La estatal Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este jueves sobre el «recrudecimiento» de la violencia contra la población LGBTI en el país, que en enero registró más del doble de asesinatos contra miembros de esta comunidad comparado con el mismo periodo del año anterior.

«Tan solo en enero de 2025, se han registrado al menos 13 asesinatos con extrema sevicia y crueldad» contra personas gay y transgénero, en contraste con los cinco homicidios reportados en enero de 2024, advirtió la entidad encargada de proteger los derechos humanos en la red X.

Según la Defensoría, la cifra de «asesinatos por prejuicio» los de asesinatos de un solo mes de 2025 equivalen al 27% del registro de 2024, año en que se reportaron casos, recogió AFP.

La mayoría de estas muertes ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), el segundo más poblado del país.

Entre las víctimas se encuentran seis gais, cuatro mujeres transgénero, dos hombres transgénero, una lesbiana y otra persona cuya identidad de género todavía no ha sido establecida.

«La impunidad sigue siendo un reto. Urgimos fortalecer las respuestas institucionales», señaló la Defensoría, que hizo un llamado al gobierno colombiano a tomar «acciones contundentes para frenar esta ola de violencia».

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En un país atravesado por medio siglo de guerra interna, la comunidad LGBTI es un blanco frecuente de violencia.

Cerca de medio millón de personas en Colombia se autoidentifican con una orientación sexual o identidad de género diversa, según datos de la autoridad estadística.

Con información de AFP

Como un pacto simbólico de convivencia así denominaron el acto de unión de Evelin León y Marlin Araque, oriundas de la ciudad de El Tigre y Jemmily Hudson, Amelia Morales,  Scarle Lucena y Leyvi Brito, provenientes de la ciudad de Caracas. 

En el evento organizado por la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, las parejas celebraron la noche de este martes, la firma de un contrato privado en el que acuerdan compartir los bienes adquiridos a partir de ese momento.

Pacto simbólico de solidaridad y convivencia

Antonio Cabello, abogado y representante de la comunidad LGBTI en Simón Rodríguez, explicó que la  celebración del pacto simbólico de solidaridad y convivencia es una iniciativa del gobierno municipal; representado por el alcalde Ernesto Paraqueima, en apoyo a la lucha de la comunidad LGBTI.

«Es un pacto simbólico de solidaridad dónde las parejas de un mismo sexo sellan un compromiso de amor para resguardar los bienes que obtuvieron durante la relación, es como un testamento”, explicó.

Detalló que “si fallece uno, la familia luego que lo discriminó, odio y corrió no venga a heredar, es como un compromiso que hacen esperando que se apruebe constitucional y legalmente el matrimonio igualitario».

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Cabello indicó que con la celebración de estos pactos simbólicos de solidaridad se busca atraer inversiones para el municipio, como una forma de dinamizar la economía.

«No se está cobrando por celebrar matrimonios ni por firmar los pactos; se cobra es un paquete que incluye el hotel, torta, pasapalos, bebidas, festejos y todos los adornos de la celebración, que beneficiarán a negocios y emprendedores de la localidad», detalló el abogado.

Una de las parejas que firmaron ese pacto, fueron Evelin León y Marlin Araque, quienes tienen más de seis años de relación; y aseguran que con este tipo de uniones formales no buscan distorsionar el modelo familiar, sino mostrar las distintas formas de ser familia.

Cabe destacar, que El Tigre entró en el radar de la comunidad LGBTI luego de que su alcalde, Ernesto Paraqueima, anunció en febrero un decreto para ordenar «celebrar y registrar los matrimonios sin discriminación fundada» en «orientación sexual, identidad de género, expresión de género», según un borrador.

Pero el decreto no se promulgó aún y la propuesta se diluyó a una oferta de paquetes turísticos, de entre 400 y 800 dólares, para generar ingresos a las arcas de este pueblo que por décadas vivió de la bonanza petrolera.

Los planes incluyen hospedaje, boletos y la fiesta, algo con lo que el político opositor, de 49 años, busca convertir a El Tigre en «Las Vegas de Venezuela», un guiño a la ciudad que celebra más bodas en Estados Unidos.

Pero la «pelea» por legalizar el matrimonio igualitario la tiene que dar el movimiento LGBTI, asegura; esto marcando una distancia que le valió críticas de fomentar un «show» y aprovecharse de las parejas del mismo sexo que buscan casarse.

«Esto va a ser un arma muy poderosa desde el punto de vista político», se defiende. «Nadie ha hecho esto en el país, hemos sido atrevidos».

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«No rompe el esquema de la familia porque incluso nosotras tenemos un niño de 6 años y una niña de 10 años y son niños normales, hay temas religiosos que acompañan el lado de la familia;  pero hay otros temas que deben de evaluarse, es un tema delicado, pero el amor no le hace daño a nadie», expresó Marlin Araque.

Mientras que Evelin León dijo que el amor entre ellas merece el mismo respeto que el de las parejas heterosexuales.

Entre tanto, en las afueras del local, situado en la avenida Francisco de Miranda, donde se celebraron estas uniones, un grupo nutrido de personas se concentró para manifestar su apoyo, con consignas  y banderas que identifican a la comunidad LGBTI.

¡Ni más, ni menos, iguales derechos! , fue el grito de la noche.

Amelia y Jemmily se besan y se funden en un abrazo, emocionadas porque acaban de firmar un «pacto simbólico de convivencia». Ambas viajaron a El Tigre, para celebrar su unión.

«Esto es un avance personal, pero también es darle al impulso para que esto no se quede así crudo, que se cocine»; reflexiona Jemmily Hudson, quien con 12 años fue expulsada de su casa después de confesarle a sus padres que era lesbiana.

«Todo está engavetado, no avanzamos», dice sobre los proyectos para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, reseña AFP.

Jemmily, de 37 años, soñó durante años casarse con Amelia Morales, diez años mayor. Ambas pensaron viajar a Colombia, donde es legal el matrimonio igualitario, pero nunca lo concretaron por falta de dinero.

El «pacto» cita artículos de la Constitución venezolana contra la discriminación y a favor de la libertad de expresión y establece que las partes acuerdan «vivir en cohabitación, permanencia y singularidad» y que «los bienes adquiridos desde este momento serán considerados bienes comunes».

El acto, en el que varias parejas consumaron el «pacto simbólico», se realizó en un local nocturno. Las asistentes vistieron ropas elegantes, intercambiaron anillos y en la celebración ondearon banderas con el arcoíris LGBTI.

Venezuela está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales); que no pueden casarse, adoptar o tomar decisiones médicas sobre una pareja.

Aunque la Constitución venezolana de 1999 establece que el Estado «protege» el matrimonio «entre un hombre y una mujer», el Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2008 que ello «no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo». Y en 2016 determinó que las familias homoparentales deben tener «protección».

Opuestos a las ideas del alcalde, más de mil miembros de unas cincuenta iglesias evangélicas y católicas de El Tigre protestaron contra lo que consideran una propuesta «anticristiana» y «contraria al derecho».

«No tenemos dudas que al cobrarles a personas del mismo sexo por ese supuesto pacto civil (…) por casarlos de mentira, lo hace fraudulentamente y deberá encarar los órganos de justicia venezolana», dice a la AFP el abogado Miguel Cabello, asesor jurídico de la unidad ministerial Cristiana de El Tigre.

Pero Paraqueima asegura que al ser un acto simbólico, «no se está violando la legalidad».

En la unión «no participa el Estado, es un contrato privado, no participa registro, no participa la notaría, no participo yo, no participa el gobierno municipal; no participamos, nosotros organizamos lo que tiene que ver con el evento», aclara el alcalde, que de hecho no asistió a la publicitada ceremonia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Venezuela derogar un artículo en un Código de Justicia Militar. El mismo penaliza «actos sexuales contra natura», en referencia a las relaciones entre personas del mismo sexo. Por ello la institución pide al Estado venezolano garantizar los derechos de las personas LGTBI.

La CIDH señaló su «preocupación» por la vigencia del artículo 565 del Código. La norma establece una pena de «uno a tres años de prisión al militar que ‘cometa actos sexuales contra natura'».

En un comunicado, señaló que esta normativa criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar.

«En tal sentido se recuerda al Estado de Venezuela el deber de derogar esta disposición». La misma es contraria al derecho a la igualdad y no discriminación».

Según dijo, este tipo de norma puede contribuir a generar las condiciones para que la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI sea «tácitamente permitida o tolerada», reseñó AFP.

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En general, la CIDH deploró «la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex (LGBTI) en Venezuela».

Y llamó al Estado venezolano a tomar medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. También para erradicar las situaciones de «vulnerabilidad» a las que están expuestas.

Por otra parte, recordó a Venezuela la falta de reconocimiento legal de las uniones o el matrimonio sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.

También señaló la falta de procedimientos que garanticen el derecho a la identidad de género de las personas LGBTI. Por ello urgió al Estado a asegurar la posibilidad de rectificación de imagen, nombre y marcadores de sexo/género.

Migdely huyó de Venezuela con su bebé tras la muerte de Ginyveth, su esposa. Estaba aterrada por el riesgo de perder la custodia de su hijo, sin el amparo de leyes que reconozcan el matrimonio igualitario o las familias homoparentales. En Venezuela aun no hay garantía para los derechos de la población LGBTI.

Migdely Miranda y Ginyveth Soto se casaron en Argentina en 2013. Tuvieron un hijo por reproducción asistida. Volvieron poco después a Venezuela, donde asesinaron a Ginyveth a finales de 2014. Se convirtió en otra víctima de la desbordada criminalidad en este país.

«No pude decidir ni siquiera cuál era mi voluntad sobre el cuerpo de mi esposa. Si yo quería que fuera cremada o enterrada (…), no tuve ni siquiera acceso a poder verla en la morgue (…). Era como si yo fuese una completa desconocida», rememora Migdely en Buenos Aires. Ella migró en 2015 con su niño, que ahora tiene 6 años, en medio de una pugna judicial con los padres de Ginyveth. Nunca aceptaron su unión.

«Había muchas amenazas (…). Había una denuncia en puertas, un procedimiento que se llama inquisición de la maternidad. Con eso, los padres de mi esposa estaban solicitando quedarse con mi hijo», cuenta esta mujer de 37 años.

Venezuela está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI, señala un reportaje de AFP.

Por ello, organizaciones LGBTI presionan para que el nuevo Parlamento discuta una ley de matrimonio igualitario en 2021. Pero solo han encontrado resistencia en un país muy conservador.

«No se trata de un fetiche», sino la puerta a derechos «sistemáticamente» negados, dice Haischel Escorche. Es activista de 44 años y vive en el apartamento de construcción estatal que comparte en Caracas con su pareja, María Palacios.

El debate va más allá de lo patrimonial, subraya Haischel. 

Debe incluir «la adopción, la familia, decidir qué hacer con el cuerpo de tu pareja si muere o decidir un tratamiento (médico)».

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Argentina fue pionera en la región al legalizar en 2010 el matrimonio igualitario. Dio a las parejas homosexuales derechos a adoptar y a tratamientos de reproducción asistida. Es el que usaron Ginyveth y Migdely, que trasplanta del óvulo fecundado de la matriz de una a la de la otra.

Países como Uruguay, Brasil, Colombia y parcialmente México (15 de 32 estados) le siguieron.

«Casarme en mi país es mi derecho», se leía en una pancarta en una reciente manifestación en Caracas frente al Congreso.

Aunque la Constitución venezolana de 1999 aún establece que el Estado «protege» el matrimonio «entre un hombre y una mujer», el Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2008 que ello «no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo». Y en 2016 determinó que las familias homoparentales deben tener «protección».

Pero la Asamblea Nacional no ha legislado.

«Se nos está discriminando a través de la vía de la omisión. ‘Ni negamos, ni condenamos, pero tampoco afirmamos los derechos de la población LGBTI'», denuncia la abogada transexual Richelle Briceño, quien pide «voluntad política». Heischel dice que ha llegado a sentirse «invisible».

Antes de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, en las que el partido de gobierno arrasó entre denuncias de fraude y un boicot opositor, el presidente Nicolás Maduro llamaba a debatir el matrimonio igualitario.

Pero después el propio mandatario dijo que no es «prioridad» cuando Venezuela sufre una devastadora crisis.

Activistas LGBTI se han reunido con la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento, pero no hay avances sustanciales en un país mayoritariamente cristiano, con el catolicismo como principal religión y los credos evangélicos ganando terreno.

Alfonso Campos, pastor evangélico y diputado que dice defender el matrimonio tradicional, alega que una ley de matrimonio igualitario requeriría una enmienda constitucional, lo que hace necesario un referendo.

«Los derechos no se consultan», responde Kika.

Las barreras vienen de altas figuras: Iris Varela, vicepresidenta del Parlamento, rechazó en una entrevista en televisión el matrimonio homosexual, planteando una «comunidad patrimonial» como alternativa.

Migdely, a quien se le negó la herencia de Ginyveth, recuerda momentos duros de sus primeros meses en Argentina, cuando el dinero no alcanzaba para comprarle al bebé una «campera suficientemente abrigada» en invierno.

Lamenta el vacío legal que dejó desprotegido a su hijo, negándole «una vida distinta, no sé si mejor o peor»