El Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunciaron nuevos ataques contra trabajadores de la prensa, en el marco de la marcha de trabajadores de este jueves.

"12 periodistas y trabajadores de la prensa fueron violentados por la PNB en Caracas", denunció el CNP en sus redes sociales.

Dijo que los trabajadores de la prensa recibieron golpes con escudos, de parte de funcionarios policiales, además de ser afectados con  gas pimienta y ser víctimas del robo y destrucción de equipos.

" ¿Cómo se puede hablar con quien intenta taparte la boca?", preguntó el CNP.

Por su parte, el sindicato dijo que "durante la cobertura de la marcha, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB que impidieron el avance de la movilización en reclamo de salarios dignos". 

El SNTP "ha documentado los casos de 10 colegas (sabemos que no son los únicos) que fueron afectados de distintas maneras: golpeados con los escudos antimotín, les destruyeron sus equipos para la cobertura -como teléfonos y micrófonos-, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias".

Por ello exigieron "el cese de las agresiones contra la prensa y la sanción a los responsables".

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que la oposición venezolana, en confabulación con la mediática de la derecha mundial, «ha basado su discurso en la mentira y la manipulación».

En consecuencia, Cabello aprovechó para embestir no solo contra la oposición, sino también contra la prensa, a la cual metió en el mismo caldero. Calificó de traidora, mentirosa y apátrida a esa prensa a merced del imperialismo.

Desde el Cuartel de la Montaña 4F, durante una actividad con la juventud de Psuv, rechazó de nuevo las sanciones impuestas contra el país e indicó que, aunque el sector opositor está actualmente dividido, «todos son unos pillos, unos ladrones, corruptos y dependen de los gringos».

«Ellos (la oposición) son parte de un sector de venezolanos y venezolanas que han basado su discurso en la mentira y la manipulación. Ya he demostrado en el Partido cómo ellos trabajan para generar matrices», dijo Cabello y colocó como ejemplo la supuesta muerte de indígenas en Venezuela cuando en realidad eran imágenes de Brasil.

Desde esa palestra, el segundo del chavismo resaltó a la juventud la importancia de cuidarse de caer en el juego mediático del imperialismo, con sus programas y maquinarias de mentira.

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El chavismo no se siente cómodo con esta mediática denunciada y parecer ir al contraataque.

A propósito de la denuncia de Cabello, no es gratuito que en las últimas semanas han resurgido nuevas amenazas a la libertad de expresión, detención de periodistas y el lanzamiento de programas de formación «express» de periodistas.

Todo parece indicar que la confrontación está servida, a pesar del discurso de diálogo de Nicolás Maduro, la reapertura del frente de negociación en México y el visto bueno de los mandatarios regionales opositores a trabajar unidos contra las sanciones.

A todo esto, la ONG Espacio Público señala que el año pasado se registraron 470 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Dejar atrás a su país, su bandera y su familia no fue nada fácil para Yker Palma Lopez, un camarógrafo que durante 23 años trabajó en la televisión venezolana, y que fue testigo de cómo las condiciones de vida fueron cambiando.

Este migrante venezolano se fue de su querida Venezuela y llegó a México con el sueño de poder cruzar a  los Estados Unidos buscando un futuro mejor, entre otras cosas porque ya no podía ejercer su profesión.

“No hay libertad de expresión. Tienes que tener mucho cuidado cuando vas a hacer una entrevistas, una encuesta, lo que preguntas y lo que respondes”, relató a VOA.

Recuerda amargamente el riesgo que corren aquellos comunicadores que dicen la verdad.

“Ejemplo estamos hablando aquí de las cosas que están pasando mal en el gobierno, y te agreden, y te rompen la cámara, te rompen los equipos y puedes perder la vida”, explicó.

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De acuerdo a las cifras oficiales de la Aduana  y Protección Fronterizas (CBP por sus siglas en inglés)  ya son 153.908 venezolanos  capturados en la frontera sur en lo que va del año fiscal del 2.022, lo que representa un incremento del 5.422% en comparación con 2.020.

Cabe destacar que en 2.021 la cifra fue de 48.678, mientras que en 2020  se ubicó en apenas 2.787.

Son miles los venezolanos que se aventuran a cruzar a los EE.UU por Eagle Pass y el río Texas, precisamente es el estado de Texas el que 61% de los 2.8 millones de migrantes capturados .

El portal VOA hace referencia a otros migrantes venezolanos que en familia cruzaron hacia los EE.UU. huyendo de la crisis venezolana.

Al entrar en detalles, una mujer entrevistada aseguro que el sueldo mínimo son $20 dólares, que para ingresar a una clínica se requieren $10.000, ya que los hospitales públicos no sirven, entre otras calamidades.

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El Senado de Colombia decidió excluir el polémico artículo que había sido incluido en el Proyecto de Ley Anticorrupción, y que encendió las alarmas de los medios por considerar que representaba una seria amenaza contra la libertad de prensa.

Durante la plenaria, el Senado se decidió que al no haber concierto sobre el controvertido artículo; el texto quedaba fuera del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 341 de 2020, de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que aprobó hoy el legislativo colombiano.

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El cuestionado reglamento planteaba que una persona podía ser sentenciada a prisión o a pagar multas, si se llegaba a comprobar que había cometido injuria o calumnia al denunciar «hechos falsos» contra algún funcionario público, con el propósito de «atacar u obstruir» sus funciones.

«El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público; denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal», citaba el artículo eliminado.

Tras pasar los dos primeros debates dentro del Senado, que debe realizar cuatro para aprobar el Proyecto de Ley, la Asociación de Medios Independientes (Ami) y la de Medios de Comunicación (Asomedios), y muchos periodistas, alertaron sobre la amenaza que representaba el cuestionado artículo.

En Colombia se vive un fuerte debate por cuenta de un artículo que se coló en la ley anticorrupción, pero que igual fue respaldado por la mayoría de congresistas de la Cámara de Representantes, que dispone la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes injurien o calumnien a funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos.

Organizaciones de libertad de prensa y medios de comunicación, protestaron porque se trata de una norma que viola el derecho de informar y de opinar, por lo que piden sea objetado por el presidente Iván Duque.

Hoy, el mandatario trinó lo que parece ser su posición sobre ese “mico” aprobado en Cámara, aseguró que es un defensor de la libertad de prensa y recordó que el Estado firmó la Declaración de Chapultepec, que precisamente obliga a los países miembros de la OEA a defender la libertad de expresión.

“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, aseguró el mandatario colombiano

Duque recordó el primer artículo de esa declaración internacional que dicta: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”

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Si Duque objeta el artículo en mención de la ley anticorrupción la iniciativa se devuelve a la cámara en la que tuvo origen para que tenga lugar un nuevo debate en sesión plenaria.

En caso de que Senado y Cámara insistan, con la mayoría absoluta de los votos de sus miembros, pueden presentarse dos posibilidades: si el proyecto hubiese sido objetado por inconveniente, se remite nuevamente al presidente, quien deberá sancionarlo, sin poder formular nuevas objeciones o se enviará a la Corte Constitucional; así explicó Infoabe.

La libertad de los medios de comunicación y prensa en Venezuela, se ha visto cada vez más amenazada, sobre todo en los intentos de silenciar a quienes opinan diferente.

Mostrar la realidad de Venezuela, se ha convertido en una sentencia para los medios de comunicación y por ello, reina la censura en estos últimos meses.

Ante esto, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, Edgar Cárdenas, informó que en agosto se reportaron 41 nuevas agresiones a periodistas.

Esto eleva a 143 el número de ataques contra la prensa en lo que va del año 2021.

Cárdenas destacó que estas agresiones son pretensiones de la administración de Nicolás Maduro de imponer la censura.

También alertó que con esto, pretender criminalizar la opinión para “instaurar el silencio informativo”.

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El documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas, detalla que en agosto registraron:

Cierre de programa de radio 1

El dirigente gremial dijo que el derecho a la libertad de expresión e información es un pleno derecho humano. Destacó que es fundamental para la existencia de una sociedad plenamente democrática.

Sin embargo, se requiere no solo se reconozca este derecho sino las garantías para que efectivamente pueda ejercerse con plenitud.

Asimismo señaló que la administración de Maduro debe detener su política de agresiones a la prensa libre. Exigió que garanticen el derecho ciudadano a informar y ser informados.

“Lamentablemente observamos que cada día es más difícil ejercer el derecho a la libertad de expresión e información”, alertó.

Cárdenas indicó que, “desde las altas esferas del poder se intenta evitar la auditoria pública a través de vías directas e indirectas”.

“Llegan al extremo de restringir los derechos sin cumplir con el estándar previsto por los distintos instrumentos internacionales, lo que nos lleva a una sociedad desinformada”, afirmó.

El dirigente gremial calificó de muy grave la situación del periodista Roland Carreño.

Afirmó que Carreño es víctima de una causa amañada, donde se violó el debido proceso y derechos humanos fundamentales.

“Su crítica situación de salud es producto de la falta de atención médica por parte de quienes lo mantienen preso”.

Fue dado de alta, luego de estar una semana hospitalizado con diagnóstico de Covid-19 y crisis hipertensiva. Posteriormente fue traslado a El Helicoide.

En Venezuela se usan diversas formas para criminalizar la disidencia y la libre opinión, finalizó.

Un Mundo Sin Mordaza asegura que durante la pandemia de COVID-19 se acentuaron los ataques, violaciones y restricciones contra periodistas, medios y ciudadanos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La organización que defiende los derechos humanos, publicó el informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela en el primer semestre del año 2020.

Desde enero a julio de 2020 Un Mundo Sin Mordaza documentó 281 casos, registrados por Espacio Público, en los cuales se determinaron  623 violaciones a la libertad de expresión.

Estas violaciones, según el documento, vinculadas al contexto de la pandemia y el decreto de Estado de alarma, lo cual ha servido a las autoridades para hacer uso excesivo del poder.

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Indica que aumentaron las detenciones arbitrarias; 48 periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de prensa, sector salud y ciudadanos fueron detenidos, en su mayoría por la Guardia Nacional.

La censura aplicada por la dictadura de Nicolás Maduro  a través de Conatel también estuvo a la orden del día; 13 emisoras de radio y 2 programas televisivos están fuera del aire.

Además, 4 canales de televisión sufrieron una suspensión temporal, 17 páginas web y redes sociales están bloqueadas y un servicio de televisión por satélite que cesó sus operaciones en el país.

También se registraron 75 casos de intimidación, amenazas, hostigamientos y agresiones contra los trabajadores de la prensa.

Estas consistieron en  persecución, retención de equipos y  golpes, que afectaron directamente a más de 188 personas.

Los actos los perpetraron funcionarios de organismos de seguridad, colectivos armados y adeptos al régimen.

Sobre el cierre de DirecTV, la ONG denunció que el Estado venezolano ha violentado de forma sistemática las obligaciones específicas desarrolladas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de Libertad de expresión.

Entre ellos, el pluralismo, protección a periodistas, prevención de declaraciones estigmatizantes y la obligación de adoptar las disposiciones en su derecho interno.

Un Mundo Sin Mordaza responsabilizó al régimen de contribuir indirecta y progresivamente al cese de operaciones de DirecTV en el país.

Esta situación, vulneró el desarrollo del acceso a la información a casi la mitad de la población nacional, 13 millones de usuarios.

El cierre de la empresa vino luego de reiteradas intromisiones para la prestación de su servicio.

Entre ellas, órdenes de sacar de su parrilla de programación a determinados canales informativos por transmitir informaciones que no agradaron a personajes del régimen.

7 canales internacionales están fuera de la parrilla de programación desde 2014.

Entre los meses de octubre y noviembre se han contabilizado al menos cuatro agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa por parte de los funcionarios que laboran en la morgue de Bello Monte, en Caracas.

El caso más reciente se registró este lunes, cuando un trabajador del Departamento de Oficialía agredió verbalmente a la reportera de sucesos Lysaura Fuentes.

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Fuentes, realizaba una entrevista en la parte externa de la sede de medicina legal.

Según el relato de la periodista, el hombre le gritó y le exigió que saliera de ese lugar sin ninguna justificación valida.

A pesar de que la periodista indicó que estaba haciendo su trabajo y que no estaba infringiendo ninguna normativa fue obligada a salir del sitio.

Los trabajadores de la prensa que cubren la fuente de sucesos denunciaron que cada vez se vuelven más cotidianas este tipo de actuaciones por parte del personal que labora en la morgue.

Periodistas que acompañaban a los miembros del partido Acción Democrática a recuperar su sede en La Florida, fueron sacados a tiros, pirotécnicos y bombas lacrimógenas por presuntos colectivos chavistas.  

Nuestra reportera de Impacto Venezuela, Mildred Manrique, se encontraba cubriendo la situación y fue atacada junto a los diputados, William Dávila, Carlos Prosperi y  varios colegas por los colectivos.

“Esta es la sede del pueblo, esta no es la sede de un determinado sector, esta no es la sede del madurismo ni los que se prestan a Nicolás Maduro para seguir usurpando el poder”, dijo el diputado Prosperi a la prensa.

El parlamentario dijo que dos personas usurpan AD y no tienen ni representación en el parlamento y mucho menos en los comités seccionales en cada una de las regiones.

#10Ago #ÚltimaHora ?A punta de balas, bombas lacrimógenas y pirotécnicos, grupos irregulares atacaron a la militancia de Acción Democrática en La Florida cuando intentaban recuperar su sede.Vía @milmanrique Para @ImpactoVE ? pic.twitter.com/I5G0GbmNFf

«A punta de balas, bombas lacrimógenas y pirotécnicos, colectivos del terror atacaron a la militancia de Acción Democrática en La Florida cuando intentaban recuperar su sede», escribió en un mensaje Manrique.

Este 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista, una profesión que se ejerce con enormes restricciones, las más importante de ellas, un régimen dictatorial que persigue a la disidencia, no tolera la crítica y se resiste a someterse al escrutinio público. Es ahí donde está el principal reto del periodismo, en sobrevivir a la dictadura, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

En las últimas décadas, ha sido alarmante el deterioro de las garantías para ejercer el derecho a expresarse libremente y a estar informado. Un discurso criminalizante, leyes obstruccionistas en lugar de garantistas, organismos de seguridad que desaparecen y encarcelan periodistas y la utilización del sistema de justicia para perseguir y someterlos, son también dificultades con las que lidia a diario esta profesión, destacó el sindicato en nota de prensa.

En la mayoría de los casos, estas desapariciones y encarcelamientos persiguen ocultar la verdad y «proteger» a altos funcionarios ante la obligación legal que tienen de rendir cuentas por los asuntos que están bajo su responsabilidad.

En este marco de ilegalidad, son más de 30 leyes en Venezuela las que obstaculizan y condenan el trabajo de los periodistas. Leyes que obstruyen en lugar de garantizar el acceso a los derechos humanos y ciudadanos. Por eso, hoy el SNTP alerta al mundo sobre el uso de la ley y de la justicia en Venezuela para criminalizar el trabajo de periodistas y medios independientes.

Violaciones a la libertad de expresión

El SNTP ha documentado 173 hechos violatorios a la libertad de expresión y al derecho a la información en los primeros seis meses de 2020. En 87 por ciento de ellos, los responsables son funcionarios del Estado y organismos de seguridad.

En los 173 hechos documentados por el SNTP, han resultado afectados 260 trabajadores de la prensa, periodistas en primer lugar, seguidos de reporteros gráficos y personal de transporte de los medios de comunicación.

El entorno restrictivo en el que trabajan los periodistas en Venezuela se ha agudizado en tiempos de coronavirus. «Pandemia de la desinformación», hemos titulado un informe que describe la ausencia de datos que puedan ser contrastados. Durante la cuarentena, se han registrado 96 de estos casos y han afectado de manera directa a 195 trabajadores. Entre estos hechos hay 32 detenciones arbitrarias.

El periodismo atraviesa sus horas más oscuras. Es Nicolás Maduro el mayor violador de los Derechos Humanos, entre ellos los derechos que defienden los periodistas con su trabajo.

Ante ello, mantenerse de pie frente a estas dificultades es una gran razón para celebrar. Feliz día a todos los periodistas venezolanos, comprometidos con la verdad y con la gente.