“Queremos hacer énfasis en las privadas de libertad porque son invisibles, siempre se habla de presos políticos, pero hay mujeres también que están detenidas y sufren formas de violencia”.

Esta es la denuncia hecha por expresas políticas y familiares de decenas de detenidas en las cárceles venezolanas, en distintas circunstancias relacionadas con el conflicto político en Venezuela, desde el 2017.

Una de las voceras fue Diannet Blanco, quien estuvo detenida en el 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales.

Así como Blanco, representantes de organizaciones y activistas denunciaron este martes que en el país se “agudiza la violencia contra las mujeres” cuando se encuentran en prisión.

Lo hicieron en un foro celebrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, a propósito de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Blanco señaló que los “patrones de violencia” más comunes contra las mujeres detenidas son la psicológica, sexual, institucional y física.

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Los asistentes al foro pudieron ver una exposición fotográfica de mujeres en prisión, así como de madres, tías y abuelas que exigen la libertad de sus familiares, incluyendo a los detenidos después de las presidenciales del 28 de julio.

“Aprovechamos para visibilizar en estos espacios que en Venezuela hay más de 200 mujeres injustamente privadas de libertad a quienes se les han violado todos sus derechos y no se les ha garantizado el debido proceso. Tampoco tienen acceso a la defensa y, además, se les ha vulnerado y han cometido todo tipo de abusos y violencia. Esto demuestra que el Estado violenta los derechos de las mujeres”, denunció Sairam Rivas, otra activista por los derechos de la mujer.

“Mi hermana estuvo más de un mes desaparecida. Después de esos días, cuando la pude ver, no la reconocía porque estaba muy temerosa. Golpeada. No podía mover el cuello y estábamos rodeadas de todos los funcionarios. No podíamos hablar bien, ni abrazarnos. A ella la torturaron. Le arrancaron las uñas de los pies, le daban golpes contra la pared. La metían en tobos de aguas y la amenazaban con que le iban a matar a su familia si ella no grababa un video inculpándose”, indicó la hermana de Emirlendris Benítez, Melania Benítez, recordó la situación que atraviesa la comerciante luego de ser detenida en agosto de 2018, por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ese año.

Entretanto, Morela Alvarado, directora de Cultura de la UCV, en entrevista con EFE, dijo que el objetivo es poder visibilizar la situación de las mujeres detenidas, entre ellas las consideradas “presas políticas”, así como la crisis que se genera en el entorno laboral y familiar de estas personas.

“La situación que está viviendo Venezuela no es una situación muy favorable, pero creemos que se están dando pasos importantes para establecer puentes para llegar a diálogos que permitan de verdad una resolución feliz a toda la problemática que estamos viviendo actualmente”, añadió.

#PresasPolíticas | Mujeres piden la libertad inmediata de todas las presas políticas en #Venezuela, desde el Foro “Violencia de género y Mujeres Privadas de Libertad, realizado en la #UCV, este martes #26Nov. Son más de 200 mujeres presas injustamente.#LiberenALasPresasPolíticas pic.twitter.com/AGlmPLnc9E

ESte 19 de octubre, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, surge una preocupación urgente: miles de mujeres privadas de su libertad enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud esenciales, como la realización de mamografías.

A pesar de ser un derecho fundamental, muchas mujeres tras las rejas no reciben los controles necesarios para la detección temprana del cáncer de mama, lo que pone en riesgo sus vidas.

Esta realidad subraya la necesidad de políticas penitenciarias que garanticen el acceso equitativo a la salud, recordando que la prevención del cáncer no debe depender de las circunstancias de la libertad.

En este punto es importante enfatizar que el Estado venezolano, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, es el responsable de garantizar la seguridad, vida y salud de las mujeres privadas de libertad, brindándoles una atención integral.

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Según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al menos 2.543 mujeres permanecen en recintos penitenciarios, y anexos femeninos, lo que representa un 9% de la población penal que sobrevive en total abandono.

“Una mamografía, eco mamario y/o chequeo físico puede detectar el cáncer a tiempo”, explicó una ginecóloga con especialidad en oncología, consultada por nuestra organización, quien agregó que muchas mujeres privadas de libertad acceden a la atención médica cuando su estado de salud es deplorable, por lo que es muy probable que la enfermedad sea irreversible.

El equipo de OVP también dialogó con varias mujeres, algunas que permanecen recluidas y otras que ya disfrutan de su libertad, quienes expresaron que durante su tiempo en prisión nunca recibieron una revisión médica especializada.

Si desean realizarse una mamografía o una ecografía, dependen de sus familiares, quienes son los encargados de gestionar el trámite ante los tribunales, además de los gastos inherentes al estudio médico.

La autorización para salir desde el sitio de reclusión hasta el consultorio médico debe ser emitida por un juez, lo que dificulta aún más el acceso oportuno a estos estudios fundamentales para la detección temprana de enfermedades.

“A veces hacen jornadas pero no todas somos atendidas, no traen suficientes espéculos ni nada de eso. Hay mujeres que en esas jornadas dan positivo para VPH, otras con VIH/Sida, algunas tienen infecciones vaginales o problemas con los ovarios, pero solo hacen un reporte y, si llegamos a necesitar algún medicamento, esto tiene que salir del bolsillo de nuestros familiares”, relató una de las internas.

Es de resaltar que OVP documentó en el Informe anual 2023 | Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano que durante el año pasado solo se realizó una jornada ginecológica y fue en el Centro de Formación para la Mujer Nueva “Manuelita Sáenz”.

Nunca se especificó cuántas mujeres fueron beneficiadas, a pesar de que existen 16 anexos femeninos y una cárcel para mujeres.

Ni siquiera en esta única cárcel para mujeres que existe en Venezuela, como es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), se cuenta con un servicio médico óptimo.

Tienen a su alcance un ambulatorio en el que solamente cuentan con atención primaria, pero no hay suficiente dotación de insumos ni personal médico durante las 24 horas del día.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, desde OVP hacemos un llamado al Ministerio para el Servicio Penitenciario para que se lleve a cabo una evaluación integral de las más de 2.500 mujeres que se encuentran en el INOF, calabozos policiales y anexos femeninos.

Además, solicitamos que este proceso sea realizado por un equipo de médicos especialistas, incluyendo ginecólogos, oncólogos e internistas, quienes puedan atender las necesidades de salud de las reclusas, incluso nos atrevemos a mencionar que deberían tener convenios con universidades con escuelas de medicina para ofrecer una atención médica continua y sostenida, a través de sus profesores y estudiantes.

Asimismo, instamos a que se habiliten consultorios médicos completamente equipados, garantizando una atención adecuada. Recomendamos que, como medida inicial, se organice una jornada masiva de mamografías para asegurar que ninguna interna quede sin ser evaluada, permitiendo así la detección temprana de posibles casos de cáncer de mama y contribuyendo a la lucha contra esta enfermedad.

Mayerlin Marchán taclea con una rapidez que asombra. Comenzó a jugar al rugby hace tres años, en un plan de reinserción social que llega a 36 de las 50 cárceles de Venezuela, y ahora es la capitana de su equipo.

Acaban de ganar un torneo y sus eufóricas compañeras la elevan en el aire entre saltos, en una cancha rodeada de montañas y plantaciones de caña en El Consejo, estado Aragua (centro-norte), a unos 90 kilómetros de Caracas.

Mayerlin, de 29 años, fue la anotadora principal de Las Gladiadoras del Inof (Instituto Nacional de Orientación Femenina), en Los Teques, en el vecino estado Miranda, uno de 14 centros femeninos incluidos en el programa.

La veloz jugadora de piernas atléticas y abundante cabellera rizada es beneficiaria del Proyecto Alcatraz, que comenzó hace casi 20 años con el reclutamiento de unos 50 pandilleros en Aragua, que más tarde se expandió a cárceles venezolanas, signadas, como la mayoría de las prisiones de América Latina, por la violencia y el hacinamiento.

Para ella el rugby equivale a libertad, cambio y esperanza: «Me siento una mujer nueva, transformada, no soy ni un ‘poquitico’ lo que era hace cinco años», cuenta a la AFP.

Escoltados por militares y policías, este año ocho equipos de rugby penitenciario, cuatro masculinos y cuatro femeninos, compitieron entre vítores.

«¡Vamos, muchachas!», «¡Dale, dale, dale, busca ese balón!», se oía al calor del torneo.

Al llegar al campo de rugby, los prisioneros son recibidos con un túnel de honor y pasan a los camerinos a ponerse sus uniformes. Ya, entonces, no están esposados.

Es «el honor que significa tender la mano a las segundas oportunidades», comenta Andrés Chumaceiro, directivo de la Fundación Santa Teresa, productora de varios de los rones más famosos del mundo, que lleva el proyecto.

El rugby hace más llevadero el encierro en las cárceles de Venezuela, con población de unos 32.000 privados de libertad, según cifras extraoficiales. El año pasado, poco más de 6% eran mujeres.

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El programa, que ha logrado desmovilizar a una decena de bandas, inculca valores fundamentales del rugby como respeto, disciplina y trabajo en equipo. Muchos de los captados se convierten luego en entrenadores.

Durante la competencia, con calor sofocante, familiares observan a los prisioneros como público.

Algunos llevan meses, y hasta años, sin ver a los suyos, como Helena, quien asistió junto a ocho miembros de su familia para ver jugar a su hijo, preso en el penal de Tocorón, en Aragua.

Es la cuarta vez que lo ve jugar, pero desde hace un año no lo visita en prisión porque no tiene fuerzas para verlo, asegura.

«Lo estamos pasando bien», dijo al contemplar a lo lejos al menor de sus cinco hijos, encarcelado hace seis años.

Las mujeres compitieron por primera vez en la categoría de rugby 7. Algunas saltaron al campo descalzas para sentir la grama, disfrutando unas horas lejos de las paredes donde cumplen condena.

Mayerlin Marchán, que ha cumplido cinco de los once años de su condena, anhela abrazar a sus dos hijos, de 13 y 8 años, mientras aspira a convertirse en la mejor jugadora de rugby de Venezuela.

«Me levanto cada día con las ganas de bajar a la cancha (…), el rugby hace llevadero este proceso», cuenta.

Ya fuera de la cárcel, Marielys Palma, de 30 años, trabaja con la Fundación Santa Teresa como «embajadora» de la marca de rones.

Hasta hace tres años estuvo del otro lado, presa, pero el rugby cambió todo para ella.

«Mi vida cambió en la cárcel de una manera drástica por el rugby, fue más fácil sobrellevar la prisión», cuenta Marielys, quien asegura ser más «humilde» ahora y valorar a su familia. «Siento que soy otra persona».

Por denunciar las mafias de la gasolina en Barquisimeto, estado Lara, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro detuvieron a la dirigente chavista Lisbeth Soto.

La dirigente es denunciada y capturada por miembros del colectivo popular Fabricio Ojeda el pasado viernes 18 de junio.  

Soto hizo pública las irregularidades en la estación San Luis, ubicada cerca del centro Sambil de esa entidad.

Informó la red internacional La Izquierda Diario,  a la chavista Lisbeth Soto, quien estaba con su hijo menor de edad, sujetos la secuestraron en un vehículo Arauca, color azul y sin placas.

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La mujer apareció tiempo después en el comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el sector La Montañita, municipio Palavecino.

Se conoció, además, que durante el secuestro los sujetos aun no identificados, amenazaron al hijo menor de edad de la mujer y lo dejaron en el sitio sin ningún tipo de protección.

“Nunca dijeron el motivo de la detención, nunca dijeron hacia dónde la iban a trasladar; todas estas características hicieron suponer que se trataba de un secuestro ejecutado por las mafias gasolineras, al parecer con grandes conexiones en la GNB”, asegura el medio.

Familiares denuncian que los militares dijeron que Soto está detenida supuestamente por vender cupos para repostar gasolina en complicidad con otras dos personas.

Por esta situación voceros de la oposición y el propio chavismo se manifestaron.

Entre ellos, Ramón Guillermo Aveledo, quien considera grave la situación contra la dirigente chavista  y pide se le respeten todos sus derechos.  

La denuncia de la detención de Lisbeth Soto en Barquisimeto, tiene suficiente gravedad para ser investigada por el Ministerio Público. Los derechos humanos son de todos.

Según El Nacional, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, seccional Lara, rechazó la detención de Soto.

“Nos solidarizamos con la compañera. Le violaron sus derechos humanos por la detención arbitraria y la violación del debido proceso y el derecho a la defensa”, dijo la organización.  

Desde que las presas del Anexo Femenino de Uribana en el estado Lara se alzaron por falta de agua, lo que han recibido de los funcionarios es “golpes y maltratos”.

Asi lo denuncian los familiares, quienes aseguran que el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) las maltratan, además de tener a 12 de las presas castigadas en el área “Tigrito”.

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«A las privadas de libertad las maltratan, las golpean y hasta cortan. Ellas no son animales, necesitamos ayuda», claman las madres de varias internas.

En comunicación con la Prensa de Lara, uno de los familiares dijo que “El Chiki, el Portu y Parranda, son los que le hacen la vida imposible a esas mujeres, esta semana las golpearon fuertemente y ya no sabemos a quién acudir”.

Exigió respeto para las reclusas y se preguntó: “¿Dónde quedan los derechos humanos de ella?”.

Además, solicitan que el Ministerio de Servicios Peninteciarios castigue a los funcionarios que se meten en las celdas a cualquier hora para maltratar y vejar a las mujeres que cumplen condena en Uribana.  

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue detenido luego que lo encontraran teniendo relaciones sexuales con una presa.

El hecho ocurrió en el interior del Centro de Control y Resguardo del Detenido del municipio Linares Alcántara, estado Aragua.

Según fuentes policiales, el oficial Anderson José Sosa González fue descubierto por un superior, quien de inmediato informó el hecho y se acordó la aprehensión.

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Por esta situación también fue puesta a la orden de la justicia la oficial Belkis Mailín Pérez Albias, pues era la encargada de las celdas de las mujeres, y tenía conocimiento de lo sucedido: que un PNB andaba teniendo relaciones sexuales con una presa, algo estrictamente prohibido en el protocolo judicial.

El caso de este PNB, vergonzosamente captado infraganti, fue notificado al Ministerio Público y se espera que en las próximas horas ambos funcionarios sean presentados en los tribunales competentes.

Lección: si usted es funcionario o funcionaria de la PNB, absténgase de tener relaciones sexuales con presos o presas, porque es algo castigado por la ley.

A través de un video en redes sociales realizado por las propias presas explicaron:

«Todas somos mujeres, madres y padres de familia y por razones de todo esto de la pandemia se ha retrasado bastante el proceso».

#10Jul •#Bolívar: 107 mujeres detenidas en la comisaría Eduardo Ramón Vizcaino en San Félix, estado Bolívar.Claman por celeridad en los procesos judiciales, pues ya cumplen 4 meses sin ser atendidas por los tribunales.Vía @ReporteYa / @ImpactoVE ? pic.twitter.com/DInaapCSj6

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que más de 100 mujeres detenidas en la comisaría Eduardo Ramón Vizcaino en San Félix denuncian retardo procesal y aseguran que algunas tienen hasta media década sin ser presentadas en tribunales.

107 mujeres detenidas en la comisaría Eduardo Ramón Vizcaino en San Félix claman por celeridad en los procesos judiciales, pues ya cumplen 4 meses sin ser atendidas por los tribunales del estado #Bolivar pic.twitter.com/jfIDQr05fA

«Hay aproximadamente 30 mujeres que están en juicio, 70 que estamos en fase preliminar y 7 imputadas que están condenadas”, aseguró una de las reclusas al dirigirse a Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro.