Héctor Rovaín tenía 34 años cuando entró a la cárcel y sus padres estaban vivos. Sale a los 57 sin haberlos podido enterrar. Luis Molina dejó a su hija como una bebé de tres años y ahora se encontrará con una mujer casada y un nieto por conocer. Erasmo Bolívar, igual que los otros dos, pasó 23 Navidades sin abrazar a los suyos.

Los tres eran funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), una fuerza policial que operaba en Caracas y que ya no existe. 

Fueron acusados, sin pruebas, junto con otros seis oficiales, por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, cuando una protesta convocada por la oposición intentó llegar a Miraflores y los manifestantes fueron repelidos a tiros. Balas sobre las que todavía hay dudas de dónde salieron. Ese mismo día, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de Estado, aunque regresó al poder 48 horas después.

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Los tres policías metropolitanos eran hasta ahora los presos políticos más antiguos de Venezuela. Con ellos se inició el contador represivo de la revolución bolivariana. Su liberación bajo medidas humanitarias se concretó en la noche del martes y la anticipó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana también serían liberadas alrededor de otras 300 personas por la misma vía.

En el caso de estos tres policías, la amnistía se les había negado dos veces: en 2007, con Chávez, y en 2026, con Delcy Rodríguez. La medida se anuncia además en medio de la consternación que han dejado las recientes muertes en prisión y las denuncias de desaparición de presos políticos, como la de Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, lo buscó durante más de un año antes de morir.

La liberación se registró en un video en el que los tres aparecen arrodillados besando el suelo a la entrada del penal ubicado en el estado Lara, con sus uniformes de presos y una bolsa con sus pocas pertenencias. Gran parte de su condena la cumplieron en una institución militar, pero hace cinco años fueron trasladados a esa cárcel, a más de 300 kilómetros de sus casas —son de Caracas y La Guaira—, una decisión que dificultó las visitas y la atención de sus familiares.

“Me faltarían palabras para expresar todo lo que vivimos allí adentro, pero lo más importante es dar las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes de nuestro caso y que nunca nos olvidaron”, dijo Erasmo Bolívar al salir.

Este jueves deberán presentarse ante el tribunal para conocer las condiciones de su libertad. El polémico caso fue radicado en el estado Aragua, aunque los hechos ocurrieron en Caracas, una de las primeras irregularidades de un proceso plagado de ellas. 

“A todos ellos les cambió la vida después de 23 años en la cárcel”, dice la abogada y activista Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, otro de los policías metropolitanos que estuvo preso y obtuvo la libertad condicional por razones de salud hace más de una década. Forero ha sido la principal vocera de la causa y este miércoles, desde una protesta por la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, no ocultó su emoción.

 “Ellos son los presos políticos con más tiempo ininterrumpido en Venezuela. Llevaban años en calabozos, en cárceles lejanas de sus casas, sin ver a sus familiares. Son años luchando por ellos, en los que cada vez que les negaron la libertad fue un dolor”, dijo.

Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín pertenecían a la extinta PM, cuerpo sustituido por la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Fueron arrestados tras los sucesos del 11 de abril de 2002, la primera tormenta política entre el chavismo y la oposición, y el capítulo que institucionalizó la polarización en Venezuela.

 Hugo Chávez, elegido en 1999, había usado su mayoría legislativa para obtener poderes especiales a través de una Ley Habilitante y gobernar por decreto en amplísimos aspectos de la administración, eludiendo los controles parlamentarios. 

En ese contexto, cuando la oposición comenzaba a temer las intenciones autoritarias del presidente, se desencadenó una ola de protestas tras la cual se escondía una conspiración militar para deponerlo.

El 11 de abril, una manifestación multitudinaria convocada por los partidos de oposición marchó hacia el Palacio de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. Un grupo de activistas chavistas apostados en los alrededores disparó contra la manifestación, desatando una balacera con los efectivos policiales a cargo del orden público. El saldo fue de 19 muertos y más de 100 heridos. Chávez cayó esa noche, pero recuperó el poder dos días después.

Al retomar el control, su Gobierno decidió abrir causas judiciales contra los responsables de la crisis. Políticos, empresarios y sindicalistas fueron acusados; con el tiempo, muchos fueron amnistiados o se quedaron en el exilio. 

Los tribunales se ensañaron especialmente con Iván Simonovis, jefe de la policía de la Alcaldía de Caracas, y con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, además de los oficiales Molina, Bolívar y Rovaín.

 A todos los acusaron de romper el cordón policial para permitir el avance de la marcha y de disparar contra los pistoleros chavistas que aguardaban armados a la multitud. Fueron condenados a 30 años de cárcel.

Simonovis cumplió 15, los últimos en arresto domiciliario, antes de fugarse del país. Los comisarios recibieron hace más de una década medidas humanitarias por razones de salud: dos padecen cáncer. Marco Hurtado y Arube Pérez salieron en 2020 y 2022 tras cumplir sus penas y tiempo adicional por el retardo en la ejecución de sus libertades. Molina, Bolívar y Rovaín, 23 años después, son los últimos en salir libres de la historia del 11 de abril.

“La comunidad internacional empezó a pedir explicaciones por los muertos y heridos de ese día, y los conejillos de indias fueron los PM, no los francotiradores y pistoleros que rodeaban Miraflores. Pero la historia nos dará la razón y se hará justicia”, dice Yajaira Forero. Los policías fueron responsabilizados sin pruebas por dos de las 19 muertes. El resto permanece en total impunidad.

El caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con los PM se construyó una narrativa para obviar las responsabilidades concretas de quienes asesinaron a 19 personas ese día”, sostiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que defendió a varias de las víctimas y llevó el expediente a instancias internacionales, “donde es que va a empezar a determinarse alguna verdad sobre el 11 de abril de 2002”.

Para Romero, el caso es un hito en el desmantelamiento de la justicia venezolana y en la deriva autoritaria del chavismo: lo ocurrido ese día sirvió de pretexto para intervenir el poder judicial y reformar las bases del Tribunal Supremo de Justicia. 

“La base esencial del soporte de este régimen ha sido el control de la justicia, presentar acciones como supuestamente legales, pero con un objetivo de control político”, señala. “Eso está muy asociado con lo que está pasando actualmente en este intento de recomposición de los actores judiciales”.

Con información de El País, de España.

La noche de este martes, se conoció de la  excarcelación de los expolicías metropolitanos Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina.

"Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación de los policías metropolitanos:

Héctor RovaínErasmo BolívarLuis Molina

Sin embargo, la cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres", publicó la ONG Realidd Helicoide, en su cuenta en X.

La ONG Foro Penal también confirmó la información en sus redes sociales.

La excarcelación se cumple tal como lo anunció este mismo 19 de mayo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez,  quien dijo que 300 personas serían excarceladas en las próximas horas, incluyendo a los PM.

Rovaín, Bolívar y Molina fueron sentenciados a los 30 años de cárcel por los hechos del 11 de abril del 2002.

Asimismo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), se unió al “júbilo de las familias de Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, policías metropolitanos que hoy se reencuentran en libertad luego de 23 años de prisión política en Venezuela”.

“Su caso forma parte de los primeros expedientes emblemáticos de un sistema judicial que comenzó a ser instrumentalizado para perseguir a la disidencia”, agregó.

Recordó que “más de dos décadas después, ese patrón se ha extendido contra miles de venezolanos y se ha consolidado como un aparato de persecución que viola la Constitución, el debido proceso y las garantías fundamentales del Estado de derecho. Ni silencio ni olvido.  Memoria, verdad y justicia”.

Cayó una banda de falsos policías y militares que montaban retenes ilegales en la llamada Ruta del Sol.

“En ese falso control detenían a los vehículos, bajaban el conductor, le practicaban una requisa y en ese momento los demás integrantes de la estructura lo aprehendían de manera violenta y lo subían en vehículos de servicio público, lo retenían o lo secuestraban”, dijo a Caracol un investigador de la Dirección de Tránsito de la Policía.

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Tras un año de investigación, los agentes identificaron al jefe de la banda de los falsos policías, quien se hacía pasar por administrador de un bar en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Un informante fue clave para identificar a la banda.

“Fueron diez capturas que se logran allí por hurto calificado y agravado, con delitos con nexos como secuestro y concierto para delinquir”, señaló el general Óscar Lamprea, director de Tránsito de la Policía, para exclusiva nota de Ana Sofía Boshell publicada en primicia por Caracol Noticias.

Varios ataques terroristas ocurrieron en las últimas horas en tres estaciones de policías en diferentes municipios del departamento colombiano Valle del Cauca, en el noroccidente de Colombia.

Uno de los ataques con explosivos de alto poder se presentó en el sector de Terrón Colorado, en el kilómetro 10, en la ciudad Cali, capital departamental.

Casi al mismo tiempo también lanzaron un artefacto explosivo en el centro de Tuluá, Valle del Cauca, cerca a los juzgados de este municipio valluno.

Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con panfletos amenazantes que se repartieron en los juzgados en los que se amenazaba a jueces y abogados del municipio.

Cabe resaltar que en los juzgados donde fue lanzado el artefacto, se encuentran los procesos judiciales de los miembros de «La Oficina» que fueron capturados en semanas anteriores; así dio a conocer Paula Restrepo en Publimetro.

Casi al mismo tiempo también lanzaron un artefacto explosivo en el centro de Tuluá, Valle del Cauca, cerca a los juzgados de la ciudad. Afortunadamente este explosivo solo provocó daños materiales y tampoco cobró la vida de personas.

Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con panfletos amenazantes que se repartieron en los juzgados en los que se amenazaba a jueces y abogados del municipio. Cabe resaltar que en los juzgados donde fue lanzado el artefacto, se encuentran los procesos judiciales de los miembros de ‘La Oficina’ que fueron capturados en semanas anteriores.

Casi al mismo tiempo también lanzaron un artefacto explosivo en el centro de Tuluá, Valle del Cauca, cerca a los juzgados de la ciudad. Afortunadamente este explosivo solo provocó daños materiales y tampoco cobró la vida de personas.

Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con panfletos amenazantes que se repartieron en los juzgados en los que se amenazaba a jueces y abogados del municipio. Cabe resaltar que en los juzgados donde fue lanzado el artefacto, se encuentran los procesos judiciales de los miembros de ‘La Oficina’ que fueron capturados en semanas anteriores.

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También se presentaron hostigamientos a la subestación de Policía de Santander de Quilichao, Cauca.

Todos estos hechos han ocurrido en menos de 24 horas.

Dos policías de la Dijín que habrían participado en las chuzadas ilegales a Mareibys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, fueron capturados en las últimas horas.

También hay orden de detención contra otras cinco personas.

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La Fiscalía General de Colombia adelanta una investigación por estas presuntas interceptaciones ilegales no solo a la exniñera de Sarabia, también a una extrabajadora de servicios domésticos de la exjefe de gabinete de la Presidencia después de la pérdida de una millonaria suma de dinero de la casa de la alta exfuncionaria del gobierno Petro, la más cercana al mandatario.

Marelbys Meza, no solo habría sido interceptada ilegalmente, también fue sometida a prueba de polígrafo.

En la localidad Engativá, al occidente de Bogotá, ladrones vestidos con uniformes de la Policía amenazaron a dos mujeres y un bebé de dos años para robar la vivienda de un comerciante dedicado a la venta y compra de chatarra.

Los delincuentes estuvieron dentro del inmueble durante 40 minutos buscando varias cajas fuertes que supuestamente había en el sitio; así dio a conocer la noticia el importante medio colombiano Caracol.

Autoridades pudieron tener acceso a videos grabados por cámaras de seguridad donde vieron que uno de los delincuentes se acerca a la puerta de la vivienda y trata varias veces de abrirla con una llave maestra. Luego de varios intentos, el hombre -que viste una gorra y tapa su rostro con un tapabocas negro- le hace señas a uno de sus cómplices, que viste un uniforme de la Policía.

Una de las víctimas contó a Caracol lo sufrido: «Llegaron y timbraron, yo puse las cámaras y yo vi un policía, me asomé y el policía me dijo «baje sumercé, que le tenemos una información». Entonces dije «algo pasó, pues es la policía». Yo bajé, mi hijo bajo detrás de mí, yo fui a abrir la puerta y sentí el empujón”.

En segundos, el delincuente empujó la puerta y sometió a la víctima. Varios vehículos que habían estado rondando minutos antes del sector arribaron rápidamente y de ellos descendieron por lo menos ocho ladrones que ingresaron con armas de fuego.

Uno de los ladrones dijo «ustedes tienen plata acá en la casa’. Yo le dije ‘no’. Llegan y me dicen ‘¿dónde está la plata?’, insisten en eso. Entonces yo le digo ‘ahí en la escalera hay una cajita, sáquela de ahí’. Entonces intentan sacar eso y, a lo que no, es cuando me cogen y me dan un cachazo”, contó la víctima a Caracol.

Los ladrones le pidieron a un cómplice en bicicleta que les llevaran un maletín con algunas herramientas para poder saquear la vivienda.

La mujer que denunció el robo contó más: “nos entran para un cuarto, ahí nos amarran y ya empiezan que ‘¿dónde hay más plata? Que esa sola no es’, cogen a mi mamá y la alzan y le dicen «bueno, señora, o nos dicen dónde está la otra plata o nos llevamos el niño”.

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Autoridades dijeron a Caracol que en un video se ve que en la chaqueta del hombre vestido de Policía está el número 89911. Los ladrones, por lo menos ocho, huyeron con más de 60 millones de pesos.

En uno de los barrios populares cartageneros, varios policías llegaron para atender un llamado de los vecinos que denunciaron una riña familiar.

Al llegar los uniformados una mujer, semidesnuda, empezó a amenazarlos con un machete y a lanzarles piedras.

Al dar a conocer la noticia, Vanguardia, reporta que según los vecinos, esta mujer se encontraba bastante alterada y no solo atacó a los uniformados, sino que también causó daños a una buseta que cubría la ruta Campestre-Castillo. El hecho ocurrió en sector de Zaragocilla en Cartagena.

Ver vídeo a través de este link: https://www.instagram.com/reel/Csi8j5TgqZN/?utm_source=ig_web_copy_link

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Luego de la intimidación y los intentos por atacar a los policías, la mujer fue detenida. Aún no se conoce su identidad ni en qué condiciones se encuentra dicha mujer.

Una protesta se desató frente a la estación de Policía de la localidad Bosa, al sur de Bogotá.

La comunidad reaccionó con ira tras la extraña muerte de Anderson Beltrán, un hombre de 30 años que trabajaba como soldador y al que hallaron sin vida en un bus de la policía.

El hombre había sido detenido junto a su hermana porque al parecer estuvo involucrado en una riña que se presentó cuando estaba consumiendo licor con unos familiares.

A la hermana de Anderson la liberaron, pero él fue hallado muerto, dentro de un bus de la Policía en la localidad de Bosa, hacia las 6:45 de la mañana del pasado sábado 1 de abril.

La hermana del hombre relató: “Mi mamá se vino a las siete de la mañana y ya a mi hermano lo estaban sacando los del CTI muerto ahí, y supuestamente la versión de ellos es que él supuestamente se ahorcó primero con una camisa, lo cual no es creíble, y ya después dieron otra versión que mi hermano se ahorcó con el pantalón”.

Quienes conocían a Anderson, dijeron a Caracol, que al hombre lo asesinaron, pero según el reporte de la Policía en Bosa, él se suicidó: “Esta persona se quita su camiseta y se suspende al marco de la puerta”.

“Él nunca atentó con la vida de él, nunca, nunca. Dejó una niña sola. Él trabajaba para su hija, le colaboraba a mi mamá, le colaboraba a mi papá, él trabajaba, no entiendo por qué lo mataron, no entiendo”, insistió su hermana.

Para la familia del soldador, esto no es cierto y exigen justicia para hallar a quien lo mató.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General investiga para determinar las causas exactas de la muerte de este humilde hombre.

En Colombia, la extorsión es un problema latente que afecta a muchos ciudadanos, incluso a aquellos que se dedican a actividades delictivas como la temida banda el Tren de Aragua.

Esta banda criminal, se convirtió en víctima de un grupo de policías corruptos que les cobraba para permitirles delinquir sin impedimentos.

La historia es espeluznante: los presuntos policías involucrados permitían de todo, exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos.

Y todo parece ser que esta actividad ilícita está relacionada con la organización criminal del Tren de Aragua.

En Testigo Directo hemos logrado obtener audios que revelan cómo estos policías corruptos exigían grandes sumas de dinero; incluso hasta dos millones de pesos, a cambio de no obstaculizar las actividades criminales de la banda.

La situación es alarmante, y muestra que la extorsión en Colombia es un problema que afecta a todos, sin importar su origen o actividad.

¡Imperdible! Reportaje que deben ver aquí:

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que investigan si algunos traslados de policías se llevaron a cabo debido a las creencias religiosas de los oficiales o policías involucrados. La investigación se produce después de que el director de la Institución, general Henry Sanabria, fuera acusado de tener prejuicios religiosos y homofóbicos.

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El ministro de Defensa, en Blu Radio, afirmó que es respetuoso de las creencias religiosas de Sanabria, pero manifestó que estas no pueden tener incidencia en el manejo de las instituciones.

Según el ministro, algunos oficiales o policías han sido movidos desde su sitio original hacia otros por cuenta de lo que sería desacuerdos con la manera de ver la religiosidad por parte del director de la policía.

En una entrevista con Semana, el general Sanabria hizo alusión a que hay 12.000 integrantes de la policía tiene VIH, lo que algunos sectores han considerado como una revelación de información sensible que no tendría por qué ser ventilada.

El ministro de Defensa, al respecto, dijo que la investigación se llevará a cabo desde el Ministerio de Defensa y que se espera tener una pronta respuesta.

En diálogo con la Revista Semana, el general Sanabria dejó ver su lado más católico: uno que entiende el aborto y el uso del condón como un pecado mortal y que habla de que los policías “recen mientras disparan” para que las balas entren en los cuerpos de los ilegales que, según él, están protegidos por la brujería.

Pese a que sus posturas no son nuevas, pues el pasado Día Internacional de la Mujer insinuó que ellas debían ser sumisas ante sus esposos, esta es la primera vez que el general es interrogado a fondo sobre sus convicciones religiosas y su forma de ver el mundo.

Fue así como el hombre encargado de liderar la Policía Nacional declaró cosas como que “una mujer, al lado del hombre, calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar” o que le gustaría que pudiera expulsar a los subalternos que le sean infieles a sus parejas porque “el que falla en lo poco falla en lo mucho”.

Sanabria también contó cómo él y sus superiores usan la práctica de los exorcismos para “atacar el mal” que está en los jefes guerrilleros, los narcotraficantes y hasta los miembros de la primera línea. Dijo haber visto al diablo y haber atajado a “espíritus del mal” que, según él, han llegado camuflados en algunos oficiales que llegan a su oficina.

“Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: «Disparen, pero recen”, aseguró el general.

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Cuenta Daniela Osorio de El Colombiano, que sobre la comunidad LGTBI, el General Sanabria moderó su postura y dijo que había que respetarlos y protegerlos, y que Dios “ama todos de la misma manera”, pero incurrió en comentarios que algunos calificaron como “ortodoxos” y “serofóbicos”, que es como se le conoce a la fobia hacia personas con VIH.

Sobre ese tema, el director de la Policía dijo que, solo en su institución, podría haber más de 10.000 personas que portan el virus.

“Más o menos del 100 %de casos de todas las fuerzas, el 47 %es de la Policía. De acuerdo con lo que han querido decir, estamos hablando de unos 12.000 policías aproximadamente”, dijo el general.

Sanabria dijo que no estaba de acuerdo con el uso del condón porque se trata de “un método abortivo” y que, en ese mismo sentido, las mujeres que abortan también están en un pecado mortal y son infelices pese a que “pasen 10 años y se confiesen las veces que sea”.

Sobre todo esto, el presidente Gustavo Petro dijo desde República Dominicana que respeta la libertad de cultos y que el Gobierno no debe discriminar a nadie por sus creencias, pero que Sanabria también debe separar la religión de sus funciones como máximo jefe de la Policía.

En el barrio Girardot de Bucaramanga, y mientras jugaba, una menor de 3 años, sufrió un ataque cardiaco.

La niña empezó a convulsionar y, gracias a la ayuda de dos patrulleros de la Policía que estaban en el sector, la pequeña logró sobrevivir.

La acción de reanimación de los uniformados, identificados como Juan Sebastián Díaz Pérez y Julián Esteban Urrego, permitió que el corazón de la niña volviera a latir de manera normal y así empezó a respirar. Emma fue trasladada al Hospital Universitario de Santander.

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La abuela de la niña, Ana María Navarro, expresó: «Estoy muy agradecida, primero con Dios, porque permitió que esos angelitos estuvieran ahí en el momento preciso y oportuno. Ellos estuvieron disponibles para darle los primeros auxilios a mi nieta en el momento en que mis hijos la iban sacando para llevarla a la clínica y se encontraron con dos uniformados que estaban ahí y, cuando vieron que la niña estaba en ese estado, reaccionaron».

Durante 2022 se contabilizaron más de 60 funcionarios fallecidos en Venezuela; de acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso, estos números no indican que las fuerzas de seguridad estén a salvo en las calles, sino que la disminución se debe a que muchos policías y militares han desertado de sus cargos.

Uno de los casos más sonados fue el del ex policía naval quedó identificado como John Jairo Ortiz de 28 años. Fue atacado y asesinado en la plaza de Las Adjuntas al sur oeste de Caracas, según relato su mamá al periodista de Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez.

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Según Fundepro, Fundación para el Debido Proceso,  62 funcionarios: es decir, 50 policías y 12 militares , han muerto por la acción del hampa en emboscadas, robos y otros hechos violentos.

 Pero, estas cifras son escandalosas en cualquier país , si consideramos lo señalado por  especialistas quien habla de más de 200 militares y policías muertos en años anteriores.

Víctor Infante Zambrano ,de 33 años de edad , es otro funcionario policial muerto en las últimas horas en suceso ocurrido en el este de Caracas. Las circunstancias en las cuales murió , son investigadas por el CICPC.

Un hombre sindicado de abusar de una menor de edad en Transmilenio, recibió durante 27 minutos todo tipo de golpes, patadas, rodillazos, puños, una y otra vez, hasta causarle la muerte; dentro de uno de los calabozos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde estuvo detenido.

Según las conclusiones de los agentes investigadores de la Fiscalía, todo pasó frente a cinco policías que tenían como tarea custodiarlo.

El parte dado por Medicina Legal dice que se constataron signos de traumas contundentes en todo el cuerpo de González, quien además experimentó un intenso dolor previo a su muerte, lo que catalogaron como una muerte violenta y homicida.

Los detalles del asesinato los reveló el fiscal del caso, Daniel Gómez, durante la audiencia de imputación a los policías.

El fiscal González relató que los presos le gritaban violador, que ellos se iban a encargar. Ya conocían su caso por televisión y solo les bastó menos de media hora para asesinarlo.

Estos hechos acontecieron el pasado 6 de noviembre cuando González fue enviado a la cárcel por un juez al ser señalado como el presunto responsable de haber abusado a la menor de edad Hilary Castro en una estación de Transmilenio. Siendo trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda.

Le asignaron la celda número cuatro y hasta allí llegaron otros presos con una máquina de afeitar para raparle la cabeza. Después obligaron a González a caminar hasta el baño donde comenzó la paliza.

Unos diez presos lo desnudaron y comenzaron a golpearlo. Los gritos y gemidos de González, que se confundían con los insultos de sus agresores, se escucharon por todo el patio.

Sus atacantes siguieron con los puños y las patadas en las costillas y en la cabeza. Y solo hicieron un receso para orinar y obligarlo a tomarse lo que recogieron de cada preso.

Tirado en el suelo, sin ropa y golpeado, uno de los presos obligó a otro a vestirlo y levantarlo. Pero González no pudo con su cuerpo, sus costilla estaban sumidas, y entonces decidieron volver a golpearlo hasta dejarlo inconsciente.

En ese momento, dos presos lo alzaron y lo sacaron arrastrado de nuevo hasta la celda número cuatro, donde murió minutos después por una insuficiencia respiratoria aguda.

Esta lamentable situación se hubiera podido evitar, pero los policías, que según las pruebas estaban a escasos metro y medio del sitio de la golpiza, “no usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención”, expuso la Fiscalía al respecto.

La Personería de Bogotá afirmó que González murió porque los policías fallaron. Ellos lograron ver y escuchar lo sucedido, y aun con pleno conocimiento decidieron no proceder.

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A los cinco policías se les imputaron los delitos de homicidio agravado a título de coautores por comisión u omisión y tortura a título de coautores por comisión u omisión, pero ninguno de los uniformados aceptó cargos.

Patrulleros de la Policía en Soacha, Cundinamarca, fueron para la cárcel; luego que la Fiscalía encontró pruebas que los involucran en el delito de extorsión.

Los uniformados cobraban coimas a personas que ellos señalaban de cometer delitos, a cambio de no hacer efectivas las capturas.

Estos policías son Jesús Yoleanis Parra Carrillo, Iván Darío Mejía Díaz y Campo Segundo Escobar Jiménez; quienes se aprovechaban de sus uniformes y placas para instalar puestos de control falsos donde retenían a personas de manera irregular.

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El fiscal Carlos Manuel Silva, director de Fiscalías de Cundinamarca, contó que los policías condenados “Detenían a distintos ciudadanos, a quienes les habrían hecho creer que en su contra existían distintos procesos penales. Los uniformados le exigían a las víctimas ente 5 y 12 millones de pesos para evitar ser judicializados”.

Los tres policías habrían realizado con éxito la extorsión en por los menos ocho veces y se habrían apropiado de hasta 50 millones de pesos.

Investigadores afirman que los policías aprovechaban las horas de la noche para instalar sus puestos falsos, allí contaban con la ayuda de otras personas que tenían el papel de entregar versiones falsas para reforzar el entrampamiento de los retenidos.

“Fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. En la investigación se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas. Dicho pago, habría impedido el reporte de las capturas ante las autoridades competentes”, argumentó el fiscal Silva.

Estos policías corruptos fueron imputados por los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Se les envió a la cárcel.

María Suárez, jefa de enfermería de un hospital general de Carora, estado Lara, fue retenida por varias horas y esposada por un funcionario policial, cuando ella le exigió que usara el tapabocas dentro del centro de salud.

El video grabado por trabajadores del hospital que se hizo viral en redes sociales, mostraba las imágenes de Suárez, siendo maltratada por los agentes.

De inmediato se produjo la respuesta de representantes del gremio de la salud, como la ONG Médicos Unidos y Ana Rosario Contreras, dirigente sindical de los enfermeros en Caracas.

La organización denunció que Suárez fue «esposada por exigir el uso del tapabocas a un funcionario», quien «se negaba a quitarle las esposas» pese a que el director del centro de salud le exigía que lo hiciera.

Junto al mensaje, Médicos Unidos publicó un video en el que se observa a Suárez esposada y a una mujer policía retirándole los grilletes que le había puesto otro agente, frente a varios compañeros de trabajo.

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El fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció por Twitter, al poco tiempo, que los funcionarios policiales Darling Cordero, Pablo Meléndez y Edriany Linares fueron detenidos por estos hechos.

Los agentes fueron arrestados «por esposar y vejar a enfermera del Hospital Pastor Oropeza de Carora», indicó el funcionario.

Dijo que serán imputados por los delitos de privación ilegítima de libertad y trato cruel.

Saab confirmó que la enfermera fue esposada «al pedirle al funcionario Darling Cordero el uso del tapabocas en las instalaciones hospitalarias».

«La Fiscalía 21 del Ministerio Público Lara imputará los delitos de privación ilegítima de libertad y trato cruel», añadió.

El abuso de poder no podemos verlo como "algo normal", el maltratador tiene poder hasta que las víctimas lo permitan con su silencio. #HagamosRuido exijamos respeto!! pic.twitter.com/EzHFnB0g7k

1) #detenidos para ser #imputados funcionarios policiales Darling Cordero, Pablo Melendez y Edrianny Linares: por esposar y vejar a enfermera del Hospital Pastor Oropeza de Carora: al pedirle al funcionario Darling Cordero el uso del tapabocas en las instalaciones hospitalarias pic.twitter.com/dzTd7LrHce

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las Farc en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y el Estado a lo largo de seis décadas de conflicto interno.

El padre Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.

Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas, los paramilitares y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.

“De cada diez personas que murieron en el conflicto armado, ocho eran no combatientes civiles, entre 1985 y 2018. Perfilamos la cifra de un poco más de 470.000 personas muertas en el conflicto”, dijo el padre De Roux en diálogo con el programa de radio Mañanas Blu.

También añadió que, según los testimonios recogidos por la Comisión, la mayor parte son victimizaciones producidas por la guerrilla de las Farc. “Si se va al secuestro, que en las cifras son más de 50.000, casi la mitad son de las Farc y luego de los paramilitares y el ELN”, señaló.

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El padre De Roux habló sobre la ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del informe y destacó que sí se invitó, pero dijo que no podía asistir: “Se lo vamos a entregar personalmente. Es cierto que antes de irse me dejó la razón de que recibía el seis de julio el informe, pero nosotros ya teníamos todo organizado”.

El presidente de la Comisión insistió en que este informe «no pretende llevar a nadie a la cárcel y ni siquiera es vinculante», sino que busca una reflexión por parte de los colombianos.

Policías fueron capturados, debido a que estos fueron culpados de cometer extorsiones y estar al servicio del «Clan del Golfo».

Asimismo, la fiscal del caso señaló que los uniformados, entre ellos un capitán, habrían exigido dineros a comerciantes de San Jacinto del Cauca, Bolívar.

Los uniformados fueron capturados en la ciudad de Cartagena. Los hechos fueron en el año 2020, cuando trabajaban en San Jacinto del Cauca, donde además de extorsionar también se les imputó el delito de concierto para delinquir. De igual modo, al capitán que fue capturado se le imputó el delito de prevaricato por omisión y una multa pecuniaria.

“Dedicándose además a hacer exigencias de tipo económico, en desmedro de los intereses económicos de sectores como son los arroceros, como los agricultores o como son los comerciantes, principalmente”, señaló la fiscal del caso, Claudia Marcela Martínez.

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El capitán Andrés Eduardo Mantilla Flórez y los agentes Edgardo Macea Yepes, Samuel Ladeux Gómez, Iván Felipe De Armas, Jair Amaris Martínez, Juan Daniel Meléndez y Henry Luis Román, fueron los detenidos.

“Desde el inicio de las investigaciones en el ámbito penal y disciplinario, la institución ha aportado todos los elementos requeridos en aras de contribuir al desarrollo del proceso judicial. La institución es respetuosa del debido proceso y al mismo tiempo rechaza de manera categórica y con determinación cualquier acción de sus funcionarios que se aparte del cumplimiento de la ley”, aseguró el comandante de la Policía de Bolívar, coronel Néstor Armando Pineda.

Hasta el momento los agentes se encuentran en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Canapote, en el norte de Cartagena, para luego ser llevados ante un juez de control de garantías.

Un hombre con antecedentes penales, que era alguacil de la Magistratura, junto a otros dos capturados, conforman una banda de secuestradores que con una patrulla «chimba» se hacen pasar por policías y cometen fechorías en la región capital.

La semana pasada se conoció la noticia de que la Dirección contra Bandas, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), habría detenido a un hombre con una camioneta Toyota Hilux color blanca, la cual estaba rotulada con los logos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La aprehensión se hizo en la avenida Nueva Granada de Caracas.

Al verificar la camioneta, se encuentran que la misma estaba solicitada por robo. El conductor era un funcionario, pero no policía, sino de la Magistratura.

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El director del CICPC, Douglas Rico, informó que posteriormente se produjo la detención de otros dos hombres. Los aprehendidos fueron identificados como José Manuel Conde Armas de 32 años. Alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con antecedentes penales por los delitos de drogas y homicidio intencional.

Otro de los detenidos es Freddy Rafael Suárez Bastardo. Este hombre era conductor de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV). En días pasados le fue asignada una camioneta Toyota Hilux color blanca, la cual reportó como robada. La camioneta en la que fue detenido el Alguacil en la avenida Nueva Granada, terminó siendo dicha camioneta robada.

El tercer detenido es Kelvin Xavier Guillén Suárez de 35 años. Tiene en su haber antecedentes por secuestro.

Los tres detenidos, junto a otros hombres identificados como alias Tatui Cesar, El Chicho, Franklin 23 y dos más, conforman la banda del Kelvin 70. Este grupo hamponil habría cometidos varios secuestros en la región capital, haciéndose pasar por policías.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este viernes que detuvieron a siete policías de Vargas; por “prostituir” a privadas de libertad.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, la organización detalló que de los funcionarios; cuatro son mujeres. Los aprehendieron en La Guaira, al ser acusados por presunta prostitución y tratos crueles contra un grupo de privadas de libertad”.

Los funcionarios acusados de prostituir a las reclusas en el estado Vargas fueron identificados como: Leandnemy Marcano, Sudelina Suárez, José Ramos, Luzbaudy Caraballo, Omaira Vera, Fabián Guzmán y Luis Monrroy.

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Por otra parte, este jueves OVP informó que en horas de la noche del miércoles “se reportó una situación irregular, presunta balacera; en la cárcel de San Francisco de Yare I, estado Miranda”.

“Fuentes internas de la cárcel de San Francisco de Yare I en el estado Miranda indicaron que la balacera de anoche se debió a la resistencia de un grupo de reclusos a ser trasladados a otros penales. Hoy la situación se mantiene en tensa calma”, agregaron en otra publicación este jueves.