El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) manifestó que apoya la renovación de los mecanismos de Naciones Unidas para Venezuela y reiteró que la libertad de todos los presos políticos continúa pendiente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 6 de octubre, con 25 votos a favor, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 En un comunicado, CLIPPVE consideró que la decisión es necesaria debido a que, según la organización, el aparato represivo continúa intacto y las víctimas siguen requiriendo verdad, justicia y reparación.

 También respaldó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a liberar a los al menos 196 militares y funcionarios de seguridad detenidos por motivos políticos, entre ellos ocho mujeres y 14 personas con condiciones graves de salud.

“La libertad debe ser para todos, civiles y militares”, sostuvo CLIPPVE.

Advirtió que una excarcelación acompañada de procesos judiciales abiertos, presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país no constituye una libertad plena.

EL CLIPPVE reiteró que continuará exigiendo la liberación de todos los presos políticos y el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen chavista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se reunió con familiares de sus connacionales presos en Venezuela y habilitó un espacio de atención  y el compromiso de la defensa y protección de los privados de libertad.

En la redes sociales de la Cancillería se conoció que la reunión se llevó a cabo el 10 de septiembre en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde los funcionarios   escucharon las preocupaciones de las familias sobre la situación de los detenidos, en medio de los reclamos por una mayor intervención de las autoridades para garantizar sus derechos.

Básicamente, se abordó la situación de cerca de 20 ciudadanos colombianos que permanecen privados de libertad en Venezuela, varios de ellos detenidos después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, señaló que los casos presentan especial preocupación debido a que los detenidos no tendrían cargos imputados ni un proceso judicial vigente, situación que, según explicó, podría representar una vulneración de normas internacionales.

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 La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, expresó  Roa Arboleda.

Entre tanto, los familiares indicaron que han hecho reclamos en distintas ocasiones, buscando respuestas concretas y mayores acciones diplomáticas para lograr la liberación de sus seres queridos y garantizar sus derechos mientras permanecen detenidos en Venezuela.

“La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, expresó el viceministro de Asuntos Migratorios,… pic.twitter.com/Dwce4elSmp

Un centenar de manifestantes entregó este viernes una carta a las autoridades en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, una concesión inusual para los disidentes en Venezuela.

Durante años, el chavismo gobernante reprimió e impidió las protestas en el centro de Caracas, y más aún cerca de la sede presidencial.

Pero este viernes, los familiares de presos políticos marcharon hasta las inmediaciones de la presidencia y reclamaron a la mandataria interina, Delcy Rodríguez, el incumplimiento en la liberación de presos políticos.

Margareth Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel -exministro de la Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021-, explicó que intentaban hacer "entrega de un documento a la presidenta encargada, sobre todo porque hasta ella misma ha hecho anuncios de liberaciones que no se han cumplido".

"Esto solo denota que ellos utilizan estos anuncios con efectos propagandísticos para hacer ver a nivel internacional que están respetando nuestros derechos", protestó. Su hermano Josnars Baduel cumple una condena de 30 años, acusado de traición a la patria y terrorismo.

El grupo marchó hasta llegar a una enorme barricada policial que les impidió la entrada al palacio de Miraflores, mientras la presidenta se encuentra en una vista oficial en Surinam.

Dos representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) fueron atendidas por una delegación del despacho de la presidencia que recibió el documento.

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"¡Delcy, si vas a dialogar, empieza por liberar!", "¡Delcy no más demora, la libertad es ahora!", gritaban los manifestantes.

La marcha ocurre pocos días antes de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición con miras a una transición democrática.

En el marco de la primera ronda, el gobierno prometió la excarcelación de 131 presos, pero oenegés solo pudieron confirmar poco más de 80 liberaciones.

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Bajo presión de Washington, impulsó una ley de amnistía que, asegura, ha permitido la excarcelación de 1.046 presos políticos. Sin embargo, la ONG Foro Penal contabiliza más de 300 personas aún detenidas.

AFP

Familiares de presos políticos denunciaron este jueves los traslados arbitrarios que se estarían llevando a cabo, por parte de las autoridades carcelarias del país,por lo que pidieron  “justicia, justicia y libertad”.

En una rueda de prensa, desde la UCV, exigieron el cese de los traslados arbitrarios y la liberación plena e inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

La dirigente opositora sostuvo que esta situación está generando “gran incertidumbre” entre los familiares de los detenidos, especialmente ante la ausencia de información sobre las condiciones y destinos de quienes fueron trasladados.

Por su parte, la dirigente opositora y presidenta de la AN del 2015, Dinorah Figuera, manifestó preocupación por estos hechos. 

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Aseguró que permanece atenta a establecer un encuentro con los familiares y reiteró su compromiso con las gestiones destinadas a lograr la excarcelación de los presos políticos.

“Mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos”, afirmó.

La denuncia se produce en medio de los reclamos de familiares y organizaciones de derechos humanos por información sobre el estado y ubicación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

En el balance más reciente de Foro Penal se destacó que en Venezuela aún hay 328 presos políticos, de los cuales 183 son civiles y 145 militares. Además, añadió que hay 33 extranjeros o ciudadanos con doble ciudadanía entre los encarcelados.

Con información de agencias

  La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), publicó una carta abierta, dirigida a las delegaciones del Gobierno y a la oposición, para que incluyan el tema de los detenidos, en la segunda ronda de conversaciones.

“Al cumplirse un mes del anuncio del primer ciclo del actual proceso de diálogo político, y ante la posibilidad de un segundo ciclo a mediados de septiembre, desde CLIPPVE dirigimos una carta pública a Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y a las delegaciones que encabezan. La situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos no puede seguir ausente”, dijo el CLIEVE en su cuenta en X.

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Aseguró que “al menos 400 casos permanecen documentados por CLIPPVE, 37 de ellos con patologías graves, mientras cientos de familias siguen esperando respuestas frente a anuncios de liberaciones que no se han cumplido en los términos ofrecidos”.

La ONG solicita “un encuentro con ambas delegaciones, junto con víctimas y familiares, para presentar los casos documentados, las situaciones más urgentes y propuestas para avanzar hacia la restitución de sus derechos”.

“La libertad no puede ser una concesión ni una ficha de negociación. Es un derecho que debe ser restituido”, concluyó.

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La Red de Expresos Políticos por la Democracia (RED) planteó ante representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la necesidad de acompañar el proceso de excarcelaciones en Venezuela y de implementar una política de reparación integral que elimine antecedentes penales y frene la estigmatización financiera –como el bloqueo de cuentas bancarias– contra las víctimas de detenciones por motivos políticos. 

El planteamiento surgió durante una reunión donde las víctimas expusieron las dificultades que enfrentan después de recuperar la libertad y las condiciones de quienes permanecen encarcelados.

Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, explicó cómo desde la Red de Ex Presos Políticos por la Democracia solicitaron que ONU DDHH participe en la verificación de las excarcelaciones anunciadas recientemente. Existen diferencias entre las cifras divulgadas por el gobierno y los registros elaborados por organizaciones independientes, por lo que considera necesario contrastar las listas oficiales con las de las organizaciones de derechos humanos. 

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“Para nosotros es muy importante que la oficina del Alto Comisionado, que ha elevado la voz en defensa de los derechos humanos, que ha elevado la voz denunciando las dantescas violaciones a los derechos humanos, que tiene cifras claras sobre el tema de los presos políticos, participe en ese proceso con la comisión negociadora para la verificación de las excarcelaciones”, señaló.

Rojas, quien fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, sostuvo que la participación de Naciones Unidas también ayudaría a evitar que los presos políticos sean utilizados como instrumentos de negociación y permitiría determinar cuántas personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. “Desde la red reclamamos que las liberaciones sean “plenas” y no estén condicionadas a medidas cautelares que mantengan restricciones sobre los excarcelados. Tiene que haber una libertad plena. Muchos quedamos hoy con medidas cautelares que no tenemos libertad plena”.

Asimismo, pidió que los propios expresos políticos y sus familiares tengan participación activa en las conversaciones sobre el proceso de liberación y la transición democrática. “Fuimos víctimas de un régimen autoritario que llevó a miles de venezolanos injustamente tras las rejas solo por clamar democracia y libertad, nuestra voz debe ser escuchada y participar activamente en el proceso de negociación para así la justicia no sea plato de segunda mesa”, concluyó.

La comisión estuvo integrada por los expresioneros políticos José Riera, Williams Dávila , Nathan Ali Barillas Ramírez, Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas , Angel Godoy y Felix Perdomo.

Por su parte, el ex preso político Williams Dávila, integrante de la red, sostuvo que la discusión no puede concentrarse únicamente en la liberación de los detenidos. A su juicio, quienes recuperan la libertad necesitan garantías para reconstruir sus proyectos personales, familiares y profesionales.

“El derecho de reparación implica la adopción de medidas jurídicas, económicas, psicológicas y sociales, que no solamente se refieren a la compensación económica, sino también a la restauración integral de la dignidad y los proyectos de vida de las víctimas”, aseguró Dávila.

Planteó que el proceso debería incluir el reconocimiento formal de las víctimas, indemnizaciones por los daños ocasionados, recuperación de bienes, atención psicológica y médica, reintegración familiar, pensiones especiales y eliminación de antecedentes penales derivados de procesos que según los afectados estuvieron marcados por violaciones al debido proceso.

Dávila considera que la reparación debe estar acompañada de una declaración formal mediante la cual el Estado reconozca su responsabilidad y establezca garantías de no repetición.

“Ahí tiene que haber una declaración formal del Estado en donde sea el Estado el que asuma su responsabilidad, si estamos hablando de reincorporación, de reconciliación y sobre todo de la garantía de no repetición”, sostuvo.

Nota de prensa

Los familiares de los presos políticos marcharon este lunes y lograron llegar al Ministerio del Interior, rompiendo el cerco que quisieron imponer a su recorrido.

Aseguraron que no van a dejar las calles hasta que todos sean liberados.

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La Plataforma Unitaria Democrática emitió un reporte de actualización de las excarcelaciones de los últimos días e indicó que van 105 presos políticos que han salido, de los 131 anunciados la semana pasada por el Gobierno encargado.

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Por ello, la plataforma exigió que salgan todos los presos políticos, puesto que, según sus cuentas, aún quedan casi 500 tras las rejas.

"Hasta el momento solo hemos podido verificar 105 excarcelados. Por ello, exigimos una vez más procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos. Para lograr la libertad de todos, solo se necesita voluntad política.

Nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas, mientras la angustia y el dolor de los familiares de quienes aún permanecen privados de libertad siguen aumentando.

Igualmente hemos recibido información de nuevos casos de presos políticos que no habían sido denunciados, por lo que procedimos a ajustar el total de presos políticos que aún permanecen injustamente tras las rejas.", dijo la PUD en sus redes sociales,

Durante el último año, familiares de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos (CLIPPVE) han documentado decenas de casos con lesiones graves y padecimientos oncológicos, renales, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. La falta de atención médica adecuada y de medidas humanitarias oportunas ha comprometido la vida de los detenidos, derivando en fallecimientos bajo custodia o tras liberaciones tardías.

En un nuevo documento titulado “Salud y vida bajo custodia. Situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela”, Amnistía Internacional analiza la desatención de las autoridades a sus obligaciones y el riesgo inminente para la vida que enfrentan las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.

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El documento, elaborado a partir de los registros suministrados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) con fecha de corte al 13 de agosto de 2026, examina la situación clínica de 37 personas detenidas (civiles y militares). Entre las afecciones documentadas destacan diagnósticos de alta complejidad como cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, patologías neurológicas e infecciosas, afecciones de salud mental, así como pérdidas funcionales y lesiones presuntamente derivadas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y/o torturas, o malas condiciones de reclusión.

Amnistía Internacional resalta que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud y exige al Estado venezolano cumplir con su posición de garante, permitiendo evaluaciones médicas independientes y traslados hospitalarios urgentes.

Amnistía Internacional subraya que, al privar de libertad a una persona, el Estado asume una posición de garante y un deber reforzado de protección respecto a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. Dado que las personas bajo custodia no pueden procurarse alimentos, medicamentos ni atención especializada por sus propios medios, la falta de asistencia adecuada constituye una violación directa de los estándares internacionales.

El documento fundamenta sus exigencias en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las Reglas Nelson Mandela, las cuales estipulan la gratuidad, independencia y urgencia de la atención médica penitenciaria, así como el traslado inmediato a centros hospitalarios especializados cuando el penal no pueda cubrir la emergencia.

Los registros que ha hecho CLIPPVE se enmarcan en un patrón continuado de criminalización de la disidencia que Amnistía Internacional ha documentado desde 2017 (Silencio a la fuerza) y profundizado en investigaciones posteriores como Vidas detenidas (2023) o Detenciones sin rastro (2025). Hasta mediados de agosto de 2026, organizaciones de derechos humanos registraban al menos 448 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, sufriendo en muchos casos incomunicación prolongada, hacinamiento y un patrón de denegación o dilación prolongada de la atención médica.

Amnistía Internacional ratifica el pedido de libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. Más allá de la revisión de la legalidad de las detenciones o de las solicitudes de medidas humanitarias y liberaciones correspondientes, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a garantizar de forma inmediata:

Acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas.

Traslados hospitalarios oportunos: La remisión urgente a centros sanitarios del nivel de complejidad adecuado y el inicio sin demoras de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas pendientes.

Continuidad del tratamiento médico: El suministro sostenido de medicamentos y el acceso efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos.

Contacto con familiares y defensa legal: La garantía plena del acceso de las personas detenidas a sus familiares, abogados y a atención médica independiente, así como la comunicación oportuna e inmediata sobre cualquier traslado.

Amnistía Internacional concluye que la inacción u omisión en la atención sanitaria de personas bajo custodia estatal no solo contraviene los tratados internacionales ratificados por Venezuela, sino que transforma la privación de libertad en una pena adicional cruel e inhumana que pone en riesgo inminente la vida de los prisioneros.

La organización reitera que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Por ello, la adopción de medidas humanitarias urgentes, la atención médica cualificada e independiente y la revisión individualizada de cada caso resultan exigencias impostergables para evitar daños irreversibles o pérdidas de vidas humanas bajo la responsabilidad de las autoridades.

Amnistía Internacional

La ONG Realidad Helicoide identificó 49 centros de detención en Venezuela donde se encuentran presos políticos, según un registro actualizado a agosto de 2026.

“En Venezuela, el régimen sigue utilizando la tortura y detención arbitraria como política de Estado. Aún quedan más de 400 presos políticos detenidos injustamente. La infraestructura del Estado se utiliza para perseguir, torturar e invisibilizar a quienes piensan distinto”, dijo la organización.

En sus cuentas en las redes sociales, , la ONG publicó una lista de estos centros, donde incluye desde cárceles de máxima seguridad hasta comandancias policiales regionales. 

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Entre los centros con mayor cantidad de detenidos figuran El Rodeo I, con 107 presos políticos; Ramo Verde, con 78; Fuerte Guaicaipuro, con 46; Yare II, con 21; Yare III, con 18; Rodeo III, con 14; Rodeo II, con 13; Tocuyito, con 12; PNB Zona 7 Boleíta y La Crisálida, con 11 cada uno; CNA Las Acacias, con 10; INOF, con 8, y La Pica, con 7.

Agregó que, “además, también se registran personas en desaparición forzada y arresto domiciliario. Visibilizar cada rincón de esta red es el primer paso para romper la impunidad. Para que haya justicia, verdad y libertad real, es urgente desmantelar el crimen, liberar a todos los presos políticos y cerrar definitivamente los centros del terror en Venezuela”.

49 CENTROS DE TORTURA: DONDE AÚN HAY PRESOS POLÍTICOS. | 🔗: https://t.co/tLlHivTVMW En Venezuela el régimen sigue utilizando la tortura y detención arbitraria como política de Estado.Aún quedan más de 400 presos políticos detenidos injustamente. La infraestructura del Estado… pic.twitter.com/9ZNWu4RjyZ

Hay un momento en el que la libertad deja de ser algo cotidiano y se convierte en un recuerdo. Una puerta que se cierra, un vehículo que espera, hombres que aparecen de repente y una pregunta que comienza a repetirse: ¿qué va a pasar ahora?

Ese es el punto de partida de “Presos del régimen”, un documental que reúne los testimonios de dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y activistas sociales que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad venezolanas en medio de la persecución desatada contra quienes participaron en la campaña electoral de 2024.

Henry Alviarez, Dignora Hernández, Gabriel González, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar, Víctor Castillo y María Oropeza ponen rostro y voz a una historia marcada por el miedo, la incertidumbre y la resistencia. Cada uno cuenta, desde su propia experiencia, cómo fue privado de su libertad y qué ocurrió después, durante su permanencia en centros de detención y tortura del régimen.

El documental reconstruye una persecución que se intensificó después de las elecciones del 28 de julio de 2024. Para Perkins Rocha, aquel momento marcó un punto de inflexión: “Después del 28 de Julio, en el país empezó a sentirse un clima de rabia, frustración y de cierta agitación que poco a poco empezaba a brotar y paralelamente empezó a intensificarse la persecución y la búsqueda de personas ligadas al Comando con Venezuela”.

Los testimonios también describen las condiciones de quienes eran considerados cercanos a María Corina Machado. Según relatan, algunos fueron llevados a una celda conocida como “presurizada”, donde aseguran haber enfrentado condiciones de hostilidad y un trato dirigido a quebrarlos e intentar anularlos como seres humanos.

La persecución dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una experiencia personal. María Oropeza recuerda el miedo que sintió durante aquellos momentos: “Yo creí que me iban a matar. Si ya lo han hecho con otros, por qué conmigo no”.

En el caso de Dignora Hernández, la detención comenzó con una escena que en ese momento no alcanzaba a comprender. “Se acercaron unos hombres y unas mujeres y me hicieron lo que luego entendí en El Helicoide que se llama una ‘rueda de pescado’. Es decir, no me dejaban avanzar. En algún momento sentí zozobra e invertidumbre y duda de lo que estaba pasando. Después entendí que estaba siendo víctima del sistema al que me enfrentaba”, relata.

Después vendrían los interrogatorios, el aislamiento y la permanencia en centros de tortura. Los testimonios dan cuenta de condiciones extremas de reclusión, que incluían tener que dormir junto a ratas, una situación que los protagonistas describen como parte del trato utilizado para degradarlos y someterlos. El documental recoge también sus relatos sobre las condiciones que enfrentaron y las violaciones de derechos humanos que, según sus testimonios, sufrieron durante su encarcelamiento.

Para Henry Alviarez, sobrevivir a esa experiencia también implicó una batalla interior: “Viví un momento muy complejo que, si uno no está fortalecido espiritualmente, se derrumba”.

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Pero las historias de quienes aparecen en “Presos del régimen” no terminan en las celdas. También hablan de las razones que los llevaron a asumir la lucha por la libertad de Venezuela y de aquello que los sostuvo durante los momentos más difíciles.

Luis Tarbay explica que una de sus motivaciones fue precisamente el futuro de las próximas generaciones: “Al final nosotros tomamos la decisión pensando en el futuro, en nuestros hijos. Que ellos no tengan que pasar por esto que nosotros pasamos”.

Para Lourdes Villarreal, una de las frases que escuchó durante su cautiverio terminó convirtiéndose en un impulso para resistir: “Una custodia llegó a decirme: ‘tienes que sobreponerte. Lo que quieren ellos es que te autodestruyas. No dejes que te destruya el sistema’. Ahí dije que iba a luchar por mi hija, por salir de aquí”.

Los testimonios de Gabriel González, Freddy Superlano, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar y Víctor Castillo completan el relato de hombres y mujeres que pasaron de la actividad política, sindical, gremial o social a convertirse en prisioneros del aparato de seguridad venezolano.

La esperanza atraviesa el documental como una declaración de resistencia. Porque detrás de cada secuestro, hay una historia; detrás de cada celda, hay una persona y detrás de cada testimonio, permanece la memoria de quienes fueron privados de su libertad durante uno de los episodios más duros de la persecución política en Venezuela.

“Trataron de encarcelar los sueños de todo un país, pero no fue suficiente”.

Esa frase resume el espíritu de “Presos del régimen”: una historia sobre quienes fueron privados de su libertad, pero también sobre quienes se negaron a permitir que el miedo, las celdas y la persecución decidieran el futuro por ellos.

“Presos del régimen” es la segunda producción audiovisual de Methodo, consultora latinoamericana especializada en investigación social, estrategia, creatividad y comunicación.

El documental sucede a “Narcoterroristas”, la miniserie que superó los 25 millones de reproducciones y fue emitida en distintos mercados de América Latina y Estados Unidos. Con esta nueva producción, Methodo vuelve a articular investigación, narrativa audiovisual y una mirada profundamente humana para preservar la memoria de las víctimas, amplificar sus voces y contribuir a que la persecución política y las violaciones de derechos humanos en Venezuela no queden reducidas a cifras ni sepultadas por el silencio.

“Para nosotros, dar visibilidad a todo lo que ocurrió en Venezuela —y a lo que todavía sigue ocurriendo— es una obligación moral. No se trata solamente de contar estas historias, sino de impedir que sean olvidadas. Escuchar a sus protagonistas y ayudar a que sus voces lleguen más lejos y nunca más se repitan le da sentido a nuestro trabajo y sobre todo a nuestras vidas”, afirmó Patricio Hernández, CEO de Methodo.

Nota de prensa

La realidad de los presos políticos en Venezuela es, además de estar injustamente tras las cárceles, el enjambre propagandístico en el que su libertad queda atrapada. 

El gobierno encargado dice que 131 ya fueron excarcelados tras el acuerdo de la primera fase del diálogo, pero organizaciones en terreno confirman solo 78.

 La cifra oficial es cotejada por el gobierno de Estados Unidos y marca un peligroso punto: ¿Miraflores está engañando a la Casa Blanca?

Más información en nuestro canal de YouTube.

“La libertad no se anuncia, se concreta: plena, verificable y para todos”, as{i lo pidió este sábado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), en reacción con las 131 excarcelaciones anunciadas rl viernes por el Gobierno.

“El Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos excarcelados continúan sometidos a procesos judiciales y restricciones: excarcelar no siempre significa liberar”, dijo la ONG en un comunicado en sus redes sociales.

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Asimismo, ClippVe exige que se publique una lista con los nombres de todos los excarcelados.

“Exigimos listas públicas, verificación independiente, cierre de las causas arbitrarias y libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos”, manifestó.

“Su libertad no puede esperar por un nuevo TSJ ni utilizarse como instrumento de propaganda gubernamental o negociación política para postergar cambios democráticos urgentes”, sostuvo.

🚨COMUNICADO | La libertad no se anuncia, se concreta: plena, verificable y para todosEl Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos… pic.twitter.com/ILnNbrv90a

En medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela, y luego de que la presidenta de la AN del 2025, Dinorah Figuera, anunció que pronto habrá liberaciones de presos políticos, un tribunal condenó a 6 años de prisión a tres jóvenes trabajadores detenidos durante la represión poselectoral de 2024.

El anuncio lo hizo el Comité por la Libertad de Presos Políticos (ClippVe) en sus redes sociales, donde publicó un video de los familiares de los jóvenes.

La ONG dijo que el Tribunal 1.º de Juicio con competencia en terrorismo condenó este jueves 13 de agosto a seis años de prisión a Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, tres jóvenes trabajadores y pescadores artesanales de Falcón detenidos desde el 20 de septiembre de 2024.

Sus madres, Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez, llegaron al Palacio de Justicia con la esperanza de que sus hijos recuperaran la libertad después de casi dos años de prisión. 

La defensa solicitó libertad plena al sostener que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran los delitos imputados y evidenció contradicciones en las declaraciones de los testigos.

La audiencia de conclusiones comenzó cerca de las 3:00 p.m. y terminó alrededor de las 3:30 p.m. Los tres detenidos participaron de forma telemática desde los tribunales del estado Falcón, mientras sus madres permanecieron en la sala del Palacio de Justicia donde se celebró la audiencia. Allí conocieron que sus hijos habían sido condenados a seis años de prisión.

Los tres jóvenes fueron detenidos cuando regresaban de pescar, en pleno contexto de represión poselectoral. 

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Sus madres denuncian que funcionarios de la GNB les habrían fabricado evidencias —cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas— para acusarlos de terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico.

El juicio comenzó el 30 de abril de 2026, tras más de un año y medio de detención. Durante el proceso, las familias denunciaron violaciones al debido proceso, incluida la imposibilidad de contar con abogados de confianza. También solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero les fue negada.

“La condena ocurre apenas un día después de anunciarse acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano. Para estas madres, sin embargo, la injusticia continúa y se profundiza el sufrimiento”, denunció ClippVe.

“No puede hablarse de transformar la justicia mientras persistan procesos denunciados por graves violaciones al debido proceso y condenas sin pruebas suficientes. Roberto, Rafael y Olbis deben ser liberados”, concluyó.

 Varios exrehenes extranjeros que estuvieron presos en Venezuela e unieron en un video para pedir la liberación de los más de 500 presos políticos que siguen detenidos en Venezuela, entre ellos 40 extranjeros.

Marco Madrid, de Perú, afirmó: "Libertad, justicia y respeto para quienes fueron encarcelados arbitrariamente por intereses políticos". José María Basoa, de España, señaló que "la justicia comienza con el respeto a la dignidad y a los derechos de un pueblo valiente".

Ricardo Meléndez, también de Perú, recordó que "detrás de cada preso político hay una familia que espera con esperanza que esa persona regrese nuevamente con su familia". Charlie Kushtrim, de Suiza, pidió "libertad para todos nuestros hermanos extranjeros secuestrados en Venezuela", mientras Camilo Castro, de Francia, afirmó que "un país no puede progresar mientras exista la represión y la persecución por razones políticas".

Renzo Huamanchumo, de Perú y Estados Unidos, sostuvo que "la verdadera justicia es liberar a quienes jamás debieron ser privados de su libertad". James Lucky, de Estados Unidos, fue tajante: "La libertad no se negocia, la libertad se respeta".

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La pareja del preso libanés Said Awada, expresó: "Alzamos nuestra voz por la libertad, justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria. Que siempre prevalezcan la verdad y la justicia".

El gendarme argentino Nahuel Gallo advirtió que "los derechos internacionales no pueden ser violados", y pidió a la comunidad internacional no mirar hacia otro lado. Cerró el video Iván Colmenares, de Colombia, quien afirmó: "La libertad es un derecho de todos".

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, al 3 de agosto de 2026 hay 40 presos políticos de nacionalidad extranjera detenidos en Venezuela. 

El grupo más numeroso corresponde a personas de nacionalidad colombiana, con 11 casos, y colombiana/venezolana, con otros 11. Le siguen las nacionalidades española/venezolana e italiana/venezolana, con 5 casos cada una, y un caso cada uno de nacionalidad argentina, chilena/venezolana, chipriota/venezolana, cubana, guyanesa, libanesa, portuguesa/venezolana y trinitense.

Nota de prensa

Familiares de presos políticos, activistas y víctimas alertaron acerca del peligro que corren los venezolanos si el país se sale definitivamente del Estatuto de Roma y del sismeta mundial de justicia.

Por ello, entregaron este viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas (Distrito Capital), una misiva en la que exigen el ingreso a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante las denuncias sobre el patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en el país.

Un grupo liderado por Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel; la activista Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, y Óscar Murillo, director general de la ONG Provea, sostuvo una reunión en la sede de la Cancillería con Rodolfo Crespo, secretario general ejecutivo de este órgano del gobierno, en la que se planteó la posibilidad de establecer una mesa técnica para abordar las denuncias presentadas por los ciudadanos.

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“Se habló de nuestros procesos desde el momento de la detención, de las torturas, de cómo se ha deteriorado la salud de nuestros familiares mientras están en la cárcel, las personas que han fallecido bajo custodia del Estado. Se mencionó también que hay personas excarceladas que, meses después, han fallecido producto de no haber recibido atención médica mientras estuvieron en manos del Estado”, manifestó.

Anunció la conformación de una mesa técnica, que estará integrada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y otras instancias del Estado, y podría comenzar a instalarse a partir de la semana próxima.

 “Le comentamos acerca de los casos de patologías graves de salud, en el caso de las personas que aún se encuentran detenidas, y sobre las personas excarceladas que no tienen derecho a la identidad, con respecto a la cédula y al pasaporte”, añadió.

Los familiares se movilizaron desde la esquina de Carmelitas, en el centro de Caracas. Lograron apartar las vallas metálicas instaladas por la Guardia Nacional Bolivariana para restringir el paso y finalmente se concentraron frente a la sede del ministerio, donde protestaron de forma pacífica y denunciaron la vulneración de los derechos de los presos políticos y las condiciones de reclusión a las que permanecen sometidos.

Con información de El Nacional

Familiares de presos políticos pidieron este sábado incluir la liberación de sus parientes en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y exdiputados opositores.

Ese grupo de familiares tiene casi dos meses en un campamento instalado cerca de la embajada estadounidense en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, para pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.

Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que el «punto número uno» en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos «si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien» y «quieren una Venezuela limpia, libre y democrática».

 Sin embargo, tanto la delegación oficialista, liderada por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, como el grupo opositor, encabezado por Dinorah Figuera, anunciaron que los primeros temas serán la atención a las víctimas de los recientes sismos, el «fortalecimiento» de la democracia y «derechos y garantías políticas», de lo que no dieron detalles.

Morales expresó que «sería un honor» reunirse con Figuera debido a que, a su juicio, «entiende a todos los familiares de los presos políticos» ya que «se fue del país sabiendo que a ella también la podían meter presa» por pensar «diferente».

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 «Nosotros estamos acá y si quieren hablar con nosotros, acá los vamos a esperar», agregó.

Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, dijo a EFE que tiene «mucha esperanza» en este proceso debido a que participan políticos que integraron la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, que estuvo controlada por la oposición.

La joven indicó que, si bien «una gran cantidad» de presos políticos han sido excarcelados desde enero, cuando las autoridades anunciaron que serían liberadas un «número importante» de personas, aún «faltan muchos».

Según la ONG Foro Penal, todavía hay 379 encarcelados.

Yamileth Vidal, hermana del exalcalde Carlos Vidal, espera también que los participantes del diálogo «tomen en consideración la libertad de los presos políticos».

La delegación del Gobierno estará conformada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Rodríguez.

 Figuera, quien defiende la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015, estará acompañada por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

El diálogo comienza tras poco más de dos meses desde que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación «seria» con el Gobierno y con el acompañamiento de  EE. UU.U. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial «libre, transparente y soberana».

Sin embargo, estas nuevas conversaciones iniciaron sin la remio Nobelel de la Pazaz, quien el pasado fin de semana aseguró que no participó en su «diseño, construcción y funcionamiento».

Con información de Efe

  Los cientos de presos políticos aún tras las rejas en Venezuela padecen una "doble tragedia" después que dos potentes terremotos golpearon el norte del país hace casi un mes, denunciaron el miércoles oenegés y defensores de derechos humanos.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron el país el pasado 24 de junio, en especial el estado La Guaira, vecino de Caracas.

Al menos 5.346 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, según cifras oficiales. Edificios enteros quedaron reducidos a escombros, de los cuales aún voluntarios y rescatistas recuperan cuerpos.

"Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos", denunció en una rueda de prensa la activista Andreína Baduel, acompañada de representantes de oenegés como Amnistía Internacional y la local Provea.

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Las evacuaciones en centros penitenciarios como la cárcel militar de Ramo Verde y Rodeo I, ambas a las afueras de Caracas, se produjeron de forma "tardía", según Baduel. "Duraron 50 minutos sin ser evacuados" tras el doble sismo, se quejó la activista, quien reclama la excarcelación de su hermano Josnars Baduel.

En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

"Ya vivían una calamidad, por lo cual hoy se transforma en una doble tragedia", afirmó Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

En una torre de la cárcel Ramo Verde "el piso 5 sufrió graves afectaciones" por los sismos y los detenidos "han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles", denunció la activista.

Durante la conferencia, mensajes como "Protección humanitaria" y "Proteger la vida es una obligación" se leían en pancartas de familiares de presos políticos, que denuncian sufrir "torturas" y malos tratos.

"La crisis hoy agravada por los terremotos no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia", apuntó Oscar Murillo, coordinador de Provea. "Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien", dijo.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

La mandataria, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de detenidos por razones políticas. No obstante, expertos critican el instrumento por considerarlo insuficiente.

Con información de AFP

En la tarde de este viernes, los presos políticos Jackson Vera y Ricardo Cariel fueron excarcelados, luego de casi cuatro años de detención arbitraria.

La excarcelación fue confirmada por sus familiares y ONG defensoras de los derechos humanos. 

Vera y Cariel fueron detenidos el 5 de agosto de 2022 en el estado Táchira, sin orden de arresto, en lo que organizaciones de derechos humanos calificaron como un «montaje insostenible», y permanecieron recluidos en El Helicoide hasta el 3 de junio, cuando fueron trasladados a La Planta en El Paraíso, donde permanecieron hasta su liberación.

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“Por fin, después de casi cuatro años, tenemos en libertad a mi hermano y a Ricardo. Tenemos que seguir por la libertad de todos los presos políticos”, dijo Fabiana Vera, hermana de Jackson.

Mientras que Jean Carlos Cariel, hermano de Ricardo, pidió honrar a quienes no llegaron a ver la libertad: “Hubo compañeros que entraron caminando y salieron en una caja. Hoy al ver esta libertad cristalizada también tenemos que hacer memoria y honrar a los caídos, a quienes se fueron sin poder ver la libertad. Esto es fruto del trabajo, de la unión, de la solidaridad de todo el pueblo venezolano, de todas las familias de presos políticos, de todos los medios de comunicación y de todos los activistas. La lucha hasta el final, hasta que todos sean libres”, dijo.

Familiares de presos políticos recluidos en El Rodeo I denunciaron este viernes 10 de julio de 2026 una situación de extrema gravedad dentro del penal, luego de conocer, durante las visitas, que sus seres queridos habrían sido brutalmente golpeados el pasado domingo, informó el Comité de Presos Políticos (ClippVe).

Según los testimonios recibidos por las familias, funcionarios del centro de reclusión y/o cuerpos de seguridad ingresaron al área donde se encuentran los detenidos, los golpearon, les dispararon perdigones, les sustrajeron pertenencias y paquetería, y los obligaron a permanecer en las celdas pese al temor por las condiciones estructurales del penal tras los recientes sismos.

Hasta el momento, los familiares reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos personas identificadas por sus familiares como José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz. También denuncian varios heridos por perdigones, personas con golpes visibles y privados de libertad que presentarían síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre.

Las familias advierten que detenidos se comunican en condiciones extrañas, como si estuvieran sedados o bajo efectos de alguna sustancia, por lo que temen que exista una situación sanitaria o de intoxicación dentro del penal. Exigen atención médica inmediata, fe de vida de todos los desaparecidos y acceso urgente de abogados, familiares y organismos independientes.

La denuncia ocurre en medio de una creciente preocupación por la infraestructura de El Rodeo I. Familiares aseguran que los presos políticos han reportado fracturas en columnas y daños estructurales desde los sismos recientes. También denuncian que, pese al riesgo, los detenidos son devueltos a las celdas y castigados cuando piden ser evacuados o permanecer fuera de espacios que consideran inseguros.

“Ellos corren cuando tiembla, pero después obligan a nuestros familiares a volver a las celdas”, denunció una familiar en las afueras de la cárcel.

Las familias recuerdan que permanecen en vigilia desde el 8 de enero, esperando la libertad de sus seres queridos tras promesas públicas de excarcelación que no se han cumplido. Señalan que han pasado más de seis meses durmiendo en campamento, bajo angustia permanente, sin respuestas claras y con nuevos episodios de maltrato, tortura y desaparición.

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- Fe de vida inmediata de todos los presos políticos reportados como desaparecidos.- Atención médica urgente e independiente para los heridos y quienes presentan síntomas graves.- Ingreso de abogados de confianza y familiares.- Investigación inmediata sobre las golpizas, disparos de perdigones, robos de pertenencias y posibles actos de tortura.- Evaluación técnica independiente de la infraestructura de El Rodeo I.- Que los presos no sean obligados a permanecer en celdas potencialmente inseguras.- Pronunciamiento urgente de organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas y mecanismos de protección de derechos humanos.- Libertad plena de todos los presos políticos como medida humanitaria.

El ClippVe responsabiliza “al Estado venezolano por la vida, integridad física y salud de todas las personas privadas de libertad bajo su custodia. Las familias no quieren más muertes bajo custodia. No quieren más silencio. No quieren más promesas incumplidas”.

🚨 URGENTE | Presos políticos fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno en El Rodeo I el #5JulFamiliares de presos políticos recluidos en El Rodeo I denunciaron este viernes 10 de julio de 2026 una situación de extrema gravedad dentro del penal,… pic.twitter.com/e3qQemDQ7M