En mayo de 2021 se registraron al menos 43 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa, ONG y partidos, líderes políticos y la población en general. El balance lo hizo la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

«Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones. Además del uso de la violencia bajo la aquiescencia del Estado», dice el informe.

Destaca «el cierre y bloqueo de medios de comunicación, la apertura de procedimientos judiciales y embargos». Y se añade «la creación de normas que restringen el espacio cívico», unido a «un fuerte control y discriminación contra la población». En este último punto se refiere «a los beneficios otorgados con la inscripción y uso de la plataforma Sistema Patria», para la vacunación contra la COVID-19.

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Cepaz señala que el mes pasado ocurrieron al menos 23 ataques contra trabajadores de la prensa. «Específicamente hubo 14 amenazas, estigmatizaciones o violencia, 2 detenciones arbitrarias y 4 aperturas de procedimientos judiciales. A lo que se unen investigaciones o embargos, 3 bloqueos de páginas web y cierre de medios».

«La escasez de papel, el desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto costo de los equipos, dejó al diario El Tiempo fuera de circulación en su versión impresa», recordó la ONG.

A esto se añade el embargo de la sede de El Nacional y la orde un tribunal mercantil de Caracas de pagar 30 millones de dólares a Diosdado Cabello.

La ONG también registró 2 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. «Javier Tarazona, director de FundaRedes, denunció amenazas de grupos irregulares. También a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión».

A este activista le amenazan por informar sobre el conflicto en Apure y el avance violento de esos grupos en el territorio nacional.

Cepaz destasca que sigue vigente la medida de obligar a las ONG a registrarse en la oficina antiterrorismo. Destaca que se eiliminó la obligación de suministrar los datos de los beneficiarios.

No obstante, considera que ese registro atenta contra estas organizaciones que deben empadronarse para conseguir su habilitación.

Durante el quinto mes del 2021, la ONG documentó al menos 7 ataques contra dirigentes políticos. «Específicamente 4 actos de detención y una solicitud de extradición de un líder de oposición».

Asimismo, denuncia el traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y a sus defensores.

La población es constantemente amenazada, criminalizada y discriminada. Durante el mes de mayo hemos registrado al menos 11 actos ejercidos contra la población. Desglosados ocurrieron 5 actos de amenaza, violencia e intimidación, 2 detenciones arbitrarias y un acto de control social a través del Sistema Patria.

«El Sistema Patria constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización social. Ya durante el mes de abril alertábamos con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un patrón de control y discriminación contra la población supeditando la asignación de las vacunas contra la COVID-19 a la inscripción en esta plataforma digital», resalta.

En mayo se siguió utilizando la emergencia sanitaria para obtener un mayor número de personas inscritas, para alegar un índice de popularidad que no puede ser medido por esta plataforma, considerando que la población se encuentra coaccionada a inscribirse. Ahora también se ofrecen descuentos en los servicios de electricidad y agua a través del Sistema Patria, incentivando a los usuarios a que se inscriban y realicen el pago a través de éste.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación y ha instado al gobierno de Maduro a cesar estas acciones:

Frente a la detención del general retirado Ovidio Poggioli cuando ingresaba a Venezuela, la CIDH emitió el 13 de mayo de 2021 la Resolución 41/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

El 14 de mayo, luego del embargo al diario El Nacional, tras una medida del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta por el líder del chavismo Diosdado Cabello, la CIDH condenó este hecho y afirmó que esta acción profundiza el cierre prolongado y sostenido de los espacios democráticos en el país.

Por último, ante el traslado de los presos políticos venezolanos a cárceles comunes, la CIDH exhortó el pasado 29 de mayo a proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Así como informar a familiares y a la defensa sobre su nueva ubicación y permitirle una evaluación médica independiente.

«Reiteramos que los casos presentados en este monitoreo no necesariamente representan la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de mayo. Sin embargo, si constituyen una muestra significativa que demuestra la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy controlan el poder2, destaca la ONG.

Definitivamente el viernes 8 de enero fue catalogado como “el viernes negro” para la prensa venezolana.

Entre asedios, allanamientos, cierres y robos, varios medios de comunicación sufrieron impedimentos para el cumplimiento de sus labores.

En la tarde de este sábado, la ONG, Espacio Público, denunció robo a la sede de la radio Fe y Alegría en Monagas.

Espacio Público informó que entre los objetos robados están el cableado de Internet.

También módems, tres switches que servían para la distribución de la conexión, dos equipos de WiFi, una consola y 4 computadoras.

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Detalló que los delincuentes sometieron al vigilante de la estación radial.

“Lo amenazaron con armas de fuego, lo amarraron y cubrieron con una sábana para taparle la visión”, denunció la ONG.

La radio Fe y Alegría no fue el único medio de comunicación víctima este 8 de enero.

En Caracas el Seniat visitó las sedes del canal digital, VPI TV, a quienes le incautaron todos sus equipos y le clausuraron los estudios.

Con esta arremetida, impidieron que el medio de comunicación realice sus funciones para informar al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela.

El medio de comunicación Tal Cual recibió un ataque digital en su página web, lo que también impidió que sus usuarios se informara correctamente.

Ante esto, Tal Cual informó que trabajaban por solventar las fallas y proporcionar el servicio e informar al país.

Seniat también visitó la sede del diario Panorama en el estado Zulia, a quienes clausuraron por cinco días.

La información la dio a conocer el propio medio de comunicación.

Informó que el cierre de la sede se daba a juicio de Seniat por incumplimientos legales.

#9Ene @espaciopublico: Sujetos encapuchados robaron la sede de Radio Fe y Alegría #Monagas 105.9 FM el #8ene cargando consigo el cableado de #Internet, módems, tres switches que servían para la distribución de la conexión, dos equipos de WiFi, una consola y 4 computadoras. pic.twitter.com/EsO3x0GEgJ

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió este viernes que al régimen de Nicolás Maduro, utilice acusaciones de “incitación al odio” contra periodistas para criminalizarlos y coartar la opinión contraria a la oficialista.

La SIP, con sede en Miami, dijo que se trata de un “instrumento predilecto del régimen de Nicolás Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas”, reseñó la agencia EFE.

La difusión de mensajes de odio se castiga hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación, entre otras sanciones, según una ley de 2017.

Precisó que el delito de instigación al odio, figura utilizada con frecuencia contra periodistas en Venezuela, está contemplado en la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia“.

“Esta es una muestra adicional del asedio del régimen contra los periodistas y la prensa“, se lamentaron Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Robert Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización.

Lamentaron que disfrace “la censura y la criminalización de la crítica con una legalidad incongruente a los principios internacionales que garantizan de libertad de expresión en sociedades democráticas“.

Condenaron las frecuentes detenciones arbitrarias contra periodistas durante la cobertura noticiosa y las acusaciones de “incitación al odio que el poder político imputa a sus críticos a través de una justicia que carece de independencia y no respeta el debido proceso“.

Entre los incidentes más recientes, el 15 de julio el periodista Otilio Rodríguez fue detenido durante más de 20 horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por informar sobre la presunta participación de miembros de esa institución en la venta ilegal de gasolina.

Rodríguez, quien trabaja en la radio Pura Candela 93.3 FM y dirige los portales Carupanero.com y Somos Noticia, fue imputado por “instigación al odio“, señaló la SIP en un comunicado.

Ese mismo día agentes de la GNB detuvieron durante unas dos horas y despojaron de sus credenciales de prensa al reportero gráfico Gleybert Ascencio y a los conductores Ronald Montaño y Yonathan Torres, del periódico Crónica Uno.

El 13 de julio fue detenido Nícmer Evans, director del portal Punto de Corte, por supuestamente instigar al odio. Su vivienda fue allanada, requisaron equipos electrónicos y la cuenta de Twitter del medio digital fue intervenida.

El 17 de julio el tribunal ratificó la privación preventiva de libertad contra Evans.

Los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y Marco Antoima, también fueron imputados por instigación al odio.

Ambos están acusados por el presunto manejo de cuentas anónimas en las redes sociales. Arriaga fue detenida el 18 de junio y Antoima el 20 de junio.

Esta semana se les concedió arresto domiciliario, se les prohibió la salida del país y la publicación de otros mensajes que “inciten al odio”.

Además, la SIP reseñó que en de marzo fue detenido durante 12 días el periodista Darvinson Rojas, acusado de “instigación al odio” luego de publicar en Twitter estadísticas sobre la COVID-19 en el país.