Un duro golpe le han dado a la libertad de prensa, los congresistas colombianos, quienes aprobaron un artículo que cercena las posibilidades de señalar y argumentar a los periodistas en Colombia.

El Congreso de Colombia, dando curso a una ley anticorrupción, proyecto en pos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, colaron un artículo, en la jerga política colombiana denominado un “mico” ( artículo añadido a última hora, poco antes de las votaciones de la ley) que causó sorpresa e indignación entre los periodistas colombianos.

Se trata de una regulación con la que se limita la libertad de expresión y de prensa en el país, y que al parecer con el visto bueno de la Procuraduría y del Gobierno nacional.

El artículo de marras, es denominado el 68, o de “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, concebido para castigar con cárcel y con multas a quienes critiquen a funcionarios públicos.

Ese artículo 68 establece que si la injuria o calumnia son debidamente comprobadas, y si se ataca y obstruye las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, se incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

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Los periodistas colombianos están indignados y ya alzan voces de protestas contra esta sanción de los congresistas que limita el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática.

Durante el 2019 se emitieron 642 alertas de abusos, agresiones, amenazas, censuras y desinformación del poder del Estado contra la prensa en Venezuela.

La información proviene del “Informe Sombra 2019” que recopila las alertas relacionada con las violaciones a los derechos informativos en 10 países de América Latina.

Los datos de Venezuela, fueron recopilados por el equipo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

“El abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura total convirtieron al 2019 en el peor año para el registro del periodismo venezolano”, reza el documento.

Estas 642 alertas representan un incremento del 228% en relación al año 2018.

Indica el documento que las alertas “por discurso estigmatizante crecieron en casi 1000%; las agresiones y ataques se incrementaron en 473%, las restricciones de internet en 376%”.

“Mientras que las detenciones arbitrarias en 225%, acceso a la información en 213%, y el marco jurídico contrario a los estándares en 116%”.

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Estas dramáticas cifras, asegura el Informe Sombra 2019, hablan de una profunda crisis en el país.

“El silenciamiento del periodismo independiente y la obstrucción de la prensa para que registren las violaciones de derechos humanos y otros actos de corrupción, por todos los medios necesarios, es una clara declaración de prioridades”.

Critican al Estado, en manos de Nicolás Maduro, por demostrar  repetidamente “su desinterés por respetar, proteger o por lo menos promover la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información”.

“Es evidente el decidido esfuerzo por silenciar a la prensa, intimidar periodistas y crear un estado de censura oficial. Las tendencias identificadas en este año y el anterior indican que la situación empeorará en el futuro”.

Destaca que 69% del total de las alertas identificaron al estado venezolano como perpetrador. “Casi la mitad de ellas reflejaron la participación directa de la policía o el ejército. La otra mitad fueron perpetradas por otras instituciones públicas y oficiales del gobierno”.

“25% del total se atribuyen directamente a dos instituciones específica: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la compañía de telecomunicaciones Cantv perteneciente al Estado”.

Además, preocupa “la regulación de contenidos en radio y televisión”, que aseguran “va en rápido aumento para convertirse en un arma contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información”.

“Estos mecanismos lograron silenciar de manera efectiva la transmisión de seis canales extranjeros de televisión incluyendo CNN y BBC, nueve radios locales y programas de televisión, y nueve estaciones nacionales de televisión en 2019”.

“Esta estrategia oficial de censura se suma a los 35 medios de comunicación que dejaron de circular en 2018, claramente un intento deliberado de destruir o reducir al periodismo independiente a su mínima capacidad”.

Además, de la regulación de contenido, la censura con frecuencia se lleva a cabo a través de violencia.

“Del total de 235 agresiones y ataques reportados, el estado fue identificado como perpetrador en el 50% de los casos”.