Los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) que aún están detenidos por los sucesos del 11 de abril del 2002 ya tendrían la pena redimida, según explicó la abogada Theresly Malavé.

Malavé, quien durante años fue defensora de los funcionarios policiales Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain, manifestó que actualmente tienen 18 años encarcelados y los mismos fueron sentenciados a 30 años de cárcel.

Ellos han trabajado durante nueve años en la cárcel y tienen una conducta intachable, situación que según los estamentos nacionales, les permite solicitar una formula alternativa de la pena.

A cambio recibieron un traslado de la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques a la cárcel Fénix en el estado Lara. «Tienen esa pena redimida, pero aún así, si no les quieren valer lo que llaman redención judicial de la pena por trabajo y estudio (…) tienen 18 años y suman 9 años más por trabajo».

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Según la profesional del Derecho, de no querer hacerle valer los años de trabajo, Bolívar, Molina y Rovain ya tienen más de la mitad de la pena cumplida. Amparados en el Código Penal, «existen formas de cumplimiento de pena distintas», dijo Malavé.

Tras los sucesos del 11 de abril del 2002, la Fiscalía General de la República, en aquel momento en manos de Luisa Ortega Díaz, señala directamente a los funcionarios de la PM como autores materiales de tres homicidios de los 19 cometidos el 11A.

En un principio quedaron detenidos tres comisarios y ocho funcionarios policiales. Algunos cumplieron condena, uno fue absuelto y finalmente quedaron estos tres agentes del orden.

Vale acotar que en el 2009 un juzgado en Aragua les dictó sentencia de 30 años. Los abogados defensores en ese momento indicaron que la Fiscalía nunca pudo comprobar que las armas de los agentes detenidos fueron accionadas. Tampoco pudieron comprobar, según los litigantes, que los cuerpos de las tres víctimas hayan caído debido al accionar de los funcionarios de la PM.

Los tres Policías Metropolitanos (PM) que aún quedan presos por el caso del 11 de abril de 2002,  Luis Molina, Héctor Rovaín y Erasmo Bolívar, los están trasladando del Centro de Procesados Militares, ubicado en Ramo Verde, estado Miranda, a la cárcel Fénix en Lara.

La denuncia la hizo en Twitter la esposa de Molina, Laura Pére de Molina, quien aseguró que los tres policías merecen “fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena”.

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Asegura que llevarlos a la cárcel Fénix de Barquisimeto es alejarlos más de sus familias que residen en Caracas.

Además, que el comportamiento de los exfuncionarios ha sido intachable en la cárcel de Ramo Verde.

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La abogada y defensora de los Derechos Humanos, Jackeline Sandoval, también se pronunció por el hecho.

Enfatizó que el deber ser del sistema de justicia “es otorgarles beneficios procesales. No castigarles por un delito que no cometieron”.

“Trasladaron a la cárcel Fenix en Barquisimeto alejándonos más de su núcleo familiar, a los 3 policías metropolitanos por el caso 11 de abril”, agregó en su cuenta @jsandoval0707.

Trasladaron a la cárcel Fenix en Barquisimeto alejándonos más de su núcleo familiar, a los 3 policías metropolitanos por el caso 11 de abril. El deber ser es otorgarles beneficios procesales. No castigarlos más por un delito que no cometieron.

Rovaín, Molina y Bolívar siguen presos, sin que hasta los momentos haya sido escuchado el clamor de sus familiares.

Estos piden el otorgamiento de medidas alternativas que están vencidas desde el año 2007.

Rovaín, Molina y Bolívar los condenó a 30 años de prisión la juez Marjorie Calderón.

Ninguno de los tres accionó un arma durante las protestas de abril de 2002.

El delito imputado a los tres es  homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva.