Una subcomisión del Congreso peruano aprobó este viernes un informe para acusar y procesar en un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria al considerar que su país podría conceder una salida al mar a Bolivia.

«El informe final de la denuncia constitucional 219 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones», dijo la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 5 años para el ejercicio de la función pública al presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/7wPcVtxGpt

La decisión de la subcomisión parlamentaria abre las puertas para el inicio de un proceso de antejuicio a Castillo, pero aún debe ser debatido por el pleno del Congreso para acusar formalmente al presidente izquierdista. Por el momento no se fijó una fecha para la votación.

El informe final de la subcomisión aprobado este viernes recomienda acusar a Castillo como presunto autor del delito de «Traición a la Patria» y propone que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».

El presidente peruano reaccionó a la votación, mientras participaba en una reunión oficial transmitida por la televisora estatal. 

«No nos amilana a nosotros acá (la propuesta de la subcomisión), estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano y espero que el congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano», dijo Castillo ante líderes del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho.  

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Esta decisión se enmarca en el contexto de la aguda crisis política en Perú por recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo, por lo cual una comisión de la OEA llegará a Lima el 20 de noviembre para tender puentes de diálogo entre ambos bloques.

El informe, suscrito por el congresista de centroderecha Wilson Soto, se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.

«Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste», respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de llegar a la presidencia en 2021.

Tras la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, Perú perdió sus dos regiones más australes -Arica y Tarapacá- y Bolivia su salida al mar.

El informe parlamentario sostiene que la declaración de Castillo «vulneraría mandatos constitucionales».

Sin embargo, algunos expertos consideran que carece de sustento jurídico intentar la inhabilitación presidencial por estas declaraciones del Presidente.

Castillo, que asumió en julio de 2021, ha sobrevivido a dos intentos de destitución del Congreso y enfrenta seis investigaciones fiscales por presunta corrupción.

La justicia peruana allanó sin suerte la noche de este martes el Palacio de Gobierno en Lima en busca de Yenifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.

El operativo policial fue realizado a pedido de la fiscalía que solicitó el «allanamiento» de la «zona residencial del palacio de gobierno», dijo la Corte de Justicia en un comunicado.

Después de casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia, reseñó AFP. 

El operativo no tiene precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. 

Castillo y su familia, incluida su cuñada, de 26 años, quien considera «padres» al presidente y su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.

Por este caso Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.

La fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones.

Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje transmitido por televisión, calificando lo ocurrido como un «allanamiento ilegal» que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso. 

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«Hoy el Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», aseguró Castillo, un maestro rural y sindicalista de 52 años. 

«Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional», agregó el presidente, que aparece las últimas semanas cercado por la justicia.

La medida se produce en la misma semana que un informe parlamentario divulgado el martes recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia, lo que el presidente niega.

Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.

La actuación judicial ocurrió en simultáneo en distintas locaciones de la capital peruana, en la que fueron detenidos José Nenil Medina, alcalde de un poblado en la región originaria de Castillo, y de los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino, todos presuntamente vinculados en la misma red de corrupción, según la fiscalía.

El juzgado autorizó las detenciones preliminares de los involucrados durante 10 días.

Según un programa de televisión dominical, Paredes y Hugo Espino ofrecían obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca, la región del norte de Perú de donde son originarios ella y el presidente.

La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por casos de presunta corrupción. 

Los otros colaboradores de Castillo procesados son un sobrino que fungía de asesor, su exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y su exsecretario presidencial.

Este último se entregó la semana pasada y busca llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía para reducir sus presuntos delitos.

La primera dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores «por recomendación de mi abogado».

Lilia Paredes ya había declarado ante el Ministerio Público por el mismo caso, respondiendo todas las preguntas.

La Fiscalía de Perú pidió a la justicia el lunes un mandato judicial para impedir que viaje a Venezuela el nuevo embajador peruano ante la administración de Nicolás Maduro.

Al nuevo embajador lo investigan por presunto lavado de activos.

«La 1ra. Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas García», informó el Ministerio Público en Twitter.

El gobierno del mandatario peruano, el izquierdista Pedro Castillo, designó a Rojas, un dirigente del marxista partido oficialista, para reabrir la embajada peruana en Caracas.

Esto en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, según la cancillería, reseñó AFP.

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El nombramiento «se va a tener que evaluar», dijo a periodistas la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tras conocer el pedido fiscal.

El nombramiento se produjo a pesar de que Panamá había rechazado el nombramiento de Rojas como embajador peruano, a fines de septiembre.

La fiscalía le atribuye a Rojas «haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional».

Perú tiene relaciones comerciales y consulares con el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, reconoce como presidente venezolano al líder opositor Juan Guaidó, según acuerdos del Grupo de Lima en 2019.

La designación del nuevo embajador peruano conlleva el nombramiento recíproco de un embajador venezolano en Lima afín a Maduro.

El acercamiento entre Lima y Caracas había sido anticipado por Castillo hace un mes.

Esto, en medio de promesas de no copiar «el modelo chavista» en Perú.

El restablecimiento de lazos deja tácitamente fuera de juego al representante de Guaidó, Carlos Scull, que actuaba como embajador venezolano desde hace dos años.

El gobierno peruano justificó el viernes pasado su decisión.

Alega que «responde a la evolución del proceso político venezolano y al reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos» entre el gobierno de Maduro y la oposición en una ronda de negociaciones en México, que quedaron en suspenso el fin de semana.

Según el gobierno peruano el restablecimiento de una relación «permitirá buscar una solución a la situación humanitaria de los ciudadanos venezolanos en Perú».

En Perú, viven más de un millón de venezolanos que escaparon de la crisis en su país.

El presidente peruano Pedro Castillo anunció este miércoles la renuncia de su primer ministro, lo que acarrea la de todo su gabinete ministerial, según las leyes del país, dos meses después de haber asumido el gobierno.

«Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados», dijo Castillo.

El anuncio lo hizo durante una breve alocución sorpresa de unos tres minutos transmitida por la televisora estatal.

El mandatario de izquierda evitó dar detalles de la renuncia y anunció que el nuevo jefe de gabinete y sus integrantes se conocerán por la noche, a partir de las 20H00 (01H00 GMT).

Bellido, ingeniero sin experiencia política de 41 años, e integrante del ala dura del partido marxista-leninista Perú Libre, había sido nombrado el 29 de julio para encabezar el primer gabinete del gobierno de Castillo, del mismo partido.

«Quiero agradecer y reiterar mi agradecimiento, respeto por la confianza del presidente Pedro Castillo y por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro», dijo Bellido en conferencia de prensa.

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En su carta de renuncia, difundida por la prensa, había indicado que se aleja del Ejecutivo a pedido de Castillo.

«No sabemos cuáles son las causas. Hoy el presidente solicitó que presente la carta de renuncia e inmediatamente cumplí con ese pedido», agregó a periodistas Bellido, quien retornará al Congreso para ejercer funciones como parlamentario.

Pedro Castillo, candidato de la izquierda, ganó sorpresivamente las elecciones presidenciales de Perú, venciendo a la postulante de derecha Keiko Fujimori en un reñido balotaje el 6 de junio, tras una campaña marcada por la polarización.

Durante su breve mensaje, el mandatario reiteró su invocación a sectores económicos, políticos y sociales «a la más amplia unidad para lograr objetivos comunes» como la reactivación económica.

«Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas», enfatizó el presidente, quien lucía su típico gran sombrero de paja.

El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, designó este jueves como jefe de la diplomacia al académico y exguerrillero de la década de 1960, Héctor Béjar, de 85 años.

Béjar prestó juramento con casi la totalidad del nuevo gabinete, reseñó AFP.

Castillo, quien asumió el mando el miércoles, juramentó horas antes como jefe de gabinete al ingeniero Guido Bellido.

Esto en una simbólica ceremonia en el sitio de la batalla de Ayacucho de 1824, que selló la independencia de Perú y del resto de la América española.

El cargo clave de ministro de Finanzas sigue vacante, lo mismo que el de Justicia. El gabinete peruano tiene 18 miembros, además de Bellido.

Béjar, abogado y doctor en sociología de 85 años, fundó en 1962 el Ejército de Liberación Nacional.

Este grupo guerrillero inspirado en la revolución cubana que operó en la zona selvática de Madre de Dios (1.000 km al este de Lima), es derrotado militarmente un par de años después.

Había recibido instrucción guerrillera en Cuba y fue detenido en 1966.

Estuvo casi cinco años en prisión hasta que lo indultó el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, de quien pasó a ser colaborador.

Su libro «Perú 1965: Notas de una experiencia guerrillera» ganó en 1969 el Premio Casa de las Américas en Cuba.

Publicó otros libros posteriormente y es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Béjar ha entregado su testimonio en dos películas ‘La revolución y la tierra’ (2019), sobre la reforma agraria de Velasco Alvarado, y ‘El viaje de Javier Heraud’, sobre un poeta peruano que murió combatiendo en la guerrilla en 1963.

Castillo guardó reserva hasta el final sobre los integrantes de su gabinete, pero la designación del canciller se conoció varias horas antes porque la cancillería de Uruguay publicó en Twitter que su titular, Francisco Bustillo, se reunió con «su par peruano Héctor Béjar», junto con una foto de ambos.

La ceremonia de juramentación, efectuada en la noche en el Gran Teatro Nacional de Lima, comenzó con casi tres horas de retraso sin que hubiese explicación oficial, lo que generó especulaciones en las redes sociales.

Todos los ministros, entre ellos solo dos mujeres, juraron «por Dios y estos Santos Evangelios» ante una Biblia y un crucifijo, como es tradición en Perú. Algunos lo hicieron de rodillas. La nueva vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, asum

Según expertos, Pedro Castillo es el primer presidente en Perú sin parentesco con las élites política, económica y cultural.

«No más pobres en un país rico», repitió como mantra en esta campaña el abanderado de Perú Libre, un minoritario partido que se define como marxista leninista

Esta tolda política  superó por estrecho margen a Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), al conquistar con mensajes simples el sentimiento de indignación de millones de peruanos.

Nació en Puña, un pueblo del distrito de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde es maestro de una escuela rural desde hace 24 años, reseñó la agencia AFP.

Es el tercero de nueve hermanos y sus padres son campesinos analfabetos.

A sus 51 años Castillo es «el primer presidente pobre del Perú», según definió el analista Hugo Otero para la AFP.

Casado con Lilia Padedes, tienen tres hijos: Arnol, de 16, Alondra, de seis, y Jennifer, de 23, quien es adoptada.

Su esposa es evangélica, pero él católico, y en el patio de su casa hay un cuadro de Jesús rodeado de ovejas con la leyenda en inglés «Jehova is my shepherd» (Jehová es mi pastor).

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Acostumbra a citar pasajes bíblicos cuando apela a su moral conservadora para justificar su rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y la eutanasia. 

«Nos sentimos orgullosos que mi hermano haya llegado hasta esta altura, siendo un hombre humilde», dijo a la AFP Amelia Castillo, la hermana menor del presidente electo, de 34 años.

Junto a su casa de ladrillos de dos pisos en el caserío cajamarquino de Chugur, Castillo tiene una chacra de una hectárea donde la familia cultiva maíz, camote y hortalizas, y cría gallinas y vacas.

Con sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, recorrió Perú, incluso a caballo, para conseguir votos. De niño debía caminar varios kilómetros para ir a la escuela.

Cajamarca es una región histórica: fue la tumba del imperio incaico y es, para algunos, una de las cunas del catolicismo en el país.

En la plaza principal de la ciudad los españoles ejecutaron en 1533 al último emperador inca, Atahualpa, acusándolo de blasfemia por tirar la Biblia al suelo.

«Planeamos cambios, no parches o reformas», afirmó Castillo en campaña.

Su propuesta electoral se basó en una tríada: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional.

Prometió un millón de empleos en un año y niega que pretenda hacer expropiaciones o confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores.

También ha prometido convocar a una Asamblea Constituyente para redactar en seis meses una nueva carta magna en reemplazo de la actual, que privilegia la economía de libre mercado.

La Constitución de 1993 es un legado de Alberto Fujimori y su hija se opone a cambiarla.

Castillo también dijo que expulsará a los extranjeros que cometan delitos.

Esto en tácita alusión a los migrantes venezolanos que llegaron desde 2017 y superan el millón.

Con el fin de combatir la inseguridad plantea retirar a Perú del Pacto de San José para restablecer la pena de muerte a los delincuentes.

Perú Libre es uno de los pocos partidos peruanos de izquierda que defiende al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sus primeras propuestas económicas inquietaron a las multinacionales e inversionistas por sus promesas de nacionalizaciones y un rol más activo del Estado en el mercado.

Esto le valió comparaciones con el «socialismo bolivariano» de Venezuela. 

«No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores», declaró el maestro ante una multitud el 15 de junio en Lima.

Su principal asesor económico, Pedro Francke, aseguró a la AFP que los cambios que promueven no tienen «nada que ver con la propuesta de Venezuela».

«No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país», dijo Francke.

La huelga nacional del magisterio de 2017 se prolongó unos 80 días.

Esta se hizo en demanda de aumento salarial y la eliminación de un cuestionado sistema de evaluación de los docentes.

En un intento por deslegitimar la medida, el ministro del Interior de entonces, Carlos Basombrío, dijo que los líderes del magisterio estaban ligados al Movadef.

Movadef es el brazo político de la derrotada guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, grupo ilegal considerado «terrorista» en Perú.

«Rechazo categóricamente las denuncias», replicó entonces Castillo, quien había integrado en Cajamarca las «rondas campesinas» armadas que resistían las incursiones de Sendero durante los duros días del conflicto interno (1980-2000).

Ahora el hogar de Castillo en Cajamarca siempre está custodiado por «ronderos», que portan bastones y látigos de cuero.

El tribunal electoral de Perú espera proclamar al ganador del balotaje del 6 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo el 20 de julio, ocho días antes de que expire el mandato del presidente interino Francisco Sagasti.

«Esperamos que el martes de la próxima semana [20 de julio] se tenga el acta general de proclamación ya consentida», dijo este martes Alexandra Marallano.

Marallano es asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano que debe proclamar al vencedor.

«Habrá una resolución de cierre del proceso electoral que dice quiénes son los ganadores y la composición del nuevo gobierno», agregó la funcionaria, citada por la agencia estatal Andina.

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El JNE, que ha revisado las impugnaciones de votos, tenía previsto proclamar al nuevo gobernante el 15 de julio, pero la demora de uno de sus cuatro magistrados en firmar las actas causó un nuevo retraso.

Tras un quinquenio de convulsiones políticas que llevaron a Perú a tener tres presidentes en cinco días en noviembre de 2020, el país ha vivido bajo tensión debido a la demora en conocerse oficialmente al vencedor.

También por las denuncias de «fraude» planteadas por Fujimori, aunque sin aportar pruebas contundentes.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace cuatro semanas, dio a Castillo 50,12% de los votos contra 49,87% para Fujimori.

El nuevo mandatario debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato de Sagasti y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia.

Una nueva marcha de protesta en reclamo de «nuevas elecciones» por el supuesto fraude en favor de Castillo fue convocada por colectivos derechistas para este miércoles a través de las redes sociales.

Denominada «La marcha final» e impulsada por un desconocido Frente Democrático Libertario del Perú, llama a tomar el palacio de gobierno «para recuperar la democracia».

Fujimori ha agotado en la práctica todas las vías legales para anular la elección alegando «graves irregularidades».

El camino hacia la proclamación se allanó el lunes luego que el JNE terminó de revisar las 270 impugnaciones de actas de votación.

Dichas actas las presentó el partido Fuerza Popular de Fujimori para anular miles de votos en mesas que favorecían a su adversario.   

Ahora sigue un complejo trámite burocrático por el cual el JNE remite sus fallos a los 60 colegios electorales del país para que publiquen los resultados.

El plazo para apelar estos resultados vence este viernes.

Fujimori, que enfrenta su tercer balotaje, insinuó el sábado que no va a reconocer la victoria de su rival si el JNE lo proclama ganador.

«Dicen que en pocas horas o días van a consumar el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo», declaró Fujimori en un mitin en Lima.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori insiste en denunciar «fraude».

Esto pese a que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que la votación fue limpia, sin «graves irregularidades».

También Estados Unidos declaró que se trató de «elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas», que constituyeron un «modelo de democracia en la región».

Fujimori pidió el 28 de junio a Sagasti que solicitara una «auditoría internacional» de los comicios, pero su pedido fue rechazado.

El gobierno argumentó que la ley le prohíbe inmiscuirse en la contienda electoral y que cualquier irregularidad debe ser resuelta por el JNE.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, invocó a la unidad y a «actuar con sensatez y responsabilidad» en su país. La solicitud la hizo luego de que el Congreso rechazó un pedido para que se le destituya por una presunta «incapacidad moral» para seguir en el cargo.

«Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos». Así lo ha señalado Vizcarra en su cuenta en la red social Twitter.

Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos. (1/2)

Sin mencionar directamente la decisión que tomó el Congreso durante la noche de este viernes, el mandatario remarcó que los ejes principales del trabajo en su país. Según Vizcarra son «la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción».

Sostuvo el presidente que todo esto permitirá «mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan».

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, negó que el Gobierno haya hecho alguno «negociación» con líderes de algunos partidos políticos para asegurar la permanencia de Vizcarra en el cargo, tal como señaló el legislador opositor Daniel Urresti.

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«Nosotros siempre hemos trabajado transparentemente. No hemos tenido ningún trato debajo de la mesa», remarcó Martos antes de reiterar que el Gobierno apeló «al espíritu democrático» de los parlamentarios y consideró que estos «así lo han entendido».

El primer ministro agradeció, en ese sentido, a los congresistas que rechazaron mayoritariamente el pedido de destitución porque, según dijo, «han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo».

El pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes el pedido de destitución (vacancia) presentado contra el presidente peruano por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de supuesta corrupción.

El juicio político planteaba que Vizcarra deje el cargo tan solo diez meses antes de terminar su mandato, pero se quedó muy lejos de los 87 votos mínimos que establece la ley peruana para que un jefe de Estado sea removido del cargo, al recibir 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones.

Un grupo de congresistas presentó una moción de destitución contra Vizcarra después de que el 10 de septiembre se publicaran unos audios en los que el gobernante coordina con sus más cercanas colaboradoras sobre sus lazos con el cantante Richard «Swing» Cisneros, un controvertido personaje que es investigado por sus múltiples contratos irregulares en el Ministerio de Cultura.