó en la presentación que su entidad impulsó una serie de programas para reforzar la movilidad justa e inclusiva en Ecuador, Perú y Colombia.

Una de estas iniciativas es el Impulso emprendedor, con 300 beneficiarios, que logró el incremento de ingresos de 60 % de sus inscritos, aunque el 26 % terminó por cesar sus actividades.

Gálvez señaló que un 75 % de 1.500 beneficiarios requirieron orientación sobre la regularización migratoria, donde el 96 % son mujeres y 48 % presentan problemas de adaptación y estrés.

En tal sentido, planteó fortalecer las capacidades de los migrantes, fomentar las incubadoras universitarias para impulsar la innovación y continuar con los procesos de regularización migratoria.

Por su parte, Bird, también director de la cátedra IDRC de Migraciones y Desplazamientos Forzados de la Universidad del Pacífico, opinó que "hay que dejar de hablar de humanitario" y en su lugar "hay que hablar de inclusión" para buscar soluciones a la informalidad, al acceso al crédito y mejorar la salud mental de los migrantes, que cargan traumas por su desplazamiento.

Añadió que el Estado peruano debe hacer intervenciones que beneficien a peruanos y migrantes venezolanos, la mayor comunidad extranjera en el país en la actualidad, sin distinguir entre regulares y no regulares.

Con información de Efe

En un operativo conjunto, la PNP, Sunafil, Sutrán y fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Tumbes, al norte de Perú, clausuraron tres agencias de viaje que funcionaban como fachada para favorecer la migración irregular de ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos.

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Los locales intervenidos denominados: El Exclusivo, Murga, Serrano y Vigo eran usados por coyotes para vender boletos sobrevalorados de hasta 300 soles (100 dólares)  y trasladar a los migrantes en buses hasta Lima sin cumplir con las normas de seguridad.

“Cuando los coyoteros no captan a los migrantes, los traen a estos lugares para cobrarles entre 250 y 300 soles. Compran boletos más baratos en otras agencias y los esconden”, explicó el general Luis Pacheco Cornejo, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Durante el operativo fueron intervenidos 18 extranjeros, en su mayoría venezolanos, quienes fueron trasladados a seguridad del Estado para determinar su situación migratoria.

Con información de Panamericana TV

Cinco hombres de nacionalidad venezolana se encuentran detenidos en Lima por su presunta vinculación con el asesinato la pasada semana del diplomático indonesio Indonesia en Perú,  Zetro Leonardo Purba, según informaron medios locales.

Las detenciones se realizaron el martes 9 de septiembre por parte de la Policía Nacional, que en la misma acción incautó la pistola presuntamente utilizada para disparar contra el funcionario de la embajada indonesia.

Un informe pericial difundido por el Canal N de televisión concluyó que las balas del arma decomisada son las mismas que fueron halladas tanto en el cuerpo de la víctima como en la escena del crimen.

El arma habría sido encontrada en poder de Jhaiker Echenagusia Quijada, venezolano de 23 años, mientras que el vehículo donde los delincuentes se trasladaron al lugar de los hechos  está a nombre de Wuilson Soto Lopez, también venezolano de 24 años. 

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Uno de los cinco detenidos es también el propietario de la motocicleta presuntamente utilizada en el ataque contra el diplomático, por razones aún no esclarecidas.

La Policía Nacional de Perú había anunciado en redes sociales el mismo martes de la detención de los cinco individuos, pero sin especificar su nacionalidad ni señalar que se encontraban relacionados con el mortal atentado contra el diplomático del país asiático.

«En el distrito de San Martín de Porres, tras labores de inteligencia, la Policía detuvo a presuntos integrantes de la banca criminal ‘Los Maleantes del Cono’. Se incautó una pistola abastecida, cinco explosivos y 15 metros de mecha; se decomisó droga, diez celulares y una moto», señaló el martes la institución policial.

La víctima fue atacada por los sicarios en la puerta del edificio donde residía, en el distrito limeño de Lince, cuando llegaba en bicicleta.

«Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta un ajuste de cuentas», indicó el comisario de Lince, David Guivar, en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El mismo medio televisivo señaló que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en Perú, con su familia, en el mismo edificio donde este lunes fue asesinado. 

Con información de EFE y El Comercio

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú desarticularon una banda de extorsionadores vinculada con el Tren de Aragua que provocó la muerte de al menos cinco conductores de transporte público en Lima, al ejecutar la detención de 24 personas y el allanamiento de 32 inmuebles, según informaron este martes ambas entidades.

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada llevó a cabo la detención preliminar judicial de 24 presuntos integrantes de la organización criminal denominada Los Occidentales, integrada por peruanos y venezolanos, indicó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

 Entre los detenidos figura el venezolano Jhorman Alexis Barrios Martínez, identificado por la Policía Nacional como el cabecilla de la banda, llamada también Desa II, según indicó la prensa local.

Asimismo, la Fiscalía allanó 30 inmuebles en Lima y en las sureñas regiones de Arequipa y Tumbes, así como una celda en la cárcel de Huacho, al norte de Lima, vinculados a los imputados con fines de incautación de material relevante para la investigación.

Esta red ilícita, vinculada al Tren de Aragua, actuaba con «ferocidad y violencia» en los distritos de Lima Norte, en agravio de propietarios, socios, conductores y cobradores de diversas empresas de transportes, agregó el Ministerio Público.

De acuerdo a la investigación fiscal, la banda criminal se habría infiltrado en grupos de la aplicación de mensajería instatánea Whatsapp de las empresas agraviadas con el fin de exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios y/o semanales de dinero.

En caso de no cumplir con sus pedidos, se concretaba las extorsiones que también incluían atentados contra los conductores y las unidades móviles, pues a la fecha habría cinco personas fallecidas a causa de estos delitos, agregó la fuente oficial.

La Fiscalía detalló que esta organización criminal también contaría con otro brazo delictivo, dedicado al lavado de activos, mediante la creación de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones a través de cuentas digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros para el ocultamiento ilícito del dinero.

En ese sentido, «el dinero ilícito habría salido hacia Venezuela y Colombia para retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada», precisó la Fiscalía.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, declaró a la prensa que «a nivel nacional se han desplazado cerca de 600 efectivos policiales» para realizar este megaoperativo.

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 Cuentas congeladas

El ministro subrayó que se han congelado 50 cuentas bancarias a esta banda criminal que reunían unos 20 millones de soles (5,7 millones de dólares ó 4,85 millones de euros) de presunto origen ilícito.

«Tenemos que retirar a estas lacras que están haciendo tanto daño a la sociedad. La intención de la Policía Nacional siempre es única: tratar de darle la mayor seguridad a la ciudadanía», expresó Malaver.

Sobre la detención del cabecilla apodado ‘Jhorman’, el ministro declaró que es probable que haya venido «a reemplazar y reorganizar esta organización criminal Desa II, ya que anteriormente la Dirección de Investigación Criminal (de la Policía Nacional) había desarticulado a los Desa I».

«El comportamiento criminal es dinámico», apuntó el ministro del Interior.

En marzo pasado, el Congreso peruano declaró al Tren de Aragua como organización terrorista debido a sus métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano, y en forma similar lo hizo con el denominado Cartel de los Soles en este mes, como entidad criminal vinculada, según el Gobierno de Estados Unidos, al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Con información de Efe

 El Congreso de Perú declaró este miércoles como organización terrorista  al Cartel de los Soles, la cual fue calificada, además, como una estructura criminal internacional vinculada al presidente Nicolás Maduro y relacionada con el narcotráfico, así como con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La moción, impulsada por los congresistas Jorge Montoya, Alejandro Cavero y Norma Yarrow, fue aprobada con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos, que en los últimos días ha desplegado una flota en aguas del Caribe sudamericano con el propósito de combatir a este y otros grupos criminales.

La petición también exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias en los ámbitos de política exterior, seguridad y defensa nacional, con el fin de que el Perú se sume a los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal.

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Grave riesgo para la región

Esto se debe, según se señala, al grave riesgo que representan las actividades ilícitas del cartel de los Soles para la estabilidad democrática del país y la seguridad de sus ciudadanos.

Durante el debate, la moción fue sustentada por Jorge Montoya, quien afirmó que la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo son amenazas regionales que provienen de Cuba y Venezuela, y que el Perú debe estar preparado para defenderse.

“Debemos sentar una posición al respecto para poder después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad y evitar que la población se vea dañada con las amenazas que se están presentando”, explicó.

Las únicas bancadas que se opusieron a la aprobación de la moción fueron las de izquierda. Según argumentaron algunos de sus congresistas, como Jaime Quito, esta iniciativa responde a una intención de Estados Unidos de ingresar en territorio venezolano con el objetivo de apoderarse de recursos como el petróleo.

En ese sentido, manifestaron que “no se debe permitir que se intervenga” a un país latinoamericano y que el Congreso “no debe involucrarse en temas ajenos a su política”.

Con información de RPP