Un total de 3.126 fiscalizaciones y ajuste de precios en 2.660 establecimientos comerciales en el país realizó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos durante septiembre.

Fiscales de la Sundde se percataron de que en supermercados, tiendas y farmacias se estaba incumpliendo con la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ). También la Tasa Oficial Cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), reseñó la agencia AVN.

Estas tasas se usan para las transacciones comerciales en moneda extranjera de aquellas personas que desean hacer uso de este tipo de pagos. En este sentido, el organismo decidió aplicar la medida establecida en el artículo 70 de la Ley.

Lea también: ¿USURA? Sundde cierra cadena de tiendas por remarcaje de precios

Durante las fiscalizaciones, las autoridades verificaron la lista de precios acordados de los 27 rubros priorizados. Igual que el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), y los respectivos habladores en los anaqueles.

Además, la Sundde fiscalizó 18 colegios, 18 cableras, 11 clínicas, 7 funerarias, 3 universidades, 3 estacionamientos y 1 laboratorio. Lo hizo para garantizar la prestación de un buen servicio a todos los usuarios.

Los fiscales de la Sundde exhortaron a 1.810 negocios a cumplir con las medidas de bioseguridad para frenar los contagios por Covid-19 en el país.

La reciente orden de la administración de Nicolás Maduro que obliga a los negocios al doble marcaje diario de los precios en bolívares y en la nueva escala monetaria, es un «exabrupto inaplicable».

Así lo considera el experto en abastecimiento, Tomás Socías López. «Esto va en contra del dinamismo que ha logrado la economía. Hay que emplear personal, material y toda una estructura adicional para colocar a diario carteles, publicidad, etc, hasta a mil productos en algunos establecimientos”, señaló.

A su juicio, esa medida «es una barbaridad. Es un exabrupto, inaplicable y contradictorio con la apertura económica» que ha tenido la administración de Maduro.

«Imaginemos un establecimiento cualquiera modificando diariamente y varias veces sus listas o etiquetas de precios”, dijo el analista.

“Vivimos en una Venezuela donde el dólar es prácticamente libre, donde la moneda fluctúa. ¿Cómo se instrumenta en todo el país esta medida? En cada negocio, en cada rincón, sería imposible marcar precios a diario y más si los mismos varían, por el aumento o disminución de la divisa».

Lea también: Resucitan LEY DE PRECIOS JUSTOS para presionar a la baja en el costo de los alimentos

Por otro lado, considera que es un «error invocar la Ley de Precios Justos, que de entrada asusta por la forma como se ha venido aplicando a los sectores productivos».

Recordó que esta norma «trajo el gran desabastecimiento en el país. Por algo está en revisión en la Asamblea Nacional, por inoperante y desactualizada».

Para el especialista, lo que tiene que hacer «el Ejecutivo es fortalecer la supervisión en la aplicación de la convertibilidad del dólar, para que sea exactamente la que establece el Banco Central de Venezuela (BCV)».

“Sugerir, orientar, educar, no permitir que se utilicen otros marcadores paritarios para el cambio de la divisa. El único cambio autorizado es el del BCV, eso sí debe exigirse en todos los establecimientos a diario”, especificó.

En el primer semestre del año 2021, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico (Sundde), realizó un total de 11.403 fiscalizaciones y atendió a 2.401 usuarios en territorio nacional.

Dentro de los comercios inspeccionados destacan: la cadena de supermercados Gama, Distrito Capital; Euromercado en el estado Aragua.

También Hiperlider en Anzoátegui; supermercado Casa San Juan en Guárico; supermercado Rio Supermarket, Nueva Esparta.

Lea también: Emergencia humanitaria: denuncian falta de oxígeno en CDI de Lara

Inspeccionaron las tiendas IVOO, DAKA y DA+CO, en el Distrito Capital.

Además de Farmatodo, Farmahorro, mercados municipales, mercados mayoristas y centros comerciales.

Asimismo, los fiscales de la Sundde supervisaron los precios establecidos de los pasajes en líneas de transporte dentro de los terminales de pasajeros.

Entre ellos: La Bandera, Oriente, Catia La Mar y Big Low.        

Durante los abordajes verificaron el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).

Los precios acordados de los distintos rubros de la cesta básica y la falta de publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para las transacciones comerciales en moneda extranjera en caso de que los usuarios deseen pagar con ese tipo de monedas.

En cuanto a los ajustes de precios se refiere, aplicó medida preventiva establecida en el artículo 70 de LOPJ en 11.355 establecimientos comerciales.

Por incurrir en presuntos delitos de Infracción por Incumplimiento de Formalidades y Especulación.

Está tipificados en los artículos 46 y 49 de la mencionada Ley, logrando favorecer a 2.280.600 personas con dichos ajustes.

Por la parte de servicios visitados, la Sundde fiscalizó 101 clínicas privadas, entre ellas:

San Javier en Lara, Centro Médico La Fe, Centro Clínico del Caribe, Centro Médico

El Valle y Clínica San Griego en Nueva Esparta.

Además, se inspeccionaron 82 colegios privados, 10 universidades, 37 funerarias, 33 establecimientos encargados del expendio de insumos médicos, 48 cableras, 40 estacionamientos, entre otros.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, verificó y ajustó los precios de los alimentos en tres cadenas de supermercados en Caracas y Vargas.

Se trata de las cadenas Luvebras, Excelsior Gama y Plaza’s, todas ubicadas en santa Mónica. En esos comercios, los fiscales «constataron los márgenes de ganancia en los 27 rubros priorizados», informó el organismo.

También verificaron el cumplimiento de la tasa oficial de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). Además de la existencia «de los productos de la empresa Polar. Se verificó la legalidad de las facturas de compras y normas de bioseguridad para prevenir la COVID-19».

Lea también: 60.000 colombianos participarán en pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19

La Superintendencia ordenó publicar la tasa oficial del dólar en cada comercio.

Asimismo, la institución envió fiscales a hacer inspecciones en el estado Vargas. Allí en 7 establecimientos de alimentos y medicinas de La Guaira se ajustaron precios por incumplir la LOPJ.

La superintendencia en compañía de funcionarios de seguridad, verificaron facturas e inventarios. También el uso de la tasa oficial del dólar dictada por el BCV.

Los fiscales constataron igualmente la existencia de métodos de bioseguridad en los locales, para evitar el contagio de COVID-19.