La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles sobre la situación de salud que enfrentan los reclusos en Venezuela, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema debido a la falta de atención especializada en los centros de detención del país.

“La salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad, y hoy, la falta de atención especializada ha transformado la reclusión en un estado de vulnerabilidad física extrema que compromete la integridad de estos venezolanos”, dice un mensaje publicado por JEP en su cuenta oficial de X.

Recuerda que la Constitución, en su artículo 43, establece que el Estado es garante de la vida y bienestar de todas las personas bajo su custodia.

 La organización destacó que la falta de atención médica convierte la reclusión en un riesgo directo para la integridad física de estos ciudadanos.

La ONG hizo un llamado directo al sistema de justicia venezolano para que aplique el Artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la posibilidad de conceder medidas sustitutivas por razones humanitarias cuando el penado padece una enfermedad grave.

“Las familias, quienes sostienen con su esfuerzo diario el cuidado de sus seres queridos, no deben enfrentar el silencio administrativo como respuesta”, enfatizó la organización.

La denuncia de Justicia, Encuentro y Perdón pone en evidencia la necesidad de proteger los derechos humanos en los centros penitenciarios de Venezuela, asegurando que las personas privadas de libertad reciban atención médica adecuada y medidas de protección ante enfermedades graves.

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La salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad, y hoy, la falta de atención especializada ha transformado la reclusión en un estado de vulnerabilidad física extrema que compromete la integridad de estos venezolanos.La Constitución Nacional,… pic.twitter.com/UDFFwGFZAi

La Constitución Nacional, en su artículo 43, establece que el Estado es el garante de la vida de toda persona bajo su custodia. Casos como el de Merys Torres de Sequea, con crisis hipertensivas y desgaste vertebral; Emirlendris Benítez, en silla de ruedas por patologías crónicas; Orlando Laufer, paciente oncológico de 70 años; y Leonardo Chirinos, con un cuadro de salud mental crítico, requieren una respuesta inmediata basada en la humanidad y la ley.

Hacemos un llamado directo al sistema de justicia para que aplique el Artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual ordena medidas sustitutivas por razones humanitarias cuando el penado padece una enfermedad grave. Las familias, quienes sostienen con su esfuerzo diario el cuidado de sus seres queridos, no deben enfrentar el silencio administrativo como respuesta. JEP

“Solo este año ya conseguimos, con nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos, la liberación de cuatro descendientes de portugueses que estaban aquí como presos políticos. Todavía tenemos seis, y ese fue el tema de mi conversación con el señor ministro”.

Así lo manifestó el secretario de Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, tras exponer la situación en un encuentro con el canciller venezolano, Yván Gil.

Destacó que Gil  tuvo «mucha receptividad» y pidió una lista de los afectados, que —aseguró Sousa— ya se envió a través de la embajada.

“Espero tener en los próximos días alguna evolución de esta situación. No sé exactamente el tiempo, pero creo que hoy marcamos con mucha determinación esa voluntad de que se dé la liberación de los presos políticos”, declaró.

Sin embargo, subrayó que persisten las dificultades para visitar y ofrecer servicio consular a estos presos.

“Esa es una reivindicación permanente nuestra, permitir visitas consulares, permitir visitas de nuestros diplomáticos, no ha sido permitido en algunos casos, en otros han permitido a las familias. Insistimos en ese proceso de permitir las visitas”, expresó.

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Sousa añadió que también sostuvo un encuentro con los familiares de estos presos, quienes le contaron sobre las condiciones de los encarcelados.

El secretario destacó la amplia comunidad lusa en el país suramericano, que tiene registrados a 220.000 ciudadanos portugueses, pero señaló que son conscientes de que «la cifra real es muy superior».

En este sentido, señaló el interés de Portugal en contribuir al crecimiento económico y la «transformación» en Venezuela, y afirmó que muchas empresas tienen interés de participar en este proceso.

 Indicó que su Gobierno «acogería con beneplácito» el levantamiento de sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para lo cual dijo que esperan «señales» de las autoridades locales, como la liberación de los presos políticos.

Sousa, que tiene previsto volver a Portugal el 4 de abril, también sostendrá varios encuentros con la comunidad lusa en distintas ciudades del país.

La agenda del funcionario señala que cerrará su viaje con un encuentro con «la oposición político-partidaria», sin dar más detalles.

Entre el 19 y el 22 de marzo, el secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, visitó el país suramericano. El dirigente, cuyo viaje se centró en la situación de los presos lusos, se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y estabilidad para el país.

Con información de Efe

 “Si realmente quieren paz, entendimiento y convivencia democrática, suelten a los presos políticos”, así lo expresó este martes Henry Alviarez, coordinador de Organización de Vente Venezuela, durante una rueda de prensa en el estado Lara.

Alviarez, quien fue excarcelado el pasado ocho de febrero, a casi dos años de su secuestro, aseveró que salió “fortalecido” de prisión. “No hay odio, ni hay resentimiento”, sumó.

En este sentido, precisó que “lo que sí hay es una posición firme de reencontrarnos y avanzar como nación hasta que haya libertad y justicia. Hasta que haya full democracia”.

“Hablan de presos políticos y de Ley de Amnistía, pero todavía hay más de 500 personas injustamente tras las rejas. Un día en prisión es una eternidad. El venezolano quiere reencontrarse, el venezolano quiere paz, por eso esta ciudadanía no se doblega”, sentenció.

Durante su alocución, Alviarez expuso la grave situación del sistema judicial venezolano, reprochó al gremio de abogados por su silencio en medio de la crisis venezolana, y planteó cuatro puntos que, a su juicio, deben ser punto de lanza para avanzar hacia un proceso de verdadera justicia.

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“En primer lugar, más nunca en Venezuela puede haber un detenido sin una orden policial. Segundo, quien sea detenido debe tener un abogado de su confianza; el 80% de los presos políticos tienen defensores públicos, en dos años me vi con mi defensor público apenas dos minutos”.

Y continuó: “Como tercer punto, permitan que el acusado tenga acceso al expediente. Y en cuarto lugar, toda persona que haya cumplido su pena debe ser liberada”.

Hoy Henry Alviarez no cuenta con libertad plena; pesan sobre él medidas coercitivas que le prohíben salir del país y lo obligan a presentarse ante un tribunal. Aún así, narró que tras el reencuentro con sus hijos les dijo que “esto que estamos haciendo, y todos los riesgos que asumimos, es para que ustedes vivan en un país libre, porque esta tierra va a ser libre”.

Con información de prensa Vente Venezuela

 Dieciocho meses de encierro, traslados y silencio no lograron quebrarlo. 

Desde El Helicoide hasta El Rodeo 1, dos emblemas de la represión en Venezuela, Freddy Superlano sobrevivió al aislamiento, a las condiciones extremas y a lo que describe como un ensañamiento por el peso político que representa en la oposición.

 Hoy, libre, habla sin titubeos sobre lo que vio por dentro: el funcionamiento del poder, las fracturas del sistema de justicia y el desafío de sanar un país marcado por el miedo. 

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Familiares de los presos políticos que se encuentran en la sede de la PNB en la Zona 7, en Boleíta, al este de Caracas, decidieron encadenarse a las afueras de ese recinto.

Y es que este viernes se cumplió el plazo que la semana pasada, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez,  dio para que todos los presos políticos que están allí salieran.

“El martes, y a más tardar el viernes de la semana que viene, todos saldrán”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, este día llegó y no han salido sus seres queridos. De paso, este jueves se estancó la discusión de la Ley de Amnistía, lo cual también significa un obstáculo.

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Por otro lado, a través del Comité por la Libertad de los Presos (ClippVe), se supo que durante la noche del jueves, “los familiares denunciaron una fuerte presencia policial, interpretada como un acto de hostigamiento destinado a inhibir la manifestación pacífica de las víctimas”.

Este sería el segundo anuncio sobre una supuesta liberación total de presos políticos realizado por el vocero oficialista desde el pasado 8Ene, fecha en la que los familiares se apostaron en las inmediaciones de los centros de reclusión para vigilar el proceso de excarcelaciones y esperar la libertad de sus seres queridos.

Desde entonces, la incertidumbre y el desgaste físico y emocional de las familias se han incrementado como consecuencia de la indiferencia institucional, la falta de respuestas, la política de hostigamiento y las expectativas generadas en torno a la Ley de Amnistía, cuya segunda discusión fue diferida para el jueves 19 de febrero,  después del asueto de Carnaval.

Los familiares denuncian estar “cansados de promesas incumplidas” y del uso propagandístico de su dolor.

Con información de ClippVe

 La primera liberación de presos en Venezuela desde la caída de Nicolás Maduro, ha sido bien recibida por la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos.

De hecho, desde la Casa Blanca, afirmaron que este hecho se debe a la "influencia" del presidente  Donald Trump.

"Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

 Por su parte, el secretario general de la OEA, Alberto Rambin, dijo que se trata de “una buena noticia”.

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Esas liberaciones deberían llevarse a cabo "sin demora", indicó en un mensaje publicado en la red X.

"Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible", añadió.

Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también celebró la medida.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”, dijo.

Por otra parte, desde la cancillería de España, emitieron un comunicado en el cual saludan la medida, tras la excarcelación de cinco de sus ciudadanos, entre ellos Rocío San Miguel.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas. El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente.

España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", señala el escrito.​

Con información de AFP y MRE de España

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPVE) denunció este jueves el traslado irregular  de cinco presos políticos desde el estado Barinas hacia centros penitenciarios en el estado Miranda.

Se trata de la abogada Ysaira Villamizar, enviada al INOF Los Teques, y José Luis Machín, Junior Rivas, Miguel Jorge y José Osorio, trasladados a Yare II, indicó el ClippVe en su cuenta en X.

La ONG recordó que los cinco fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a desaparición forzada el 25 de agosto de 2025, cuando regresaban de una reunión política en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, Barinas. 

 Tras las denuncias públicas, los familiares fueron informados de que se encontraban recluidos en la sede del SEBIN en Barinas, donde permanecían sin acceso pleno a sus abogados ni a las condiciones mínimas del debido proceso.

"Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos, además de someterlos a un sistema penitenciario con condiciones inhumanas que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación.

 Mucho menos se cumplen los Principios Mandela, reconocidos por Naciones Unidas como estándares mínimos para el trato digno de las personas privadas de libertad", dice el comité.

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🚨TRASLADO IRREGULAR@clippve informó sobre el traslado de 5 detenidos desde Barinas hacia cárceles en Miranda. Entre los afectados están la abogada Ysaira Villamizar, enviada al INOF Los Teques, y José Luis Machín, Junior Rivas, Miguel Jorge y José Osorio, trasladados a Yare II pic.twitter.com/V1jECdqyGN

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (ClippVe) denunció la situación precaria, nuevas restricciones y abusos contra los detenidos  en El Helicoide.

“Familiares de presos políticos recluidos en El Helicoide denuncian con profunda preocupación una nueva medida arbitraria impuesta por los funcionarios del centro. A partir de ahora solo podrán llevar comida los días viernes, suspendiendo la posibilidad de hacerlo diariamente como ocurría hasta el momento”, publicó el comité en su cuenta en X.

“Esta medida aplica para todos los presos políticos recluidos en el Helicoide, hombres y mujeres. A varias familias este fin de semana, después de llegar a El Helicoide, no les aceptaron la comida que con esfuerzo llevaron a sus seres queridos”, agrega el ClippVe en el post.

Denuncia que la  “decisión agrava aún más la situación de los detenidos que, en muchos casos, llevan hasta un año sin recibir visitas, sin poder comunicarse por llamadas telefónicas y aislados completamente de sus familias".

Para saber más acerca de esta y otras informaciones te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

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🚨 ATENCIÓN | Denunciamos nuevas restricciones y abusos contra presos políticos en El Helicoide.Familiares de presos políticos recluidos en El Helicoide denuncian con profunda preocupación una nueva medida arbitraria impuesta por los funcionarios del centro: A partir de ahora… pic.twitter.com/1ue3gqWmiZ

Alerta que, “además de la incomunicación y el aislamiento prolongado, se limita el ingreso de alimentos y se reduce el envío de paquetería a una vez a la semana”.

Para muchas familias, “llevar comida era la única forma de tener un mínimo contacto indirecto con sus seres queridos y de garantizarles alimentación en condiciones dignas. Quitar este derecho incrementa el riesgo para su salud física y mental, vulnerando gravemente sus derechos humanos”, reclama la ONG.

Por ello, hace “un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las instancias nacionales competentes para que intervengan de inmediato. Esta situación constituye una violación al derecho a la alimentación, a la integridad personal y al debido proceso, y refleja el afianzamiento de un patrón de tratos crueles e inhumanos”.

Finalmente, exige “el cese de estas medidas arbitrarias, el restablecimiento de las visitas y las comunicaciones, y el respeto a la dignidad de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”. 

Un privado de libertad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación de Valera, en el estado Trujillo, falleció producto de complicaciones por Covid-19.

La ONG, Una ventana a la Libertad (UVL), informó que el deceso ocurrió el viernes, 17 de enero, luego de estar durante varios días recluido en el Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera.

Pese a la atención médica, el reo sucumbió ante la enfermedad respiratoria.

El fallecido fue identificado como Gregory Colmenares y había sido procesado por un delito de violación.

Colmenares, en vida, llegó a desempeñarse como trabajador de Fundacomunal y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela.

«El contagio de la enfermedad pudo haber ocurrido en el sitio de reclusión, donde se conoce que hay otros detenidos con el virus. De hecho, los familiares de los privados solicitan a las autoridades mejorar las condiciones de reclusión y atender la salud de los presos», publicó la UVL en su página web.

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Por otro lado, se conoció que la dirección del Cicpc aumentó las medidas preventivas y los efectivos, especialmente aquellos que trabajan directamente con los privados.

Deben usar tapabocas y vigilar la higiene personal. Vale mencionar que en este Centro de Detención Preventiva hay tres celdas, en las cuales conviven privados procesados por delitos de violencia de género y violación.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la grave situación que enfrentan las personas privadas de libertad con VIH en Venezuela.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la ONG denunció la falta de programas de prevención, atención y tratamiento adecuados, así como la ausencia de un enfoque epidemiológico con perspectiva de género y diversidad sexual en el sistema penitenciario del país.

El OVP señaló que, debido a esta carencia de políticas de salud pública, «es imposible conocer con certeza cuántos reclusos y reclusas viven con VIH, lo que pone en riesgo la salud de la población penitenciaria y dificulta una respuesta efectiva a la crisis sanitaria que se vive en las cárceles venezolanas», señala un comunicado difundido por Efe.

A través de sus redes sociales, el OVP también expresó su solidaridad con las ONG que brindan atención a las personas con VIH en los centros penitenciarios y apoyan a los enfermos dentro de las cárceles.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para garantizar el acceso adecuado a la salud, sin discriminación, para todas y todos los privados de libertad.

“Reconocer los derechos humanos de estas personas y asegurar su acceso a pruebas, tratamiento y prevención es esencial para avanzar en la respuesta al VIH y promover una justicia más equitativa para todas y todos”, escribió en X.

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Con motivo del Día Mundial Contra el Sida, el citado programa de la ONU publicó esta semana su informe anual, titulado en esta ocasión ‘Toma el camino de los derechos para acabar con el sida’.

El documento destaca como las violaciones de derechos humanos socavan la lucha contra la enfermedad, por ejemplo, cuando las mujeres o las personas LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer) sufren discriminación.

“Cuando se criminaliza a las personas LGBTIQ+, se las empuja a la clandestinidad y se las deja fuera del alcance de los servicios de salud”, alertó Vaid-Menon.

Según el informe de ONUSIDA, de los 39,9 millones de personas que vivían con VIH en el mundo en 2023, casi una cuarta parte -9,3 millones- no tienen acceso a la terapia antirretroviral.

En todo el mundo, la criminalización y la estigmatización de las comunidades marginadas dificulta que las personas seropositivas accedan a este tratamiento.

En 2023, 570 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron VIH cada día. Asimismo, por ejemplo, en al menos 22 países de África oriental y meridional, las mujeres y las niñas de este grupo de edad tienen tres veces más posibilidades de estar viviendo con el virus que los hombres.

“Cuando a las niñas se les niega la educación, cuando hay impunidad para la violencia de género, cuando las personas pueden ser detenidas por quienes son o por a quien aman, cuando una visita a los servicios de salud es peligrosa para alguien debido a la comunidad a la que pertenece, se le niegan herramientas esenciales para salvar su vida y para poner fin a la pandemia del sida”, destacó el martes en la presentación del informe la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

“Para proteger la salud de todos, tenemos que proteger los derechos de todos”, agregó.

Desde que, hace unos 40 años, se conocieron los primeros casos, unos 88,4 millones de personas han contraído el VIH y 42,3 millones han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

La situación de los presos, especialmente en el contexto de protestas postelectorales, es un tema delicado y complejo, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad.

La suspensión de audiencias puede generar un retardo procesal que afecta gravemente sus derechos y la posibilidad de un juicio justo, así lo expresan los familiares de los privados de libertad.

Manifestaron que a muchos de los presos políticos que están en el Complejo Penitenciario Carabobo (penal de Tocuyito) les están cambiando la fecha de la audiencia hasta en siete y diez días.

A algunos se las están adelantando, y a otros, al parecer, se las están retrasando. “A mi sobrino le tocaba el 25 de octubre y ahora se la pasaron para el 18. Esto nos tiene en una corredera con la cuestión de los documentos”.

Asimismo, la madre de un joven de Barquisimeto sostuvo que va a viajar a Caracas para indagar sobre este cambio de fecha de la audiencia de su hijo.

“No entiendo esto. Me gustaría saber cuál es el propósito. Esta situación nos tiene al borde. Deberían de darle la libertad a todos porque son inocentes. Mi hijo nada que ver con terrorismo, él andaba comprando unos medicamentos para mi nieto en Barquisimeto y mire usted a donde vino a parar. El brazo de la justicia de Dios es infinito y ya les tocará a los causantes de esta barbarie”.

Este tipo de situaciones suele provocar un aumento en la tensión social y puede ser visto como una forma de represión. La defensa de los derechos humanos y el acceso a un debido proceso son fundamentales en cualquier sistema judicial, manifiestan.

“Es importante que se realicen esfuerzos para garantizar que a todos los que detuvieron entre el 29 y 30 de julio, independientemente de las circunstancias, puedan acceder a un proceso legal adecuado y justo como lo indica nuestra Constitución Nacional”, exhorta el padre de uno de los privados de libertad.

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Las enfermedades y la desnutrición están haciendo mella en la salud de todos los presos sin distingo de sexo, todos están pasando necesidades.

Ante esta situación los familiares exigen que les permitan llevarles comida a los detenidos porque están desnutridos y en condiciones psicológicas de vulnerabilidad, por la mala calidad de los alimentos que les sirven, la mayoría con gusanos, algunas con pelos, casi toda descompuesta, publica El Carabobeño.

Todos recuerdan, sobre todo los que son de Carabobo, los momentos de la detención de sus seres queridos y los golpes que recibieron durante el proceso. Las denuncias, mayoritariamente, apuntan a la Policía Municipal de Valencia y a la Policía Nacional Bolivariana.

Todos tienen la esperanza que ocurra un milagro porque la situación de los familiares de los presos en Tocuyito es realmente angustiante. Ver a un ser querido en condiciones físicas y de salud deterioradas es devastador. Esta tristeza y dolor son sentimientos comunes entre quienes enfrentan la incertidumbre y el sufrimiento de sus seres queridos a los que son sometidos.

La ONG considera que «es fundamental que se tomen medidas para garantizar el bienestar y la salud de los internos. La atención a la salud y las condiciones de vida en las prisiones son aspectos críticos que deben ser abordados para proteger sus derechos humanos».

La noche previa a su muerte en prisión, a Patrick Womack, de 50 años, le negaron un baño de agua fría para aplacar el calor. Con sensaciones térmicas que superan los 45ºC, las prisiones de Texas son «hornos de ladrillos» en verano.

Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.

En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento, advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.

Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.

Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.

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Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.

Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.

En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.

Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.

No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.

«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.

«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.

Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.

Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.

Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.

«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.

Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.

Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.

Unos 150 jóvenes que fueron detenidos entre los días lunes 29 y martes 30 de julio por las protestas postelectorales, fueron trasladados hasta el Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, en el estado Carabobo.

De acuerdo a la información aportada por familiares, ellos estaban recluidos en los centros de detención preventiva del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Policía Municipal de Naguanagua y el Fuerte Paramacay, reseña el portal de la ONG, Una Ventana a la Libertad..

Varias madres y padres que estaban apostados en los alrededores del centro reclusorio denunciaron que a estos jóvenes privados de la libertad les estaban violando el derecho al libre proceso.

También sostuvieron que no los han podido ver, porque no han pasado los 45 días de investigación, y que posiblemente estos días se alarguen más por el traslado al “Fénix Carabobo”.

Los detenidos fueron trasladados en varios autobuses que llegaron al centro carcelario a eso de las 7:00 de la mañana del domingo.

“Nosotros, cuando nos enteramos que los traían para acá nos movilizamos desde tempranas horas de la mañana”, sostuvo un padre quien tiene a dos sobrinos y a la novia de uno de ellos, entre los 155 detenidos que trajeron al Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”.

Denunció que están ante una gran injusticia porque a los tres los detuvieron el martes 30 de julio como a las 2:00 de la tarde en Guacara sin tener nada que ver con las protestas.

“Los interceptaron, les quitaron las tres motos y se los llevaron presos acusándolos de terroristas, algo muy alejado a la realidad. A ellos los secuestraron. Ahora tampoco las tres motos aparecen”, dijo.

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En conversación con el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), el suegro de un joven que fue arrestado el 30 de julio en Barquisimeto, estada Lara, asegura que lo que están haciendo con su yerno es “otra injusticia” más de las que ha venido cometiendo el Gobierno nacional.

“Él conducía su carro cuando varios vehículos le bloquearon el paso. Fue tanto el pánico que sintió que se desmayó. Pero no contentos con eso, le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron preso. El carro de mi yerno no aparece por ningún lado”.

Al ciudadano detenido en Barquisimeto el 30 de julio lo trajeron para el “Fénix Carabobo” el día 6 de agosto. “Ahora lo acusan de terrorismo, incitación al odio y daño al patrimonio público, algo que es totalmente falso. Él tiene una hija de 5 años que no hace más que preguntar por su papá. Todo esto está causando un gran daño y dolor en la familia”.

Algunos familiares le dijeron al equipo de UVL, que posiblemente dentro de 15 días los jóvenes presos en las protestas postelectorales sean trasladados a las nuevas edificaciones que son construidas en el Complejo Penitenciario Carabobo, también conocido como penal de Tocuyito, ubicado en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador, estado Carabobo.

Según les dijeron, que las autoridades de ambas cárceles, “Fénix Carabobo” y penal de Tocuyito, asistirán junto a representantes del Ministerio Penitenciario a la inauguración de las nuevas estructuras que albergarán a los privados de libertad por las protestas tras el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La misma situación se ha presentado desde el estado Trujillo, según la ONG, donde familiares de otros 150 detenidos denuncian que se los llevaron de los calabozos policiales en Valera, también a Carabobo, con lo que serían al menos 300 personas trasladadas a esa entidad.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad denunció que en el estado Táchira más de 20 reclusos se mantienen hacinados en un contenedor en el Destacamento 215 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Con este motivo, la ONG compartió un video donde se observa a los presos en pésimas condiciones de reclusión, incluso llevan días sin luz ni comida.

Algunos tienen hasta tuberculosis y piden ayuda para un traslado.

Debido al hacinamiento unos deben dormir de pie.

En la grabación se exhibe la única poceta que comparten los más de 20 hombres.

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La ONG llama la atención sobre la situación que padecen los privados de libertad en esta cárcel de Táchira, sometidos a tratos inhumanos.

El presidente colombiano Gustavo Petro habló por primera vez sobre la expatriación de 1.500 presos colombianos que están en Ecuador:

“Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos interinstitucionales debemos tomar una decisión urgente. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas, nos ampara nuestra ley y acuerdos internacionales”, manifestó Noboa en días pasados.

Caracol destacó que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommefeld, quien asistió al Foro Económico Mundial en lugar del mandatario, recordó que “son alrededor de 1.500, la solicitud está hecha por los 1.500” presos colombianos.

“Entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladarlos a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció afirmando que “Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe”.

El jefe de Estado aseguró que actualmente las dos naciones “estamos en conversaciones, construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de colaboración judicial entre ambos países”.

Ecuador expulsará a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, como parte del plan de gobierno para mitigar la creciente violencia del narcotráfico y las bandas criminales, dijo este viernes el presidente Daniel Noboa.

«Los que tienen este momento una sentencia ejecutoriada de cinco o más (años) van a ser expulsados del país, (son) aproximadamente 1.500 personas que vinieron a este país a delinquir y no son delitos sencillos, son delitos graves», advirtió Noboa en una rueda de prensa tras una reunión sobre seguridad en Guayaquil.

De acuerdo con el censo penitenciario de 2022, en el país hay 3.245 reclusos de nacionalidad extranjera, lo que representa un 10 % del total de la población carcelaria (31.321). De ellos, 2.900 son hombres, recoge la AFP.

El mandatario, sin dar más detalles, agregó que la cancillería está en contacto con sus pares de “Perú, de Colombia y de Venezuela porque más del 80 % de estos 1.500 son de esos países”.

“Esas personas van a salir de este país”, enfatizó Noboa, que no dio el plazo en el que se cumplirá la medida.

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Al ser consultado sobre la extradición de ecuatorianos -una propuesta que fracasó en el referendo planteado por el expresidente Guillermo Lasso-, Noboa señaló que está analizando incluirla.

Las violentas cárceles ecuatorianas son escenarios recurrentes de masacres. Desde febrero de 2021 se han dado al menos una decena de matanzas que dejan más de 460 reclusos muertos.

Convertidas en centros de operaciones del narcotráfico, el control de los centros penitenciarios está en disputa entre bandas criminales. Operativos de control dan cuenta de la violencia, pues en su interior se han hallado pistolas, fusiles y explosivos.

Para controlar a los reclusos más peligrosos, el gobierno ha planteado la construcción de al menos seis cárceles de “mega máxima” y “máxima” seguridad, según ha dicho la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

Finalmente, Noboa adelantó que el país tiene en la mira tres barcos que cumplen las condiciones para servir como prisiones en el mar, con el fin de separar a los presos más peligrosos mientras se construyen las prisiones.

Con información del AFP

Ocho personas, dos de ellos policías, están implicados en el asesinato de un interno en el centro temporal de protección de la Policía en Soacha, municipio aledaño a Bogotá.

La víctima estaba detenida por abuso sexual, delitos que al parecer cometió contra la hija del comandante de Soacha.

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Un agente encubierto que investigó el caso, afirmó que el intendente ordenó golpear al hombre.

Y un patrullero, quien también fue capturado, habría omitido sus funciones de custodio permitiendo que los detenidos torturaran al presunto abusador.

El intendente de la Policía Nacional Duván Orlando Castiblanco, comandante de ese centro, dio la orden al jefe o pluma de la celda número uno, John Fredy Romero Monje, y este a su vez da la orden a sus secuaces, conocidos como los de la casa”, desveló el fiscal del caso durante la audiencia de imputación de cargos; así dijo el Fiscal del caso a Caracol, medio que dio a conocer esta información criminal.

La Policía de Cali anunció la muerte de un recluso en la estación del barrio Nueva Floresta, al oriente de Cali.

El coronel William Quintero, comandante encargado de la Policía de la capital del Valle del Cauca, aseguró que el cuerpo de este sujeto estaba al interior de una celda; así publicó Francesco Zucconi en Caracol.

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El alto oficial contó a Caracol que “a las 20:30 horas somos informados por parte del comando de la estación que había fallecido un interno que se encontraba privado de la libertad. Se encontraba en la parte interna de la celda y el policía que estaba de servicio es informado de una persona que estaba en el piso y que, al parecer, estaba enferma”.

Llamaron a los bomberos, quienes constataron que el reo no tenía signos vitales.

“Ingresan nuestras unidades, lo sacan para prestarle los servicios médicos correspondientes, se llama a bomberos, llegan, verifican que la persona está sin signos vitales y se coordina con el CTI para inspección técnica a cadáver”, agregó el Coronel Quintero.

Se investiga para esclarecer lo ocurrido con esta persona, que estaba recluida en ese lugar por el delito de porte ilegal de armas.

Varios internos se tomaron los pasillos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) uno de los centro de reclusión transitoria existentes en Bogotá.

En información preliminar, dada a conocer por Sandra Soriano en Caracol, se dice que los presos quemaron colchones y lanzaron piedras y sillas plásticas al exterior.

Fue en el primer piso donde se desató el motín en Puente Aranda “y el motivo es por temas de convivencia, intolerancia y por el mismo efecto que se produce frente al hacinamiento que hay en las celdas.

Los reclusos permanecían en el piso, sin medidas de salubridad. Unos pocos tenían colchones y otros dormían encima de lo que podían. Sus ropas estaban colgadas en las estructuras del lugar.

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La Policía Antimotines llegaron al lugar para controlar la situación. Los uniformados lograron contener los disturbios en el primer piso de la URI de Puente Aranda, donde hay más de 200 internos. Después los agentes se desplazaron a los otros niveles de la unidad hacia donde se han dirigido los reclusos.

La cárcel de San Pedro, situada en el centro de La Paz, es una de las más singulares y problemáticas de Bolivia.

En su interior, los reos se organizan en una especie de sociedad paralela, donde tienen que pagar por sus celdas, trabajar y convivir con sus familias.

Pero también donde se produce una gran cantidad de sustancias ilegales, que incluso se distribuyen fuera de los muros de la prisión.

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El periodista, Bernabé López, se infiltró en este mundo oculto para averiguar y denunciar lo que tiene este lugar para los internos y la sociedad.

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