La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció una situación irregular que se presenta con las presas políticas recluidas en el Instituto de Orientación Femenina (INOF), donde al parecer una supuesta comisión de la AN que trabaja en las amnistías, las estaría presionando a cambio de aprobar su liberación.

“Algunas detenidas habrían sido confrontadas como si fuesen culpables de delitos y presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas”, alerta la ONG en el post en su cuenta en X.

🚨 ALERTA POR PRESIONES A PRESAS POLÍTICASLa ONG @JEPvzla denuncia que personas vinculadas a la Asamblea Nacional habrían presionado a mujeres privadas de libertad por razones políticas, obligándolas a admitir delitos o señalar a terceros. pic.twitter.com/QACvclzhlL

Resulta sumamente alarmante la información que en las últimas horas ha surgido desde el INOF. Nos han informado que personas que se presentaron como funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional habrían realizado una visita al centro penitenciario en gestiones de verificación de la aplicación de la ley de amnistía.

Lo que debía ser un procedimiento institucional orientado a revisar situaciones jurídicas y garantizar derechos habría derivado, según estos reportes, en un episodio profundamente perturbador para las mujeres privadas de libertad por razones políticas.

Según lo denunciado, durante estos encuentros algunas detenidas habrían sido confrontadas como si fuesen culpables de delitos y presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas. De confirmarse, este tipo de actuaciones no solo contradice el espíritu de cualquier proceso de amnistía o revisión judicial, sino que constituye una forma grave de revictimización, generando angustia, miedo y un daño emocional significativo en personas que ya se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad.

Recordamos que toda actuación institucional debe regirse por principios estrictos de respeto, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Los procesos vinculados a la amnistía deberían contribuir a aliviar tensiones, reconocer violaciones y abrir caminos hacia la reconciliación nacional. Cualquier práctica que implique intimidación, criminalización o chantaje moral no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además socava la confianza necesaria para avanzar hacia una verdadera superación del conflicto.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  familiares y activistas de derechos humanos protestaron   frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas.

Allí exigieron la liberación de las presas políticas que padecen condiciones diferenciadas de prisión y son víctimas de diversas violaciones a sus derechos.

Organizados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), los manifestantes entregaron un documento, donde denunciaron   “la violencia estatal, política y carcelaria” de las que son víctimas decenas de venezolanas por “alzar la voz”.

“La cárcel se ha convertido en el castigo ejemplarizante para las mujeres que deciden ejercer ciudadanía plena. Proteger la libertad de estas mujeres es proteger el derecho de todas a participar en la vida pública en igualdad. Silenciarlas mediante la prisión es negar la esencia misma de la democracia”, afirmó la organización.

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Clippve contabiliza 182 mujeres detenidas por razones políticas, entre ellas una adolescente y personas de tercera edad, 10 tienen doble nacionalidad, dos son extranjeras y al menos 24 están desaparecidas forzosamente, pues sus familiares o abogados desconocen su paradero.

“No son 182 personas, son 182 familias que, a su vez, tienen otras familias. Es una cadena de personas sufriendo toda esta situación de secuestro, maltrato, violación a todos nuestros derechos”, afirmó Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva.

 Por su parte, Yesica Morales, hermana de Ruth Morales, destacó que su familiar “no es una criminal, mi hermana es inocente. Mi hermana salió a protestar porque no fue respetado su derecho… Ella aspiraba un mejor futuro para sus hijas y para ella”.

Ruth Morales fue detenida el 6 de agosto de 2024 dentro de su casa en la localidad de Camaguán (estado Guárico) por participar en dos protestas poselectorales.

“Las mujeres que hoy en día son presas políticas no están solas”, aseveró Yésica Morales.

 Con información de ClippVe y Tal Cual

La persecución política en Venezuela ni cesa ni se corrige. Así lo evidencia la última investigación de la ONG Justicia Venezolana que estuvo orientada a monitorear y analizar la situación de las mujeres víctimas de persecución y prisión por motivos políticos.

Según esta investigación, pareciera que ser mujer es una especie de flagelo en las mazmorras de los organismos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, donde lo que priva es no solo la violación de los derechos humanos y garantías procesales, sino de todo lo inherente al género.

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Lilian Camejo Gutiérrez, directora de la ONG explicó que al profundizar en los procesos que involucran mujeres tanto civiles como militares, se encontraron que en la actualidad hay 26 mujeres procesadas por motivos políticos.

«Se evidencian todas las irregularidades e ilegalidades que se comenten contra los perseguidos políticos en el país», sumado a torturas y tratos crueles que no solo afectan su cuerpo, sino su condición de mujer.

Detalla que el informe que «son 18 mujeres civiles y 8 pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sometidas a procesos judiciales irregulares, con retardos procesales expresados en años, acusaciones írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».

De estas mujeres, «4 poseen medidas cautelares, en su mayoría por situaciones relativas asu salud física. 2 se encuentran condenadas, 1 por acogerse al procedimiento por admisión de hechos y 1 por haber sido declarada culpable como la única vía para otorgarle la libertad».

En total, 16 mujeres se encuentran vinculadas a casos políticos (magnicidio, Operación Gedeón, Operación Libertad), mientras que otras 10 son detenciones individuales.

En relación con el caso del intento de magnicidio del 2018 están detenidas: Emilendris Carolina Benítez Rosales, Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, Yanín Fabiana Pernía Coronel y María Auxiliadora Delgado Tabosky. Ellas «llevan más de 3 años injustamente privadas de su libertad», dice el informe.

Por la Operación Gedeón están privadas de libertad: Ana María Pernía, Karen Hernández Rodríguez, Carla Da Silva Marrero, Marifrancys Marcano y Saimara Romero Armario. Esta última cumple una condena de 24 años por admisión de hechos. Pero, «fue sometida a intensa tortura».

De igual manera, están en proceso los casos de: Yolimar Alemán de Chaya y Andreína Alemán Castellano.

Camejo advierte que «en todos los casos se encuentran sometidas a procesos judiciales irregulares».

Por ejemplo, «en alguna de las fases judiciales se les ha negado el acceso a sus abogados, se les mantiene en prisión preventiva por años sin juicio, sufren retardo procesal de años y sus acusaciones son írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».

Destaca que, «en el caso de las mujeres civiles se da la agravante de que muchas se convirtieron en objetivo por tener vínculos afectivos y/o familiares con perseguidos políticos».

Mientras, «a las mujeres militares se les detuvo luego de ser citadas para una entrevista y se les mantiene presas por años sin siquiera haber iniciado el juicio».

Camejo además destaca que «en varios casos existen denuncias por violencia de género, debido a abusos sexuales y abortos por golpizas. Así como la denegación de atención médica oportuna y acorde a las necesidades médicas de las presas políticas».

Desgarradores testimonio y descripciones de las condiciones de las presas políticas en Venezuela presenta el informe del Observatorio de Derechos Humanos (ONDDHH).

Analizó la manera en que 19 mujeres, opositoras y críticas a la administración de Nicolás Maduro, son sometidas en las cárceles.

Claros ejemplos de violaciones de derechos humanas. Muchas de ellas esposas, compañeras, madres y separadas cruelmente de sus hijos.

El Informe de Mujeres Presas Políticas en Venezuela, relata las 19 historias de cada una de esas detenidas.

“Hoy por ellas alzamos la voz, las queremos visibles y libres, queremos darle el apoyo colectivo que a gritos reclaman, procurando el cese de sus detenciones, y el reconocimiento de los derechos que como mujeres le asisten”, se lee.

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El Observatorio destaca que “la detención de familiares y su procesamiento en el curso de una investigación contra alguna persona que disienta del régimen, es una acción perversa que aplican sistemáticamente los funcionarios policiales que ocasiona muchísimo sufrimiento. Así mismo, constituye detención arbitraria y por ende violación de los derechos humanos de las detenidas”.

Detenida el 5 de agosto en el estado Portuguesa junto a su esposo. Fue desaparecida y luego pareció en una audiencia donde le imputaron los delitos de homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, entre otros.

Estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que le dejaron secuelas. Tiene dos hijos a quienes no ha vuelto a ver.

Investigadora y exdirectora de la ONG Fundanimal. Señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. Fue imputada por los delitos de Asociación para Delinquir, Financiamiento al Terrorismo y Encubrimiento.

«Víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tenían a su cargo la custodia», confirma el ONDDHH.

Está presa es por ser familia de un militar retirado. Fue imputada por el delito de Financiamiento al Terrorismo y le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad.

Por “la inexistencia de elementos de prueba que justificara” se acordó aplicar las medidas cautelares de María Auxiliadora y su esposo y libró las boletas de excarcelación.

El 30 de septiembre 2019, los fiscales del Misterio Público solicitaron nuevamente orden de captura por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, entre otros delitos.

Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas por ser hermanas del teniente Richard Alemán.

Al teniente lo capturaron después, pero Yolimar y Andreína siguen recluidas en la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. A Yolimar la detienen junto a su esposo Ericson Chaya; son los padres de una niña y un niño.

Detenidas y desaparecidas durante un mes; posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, Los Teques, Miranda.

El 15 de mayo fueron presentadas ante el Tribunal Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo y le decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de Traición a la Patria, Financiamiento al terrorismo y Terrorismo. Maryfrancis es madre de un niño.

Vinculada al caso de los drones. Ha sido víctima de brutales torturas como aislamiento, descargas eléctricas, asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño.

Vinculadas a la Operación Gedeón. Llevadas a audiencia de presentación sin permitirles nombrar defensores de confianza.

Acusadas por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación.

Se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de taxi. Está recluida en la DGCIM a orden del Tribunal Cuarto Contra el Terrorismo en Caracas, separada de su familia.

Ivonne es madre de un hijo que vive en el Zulia al cual no ha podido volver a ver.

Detenida por el ataque contra la Policía del estado Aragua. Sin embargo, la misma policía indico que fue un ataque por parte de una banda delincuencial.

Un audio de Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto proceso penal.

Era comerciante de servicios funerarios y activista del partido Primero Justicia. Se desconoce dónde está recluida actualmente, aunque se cree que está en el Instituto de Orientación Femenina (INOF). 

“Es la presa política más antigua y también la más olvidada”, sentencia el Observatorio Nacional de DD.HH.

Muchas acusadas de rebelión, entre ellas están:

Es Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detenida por la Operación Gedeón. “Fue sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado Aragua”, revela el ONDDHH.

Tiene 21 años, es madre soltera y era sostén de familia. Para el momento de su detención estaba en periodo de lactancia de su bebé.

Es Sargento Segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, le imputan los delitos de espionaje, entre otros.

Esto, luego que un funcionario dijera que otro funcionario desertor le dijo, en una conversación telefónica, que Diana conocía de un supuesto plan, que nunca ocurrió, para sustraer unas armas en Táchira.

Le prohibieron las visitas, le quitaron todos los beneficios laborales. Fue sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Es Teniente de la Guardia Nacional. Fue detenida junto a otro grupo de militares y civiles en el Distribuidor Altamira, por participar en la Operación Libertad del 30 de abril de 2019.

Acusada por los delitos de rebelión y asociación para delinquir. Está recluida en la cárcel militar de Ramo Verde en espera de un juicio justo.

“Fue golpeada, maltratada física y psicológicamente, asfixiada con una bolsa plástica y talco, entre otras torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes”, dice el informe del ONDDHH.

Está detenida por el Caso Gobernadora de Monagas. Ella es la Sargento Técnico Segundo del Ejército y tiene 24 años de edad. Fue señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de tomar la 32° Brigada de Caribe.

Cuando fue detenida tenía 7 meses de embarazo, aun cuando el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no se puede decretar privativa de libertad de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo.

Posteriormente fue presentada en el tribunal donde le fueron imputados los delitos de rebelión y traición a la patria.

Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada, sin elementos de convicción en su contra.

Otra del Caso Gobernadora de Monagas. Detenida por un supuesto plan que nunca ocurrió, y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del estado Monagas en el que se le decretó Privación de Libertad por los delitos de rebelión y traición a la patria.

“Detrás de esto hay una historia de persecución, mentira y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de la causa. La investigación es violatoria del debido proceso, y así permanecen tras las rejas Yurimar Rengel, Yusimar Montilla y Carla Anton, solo vinculadas a un informe realizado por funcionarios de la DGCIM, sin posibilidades de defenderse, pues están sometidas a un juicio militar en el que impera la obediencia y subordinación”.

También vinculada al caso de la Gobernadora de Monagas. La teniente fue detenida sin explicación, la encerraron cuatro días en un cuarto, luego fue trasladada a la sede de la DGCIM siendo sometida a tratos crueles e inhumanos.

Le negaron comida y agua, no se le permitió la visita de abogados y mucho menos contacto con sus familiares.

El caso denominado “Gobernadora de Monagas” está plagado de violaciones a los derechos humanos y de decisiones absolutamente politizadas que obstaculizan la buena marcha del proceso, destaca el Informe del Observatorio.

La sargento fue presentada para su imputación y le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y ordenan su detención.

Al ingresar a ese recinto carcelario, donde aún permanece, Lisbany fue brutalmente golpeada por las otras mujeres detenidas en el lugar.

#PresasPoliticasVzla | @theresly: Realizamos un informe sobre la situación de 19 mujeres privadas de libertad en nuestro país, que hemos contado en el ONDDHH, pero que sabemos que hay más. pic.twitter.com/YXCv2Bofcy

Para el Observatorio de Derechos Humanos el informe sobre la situación de 19 mujeres privadas de libertad en Venezuela es solo una parte de los múltiples casos de violaciones contra las presas políticas.

«Sabemos que hay más, resaltando la separación familiar, especialmente de los hijos, así como el sufrimiento de cada una y la perversa persecución de las familias», asegura Theresly Malavé, directora de la oNG Justicia y Proceso Venezuela.