No es nuevo decir que el gobierno de Gustavo Petro, que salió del poder hace un mes y medio, dejó la olla raspada y hasta se llevó la olla y la cuchara. Entes de control, oposición y medios de comunicación hemos denunciado el derroche y las irregularidades de la pasada administración en todo el Ejecutivo: desde la joya de la corona, Ecopetrol, hasta la entidad descentralizada más pequeña adscrita a un ministerio. 

Sin embargo, un caso que desnuda el comportamiento del expresidente Petro es lo que hizo en su propia “casa”, es decir, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó eldiario El Colombiano.

En medio de la discusión en el Congreso sobre el presupuesto general, el nuevo director del Dapre, el paisa Carlos Ríos –gerente de la campaña De la Espriella y hombre de confianza del mandatario– asistió a una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde se estaba discutiendo el dinero que necesita cada entidad. Ríos denunció públicamente lo que encontró en la Presidencia, advirtiendo que apenas sería la punta del iceberg.

Uno de los datos más reveladores es que en los cuatro años de Petro la contratación en el Dapre se disparó un 595% a través de OPS (contratos de prestación de servicios). Y solo el último año de mandato, es decir, desde mediados de 2025 hasta hace un par de meses, los contratos crecieron 228%: de $9.500 millones a $31.300 millones en plena campaña. La planta de personal también aumentó: de los 844 cargos con los que cerró el gobierno de Iván Duque se pasó a 1.019, un crecimiento del 20,7%.

“Eso demuestra que este ‘contratadero’ que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”, dijo Ríos en la Cámara.

La instrucción del alto funcionario es denunciar las irregularidades y al mismo tiempo reducir el gasto. En línea con la promesa de campaña de recortar el Estado, Ríos recibió la instrucción del presidente De la Espriella de “dar ejemplo” desde Presidencia. En 2026, el presupuesto del Dapre fue de aproximadamente $1,81 billones. 

Para 2027, el nuevo gobierno presentó un presupuesto cercano a $904.000 millones, una reducción cercana al 50%. “La nueva administración revisará la contratación y el gasto: contrato por contrato, necesidad por necesidad y peso por peso”, señalan. Además, en marzo de 2026 se habían planteado necesidades presupuestales cercanas a $4,2 billones.

Frente a esa estimación, el presupuesto presentado para 2027 es aproximadamente 78,5% menor. “Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de $4,1 billones que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a $904.000 millones”, dijo Ríos.

“La decisión es que el Dapre le cueste menos a los colombianos y funcione con mayor eficiencia”, agrega una funcionaria extraoficialmente. “(...) Si hubiera ganado la otra propuesta para el país (Iván Cepeda), ¿cuánto nos costaría el Dapre a los colombianos?”, cuestiona.

Los funcionarios dicen que no habrá hallazgos guardados ni irregularidades documentadas que se queden dentro del Dapre y que están armando denuncias “con relevancia penal” para radicar en la Fiscalía. Lo mismo con los hallazgos fiscales y disciplinarios en Contraloría y Procuraduría.

Hay que recordar que el Dapre no es solo una entidad administrativa de la Presidencia sino que de ella dependen otras entidades, fondos y consejerías que pueden tener menos controles o filtros que un ministerio y que manejan billones de pesos.

Bastaría con mencionar la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que en el gobierno pasado fue saqueada. Pero hay otras que están bajo la sombrilla de Presidencia: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); la Agencia para la Renovación del Territorio (ART); la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia); la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas; el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social; el Fondo Colombia en Paz (FCP) y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).

Sobre estos dos últimos hay un capítulo aparte, pues es una de las entidades adscritas en donde más encontraron líos de contratación, conocidos por este diario.

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Ríos y su equipo acudirán a una auditoría forense para conocer la dimensión de la “caja negra”. Desde ya, identificaron que el Fondo Paz –creado en 1997 por Ernesto Samper– y el Fondo Colombia en Paz –creado en 2017 por Juan Manuel Santos tras la firma del acuerdo con las Farc– tuvieron contratos y gastos presuntamente injustificados en el gobierno Petro. Para este año, el Fondo Colombia en Paz tiene presupuesto de $1,1 billones y creó una planta transitoria de 149 cargos.

El espectro contractual de ese Fondo es tan amplio que puede ser usado para hacer vías, construir edificios o incluso actividades recreativas en el marco de la política de “paz total”. El problema fue cómo lo hicieron.

EL COLOMBIANO conoció dos contratos del Fondo Paz que serán denunciados por el Gobierno por lo que sería su evidente desviación. El primero tiene como objeto contractual “prestar servicios de consultoría para el análisis histórico y normativo de derecho comparado sobre las dinámicas del conflicto armado, criminalidad y negociaciones a partir de 1997”. Según fuentes, los entregables son mínimos y, en cambio, “solo en ese contrato se gastaron $351 millones”, dice una funcionaria.

El otro contrato bajo la lupa, que tuvieron que suspender, es también del Fondo Paz para contratar infraestructura pública construida en un predio privado por $100 millones. “Es un convenio para la adecuación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y nos toca hacer la verificación de los avances porque hay demoras en la entrega”, agrega.

En julio de ese año, distintas veedurías ciudadanas radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría alegando bloqueos mediante fallas de plataforma y devoluciones reiteradas de proyectos por parte de funcionarios para luego sugerir soluciones informales a cambio de dinero, denuncias que llegaron a hablar de la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, en el que las decisiones técnicas dependerían de pagos privados.

En ese mismo mes, este periódico reveló el papel del lobista David Trespalacios Swagger, cercano a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quien se encargaba de recibir y gestionar los pagos de una presunta red de corrupción que recibía pagos en efectivo y en cuentas de ahorro para mover contratos en el Gobierno. Semana reveló, con chats, testimonios y consignaciones, que unos “empresarios” le alcanzaron a entregar más de $600 millones; sus tentáculos llegaban hasta el Fondo Colombia en Paz.

La gota que derramó el vaso en la relación de Swagger con las hermanas Guerrero fue que él llegó al Fondo Colombia en Paz literalmente con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar proyectos y contratos a nombre de Juliana, según dos fuentes distintas. Guerrero le reclamó y le dijo al entonces presidente Petro que ya no tenían ningún tipo de vínculo.

 El diagnóstico de Ríos y su equipo en Presidencia toca también una fibra jurídicamente delicada. Cerca del 90% de los empleos del Dapre son de libre nombramiento y remoción, es decir, cargos de confianza cuya provisión y retiro dependen directamente de quien dirige la entidad. En paralelo, durante la administración anterior se constituyeron cuatro organizaciones sindicales.

Ríos ha dicho que respetará “plenamente” el derecho de asociación sindical, pero también ha dejado claro que aplicará “el régimen jurídico de los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Además, como no hubo empalme, están encontrando cada día información nueva. Según la Procuraduría, el informe de empalme del gobierno pasado, que es obligatorio, fue radicado ante ese organismo el 1 de septiembre. La nueva administración tiene hasta el 12 de octubre para formular sus observaciones. Según Ríos, están volcados a recabar “a fondo” los líos en contratos, ejecución presupuestal, fondos, personal y manejo de recursos públicos.

 Con información de El Colombiano

“El gobierno del cambio” se autodenominó el Ejecutivo que lidera hasta este jueves Gustavo Petro, exguerrillero, exalcalde de Bogotá, exitoso político de oposición y ganador de unas elecciones presidenciales en 2022 impulsadas por una agitada movilización social durante el gobierno del derechista Iván Duque. 

Llegó con una promesa enorme, la de construir un nuevo país. Detrás de ella quedaba la pregunta de cómo lograría abrirse paso respetando los contrapesos institucionales que han distinguido durante décadas a Colombia, o si terminaría por chocar de frente con ellos.

Cuatro años más tarde, Colombia ha vivido cambios significativos, pero sigue siendo una nación sumamente desigual, con graves problemas de ilegalidad, narcotráfico y violencia. 

Ha logrado, eso sí, mejoras objetivas en desempleo o pobreza, y, sobre todo, una ampliación del espectro político que puede acceder al poder presidencial, un cambio que venía cocinándose por décadas y se cristalizó con las votaciones de 2022.

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Petro se posesionó en un país con emociones explosivas. De un lado, la esperanza de un sector importante de la sociedad colombiana que votó por él, o de quienes decían hacerlo por su icónica fórmula vicepresidencial, la activista afro Francia Márquez; de otro, el de quienes sentían el miedo de tener un gobierno de izquierdas con el ejemplo del régimen chavista al lado. En el medio, la incertidumbre y curiosidad de muchos. 

Francia, como se le conoce, marcó el otro cambio más profundo que logró el Gobierno saliente: la mayor representatividad del Ejecutivo. Si en los años ochenta y noventa se empezó a hacer usual la presencia de mujeres en las fotos tradicionales de hombres blancos vestidos de paño y corbata, con Petro se hizo normal ver indígenas o afrodescendientes en altos cargos del Ejecutivo.

Ese es quizás el legado más profundo del gobierno: una democracia más amplia y diversa, en un paso más de un proceso que suma casi medio siglo. Si de mediados del siglo XIX a fines del XX Colombia vivió bajo un régimen bipartidista estricto, este se fue relajando. 

En 1988, los colombianos eligieron por primera vez por votación a sus alcaldes, hasta entonces designados por el presidente, lo que abrió las puertas al poder a personas ajenas a los partidos Liberal y Conservador. Ese primer paso palideció frente a la Constitución de 1991, la primera que no fue producto del fin de una guerra civil y que se redactó por acuerdo de todo tipo de fuerzas políticas, incluidos exguerrilleros. Tres décadas después, Petro llevó a representantes de otros sectores sociales a los despachos más importantes del Estado. 

Esa nueva ampliación de la democracia ha sido uno de los más fuertes conectores con quienes se sienten de esos “nadie” a los que Márquez dijo representar y a quienes el presidente reivindicó a lo largo de su mandato. De hecho, en febrero de 2025 hizo un acto especial para presentar un gabinete renovado que presentó como muestra de diversidad.

Esos grandes cambios en las perspectivas de representación no tienen un reflejo exacto en lo más concreto. Algunas promesas lograron avances, otras se sellan en fracasos. Petro se enfrentó a una oposición menos organizada pero más fuerte de lo que parecía, a la complejidad del sistema económico, jurídico y social, y a un liderazgo que pecó de voluntarismo y se concentró más en la retórica que en la capacidad de organización y de seguir una estrategia con metas, plazos y prioridades.

El presidente inició su gobierno como hizo su campaña, con apertura a otros sectores políticos y una coalición legislativa amplia y varios ministros moderados: José Antonio Ocampo en Hacienda, Cecilia López en Agricultura y Alejandro Gaviria en Educación.

 Tendió puentes con las alas más progresistas —y con figuras más clientelistas— de los partidos tradicionales. Así, sacó adelante una ambiciosa reforma tributaria que parecía señalar un orden: primero conseguir el dinero para sacar adelante sus reformas y luego ejecutarlas. Esa lógica, sin embargo, se rompió rápidamente. 

En el primer semestre de 2023, anunció un trío de reformas sociales —laboral, sanitaria y pensional— que debían pasar por el Congreso y que constituían el corazón de un programa que concentraba el cambio en la construcción de un sistema de seguridad social y de trabajo más generoso con los trabajadores y con mayor protagonismo del Estado.

La más polémica era la de la salud, que no era una preocupación grande en un país con problemas de empleo, pobreza o la seguridad, y que sin embargo Petro decidió convertir en su bandera. La presentó antes que las demás, pese a las críticas de sus ministros moderados al proyecto que lideraba la encargada de Salud, Carolina Corcho. El choque le llevó a romper la coalición, sacar a los moderados y entrar a una lógica de confrontación con lo que él veía, en general, como “el establecimiento”, que a su juicio frenaba sus ímpetus de cambio.

Cuatro años después, el balance de ese trío de reformas es dispar. La laboral, con mejoras para los trabajadores formales, fue aprobada por el Congreso. La pensional, más debatida, sigue en el aire: la Corte Constitucional la estudia y suspendió su aplicación. Pero la de salud fue negada dos veces por el Congreso y Petro decidió sacar adelante algunos cambios puntuales por vía administrativa, lo que significa que se pueden revertir con facilidad.

Mientras sacaba adelante ese programa legislativo, Petro arremetió contra las cortes cuando tomaron decisiones contrarias a sus intereses, tuvieran o no razón —y aun cuando la tenían, como ocurrió con la Corte Constitucional frente a partes de la reforma tributaria, por debilidades jurídicas advertidas desde el inicio por los expertos—. Petro habló de un “golpe blando” en su contra, amenazó con una constituyente en un país que valora mucho la Constitución de 1991 —la misma que él decía una y otra vez que buscaba profundizar— y afirmó sentirse encerrado en el Palacio presidencial.

En el fondo, esa lectura reflejaba menos una conspiración real que una dificultad para aceptar que esos contrapesos —cortes, Banco de la República, prensa, oposición— son parte estructural del sistema político colombiano, y no un obstáculo inventado en su contra. Dijo que había entendido que el poder del presidente es menor frente al de fuerzas establecidas, como sectores empresariales o políticos. Perdió las elecciones regionales de octubre de 2023 y entró en una lógica que llenó al gobierno de zozobra.

En esos meses, el presidente se movió hacia un intento de construir una relación más directa entre él y el pueblo. Animó muchas veces a sus bases a salir a las calles, con resultados diversos que aumentaron las tensiones, pero no marcaron una gran ruptura. Usó su cuenta de X y los canales institucionales como forma de tomar y anunciar decisiones de Estado, y buscó enemigos en diferentes frentes: el expresidente de derecha Álvaro Uribe, el reelecto mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, e incluso el jefe de disidencias de las FARC conocido como Iván Mordisco.

Mientras tanto, sus grandes promesas de lograr la paz rápidamente —basadas en la idea de que el expresidente Iván Duque no había logrado acuerdos ni desmovilizaciones por falta de voluntad, y que él, en cambio, por venir de la guerrilla, sería un interlocutor fácil para grupos como las distintas disidencias de las FARC o la guerrilla del ELN— fueron fracasando. 

Su política de “paz total” se fue diluyendo. De hecho, otro de los enemigos que Petro terminó graduando fue el propio alias Iván Mordisco, líder de una de las agrupaciones disidentes de las extintas FARC, contra quien desencadenó bombardeos y ataques de artillería: armas cuyo uso había cuestionado cuando Duque las empleó, por sus difíciles efectos colaterales. 

Llegó incluso a nombrar a un militar como ministro de Defensa por primera vez en 35 años, como parte de ese endurecimiento frente a quienes tendió la mano y con quienes no logró el acuerdo que esperaba con tanta facilidad.

Otro de los grandes cambios prometidos en política exterior fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas durante el gobierno de Iván Duque. Petro apostó por reabrir la frontera y recomponer los lazos con Caracas, con la promesa de reactivar el comercio bilateral y aportar a la estabilidad regional.

 Pero la apuesta terminó sin los grandes logros económicos ni sociales que auguraba. En contraste, Petro tuvo un año de choques con el reelegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo llevaron a perder su visa a ese país y ser incluido en la lista OFAC. Logró calmar las aguas tras visitar la Casa Blanca a inicios de 2026, poco después de que Trump interviniera en Venezuela, raptara a Maduro en Caracas y lo sentara ante un jurado en su país.

Mientras todo esto ocurría en un país que tenía la política en el debate cotidiano y vivía permanentemente tensionado, el frente económico llevaba un ritmo propio, al margen de la inestabilidad que marcaba el debate político. A punta de gasto público, Petro logró reducir el desempleo y la pobreza, dos de sus grandes metas y un logro indiscutible de su mandato. Lo hizo, sin embargo, a costa de un alto déficit fiscal, que deja como uno de los legados más complejos para el gobierno entrante, y en medio de sostenidas críticas de quienes señalaron que ese aumento del gasto tenía un trasfondo electoral.

A ese cuestionamiento se suman los que han causado los escándalos de corrupción que golpearon su mandato, desde el proceso contra su primogénito Nicolás Petro por haberse apropiado de dinero dirigido a la campaña presidencial y entregado debajo de la mesa, hasta el uso de dineros públicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) para asegurar votos en favor de sus iniciativas legislativas y que tiene a dos de sus exministros en la cárcel.

Pero quizás la mayor de sus frustraciones sea que quien lo suceda en el poder sea Abelardo de la Espriella, un presidente que tiene como una de sus grandes banderas deshacer buena parte de lo que él hizo, y que puede llevar a Colombia a sumarse a la ola de gobiernos de ultraderecha que hoy están de moda en el continente.

En sus últimas semanas, Petro no solo ha buscado dificultar la llegada de De la Espriella al poder —por ejemplo, al negar la posibilidad de un tradicional empalme— sino que ha intentado deslegitimarlo por distintos frentes. Él y su partido han cuestionado que el presidente entrante tenga nacionalidad estadounidense, y, sobre todo, ha hablado de un fraude electoral que no ha podido probar. Pese a ello, le ha dedicado largos trinos, intervenciones en televisión y una cantidad de energía que solo ha sido menor que la dedicada a intentar asegurar su futuro: Petro busca salir de la lista OFAC e incluso ha buscado viajar a Estados Unidos en su último día como presidente para ello.

Si Petro se pregunta por su futuro inmediato, Colombia hace lo mismo por la llegada de un presidente que nunca había hecho política ni había sido administrador público, y que, como el anterior, trae consigo enormes promesas de cambio y grandes interrogantes sobre la manera de sacarlas adelante. Pero el país ya no es el de 2022. 

Colombia ya vivió un gobierno marcadamente de izquierda, antisistema, que llegó al poder pese a los señalamientos producto de décadas de conflicto armado, y que, sin embargo —pese a las tensiones que él mismo alimentó contra sus contrapesos— evitó tanto los cantos de sirena de la concentración de poder como la conformación de un régimen que niegue las elecciones. La democracia queda, a la vez, más amplia y más debilitada.

Con información de El País

El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el lunes que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una "guerra civil".

De la Espriella, de 48 años, se posesionará el viernes en una ceremonia legislativa en la ciudad de Cali (suroeste), contrario a la costumbre centenaria de hacerlo en Bogotá frente al Congreso.

"Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo y es la posesión del presidente ilegítimo", dijo el lunes Petro en una declaración a medios desde el palacio presidencial en Bogotá.

Según Petro, en el balotaje presidencial de junio hubo un "fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme", presuntamente fraguado desde el exterior en contra del izquierdista Iván Cepeda.

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El mandatario aseguró que "dineros extranjeros y empresas extranjeras con la capacidad de cambiar algoritmos" interfirieron en el resultado del proceso electoral.

Antes de la elección, De la Espriella recibió el apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Petro, que ha señalado la "injerencia" de Trump en la política colombiana por su respaldo explícito a De la Espriella, sugirió el lunes que el presidente electo pretende extraditarlo a Estados Unidos bajo falsas acusaciones. Petro también avizoró una "guerra civil" por el rechazo que genera ese y otros planes del próximo gobierno.

"Está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia", enfatizó el mandatario, que presentó a la prensa su retrato oficial que será exhibido en la casa presidencial junto a los cuadros de otros antiguos jefes de Estado.

La bancada de la izquierda en el Congreso, liderada por Cepeda, anunció que no asistirá a la posesión de De la Espriella y llamó ese día a una jornada de movilizaciones sociales en la capital Bogotá, Cali y Barranquilla (norte).

La derecha teme un estallido de protestas como las que Petro respaldó contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia del país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

AFP

La exsecretaria general de la presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, acusó el martes al mandatario izquierdista Gustavo Petro de malos tratos por denunciar presuntos casos de corrupción que desataron un escándalo a pocos días del final de su gobierno.

Rodríguez fue una de las funcionarias más cercanas a Petro hasta que su relación se fracturó a inicios de año. Hasta enero se encargaba de los asuntos administrativos de la presidencia y de tramitar nombramientos en ministerios y entidades.

En los últimos días ha denunciado la existencia de una presunta red de corrupción dentro del gobierno que operaba con conocimiento del mandatario, quien dejará el poder el 7 de agosto con la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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Rodríguez aseguró a medios de comunicación que la supuesta estructura para influir en nombramientos de altos cargos públicos era encabezada por Juliana Guerrero, una joven de 24 años y sin experiencia en política cercana a Petro.

La exsecretaria sostiene que se negó a avalar varios nombramientos, entre ellos el de Guerrero como viceministra del Ministerio de la Igualdad por pedido del presidente, luego de que se comprobara que su título universitario era falso.

Rodríguez afirma que tras oponerse a esas decisiones recibió malos tratos por parte de Petro y sugirió que llegó a amenazarla.

"Me recordó su pasado en la guerrilla", contó este martes a Blu Radio, en referencia a la militancia de Petro en la guerrilla urbana M-19 durante su juventud.

Rodríguez añadió que teme por su vida : "El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes", dijo entre lágrimas.

Petro calificó a Rodríguez de "manipuladora" y desestimó las denuncias.

Tras salir de la Secretaría General de la presidencia en enero, Rodríguez asumió como jefa de una entidad encargada de financiar proyectos en zonas afectadas por desastres naturales.

Sostiene que las "situaciones extremas" a las que la llevó al presidente con sus tratos le provocaron depresión y ansiedad.

El gobierno de Petro ha sido salpicado por otros escándalos de corrupción por los que fueron detenidos exministros de Hacienda y del Interior.

Con información de AFP

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este lunes a convocar una «huelga general e indefinida» si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su Administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

«La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (…) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (…) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas», expresó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá.

El mandatario sostuvo que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo Gobierno y animó a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas aprobadas durante sus cuatro años de mandato.

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Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría, a su juicio, un retroceso en los derechos de los trabajadores y pidió responder también con protestas si el próximo Gobierno modifica las políticas de acceso a la tierra impulsadas por su Gobierno.

«No es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución, pero si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria, sobre el campesinado y se van a robar las 600.000 hectáreas que aun quedan, habrá paro agrario nacional», agregó.

En el discurso, pronunciado este lunes con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Petro recalcó: «No podemos dejar quitar las conquistas del pueblo», y apuntó que continuará participando en la vida política desde la oposición una vez entregue el poder el próximo 7 de agosto.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuya elección Petro no reconoce por considerar que hubo fraude, ha anunciado que revisará varias de las principales reformas promovidas por el actual Gobierno, entre ellas la laboral, al considerar que afectan la generación de empleo y la competitividad del país.

Este fue el último discurso de Petro ante el pueblo, con motivo del Día de la Independencia, que se celebra este 20 de julio, pero hoy mismo volverá a tomar la palabra en la sede del Congreso donde instalará el nuevo periodo legislativo con los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 8 de marzo.

 Con información de Efe

 El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le aseguró que entregará el poder pacíficamente en agosto, en medio de las tensiones en la transición con su sucesor, Abelardo De la Espriella, informó el gobierno de Brasil.

Petro denuncia un supuesto fraude electoral para favorecer al ultraderechista De la Espriella y convocó a manifestaciones para despedirse el 20 de julio en varias ciudades.

En la conversación de esta mañana con su aliado Lula, el mandatario colombiano indicó "que dejará el cargo el 6 de agosto", como está previsto, y "reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", informó Brasilia en un comunicado.

De la Espriella dice que Petro busca dar un golpe de Estado. Sus simpatizantes temen un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

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Petro, de su lado, dice tener pruebas del supuesto fraude en las elecciones en las que ganó De la Espriella, que es ciudadano estadounidense y respaldado por Donald Trump, por un estrecho margen contra el oficialista Iván Cepeda.

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y durante su mandato recibió cinco visitas de Lula, con quien compartió la agenda de la protección del medioambiente.

Con información de AFP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes a su equipo que interrumpa "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro.

El trámite de relevo para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema de derecha. Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella señala al gobierno actual de supuesta corrupción.

De la Espriella, que ganó el balotaje de junio por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en la red social X.

En medio del proceso de transición, De la Espriella denuncia haber hallado rastros de corrupción y "contratos a dedo" durante el gobierno de Petro.

De su lado, Petro desconoce la "legitimidad" de De la Espriella y convocó a manifestaciones el 20 de julio, fecha para la que anunció su discurso de despedida.

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El senador Cepeda reconoció por su parte los resultados de la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", dijo De la Espriella.

Sin más detalles, anunció que a lo largo del día explicará "las razones de esta decisión".

De la Espriella, un abogado que debuta en la política, promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% y endurecer el combate a guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década y tras intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados.

El mandatario electo ya anunció los nombres de sus futuros ministros de Interior, Hacienda, Ambiente y Defensa.

🇨🇴 PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA ORDENA SUSPENDER PROCESO DE EMPALMEEl presidente electo de Colombia, @ABDELAESPRIELLA, informó que ordenó al vicepresidente electo suspender de forma inmediata el proceso de empalme con el gobierno saliente. pic.twitter.com/jGlQcrKK8H

Con información de AFP

Un juez colombiano ordenó al presidente saliente, Gustavo Petro, suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, hasta que el Gobierno ajuste los protocolos de esas operaciones para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

En un fallo de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Arauca ordenó al presidente, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Fernando Silva, revisar las operaciones aéreas para que «se agoten todas las medidas de inteligencia y operativas posibles» para identificar la presencia de menores antes de ejecutar un bombardeo.

Para esta revisión, el juez dio un plazo máximo de dos meses.

La tutela había sido presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, quien alegó la necesidad de establecer protocolos acordes con el derecho internacional humanitario (DIH) para proteger los derechos de los menores en el marco de las operaciones militares.

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 Más de 1.200 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, según informó el año pasado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que alertó de un aumento del 300 % en ese periodo.

El fallo se conoce un mes después de que Petro ordenara reanudar los bombardeos contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, tras los enfrentamientos entre facciones de ese grupo en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde fueron hallados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad.

En Arauca operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las antiguas FARC, que se disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y el contrabando. 

Con información de EFE

El presiente de Colombia, Gustavo a Petro, aseguró que su país siempre ayudará a Venezuela y viceversa.

“Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envios en primer lugar de búsqueda de personas”, dijo el mandatario en su cuenta en X.

Sin embargo, dijo que “hay dificultad en aterrizar”, pero remarcó que "todo lo que se soliciten y tengamos lo tendrán".

También dijo que “la mayoría (de la ayuda) puede provenir del gobierno de los EE.UU.”.

Por ello le pidió “al presidente Donald Trump, levantar las sanciones y bloqueo, para que la sociedad y el estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar”.

Manifestó que “si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela, con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos”.

Gustavo Petro no se piensa ir en silencio. El presidente colombiano lanzó este martes la idea de que las elecciones presidenciales que dieron la victoria a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, deberían declararse nulas por la supuesta intromisión de Donald Trump en la campaña.

Lo hizo en un hilo de más de 4.000 palabras en X, donde sostuvo que la "injerencia extranjera" vulnera la Constitución colombiana y el derecho internacional. 

El argumento de Petro se apoya en las propias palabras del presidente estadounidense. Trump definió el lunes a De la Espriella como "un buen hombre" y calificó su triunfo de "un honor", después de haberle expresado públicamente su apoyo durante la campaña.

Para Petro, esa declaración es suficiente: "La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia", escribió, apelando a tratados de la ONU y la OEA.

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"La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA,  y nuestra propia constitución, ¿por qué no se pronuncian?

El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. "¿Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones  por intervención extranjera y por qué Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso? ¿Con qué derecho?", preguntó.

Los números, sin embargo, juegan en su contra. Según el preconteo y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66% de los votos (12,9 millones) frente al 48,7% del izquierdista Iván Cepeda. Aunque la diferencia es estrecha, parece ya difícilmente reversible.

De la Espriella ya ha reclamado que se respete el resultado y ha pedido a Petro y a Cepeda que acaten el veredicto de las urnas y eviten alentar movilizaciones mientras concluye el escrutinio oficial.

En Rumania la simple ingerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma ¿A quien se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?Qué juez aceptará ante la confesión pública del…

Con información de Euronews

El Gobierno colombiano liquidó este lunes el Ministerio de la Igualdad, que había sido creado por el presidente Gustavo Petro en 2023 en el comienzo de su periodo y cuya jefatura estuvo inicialmente en manos de la vicepresidenta Francia Márquez.

En un decreto, el Ejecutivo dispuso que la entidad pasará ahora a denominarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, y determina el inicio de las fases para el inicio de su cierre, cuyo plazo inicial será de un año.

La decisión se produce después de que no prosperara la subsanación de los errores de trámite en la creación del ministerio que fue ordenada por la Corte Constitucional al momento de declarar inexequible la ley con la que fue creada la entidad.

La Corte encontró vicios en el trámite de esa ley y argumentó que la nueva cartera no contaba con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

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La sentencia fue expedida en 2024 y, desde entonces, se fijó un plazo de dos años para que el Gobierno tramitara nuevamente la ley ante el Congreso y corrigiera los errores identificados en la decisión de la Corte. Ese plazo venció el viernes pasado cuando finalizó la actual legislatura.

El Ministerio fue planeado como una entidad enfocada en formular políticas públicas dirigidas a jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTI, campesinos y personas con discapacidad.

Esta entidad tuvo como jefes de la cartera a la vicepresidenta Márquez, al líder afrolombiano Carlos Alfonso Rosero, al activista y exactor porno Juan Carlos Florián y al líder indígena Luis Alfredo Acosta.

Este lunes, cientos de trabajadores de la entidad protestaron en Bogotá después de que les impidieran ingresar a la entidad, tras recibir una circular la semana pasada que les ordenaba su entrega de funciones.

Con información de EFE

 El presidente de Colombia, Gustavo Petro,  denunció que el gobierno de Donald Trump está ejerciendo presión, a través del Departamento de Estado, sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para impulsar la dolarización de la economía venezolana.

"Le están diciendo a Delcy, a la presidenta interina, que debe dolarizar y convertir el dólar en la moneda oficial", refirió Petro durante un encuentro público desde Antioquía.

"Ya lo hicieron en Ecuador, y solo queda Colombia, lo mismo propusieron acá. Se acaba la soberanía monetaria de este país preciso cuando el dólar... Digo, el peso es más fuerte que el dólar", alertó.

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El mandatario sostuvo que estas presiones forman parte de una estrategia regional que, a su juicio, busca alinear a varios países con un mismo modelo económico, lo que implicaría una pérdida de "autonomía" y "soberanía" para las naciones que aún mantienen control sobre su política cambiaria y poseen una moneda distinta al dólar estadounidense.

Gustavo Petro reveló que se planteó dolarizar la moneda en Venezuela: “A Delcy, la presidenta encargada, le están diciendo que debe dolarizar y poner como moneda oficial el dólar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AYNogPrzVA

  El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró   que nadie le informó de una restricción en su visa estadounidense que impidió que se reuniera esta semana con el líder político de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su visita a esa ciudad, donde participó en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jessi (sic) Jackson en Chicago (en marzo pasado). Nunca se me informó que sería arrestado. Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones (Unidas) como presidentes de la república estamos protegidos por la ley de los EE. UU. que nos permite, a los jefes de Estado del mundo, hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo», expresó Petro en X.

 Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, Petro viajó esta semana a Nueva York para participar en varias actividades, entre ellas, presidir un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jessi Jackson en Chicago.Nunca se me informó que sería arrestado.Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la república estamos protegidos por la ley… https://t.co/uoLAznkQoi

Aunque todavía no se había confirmado, entre sus actividades figuraba una reunión con el alcalde de Nueva York. Sin embargo, según explicaron cuatro personas familiarizadas con el asunto a The Washington Post, la Administración de Donald Trump frustró el encuentro.

«Considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EE. UU., y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston», añadió Petro.

En septiembre pasado, EE. UU. revocó el visado al presidente colombiano después de que, durante su visita a la Semana de Alto Nivel de la ONU, instara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump por la ofensiva israelí en Gaza.

Petro recuperó su visa hasta el final de su mandato tras un acuerdo con Trump en marzo pasado.

El acuerdo entre la ONU y EE. UU. le exige que no impida la entrada de líderes y diplomáticos que se dirijan a su sede neoyorquina, pero una reunión con Mamdani se hubiera salido de la agenda oficial de Naciones Unidas y del perímetro que en el que usualmente se pueden mover quienes tienen restricciones de visado.

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que las autoridades los trasladaban en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

 Las discrepancias continuaron, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó al Gobierno de EE. UU. a retirar en septiembre a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y, al mes siguiente, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en la Lista OFAC, conocida también como ‘Lista Clinton’.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que abrió el camino para el encuentro de ambos el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Con información de Efe

La decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, de suspender temporalmente al mandatario Gustavo Petro, ha generado reacciones y críticas entre los políticos de ese país.

 Múltiples voces advierten que sería una medida que favorece a la campaña de Iván Cepeda, incluso, aseveran que se trataría de un “autogolpe blando”.

 “La suspensión de Petro por parte de la congresista Gloria Arizabaleta, del partido de Roy Barreras y cuyo hermano es representante electo por el Pacto Histórico, es un AUTOGOLPE BLANDO”, asegura, por ejemplo, el congresista Daniel Briceño.

 Mientras que el congresista Andrés Forero calificó la decisión como una “jugadita electoral del Pacto Histórico”.

 El parlamentario agregó que “a una semana de la segunda vuelta, la presidente de la Comisión de Acusaciones, congresista del partido de gobierno, suspende a Gustavo Petro por participar en política. Ante el desastre en las encuestas de su títere, quieren victimizar al presidente”.

Igualmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que la Comisión de Acusación no tiene facultades para suspender al presidente Gustavo Petro.

 “No hay que llamarse a engaño: esto es un irresponsable ‘autogolpe’ con claros fines electorales”, dijo.

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Por otro lado, María Fernanda Cabal también criticó la medida. “Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia; parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lío en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión”.

 Otras voces de la política ponen los ojos en Roy Barreras. Así lo insinuó el exministro Luis Felipe Henao, quien aseguró que se trata de una decisión desesperada de la campaña que “comete errores todos los días”. 

Roy Barreras, quien se sumó a la campaña de Iván Cepeda, escribió: “La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA. ¡No tiene esa competencia ni esa atribución y, por supuesto, no puede tener efecto alguno! El único efecto que tendrá es político, porque en lugar de hacer daño al Presidente, la gente saldrá a votar masivamente para defender a su Presidente y el proyecto político progresista”.

  Por su parte, el expresidente Iván Duque, también se pronunció contra la medida.

“Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno. Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca. Empezaron con la “constituyente”, luego con desconocer los resultados y ahora se inventan una “autosuspensión”. Respeten la democracia”, dijo en su cuenta en X.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó «suspender provisionalmente del ejercicio del cargo» al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una decisión inédita,  se trata de una medida cautelar que genera profundas dudas jurídicas, porque las decisiones de la Comisión de Acusación usualmente deben ser sometidas eventualmente a la plenaria de Cámara de Representantes. 

Miembros de la comisión señalaron que este tipo de medidas ya habían sido consideradas previamente y desechadas por las mismas dudas de viabilidad.

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🇨🇴 SUSPENDEN A PETRO DE FORMA PROVISIONALLa Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suspendió provisionalmente al presidente @petrogustavo hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p.m., según la decisión anunciada este martes pic.twitter.com/bHFX1wX93B

Cabe mencionar que el jefe de Estado colombiano se encuentra en Nueva York participando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). 

De acuerdo con el decreto 0575 de la Presidencia, el mandatario colombiano partió el  9 de junio hacia esa ciudad.

La determinación iría hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, como decisión extraordinaria para evitar su participación en política e injerencia en la campaña electoral.

#LOÚLTIMO | La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes acaba de suspender provisionalmente al presidente Petro hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p.m. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/XTva9BzGRq pic.twitter.com/hTYQT36pPM

Con información de Efe y de El Tiempo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro.

Es una investigación  por presunta "intervención indebida en política" a través de publicaciones realizadas en X entre 2023 y 2025.

La decisión adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, señala que 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del mandatario pueden estar relacionados con actividades o controversias de carácter político-partidista y ordena la práctica de pruebas para determinar si constituyen una falta disciplinaria.

Según el auto, las publicaciones «revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva» destinada a verificar los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar su eventual relevancia jurídica.

Entre las diligencias ordenadas figura la incorporación al expediente de las publicaciones, capturas de pantalla y demás material digital recopilado durante la actuación preliminar, así como la verificación técnica de los contenidos identificados en la red social X.

Deben validar la autenticidad de los mensajes 

La Policía Judicial adscrita a la Comisión deberá además validar la autenticidad de los mensajes, identificar los datos asociados a las publicaciones, documentar elementos como fechas, enlaces y posibles responsables de su administración, y garantizar la cadena de custodia del material recaudado.

Asimismo, la Comisión solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que certifique, en un plazo de cinco días, si la cuenta del mandatario (@petrogustavo) ha sido registrada, reconocida o utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del presidente.

El organismo también requirió información sobre las dependencias, funcionarios, contratistas o asesores que hayan tenido acceso a la cuenta, los dispositivos utilizados para su administración y los protocolos de elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos.

Igualmente, pidió copia de las políticas o instrucciones institucionales relacionadas con el uso de redes sociales y la participación en política, así como información sobre los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde el inicio del actual mandato.

La apertura de esta actuación se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio en la que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda se disputarán la Presidencia tras haber obtenido en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

En Colombia los funcionarios públicos tienen prohibido intervenir en actividades políticas o controversias electorales, con excepción del ejercicio del voto. Además, el presidente cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

La Constitución establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano competente para recibir e investigar las denuncias contra el jefe de Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias. 

Con información de EFE

Los "aliados" de Estados Unidos en Colombia son "genocidas" y "narcotraficantes", dijo el jueves el presidente colombiano Gustavo Petro a la AFP, luego del apoyo del mandatario Donald Trump al candidato de la ultraderecha para el balotaje.

Washington respaldó al abogado millonario Abelardo de la Espriella, que sorpresivamente encabezó la primera vuelta del domingo por encima del candidato de Petro, el senador Iván Cepeda.

En la campaña para el balotaje del 21 de junio, el opositor recibió el martes el apoyo del mandatario estadounidense, de quien se declara un admirador.

Petro aseguró que los "aliados" del "gobierno de Estados Unidos" en Colombia "vienen de la gobernanza narcoparamilitar", durante una entrevista con la AFP en la casa de gobierno en Bogotá.

"Son genocidas y narcotraficantes". "Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico están ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen", afirmó el primer presidente izquierdista de la historia del país.

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La izquierda acusa a De la Espriella de representar el "fascismo mafioso".

El abogado de 47 años posee una gran fortuna luego de años de representar a figuras como paramilitares, narcotraficantes, estafadores y estrellas de fútbol.

Tras el espaldarazo de Trump, el jurista prometió relacionarse "como nunca antes" con Washington si es elegido presidente.

La histórica relación entre Estados Unidos y Colombia se tensó durante el gobierno de Petro, que se enfrentó en múltiples ocasiones con Trump en redes sociales.

Trump lo llamó "líder del narcotráfico" y le impuso sanciones financieras en medio de un repunte de la violencia en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

Petro afirmó que es la derecha en Colombia la que "siempre ha estado vinculada al narcotráfico".

Con información de AFP

El gobierno de Colombia retiró este jueves la propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna, tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial.

El saliente mandatario Gustavo Petro ha defendido fuertemente la constituyente para esquivar los bloqueos del Congreso a sus reformas sociales y económicas. La propuesta era muy criticada por la oposición, que lo acusaba de querer modificar la Constitución para permitir y buscar la reelección.

"La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones (...) no permite que el constituyente se convoque", escribió en X Petro, primer presidente izquierdista en la historia del país.

La decisión llega en plena campaña presidencial después de que el delfín político de Petro, el popular senador Iván Cepeda, cayera por poco ante el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991.

La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento. Gustavo Petro

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Ambos se medirán en un balotaje el 21 de junio en el que De la Espriella tiene ventaja, según las encuestas.

El resultado "ha dejado abierta la puerta a un regreso a los métodos del fascismo violento (...). Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas", añadió Petro, que no puede presentarse a la reelección por ley.

La sorpresiva victoria de la ultraderecha llega en medio de la peor ola de violencia de la última década en el país y con una creciente presión fiscal debido al alto gasto del gobierno de izquierda.

Petro abandonará el cargo el 7 de agosto, tras cuatro años de mandato con alta inversión en programas sociales y el mayor aumento del salario mínimo, medidas populares entre la clase obrera.

El izquierdista prometió en campaña que no iba a modificar la Constitución de 1991, pero fue cambiando el discurso y en mayo empezó a recoger firmas.

Las reformas propuestas estaban centradas en temas sociales, económicos, ambientales y referentes a la implementación de la paz en el país, marcado por décadas de conflicto.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk

Con información de AFP

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad". Así se expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca del respaldo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio.

Mediante su cuenta en X,  Petro cuestionó la injerencia extranjera en los asuntos políticos colombianos.

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"Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, publicó el mandatario.

Incluso apeló a la historia independentista de Colombia para rechazar ese apoyo de Trump.

"Toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas” luchó junto a Simón Bolívar y Antonio Nariño para alcanzar la libertad y la soberanía del país.

“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, agregó.

EN su mensaje a través de Truth Social, Trumpo manifestó: "¡Enhorabuena al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia!”, dijo.

La entidad estatal que regula a los funcionarios públicos en Colombia rechazó el lunes las supuestas irregularidades que denunció el presidente izquierdista Gustavo Petro en el conteo de votos de la primera vuelta  presidencial, en la que su candidato quedó segundo.

El mandatario y su aliado, el aspirante Iván Cepeda, sembraron dudas sobre la exactitud del conteo preliminar en el que se impuso por poco el ultraderechista Abelardo de la Espriella, con quien disputará un balotaje el 21 de junio.

"No se conoce prueba o indicio" que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda, declaró Gregorio Eljach, jefe de la Procuraduría, un organismo de control independiente.

Petro sugirió en X el domingo que el software que realiza el conteo preliminar, fabricado por una compañía privada, fue alterado y que "centenares de miles de votos fueron agregados".

El lunes, Cepeda moderó su posición y dijo que esperará el escrutinio definitivo para pronunciarse, aunque no tiene "evidencias" sobre "eventuales irregularidades".

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La Registraduría organiza los comicios en Colombia y hace un conteo rápido el mismo día de la jornada electoral, aunque los datos no son definitivos.

En paralelo se hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente declara y consolida los resultados.

Según la Registraduría, el 99,88% de las mesas ya habían sido escrutadas el lunes por la tarde. El titular de la entidad, Hernán Penagos, dijo a Blu Radio que el escrutinio culminará "de hoy a mañana" y luego entregarán la información al CNE.

Consultado por la AFP, un responsable del CNE dijo que los resultados definitivos pueden tardar "semanas".

Por ley el presidente no tiene "competencia" en Colombia "para decidir la aceptación o no" de los resultados electorales, dijo Eljach.

De la Espriella ganó la primera vuelta el domingo con el 43,7% mientras que Cepeda obtuvo el 40,9%.

Con información de AFP