Los poderes Electoral, Legislativo y Ejecutivo no se quedaron solos en el llamado a participar en el simulacro sobre el Esequibo que se realiza este domingo 19 de noviembre.

Las cabezas del Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo no solo se apersonaron en el evento sino que invitaron a votar a los venezolanos para que se familiarizaran con el proceso.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se hizo presente y manifestó que la amplia participación es la respuesta de los venezolanos, que sido contundente, afirmó, y vaticinó que es solo una muestra de la amplia participación en que habrá en el referendo del 3 de diciembre.

#19Nov? VATICINA AMPLIA PARTICIPACIÓN PARA EL #3DicPara el fiscal general de la República, Tarek William Saab, la respuesta de los venezolanos ha sido contundente durante el simulacro, y vaticina una amplia participación en el referéndum.?: @JesusAlbino pic.twitter.com/ak1HUpgTuY

Por su parte, el Contralor de la República, Jhosnel Peraza, también participó en el simulacro electoral e invitó a los ciudadanos a hacerlo, el cual describió como «sencillo y rápido».

#EnVideo?| Contralor de la República Bolivariana de Venezuela, Jhosnel Peraza, participó en el simulacro electoral e invitó a los ciudadanos a participar en este proceso, el cual describió como "sencillo y rápido".#SimulacroElectoral pic.twitter.com/wWJJLmpG3h

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Mientras que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, hizo ejercicio del voto en el simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo en el Liceo Andrés Bello, en Caracas. Calificó el acto como una «fiesta democrática».

#SimulacroElectoral este #19Noviembre el Defensor del Pueblo @aruizddp participó en el simulacro del referendo consultivo por el Esequibo llevado a cabo en el Liceo Andrés Bello en Caracas. Calificó este acto como una "fiesta democrática en la cual el pueblo puede participar" pic.twitter.com/kdCjUze0CP

La Ley Antibloqueo aprobada por la ANC del régimen está viciada de origen y «viola el principio de organización de los poderes públicos». Así lo determinó la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria de este martes.

Tras el debate, el Parlamento acordó declarar la norma «inexistente e ineficaz», porque «crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos». Estas características buscan mantener a Nicolás Maduro en el poder.

El acuerdo de la AN insta, además, «a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los involucrados en su aplicación».

«Toda persona, natural o jurídica que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal podría estar incurso en delitos de lesa patria. Además de asociación para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso», agrega el escrito.

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El presidente de la comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo. Indicó que el régimen pretende justificar este «adefesio jurídico» con la supuesta defensa de los derechos humanos. «Irónicamente es presentada por un régimen que viola sistemáticamente los DD.HH.», dijo.

«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ. Tendrá facultades para  desconocer normas constitucionales», repudió el diputado.

Alertó que con esa ley, el régimen puede «firmar contratos con empresas extranjeras para explotación de nuestro petróleo. Puede manejar las cuentas del Tesoro Nacional y los ingresos adicionales de manera discrecional. Pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», dijo Marquina.

En el debate intervino el diputado Omar Barboza, presidente de la Comisión Ordinaria de Legislación de la AN. Acotó que la ley es inconstitucional porque no ha sido aprobada por Asamblea Nacional.

Reveló  que los 44 artículos con sus 2 disposiciones transitorias viola los artículos 58,131, 150, 301, 302, 312, 314 y 334 de la Carta Magna.

A Simón Calzadilla le llama la atención que siendo una Ley «Antibloqueo», el texto no tenga esa palabras por ninguna parte. «Sustituyeron ese término por la frase: medidas coercitivas, unilaterales y otros medidas restrictivas o punitivas».

William Dávila denunció que la segunda disposición transitoria deroga la Constitución. «Hasta elimina las comunas y los consejos comunales creados por el chavismo».

Carlos Bastardo dijo que la norma «pretende darle la estocada final a las instituciones republicanas. Tiene el objetivo maquiavélico de saquear las arcas de la nación».

Luis Stefanelli, pidió aclarar que la República de Venezuela, «no se hará responsable de los daños que puedan ocasionarse por la aplicación de este adefesio jurídico».