Este miércoles quedó instalada la Comisión Preliminar del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, nombrada por la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN) el pasado martes, para escoger a los nuevos magistrados que se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al respecto, el presidente de la comisión,  Giuseppe Alessandrello , informó que ya diseñaron el cronograma de trabajo que regirá la selección de los 10 ciudadanos de la sociedad civil que integrarán el Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales.

Alessandrello indicó que el cronograma aprobado garantiza la transparencia y participación ciudadana, abriendo la convocatoria el próximo viernes 24 de abril, fecha en la cual se hará el llamado oficial a toda la sociedad civil.

Explicó que el lapso de postulaciones y el proceso de recepción de documentos tendrá una duración de siete días continuos, y culmina el viernes 1 de mayo.

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Entretanto, el parlamentario dijo que los requisitos legales para los aspirantes serán publicados en tres diarios de circulación nacional, así como en las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión extendió una invitación abierta a todos los profesionales y ciudadanos interesados en contribuir con el sistema de justicia del país para que presenten sus credenciales.

"Invitamos a cada ciudadano interesado a dar un paso adelante, basándonos en experiencias previas, anticipamos una respuesta mayoritaria y exitosa por parte de la sociedad civil para integrar este comité", finalizó el diputado Alessandrello.

Con información de prensa AN

Desde el pasado 7 de septiembre, 14 fiscales, incluyendo al fiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, han sido detenidos por supuestamente formar parte de una trama que extorsionaba a personas que tenían investigaciones penales abiertas, a quienes les solicitaban grandes sumas de dinero, a cambio de favorecer sus intereses en esos procesos. 

Así lo ha informado el Ministerio Público y la ONG, Transparencia Venezuela, da conocer detalles de esta purga que ha comenzado desde hace semanas en el Poder Judicial.

Los aprehendidos en Carabobo son: Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Alejandro Osorio Pimentel, Ángel Eulice Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángelo José Dorta Sivira, quien estuvo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta 2018. Aunque el martes 9 de septiembre, se informó de la captura de Pedro Manuel Amaya Ortíz y Freddy Jesús Franco Araque, fiscal provisorio y fiscal auxiliar primero del estado Carabobo. Entre los señalados figuraba Luis Enrique Maldonado Vásquez, quien, según versiones de prensa, encontrado sin vida el jueves 4 de septiembre de 2025.

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A los ahora exfuncionarios que han caído en lo que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha denominado como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”, se les ha imputado los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.

No obstante, fuentes judiciales ponen en duda el número de detenciones ofrecido por Saab en el estado Carabobo y hay quienes la rebajan a solo dos. “A los demás los imputaron, pero les otorgaron una medida sustitutiva de libertad”, aseguró un confidente.

No solo son fiscales

Aunque las autoridades solo se han referido a Carabobo, Transparencia Venezuela ha recibido información confiable que indica que hasta el 11 de septiembre de 2025 se han registrado detenciones en otros estados como Bolívar, Nueva Esparta y en la capital, Caracas.

De acuerdo con la información recabada casi una docena de funcionarios han sido aprehendidos en otros estados, por los organismos de seguridad e inteligencia, y entre ellos destaca parte del círculo de colaboradores más cercanos del fiscal general de la República, Tarek William Saab; así como a jueces y abogados.

En Caracas

En Caracas. Los abogados Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, directores de Delitos Comunes, contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, respectivamente; fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en los últimos días, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray. 

El mismo Mundaray publicó en la red social X que habría sido designado como nuevo director general de Delitos Comunes Luis Ernesto Dueñez, el mismo fiscal que pidió la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia y quien lleva el caso de su yerno, Rafael Tudares, detenido en enero de 2025.

También habría sido detenido el fiscal 67 Nacional, Farik Karin Mora Salcedo, uno de los dos encargados de investigar el llamado caso Pdvsa-Cripto, la trama de corrupción presuntamente liderada por Tareck El Aissami, exministro del Petróleo, que desfalcó al menos 16.960 millones de dólares, según estimaciones de nuestra organización, a la empresa estatal petrolera y que tuvo ramificaciones en la Superintendencia de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras empresas públicas.

Mora Salcedo está sancionado por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido por participar en violaciones a los derechos humanos en junio de 2020. También por la misma razón lo sancionó Canadá en enero de 2025. Su primera designación en el Ministerio Público la hizo Luisa Ortega Díaz.

También en Caracas, el abogado Ángel Gabriel Betancourt Martínez, juez 3 de Control con competencias en materia de Terrorismo, se encontraría en un calabozo del Sebin desde hace días, de acuerdo con la información manejada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Betancourt Martínez tenía en sus manos el caso del activista del Provea, Eduardo Torres, y este lunes ha debido celebrarse su audiencia preliminar, pero la misma fue suspendida debido a la presunta detención del juez. 

También convalidó la acusación contra la periodista del portal de noticias La Patilla, Ana Carolina Guaita, detenida en agosto de 2024 por presuntos funcionarios del Sebin en Maiquetía, La Guaira, poco después de la elección presidencial del 28 de julio, y excarcelada en diciembre del mismo año.

Más detenidos 

El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray también aseguró haber recibido información sobre el arresto de Bárbara Andreina Rojas Ojeda, asistente de la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Elsa Janeth Gómez Moreno. 

Rojas Ojeda, quien es pareja del fiscal Farik Karin Mora Salcedo, es la funcionaria que transmite las instrucciones a los jueces penales sobre cómo decidir, aseguraron fuentes judiciales.

En Bolívar. En el estado Bolívar, al sur del país, se ha conocido de la aprehensión del abogado Carlos Eduardo Retiff Vahlis, presidente del Circuito Judicial Penal de esa entidad desde mayo de 2024, así como de la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa y del fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes.

Fuentes aseguran que las detenciones e interrogatorios han continuado en las últimas horas en los juzgados y fiscalías de Puerto Ordaz y mientras estas operaciones policiales se realizan, desde Caracas han designado temporalmente Ingrid Colmenares como nueva fiscal superior; a Leixa Collins de Rodríguez como jueza rectora; y a Carmen Natalia Moreno en la presidencia del Circuito Judicial Penal.

El fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo, hijo del magistrado emérito de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exdiputado del extinto Movimiento Quinta República, también figura en la lista de aprehendidos. En uno de sus perfiles en redes sociales señala que fue Analista Judicial I en el TSJ.

En Nueva Esparta. En Nueva Esparta la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano, habría sido detenida.

Con información de Transparencia Venezuela

El abogado defensor de Derechos Humanos, Joel García, advirtió que en Venezuela los jueces carecen de autonomía, actuando bajo órdenes que violan la Constitución, lo que los convierte en meros ejecutores sin poder real.

Presuntamente, el temor domina el sistema judicial, ya que los funcionarios temen represalias y saben que podrían enfrentar la misma indefensión que los presos políticos, quienes no tienen una defensa real ni control sobre su libertad, según denuncias.

Para saber más acerca de esta y otras informaciones puede ver nuestro canal de YouTube.

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En medio de un escenario de creciente tensión y represión política, García explica que realidad sobre el sistema de justicia en Venezuela es alarmente.

García afirmó que los jueces, defensores públicos y otros funcionarios judiciales están sujetos a órdenes que violan la Constitución, órdenes que no pueden desafiar sin exponerse a graves consecuencias.

El abogado describió a los jueces como «simples tramitadores de presos», sin autoridad ni poder real para actuar conforme a la ley. Esta situación, según él, convierte al sistema judicial en una estructura subordinada, más preocupada por cumplir directrices que por hacer justicia.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos que han seguido de cerca la crisis venezolana, afirman que esta falta de autonomía judicial y su sometimiento a órdenes que violan la Constitución generan profundas consecuencias, entre ellas la pérdida de confianza en el sistema de justicia, apercibiéndole como un brazo del poder político.

Esta situación genera un escenario que perpetúa la impunidad y la vulnerabilidad de los ciudadanos, especialmente de los presos políticos, que quedan sin protección ni defensa efectiva.

Además, el miedo entre los funcionarios judiciales a enfrentar represalias fomenta un entorno de autocensura y conformismo, impidiendo cualquier intento de reforma o resistencia interna, y consolidando un sistema represivo que limita las libertades y debilita el Estado de derecho.

Con información Génesis Pérez

Están desesperados. Muy, pero muy desesperados. Como se dice, “el miedo es libre”. En este caso más que miedo es terror, pánico y escalofríos de pensar entregar el poder que usurpan, perder los privilegios, sobre todo la impunidad con que han venido cometiendo todo tipo de atropellos sin reparar en el daño que le infringen a los seres humanos que van humillando, torturando y despojando de sus derechos humanos más elementales.

Ellos cavilan en medio de sus pesadillas que “con la vara que mides serás medido”. Se atreven a temer que esos mismos procedimientos arbitrarios que le aplican actualmente a los disidentes, también se les devolverán contra ellos cuando se instale un nuevo gobierno en la Venezuela democrática que estamos por inaugurar. Desde luego que no será así. María Corina ha sido muy clara al asegurar que entre sus planes más urgentes está previsto la reinstitucionalización del país. Reedificar las bases del Estado de Derecho, por lo tanto habrá un Poder Judicial realmente autónomo, libre de funcionarios sumisos, serviles y rastreros que confunden la función de un juez al servicio de la verdad judicial que debe imponer e impartirse desde los estrados tribunalicios, con las ejecuciones viles de un sicario que va disparando hasta “no dejar títere con cabeza”.

Por supuesto que se hará justicia, porque sin ella no habrá paz en el país. Pero una cosa es la justicia debida y otra la venganza y el rencor que ha caracterizado la actuación de quienes llegaron al poder para dividir y ahondar las dificultades de Venezuela y de su pueblo, ahora sumido en la pobreza, y escarmentando una fractura sentimental de sus respectivas familias, por obra y gracia de los desmanes de este régimen, del que afortunadamente nos libráremos, mas temprano que tarde, para dejar atrás ese pesado lastre de penurias e ingratas experiencias.

Nada de lo que ahora acontece en el país debe sorprendernos. Todas esas fechorías se corresponden con la naturaleza dictatorial de unos funcionarios que no saben de principios ni de valores democráticos. Lo de ellos es abusar, sin reparar a quien le estropean su existencia. Así tenemos el espejo para mirarnos los venezolanos que hemos sido víctimas de persecuciones y ensañamientos, pero también para que se vean reflejados ciudadanos de otras partes del mundo que podrán comprender por qué ha costado tanto vencer esos enclaves tiránicos que se pretenden enquistar en las instituciones convertidas en sus aparatos represivos mas feroces. La ciudadanía en resistencia ha venido asumiendo heroicamente sus responsabilidades con la patria a la que nos debemos, en el entendido de que la solución no caerá del cielo sino que hay que procurarla con “sangre, sudor y lágrimas”. Hoy contamos con el liderazgo acerado de María Corina Machado, en ella confiamos para cumplir el mandato que nos dio esa ciudadanía el pasado 22 de octubre, es tarea irrenunciable de todos hacerlo realidad rodeando de afecto, fe, esperanza y solidaridad efectiva a la próxima presidenta de Venezuela.

Como una fantasía calificó la ONG Una Ventana a la Libertad, la fallida pretensión de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial de acabar con el hacinamiento en los calabozos policiales en 60 días.

Para la ONG el trabajo de la mencionada instancia «ha sido improvisado y con una composición humana que no garantiza su éxito».

“Es una fantasía, en 60 días solo lograron atender a 21,80% de la población penitenciaria recluida en los centros de detención preventiva”, indica el documento.

Tras realizar un exhaustivo seguimiento al trabajo emprendido por la llamada “Comisión para la Reforma del Poder Judicial”; Una Ventana a la Libertad emitió una conclusión al terminar el plazo acordado por la comisión.

“No hubo ninguna revolución en los centros de detención preventiva que se mantienen en su gran mayoría hacinados, nada se estremeció ni sacudió profundamente en el Sistema de Justicia de Venezuela. Seguiremos atentamente los pasos que continúe dando en los calabozos hacinados del país, la comisión para la Reforma del Poder Judicial en Venezuela, y en las etapas siguientes”.

Es por ello que su más reciente informe, denominado “60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el Hacinamiento?”, la ONG índica en el tiempo estipulado por la instancia apenas había visitado los centros de detención preventiva de solo 12 estados del país.

De acuerdo a la investigación, pasados los 60 días de trabajo se había logrado atender el caso de 7.614 privados y privadas de libertad; es decir, el 16,66% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

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La ONG explica que hasta el 21 de agosto de 2021 la Comisión para la Reforma del Poder Judicial logró 6.529 libertades, plenas o condicionales (entre ellas 75 mujeres) y trasladó a centros penitenciarios a 1.085 reclusos (entre ellas 28 mujeres).

UVL prosigue el análisis indicando que, cumplido el lapso, la referida comisión siguió trabajando y desde el 22 hasta el 3 de agosto, al otorgar 256 libertades plenas y condicionales (entre ellas ninguna mujer) y trasladó a 576 detenidos a varias penitenciarias del país. En este renglón figuran 4 mujeres. En este periodo la comisión visitó solo 9 estados del país.

La sumatoria indica que hasta el 31 de agosto la Comisión para la Revolución Judicial había atendido solo a 8.446 personas detenidas (entre libertades y traslados), es decir, el 21,80% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

“Muy lejos de acabar con el hacinamiento”, advierte la organización no gubernamental que coordina el abogado Carlos Nieto Palma.

Explican que además de visitar los centros de detención preventiva, la comisión integrada por diputados y funcionarios del Poder Judicial y de la Defensoría Pública, entre otros organismos gubernamentales, también hicieron acto de presencia en algunas prisiones de los estados Táchira, Lara, Monagas y Zulia.

En el Informe Especial elaborado por UVL se indica que del 21 de junio hasta el 31 de agosto, los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional.  

El mencionado documento fue elaborado tomando en cuenta el contenido de las “alertas”, instrumento de recopilación de información, diarias que emiten los 25 investigadores que trabajan para Una Ventana a la Libertad en los 23 estados del país.

Toda información recabada por UVL está disponible en su sitio web.