Este 1 de junio se cumplieron 5 años desde que la administración de Nicolás Maduro suspendió el programa de trasplantes de órganos, razón por la cual la ONG Prepara Familia, hizo una protesta y entregó un documento ante la Defensoría del Pueblo.

«Al día de hoy, 70 niñas, niños y adolescentes con síndrome nefrótico han fallecido en el Hospital J.M. de los Ríos, entre 2017 y 2022», señala el documento consignado por miembros de la ONG, junto a madres de menores internados en el hospital J.M. de Los Ríos.

«Se exige al Estado venezolano garantizar el derecho a la salud y a la vida, así como el respeto al principio de prioridad absoluta y a la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, quienes siguen esperando por un trasplante, tanto en el Hospital J.M. de los Ríos, como en todo el país», agrega.

El escrito recuerda que la suspensión del «Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), desde hace cinco años, «afecta los derechos a la vida y a la salud de la población que sigue esperando, desde las distintas unidades de diálisis del país, por una solución a la grave situación que enfrentan».

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Según Prepara Familia, los centros sanitarios públicos y las unidades de diálisis en todo el país siguen «reduciendo aún más sus capacidades de atención».

«Presentan deficiencias estructurales, graves fallas en servicios públicos básicos (agua y electricidad), suministro irregular de medicamentos e insumos y fallas de reactivos en los pocos laboratorios que funcionan», agrega.

«Adicionalmente, los salarios del personal de salud son muy bajos, no se garantiza el derecho a la alimentación para los beneficiarios en calidad, cantidad, ni diversidad, según su patología, vulnerando así derechos fundamentales», subrayó el escrito de la ONG.

Una circunstancia que agrava la situación de los enfermos que requieren trasplantes es el estado de abandono en que se encuentran las unidades de diálisis de los hospitales públicos de Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Hospitales, publicada por la ONG Médicos por la Salud, esas unidades presentan una inoperatividad de 18,5 %, lo que significa un «descenso progresivo» del funcionamiento de estos espacios en relación con años anteriores.

«La operatividad de las unidades de diálisis hospitalarias ha venido en un descenso progresivo. Esto responde a varios factores, siendo las principales causas, la falta de agua constante en los hospitales y la falta de reparación de los equipos», detalló el estudio realizado por la ONG.

En los centros de salud monitoreados, la ENH determinó que en el 2019 la inoperatividad de estos centros que atienden a pacientes renales crónicos fue de 13,2 %. Mientras que en 2020 aumentó a 15,6 %, en 2021 el registro fue de 14,4 % y en 2022 se incrementó a 18,5 %.

La ONG explicó que esta cifra «compromete seriamente» la salud de los pacientes renales agudos que no cuentan con terapia sustitutiva, por requerir diálisis con carácter de urgencia.

«Si bien en los hospitales se recibe a una cantidad importante de pacientes renales crónicos, la importancia de que este servicio funcione es que el paciente agudo grave no tiene posibilidad de movilizarse a ningún otro lugar para recibir el tratamiento», destacó el informe.

Actualmente un 18,5% de los servicios de diálisis hospitalarios no se encuentran operativos, afectando a los pacientes renales agudos que no tienen posibilidad de movilizarse a ningún otro lugar para recibir el tratamiento. #ENH22 pic.twitter.com/KlRXMT8lAo

En lo que va de año murieron 4 niños a la espera de un trasplante de órgano. Y desde el 2017 a este 2022, suman 67 infantes fallecidos por esa causa.

La denuncia la hizo la directora de la fundación Prepara Familia, Katherine Martínez. En entrevista con Unión Radio, denunció la situación que atraviesan los pacientes y sus familiares.

Recordó que desde el 01 de junio de 2017 está paralizado el sistema de procura de órganos para trasplantes en Venezuela. «Esta suspensión tuvo un impacto muy grande en los pacientes», ratificó.

Comentó que, «inclusive, antes de 2017 ya era difícil obtener órganos en Venezuela. Esto se debe a que en 2014 el Ministerio de Salud asumió esta responsabilidad a través de un ente que se llama Fundavene».

«Esta actividad se detuvo porque el Estado no podía garantizar los inmunosupresores que son los medicamentos que deben administrarse luego de un trasplante», recordó.

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Martínez explicó que la fundación lleva un registro de los pacientes con síndrome nefrótico en el Hospital JM de Los Ríos. «Los pacientes que han fallecido a la espera de un trasplante desde 2017 hasta 2022 es de 67 niños».

«Hasta el año pasado se hablaba de una cifra de 900 personas a la espera de un trasplante, hasta la fecha ya pasó las 1000 personas», lamentó.

Asimismo, alertó que «no existe comunicación con el Estado. Luego de la audiencia pública del año pasado en donde los adolescentes contaron sus vivencias hubo movimientos que han logrado abrir una unidad de trasplantes de vivo a vivo», dijo.

«El sistema que estamos pidiendo que se reactive es el trasplante de cadáver a vivo que es el de más frecuencia», dijo.

Expresó que «para que se reactive este tipo de programas se necesita una inversión en políticas públicas».

«Las sanciones no son la causa de que no se hagan trasplantes en Venezuela, estamos hablando de un sistema de salud debilitado», denunció.

La ONG Prepara Familia , vigilarán que el Estado venezolano cumpla con las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 12 venezolanas con cáncer de mama.

Katherine Martínez, directora de la organización, dijo: «enfocaremos nuestros esfuerzos para que se cumpla con las medidas cautelares. Que se brinde el debido tratamiento y diagnóstico a las beneficiarias de las medidas cautelares».

«Le exigimos al Estado que cumpla de manera rápida, oportuna en el caso de estas doce (mujeres) y también con las demás (…) hay muchas mujeres afectadas con este cáncer», aseguró Martínez.

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Dijo, en entrevista con Unión Radio, que la denuncia ante la CIHD se hizo hace más de un año. «Se hizo la solicitud para ayudar a este grupo de mujeres. Se vieron en la obligación de interrumpir su tratamiento, debido a los altos costos y la falta de insumos», añadió.

«Imaginen lo duro que es para una persona con cáncer estar prácticamente sola, sin apoyo de nadie, sin dinero. La gente no tiene capacidad económica, ni siquiera para pagar una consulta privada», destacó.

Rodríguez explicó que luego de la entrega de la comunicación a las partes, «lo que sigue es que el Ejecutivo fije una reunión y veamos qué pasa con esos doce casos».

Adelantó que Prepara Familia comenzó a contactarse con este grupo de beneficiadas por las medidas cautelares.