Theresly Malavé, abogada penalista y directora de la ONG Justicia y Proceso,  alertó sobre el estado crítico de los presos políticos con enfermedades crónicas en Venezuela.

En una entrevista con NTN24, Malavé afirmó que el Estado venezolano no tiene “la intención de trasladarlos a hospitales”.

 “Definitivamente, los ignoran. No hay intención de que vayan a mejorar, de trasladarlos a un hospital”, lamentó.

Aseguró que la situación no es diferente para aquellas personas a las que se les impuso arresto domiciliario, que también tienen complicaciones de salud.

“Lo que están en su casa por cárcel están en iguales condiciones, porque sencillamente no se les traslada al médico para que les apliquen sus tratamientos”, explicó.

Precisó que más de 50 presos políticos padecen de enfermedades crónicas.

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“Aquí lo que no se ha logrado entender, es que, lo que se suprime cuando la persona está presa es la libertad. El derecho a la vida y salud continúa intacto. Los demás derechos continúan intactos”, afirmó.

Recordó que consignó ante el Ministerio Público una petición de revisión de los 51 casos de presos políticos con enfermedades crónicas.  

“Consignamos una lista representativa, pero se la queremos dar en un pendrive con diagnósticos médicos y todo de los enfermos”, expresó.

También advirtió  que si no actúan, “van a morir más presos políticos en Venezuela”.  

Finalmente, rechazó que las autoridades “se burlen” de los venezolanos al anunciar cientos de liberaciones que no han ocurrido.

 “La pérdida de credibilidad absoluta en ellos. Primero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apersonó en un centro de reclusión y dijo que iban a salir; y detrás de eso vinieron huelgas, madres desmayadas, los muchachos en huelga de hambre. Ahora otra vez, y viene de la presidenta encargada de la República”, denunció.

Con información de NTN 24

A través de el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se conoció que el Ministerio Público se comprometió a la atención médica para los presos políticos del Rodeo I y del Fuerte Guaicaipuro.

La medida fue anunciada luego de una manifestación pacífica afuera del MP, donde los familiares de los presos políticos se reunieron con Pablo Fernández Blanco, subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales de este despacho 

El funcionario informó que en el Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro “iniciaron jornadas de atención médica primaria, que podrían pasar a atenciones especializadas”.

Por su parte, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, informó que aún esperan las liberaciones y recordó que en los centros de reclusión persisten las “condiciones de horror”.

El OVP destacó que “desde el Ministerio Público tampoco han dado respuesta a los familiares sobre las diversas denuncias de tortura y las 27 muertes en custodia del Estado, cifra que maneja el @Clippve”.

Los familiares de los presos políticos acudieron a la sede del Ministerio Público, luego de que no recibieron respuestas sobre su última reunión con Pablo Fernández.

“En la última visita quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos con las diferentes denuncias que hicimos y no tenemos respuesta, quedamos en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y eso no se ha cumplido”, dijo Hiowoanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas. 

Por otro lado, Ruth Molero, madre de un preso político en Rodeo I, y familiar de otros que están en distintos centros de reclusión, recordó que tienen más de 137 días en pernocta en las adyacencias de Rodeo I a la espera de que se concreten liberaciones.

  “Somos mujeres con patologías, basta de la falta de respeto del Gobierno, le pedimos que tengan empatía con las personas, que tienen la tensión alta, somos madres, esposas, hijas y estamos ahí por ellos”. 

Desde el OVP reiteraron su “apoyo a la lucha que llevan los familiares, seguiremos con nuestra documentación para transmitir esta y todas las acciones a los organismos internacionales”. 

“El Ministerio Público debe dar a conocer el resultado de las investigaciones sobre torturas, tratos crueles e inhumanos y deben tomar con seriedad la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, su compromiso es  con los ciudadanos y no con el Gobierno", remarcó el OVP. 

Tras una semana de haber regresado al país, el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, informó que  los tribunales tienen dos causas abiertas en su contra.

“Me mantienen dos causas abiertas por delitos que no cometí, y así lo voy a demostrar en esta y en todas las instancias”, dijo Toledo en un video colgado en sus redes sociales.

Luego de 10 años en el exilio, Lester Toledo regresó la semana pasada, y este lunes acudió a la Fiscalía General de la República y posteriormente al Palacio de Justicia en Caracas, para hacer las averiguaciones del estado de los casos abiertos en su contra.

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Recordó que la semana pasada  ingresó al país sin contratiempos por el aeropuerto de Maiquetía y luego se puso a derecho ante el tribunal y completó su presentación ante la Fiscalía.

   «Estoy en mejores condiciones que más de 600 compañeros que siguen presos por razones políticas, y el compromiso es que nadie se quede atrás», afirmó.

Toledo hizo un llamado a avanzar hacia la reinstitucionalización del país y las elecciones libres. «Volvamos a la política, a las soluciones. El futuro es ahora».

Una publicación compartida de Lester Toledo (@lestertoledo)

Este domingo falleció la señora María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero y preso político, Joan Enrique Cruz Sánchez, en el Hospital de San Juan de los Morros, estado Guárico.

Sánchez luchó por su vida durante tres días, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante, según reportó El Pitazo.

El ACV ocurrió  el 21 de mayo, cuando la señora supo que su hijo no fue incluido en las recientes excarcelaciones del caso Pdvsa-Obrero.

Como se recordará, 16 trabajadores de Amuay fueron liberados el 19 de mayo y otros 11 de la refinería de Cardón el 21 de mayo, todos recluidos en Yare II. 

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Pero Joan Enrique Cruz Sánchez permanece en ese mismo centro penitenciario.

Este caso, conocido como Pdvsa-Obrero, involucra a unos 170 trabajadores petroleros detenidos por denunciar irregularidades, exigir condiciones laborales dignas o negarse a firmar documentos que consideraban violatorios de la ley.

De esta forma, la muerte de María Concepción Sánchez se suma a la de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecida el 17 de mayo, diez días después de que el Gobierno de Delcy Rodríguez confesara que este había muerto 10 meses atrás, mientras ella lo buscaba.

Ya suman al menos seis madres  de presos políticos fallecidas en el contexto del encarcelamiento de sus hijos.

🚨 FALLECIÓ LA MADRE DEL PRESO POLÍTICO VINCULADO AL CASO PDVSA-OBREROFamiliares informarían la muerte de María Concepción Sánchez, madre del trabajador de PDVSA y preso político Joan Cruz Sánchez. Según @RunRunesWeb, sufrió un ACV tras conocer que su hijo no fue liberado pic.twitter.com/MTw00lNath

Han pasado siete años desde que Beatriz Salas escuchó por última vez a su hijo Hugo Marino. El caso encaja dentro de un patrón de desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela que defensores de derechos humanos denuncian desde hace años.

El destino de Marino despierta aún más preocupación luego de que se supo de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 50 años detenido en enero de 2025 y cuyo deceso bajo custodia del Estado se mantuvo oculto durante nueve meses.

Su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incansablemente durante 16 meses, hasta que el 7 de mayo el gobierno notificó su muerte. Diez días después murió ella.

Lo ocurrido a Quero es "un caso emblemático y tememos que ese haya sido el lamentable destino de estas personas", indica Érika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional.

"Nuestra experiencia en todo el mundo nos ha dicho que el crimen de desaparición forzada es conducente a otros crímenes como la ejecución extrajudicial", añade.

La preocupación de que casos como el de Quero se repitan está "latente", comenta a la AFP Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), organización que estima unas 50 desapariciones forzadas.

Sin embargo, no hay certeza sobre la cifra total, en parte porque muchas familias se han negado a denunciar por miedo, afirma Casanova.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, dijo que ofrecerá resultados de una investigación para "esclarecer lo ocurrido" con Quero.

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Los órganos de justicia están obligados a ofrecer información sobre una persona detenida y cumplido un lapso de 48 horas celebrar una audiencia de presentación ante un tribunal, explica Oscar Murillo, de la ONG Provea.

Además, las cárceles deben tener listados visibles con los nombres de los privados de libertad para que su familia y defensores puedan ubicarlos.

Pero en Venezuela esto no se cumple. Los familiares se ven obligados a recorrer cárceles y comandancias policiales sin respuestas, ni acceso a listas de prisioneros.

Fue lo que vivió Carmen Teresa Navas cuando peregrinó por varias cárceles en busca de su hijo. En todas se lo negaron.

Marino Alvarado, también de la ONG Provea, comenta que "la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado en Venezuela".

Amnistía Internacional documentó 17 desapariciones forzadas en Venezuela en su informe de 2025. De esas al menos 11 siguen en paradero desconocido.

Hugo Marino, nacido el 27 de agosto de 1964, vivía en Miami (Estados Unidos). Llegó a Venezuela en abril de 2019 en un viaje que debía ser de apenas unos días. Se comunicó poco después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. Fue la última vez.

Inquietos por la falta de noticias sobre él, sus familiares lo buscaron en hospitales, estaciones policiales y morgues.

Gracias a dos conocidos que tenían contactos en el gobierno, su familia logró saber que había sido detenido por agentes de inteligencia.

A sus 82 años Beatriz Salas dice no perder la fe de volver a abrazar a su hijo. "Ellos se lo llevaron vivo y así me lo tienen que entregar", clama durante una videollamada con la AFP.

Desde el 20 de abril de 2019 la familia de Hugo Marino, de nacionalidad venezolana e italiana, especialista en hallar aviones siniestrados, no ha parado de buscarlo.

"Cuando desaparece una persona este régimen se lleva con él la familia. Destruyen al que se llevan y destruyen al núcleo familiar", dice Salas, residenciada en Estados Unidos.

Desde hace siete años el tiempo se detuvo para ella, su nuera y sus dos nietos.

Su búsqueda sigue. "Me tengo que ir de esta tierra para no seguir buscando a mi hijo", afirma.

Con información de AFP

  Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, afirmó que 8.713 personas recuperaron sus derechos totales a través de este instrumento legal.

Al ofrecer un balance actualizado de la situación de los presos políticos en Venezuela, dijo que el sistema ideado por la comisión recibió 14.975 solicitudes, de las cuales 12.350 resultaron válidas.

En una entrevista con el Circuito Éxitos, Bracho informó que además de las libertades plenas, 8.394 ciudadanos cuentan con medidas cautelares y 32 militares obtuvieron el beneficio.

Sin embargo, la parlamentaria advirtió que la organización Foro Penal aún registra 457 personas en prisión por causas políticas.

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🚨 457 PRESOS POLÍTICOS SIGUEN DETENIDOSLa dirigente política, @NoraBracho, informó que, según el cruce de datos con el @ForoPenal, actualmente se contabilizan 457 personas que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. pic.twitter.com/47WVLXdFZu

Asimismo, Nora Bracho denunció la crisis en los centros de reclusión, situación que calificó como “humillante desde todo punto de vista”, para los reclusos.

Detalló que los presos y sus familiares sufren atropellos, requisas indignas y el retiro forzoso de suministros alimenticios. Por ello, solicitó una revisión que dignifique el ingreso y la salida de los parientes en las cárceles.

Sobre casos puntuales, Bracho celebró la reciente salida de Nerlis Sarcos y Rafael Ramírez. Sin embargo, la diputada insistió en que la libertad de Navil Malu, exalcalde de Cabimas, y de Fernando Loaiza, exalcalde de Catatumbo, resulta vital por su carácter simbólico.

 Bracho sostuvo que la Comisión de Seguimiento busca una salida política para todos aquellos que aún no reciben el beneficio de la amnistía.  

Igualmente, dijo desconocer la lista de las 300 personas cuya excarcelación fue anunciada por Jorge Rodríguez y de las cuales solo se sabe que han salido menos de 40, segun el Foro Penal.

  Erika Guevara Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, sostuvo una reunión con el fiscal general, Larry Devoe, a quien le reiteró un conjunto de demandas urgentes relacionadas con la situación de derechos humanos en Venezuela.

En el encuentro, la representante de la organización internacional insistió en la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, señalando que estas detenciones constituyen una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional sobre Venezuela.

 Guevara Rosas también exigió el cese de graves violaciones de derechos humanos, entre las que mencionó detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, prácticas que —según Amnistía Internacional— han sido documentadas de manera reiterada en el país.

Asimismo, la activista planteó la necesidad de avanzar hacia el desmantelamiento del aparato de represión estatal, el cual —indicó— incluye leyes, prácticas e instituciones que habrían sido utilizadas para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico.

Otro de los puntos centrales expuestos fue la reapertura de Venezuela al escrutinio internacional, con el acceso pleno de mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías especiales de las Naciones Unidas, además de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

La organización reiteró que la cooperación con estos mecanismos internacionales es clave para garantizar transparencia, justicia y protección de las víctimas, en un contexto en el que diversas ONG han advertido sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales.

Amnistía Internacional ha mantenido en los últimos años una postura crítica sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, alertando sobre patrones de represión contra personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno.

Con mis colegas de @amnistia sostuvimos una reunión con el Fiscal General de #Venezuela para reiterar demandas urgentes e ineludibles:

📌 la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos; 📌 el cese de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; 📌 el desmantelamiento del aparato de represión, que incluye leyes, prácticas e instituciones que han sido instrumentalizadas contra la población, y 📌 la reapertura al escrutinio internacional, con acceso pleno al país de mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la @CIDH y las relatorías de la  @ONU_es. Erika Guevara.

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Por otro lado, la integrante de Amnistía Internacional  reconoció que desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, algunas cosas han cambiado y se han liberado a presos políticos. Sin embargo, alertó que el aparato represor no se ha desmantelado y en «cualquier momento» se puede reinstalar.

 «Es importante reconocer, sin lugar a dudas, que ha habido un cambio, que hay una oportunidad, que se ha abierto un pequeño espacio en este cierre completo del espacio cívico. Hemos visto personas defensoras de los derechos humanos (…) siendo liberadas, excarceladas», indicó la activista tras participar del acto inaugural de una jornada sobre derechos humanos en Venezuela.

«En este encuentro, en esta jornada por la defensa de los derechos humanos, hay muchas de estas personas que fueron presas de conciencia, detenidas arbitrariamente, y eso no podemos negarlo», añadió la también abogada.

🗣️ AI EXIGE LIBERACIONES Y EL FIN DE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA@ErikaGuevaraR de @amnistia se reunieron con el Fiscal General de Venezuela para exigir la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato de represión y el acceso de la ONU y la CIDH al país pic.twitter.com/Jy35LCvNg1

Con información de Efe

breroDurante la mañana de este martes 19 de mayo fueron  excarcelados varios presos políticos que estaban en el Centro Penitenciario de San Francisco de Yare, en el estado Miranda.

Según reportes y videos publicados en las redes sociales, se trata de 17 personas, que se suman a quienes salieron de la cárcel en la noche y madrugada de este 18 de mayo.

En las imágenes se puede apreciar que los presos salieron vestidos de azul celeste, levantando las manos en señal de celebración.

Los presos fueron recibidos entre gritos, lágrimas  y aplausos de parte de sus familiares.

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Estas excarcelaciones ocurren semanas después de que la Ley de Amnistía dejó de tener vigencia, según dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Extraoficialmente, se supo que parte de estos presos forman parte del caso de PDVSA- obrero.

🚨 EXCARCELAN A 17 PRESOS POLÍTICOS EN YAREEste 19May se registró la excarcelación de 17 presos políticos en la cárcel de Yare, en medio de una jornada marcada por el reencuentro con sus familiares y la expectativa de nuevas liberaciones pic.twitter.com/APFlt4Cvsa

A través de sus redes sociales, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó la noche de este lunes   sobre la liberación de varios presos políticos, luego de una pausa de semanas, desde que anunciaron que  la Ley de Amnistía ya no tenía vigencia.

Entre los liberados destaca la adolescente Samanta Sofía Hernández Castillo, quien permanecía detenida desde noviembre de 2025 en la Entidad de Atención de Antímano.

Familiares de la joven confirmaron que Samanta recuperó su libertad luego de casi seis meses presa. La organización sostuvo que la adolescente fue arrestada arbitrariamente el 19 de noviembre de 2025, cuando tenía apenas 16 años de edad.

 El ClippVe  recordó que la detención de Hernández Castillo ocurrió en el contexto de una “política de persecución y castigo familiar” contra personas consideradas disidentes por el Estado venezolano, práctica que identificaron con el término alemán “Sippenhaft”, utilizado para describir represalias contra familiares.

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EN CASA | Samanta Hernández ya se encuentra con su familia tras ser excarcelada de una prisión injusta por motivos políticos, como víctima de la práctica de “Sippenhaft”, siendo apenas una adolescente de 16 años, este lunes #18May.Nunca debió estar presa.#QueSeanTodos… pic.twitter.com/P3jN2UPVHB

Aseguró que la joven “nunca debió estar presa” y celebró su reencuentro con sus familiares tras su excarcelación.

Por otro lado, también liberaron a Merys Torres de Sequea de 71 años, y al abogado de Monagas, Antonio Martínez.

🚨 LIBERACIONES EN CURSO Luego de una larga pausa en las liberaciones y excarcelaciones, se concretan algunas pocas en las últimas horas, según informó el @clippve.Los primeros liberados serían Merys Torres de Sequea (71 años) y el abogado de monagas Antonio Martínez. pic.twitter.com/cRckuIK9Fr

Activistas,  defensores de los DD. HH., familiares y amigos de presos políticos participaron este viernes en una misa en honor a Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Estado.

Los asistentes acompañaron en sus oraciones a Carmen Navas, madre de Víctor Hugo.

La misa se llevó a cabo en la iglesia de La Candelaria, en el centro de Caracas.

Durante la misa, los asistentes elevaron oraciones por Quero Navas y por todas las madres y familiares de presos políticos en Venezuela. 

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MISA | Hoy, activistas, amigos y familiares de los presos políticos se reunieron en la Iglesia La Candelaria, en el centro de Caracas, para asistir a una misa en honor a Víctor Hugo Quero, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Estado. Durante la ceremonia, los… pic.twitter.com/zrDnxmlVu3

Ratificaron los llamados para que se haga justicia y exigieron respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en el país.

  “Hoy, nuestras oraciones están con ella y con todas las madres que tienen a sus hijos injustamente detenidos”, dijeron.

🕊️ PIDEN POR EL DESCANSO DE VÍCTOR HUGO QUEROEste 15May, un sacerdote de la Iglesia La Candelaria elevó una oración por el descanso eterno de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano pic.twitter.com/NCP98J8Obl

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, y llama a su liberación inmediata e incondicional. 

Al mismo tiempo, expresa una enérgica condena por la muerte de quienes han fallecido bajo custodia en estas circunstancias y se solidariza con sus familiares.

La CIDH sigue recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de la libertad, incluido el empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, junto con graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial. 

Hasta abril de 2026, la sociedad civil reportó que 454 personas seguirían privadas de la libertad por razones políticas. 

Asimismo, denunció la continuidad de prácticas de desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica como parte de la represión por parte del régimen que continúa detentando el poder. 

Datos disponibles señalan que, al menos 18 personas detenidas por razones políticas han fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y, más recientemente, Víctor Hugo Quero Navas.

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🚨 CIDH EXIGE LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA@CIDH expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y exigió la liberación inmediata de los presos políticos. También condenó las muertes bajo custodia del Estado y denunció torturas, desapariciones pic.twitter.com/nB1gPQVzcd

Si bien el régimen ha adoptado medidas incipientes para la liberación de personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, estas han tenido un alcance limitado y aplicación reducida. 

La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, promulgada el 19 de febrero de 2026, benefició a más de 8.000 personas según fuentes oficiales. 

Estas cifras contrastan con las recogidas por la sociedad civil, que indican que solo 186 personas resultaron favorecidas y obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares que restringen sus derechos, sin sobreseimiento ni libertad plena. 

A su vez, la sociedad civil informó sobre 777 solicitudes de aplicación de dicha ley, de las cuales 322 fueron negadas, 96 apeladas, 434 en espera de decisión y 19 aprobadas, en su ejercicio de defensa jurídica.

El 23 de abril, Delcy Rodríguez, la presidenta interina, anunció el fin de la aplicación de la denominada “Ley de Amnistía”, bajo el argumento de que su implementación ya habría concluido. 

Esto, pese a cuestionamientos sobre la competencia constitucional para revocar una ley promulgada por la Asamblea Nacional. Esta circunstancia corrobora que en Venezuela no existe separación e independencia de los poderes públicos y que el Sistema de Justicia continúa operando como un apéndice del Poder Ejecutivo, perpetuándose la ausencia de un Estado de Derecho.

La privación arbitraria de la libertad, caracterizada por graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales tanto en las personas que la sufren y sus familias, así como en la sociedad en su totalidad, constituye una grave violación a los derechos humanos.

 En esta línea, está expresamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, su uso por motivos políticos constituye una de las expresiones más graves del debilitamiento del Estado de Derecho y un menoscabo a los principios democráticos que sustentan el Sistema Interamericano.

La Comisión insiste en su llamado al cese de todas las detenciones arbitrarias en Venezuela, recordando que las liberaciones parciales no eximen al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y estándares interamericanos. 

Al tiempo, insta a garantizar el acceso pleno y verificable a la información pública, en particular las listas de personas detenidas y procesadas por motivos políticos, así como las beneficiarias de amnistía y su estado procesal.

La CIDH exhorta al régimen en Venezuela a dar paso al proceso de restauración del orden democrático y el Estado de Derecho. 

Asimismo, llama a la comunidad internacional a exigir condiciones que permitan la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, para lo cual resulta crucial fijar, sin dilaciones, la fecha de las elecciones presidenciales y demás cargos de elección popular.

Finalmente, la CIDH reitera su disposición firme e inquebrantable de realizar una visita in loco al país, para observar la situación de derechos humanos en el territorio venezolano.

Con información de prensa CIDH

Cumplidos cuatro meses de la noche en la que fue liberado del penal de máxima seguridad de El Rodeo y de que el ministro Diosdado Cabello, en persona, lo entregara a la embajada de España en Caracas junto a cuatro españoles más, el periodista canario Miguel Moreno defiende que Venezuela los «secuestró» y utilizó como «rehenes políticos».

De 34 años, Moreno ha preferido hasta ahora no hablar de cómo la Armada Bolivariana apresó el barco de bandera panameña y capitán neerlandés para el que trabajaba, dedicado a buscar pecios hundidos, ni de sus 209 días de cautiverio. Ha permanecido callado hasta que todos sus compañeros han sido liberados, para evitar perjudicarlos.

 En una entrevista con EFE, rompe su silencio para denunciar que los nueve tripulantes del buque N35 fueron capturados el 11 de junio de 2025 sin causa en aguas internacionales, los «secuestraron» y los acusaron sucesivamente de espiar para Guayana, de buscar yacimientos petrolíferos en aguas de Venezuela y de colaborar con el narco.

Nada de ello se sustanció. Tras seis días en isla de Margarita, donde los interrogó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los condujeron al estado Miranda, al penal de El Rodeo, y al cabo de un mes los sentaron ante un juez para leerles los cargos.

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Fueron estos: terrorismo, financiación del terrorismo, asociación de terrorismo y atentado contra la soberanía de Venezuela, los mismos que figuran en el documento con el que Moreno salió de prisión y entró en la embajada española en Caracas, acompañado de Andrés Martínez, José María Basoa, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel, los otros presos españoles.

El periodista canario no ha regresado aún del todo a su vida. Tampoco ha recuperado su trabajo ni Venezuela les ha devuelto el barco. Además, su mente le devuelve a El Rodeo con más frecuencia de la que desearía, al recordar a los presos que permanecen allí.

«El momento más duro es cuando se cierra la celda», rememora. En sus casi siete meses en El Rodeo, Miguel Moreno habitó en un cubículo de 1,80 por 3,50 metros, donde, «si abría los brazos, tocaba las paredes». Compartido con otro preso, poco ventilado, con colchones en el piso y un agujero en el suelo como váter.

«Cuando escuchas el candado a tus espaldas, es durísimo. Te das cuenta de que has llegado a la estación final», relata.

 Las condiciones de retención eran miserables, subraya: las cucarachas y los mosquitos hacían estragos. Los sacaban al patio de 45 a 60 minutos diarios, solo de lunes a jueves. En la celda, ninguna distracción, nada que leer, apenas una Biblia. Eso para los extranjeros, precisa, que eran «rehenes de alto standing», pero para los venezolanos había un lugar aparte, «un hoyo aún más profundo».

«Muchos caían en la depresión. Intentos de suicidio había cada dos semanas. Algunos lo intentaban incluso tirándose de cabeza al suelo desde la litera. Si pensabas en el sufrimiento de la gente que te esperaba fuera, te afectaba. Era mejor dejarlo de lado y concentrarse en lo que dependía de ti», cuenta.

En El Rodeo, los reclusos están aislados de lo que sucede en el mundo, solo reciben las noticias que traen los recién llegados y la propaganda oficial reproducida por la megafonía de la prisión.

Por los programas de Maduro y Cabello (‘Con Maduro más’ y ‘Con el mazo dando’), comenzaron a intuir que algo grave sucedía o estaba a punto de pasar con Estados Unidos, una crisis militar. En realidad, relata el periodista, leían entre líneas, percibían un cambio entre las primeras arengas de resistencia del oficialismo y los últimos discursos de Maduro definiendo a Venezuela como «una nación de paz».

«Escuchaba aquello y me decía: Tío, ya no soy ni preso político, yo soy prisionero de guerra. Este país está en guerra. Le están hundiendo barcos en el este. Esta gente habla de guerra», relata.

Guerra no hubo, pero sí una operación militar relámpago en la madrugada del 3 de enero, que capturó a Maduro y se lo llevó a Nueva York. En El Rodeo, vivieron en directo lo que estaba pasando en forma del ruido de los aviones y helicópteros sobrevolando toda la noche sobre el penal, pero no supieron los detalles hasta dos días después.

El día 8 de enero de 2026, a los españoles les afeitaron la cabeza y los liberaron. «Fui un rehén político al que se usó no sé para qué. A mí, a día de hoy, me pregunta mucha gente por la calle ¿tú, por quién estás libre? ¿Por Trump (el presidente estadounidense) o por Zapatero (el expresidente español)? Y no lo sé».

«Tampoco sé por qué acabé preso, ni qué negociaciones se llevaron a cabo o qué importancia teníamos para quien fuera. Pero llegó un momento, después de la captura de Maduro, en el que se empezó a liberar a todos los internacionales en bloque», apunta.

Ahora que ya está en casa, tiene un reproche colectivo para todos los gobiernos de los europeos liberados, incluido el de España: cree que no se han ocupado como es debido de ellos.

«Como no somos culpables ni somos nada, estamos en un limbo, no nos van a ayudar a reinsertarnos», se lamenta, mientras muestra una foto de compañeros suyos de reclusión protestando ante la sede de la ONU en Ginebra, encapuchados, como cuando los trasladaban.

«Es como si lo que nos ha pasado no hubiera existido. Entiendo que esto no pase de manera habitual, pero no es excusa para que el Estado entero se desentienda y no hayamos recibido ningún tipo de atención por su parte», razona.

Con información de EFE

La mañana de este viernes falleció Carlos Giuliani,  padre de Germán Darío Giuliani, abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025.

Según reportes difundidos por la familia del preso político y medios argentinos, el hecho se produce en medio de la prolongada detención del ciudadano argentino, quien permanece recluido en territorio venezolano bajo acusaciones de detención arbitraria y sin debido proceso.

 “Falleció mi papá hoy 8, el día de su cumpleaños. Estaba muy mal. ¡Su salud deteriorada no soportó el estrés emocional que lo destruyó! Su hijo Germán Giuliani, tirado en una celda, no pudo despedirse. Quiero  ver los pedidos del gobierno argentino a Delcy Rodríguez”, publicó en sus redes sociales Vanessa Giuliani, hermana de Germán.

“Es una situación desesperante. No sabemos cómo está Germán ni cuándo podrá recuperarse su libertad”, ha expresado su esposa Virginia Rivero en declaraciones previas a medios internacionales.

Por su parte, la activista venezolana radicada en Argentina, Elisa Trota, destacó que "en menos de 24 horas hemos recibido dos noticias desgarradoras, ambas ligadas a los presos políticos en Venezuela. Primero, la muerte de Víctor Quero, a quien su madre no pudo despedir. Ahora, la muerte de Carlos Giuliani, a quien su hijo, secuestrado todavía por el régimen de Delcy Rodríguez, tampoco pudo despedir”, publicó la fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia a través de su cuenta en X.

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Falleció mi papá hoy 8 el día de su cumpleaños. Estaba muy mal.Su salud deteriorada no soportó el stress emocional que lo destruyó ! Su hijo Germán Giuliani tirado en un a celda no pudo despedirse.Quiero ver los pedidos del gobierno argentino a Delcy Rodríguez @pabloquirno

Agregó que la salud de Carlos Giuliani “se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán”.

“Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre”, destacó.

 Los familiares y representantes legales han elevado el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde han solicitado medidas cautelares urgentes ante posibles violaciones graves a los derechos humanos.

“La presentación busca proteger su vida e integridad, porque no tenemos información oficial confiable sobre su situación”, sostuvo la abogada del caso durante el proceso ante el sistema interamericano.

Con información de agencias.

“Desde el año 2014, Venezuela ha sido testigo de un patrón sistemático de represión donde la cárcel no solo funciona como un espacio de aislamiento, sino como un mecanismo de aniquilación. Con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia asciende a 27”, denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

“Estos decesos no son hechos aislados, sino que constituyen una modalidad de ejecución que se oculta tras la desidia burocrática y la opacidad institucional”, dice la organización en un comunicado en su página web.

Agrega que “la muerte de un preso político bajo custodia del Estado no es un evento fortuito ni una fatalidad administrativa; es la expresión más extrema de la persecución política”.

“En un sistema donde el Estado asume el control total sobre la vida de un individuo al privarlo de su libertad, cualquier deceso en prisión se presume, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, como una responsabilidad estatal directa”, afirma.

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La muerte en custodia de un preso político suele ser el resultado de una tríada de violaciones deliberadas:

La tortura y los tratos crueles: El daño físico infligido durante los interrogatorios o como castigo disciplinario debilita la integridad vital del detenido.

La negación de atención médica: La desatención médica como forma de castigo físico y emocional. Negar el traslado a un centro asistencial o el acceso a medicamentos y atención médica es, en la práctica, una ejecución en cámara lenta.

La omisión de medidas humanitarias: El sistema judicial ignora sistemáticamente las solicitudes de medidas alternativas a la privación de libertad, incluso cuando el deterioro de la salud es evidente e irreversible, contraviniendo el principio de humanidad.

El fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas representa uno de los capítulos más oscuros y desconcertantes de esta cronología. Su caso trasciende la negligencia para entrar en el terreno de la perversión institucional:

Desaparición forzada y peregrinaje: Durante 16 meses, su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años y sin recursos, recorrió cada eslabón de la estructura estatal —cárceles, tribunales, el CICPC, el Ministerio Público y el Ministerio de Servicio Penitenciario— recibiendo solo silencio o información falsa. Mientras los tribunales afirmaban que estaba en el Rodeo I, los funcionarios del penal lo negaban.

La contradicción cronológica: Es inadmisible que el Estado notifique hoy una muerte ocurrida, según sus propios registros, hace casi un año (24 de julio de 2025). Resulta una burla al derecho a la verdad que, en octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo replicara información del Ministerio Público – sin verificar – en cuanto a que Quero permanecía recluido, cuando para esa fecha ya habría fallecido.

La destrucción de la evidencia: En el comunicado emitido el día de hoy, el Ministerio Público añade un agravante: alegan no tener registros de familiares de Quero Navas durante su reclusión y que, bajo ese pretexto, procedieron a la inhumación del cuerpo. Esta acción no es un protocolo administrativo; es, en la práctica, la eliminación de la evidencia física y el último acto de violencia contra una madre que nunca dejó de buscarlo. Al inhumarlo sin presencia familiar, el Estado ha intentado borrar el rastro de lo que ocurrió dentro de esas paredes.

La ironía de la amnistía denegada: El hecho de que se emitiera una decisión negando su amnistía apenas días antes de confirmar su muerte —ocurrida meses atrás— revela que el sistema judicial ni siquiera tiene control sobre la existencia física de las personas que procesa. Se juzgó y se negó la amnistía a un hombre que ya era cenizas.

Ante la muerte de Quero Navas, la «investigación» no puede quedar en manos de las mismas instituciones que lo custodiaron, lo incomunicaron, ocultaron su deceso y las circunstancias en las que se dio. Exigimos la aplicación del Protocolo de Minnesota (2016) para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

Una investigación independiente es la única vía para determinar la responsabilidad de los funcionarios que, por acción (tortura) u omisión (negación de información y auxilio), permitieron este desenlace. La autopsia y las experticias médico-forenses deben ser practicadas por especialistas externos que garanticen que la verdad no sea enterrada junto con la víctima.

Víctor Hugo Quero Navas no es una cifra, es el cierre de una lista de 27 ciudadanos presos por razones políticas que el Estado no protegió bajo su custodia y que hoy ya no están. A continuación, recordamos a quienes le precedieron en esta cronología de desprotección, cuyas muertes en centros de reclusión o sedes de inteligencia siguen siendo una deuda de justicia pendiente:

Rodolfo Pedro González (murió el 12/03/2015 en El Helicoide)Carlos Andrés García (murió el 17/09/2017 en El Helicoide)Rafael Arreaza (murió el 30/11/2017 en Ramo Verde)Fernando Albán (murió el 8/10/2018 en el SEBIN)Modesto Díaz  (Murió el 4/11/2018 en el SEBIN)Nelson Martínez (murió el 12/12/2018 en la DGCIM )Virgilio Jiménez Urbina (murió el 5/02/2019 en la cárcel de Uribana – Lara )Ángel Javier Sequera Romero (murió 9/03/2019 en los calabozos del CICPC – Bolívar )Elwin Mendoza (murió el 24/03/2019 en el Destacamento 113 de la GNB-Zulia)Rafael Acosta Arévalo (murió el 19/06/2019 en la DGCIM)Wilfredo José Heredia Rodríguez (murió el 9/02/2020 en la DGCIM)Luis Armando Monsalve Estaba (murió el 31/05/2020 en la DGCIM)Pedro Pablo Santana (murió el 14/08/2020 tenía arresto domiciliario).Salvador Franco (murió el 03/01/2021 en el Internado Judicial Rodeo II)Gabriel Andrés Medina Díaz (murió el 29/08/2021 en el Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela de La Pica – Monagas)Raúl Isaías Baduel (murió el 12/10/2021 en El Helicoide)Armando Flores Piñango (murió el 23/08/2022 en Ramo Verde).Nelson Adan Girón Giménez (murió el 31/10/2024 en el Hospital Pablo Acosta Ortiz) .Asdrubal Santana  (murió el 8/11/2024 durante su traslado al Seguro Social del municipio Biruaca)Jesús Manuel Martínez Medina (murió el 14/11/2024 en el Hospital Luis Razetti de Barcelona – Anzoátegui – estaba bajo custodia de la PNB)Jesús Rafael Álvarez (murió el 12/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo).Oswal Alexander Gonzalez Pérez (murió el 16/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo )Reinaldo Araujo (murió el 24/02/2025 en los calabozos de la Policía de Trujillo )Lindomar Jesús Amaro Bustamante (murió 03/05/2025 en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón)Alfredo Javier Díaz Figueroa (murió el 06/12/2025 en El Helicoide)Edison José Torres Fernández (murió el 10/01/2026 recluido en Zona 7, Caracas)⁠Víctor Hugo Quero Navas  

Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado —desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero— son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política.

No aceptamos la notificación tardía como un acto de justicia; la consideramos una confesión de culpabilidad. La lucha de madres como Carmen Navas no es solo por la recuperación de un cuerpo o de un acta de defunción, es la demanda de una nación que exige que nunca más la custodia estatal sea sinónimo de desaparición y muerte. La justicia verdadera solo llegará cuando se establezcan las responsabilidades individuales y estructurales de quienes transformaron las cárceles en recintos de impunidad mortal.

La tarde de este jueves, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas de 51 años.

Después de meses de desaparecido y de la búsqueda incesante de su madre, Carmen Teresa Navas, el despacho informó en un comunicado  que Quero Navas falleció en julio del año pasado.

La señora de 82 años pasó meses de penal en penal buscando a su hijo y en ningún lugar le informaban qué le había ocurrido.

Solo hace algunos días, la Defensoría del Pueblo citó a la señora Navas para hablar del caso y la titular del organismo, Eglée González Lobato, se comprometió a buscar información sobre el paradero del Victor Hugo.

Según el comunicado oficial, el 10 de marzo de 2026, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abrió una investigación bajo noticias criminis tras conocer por redes sociales la denuncia sobre la presunta desaparición de Quero.

Dos días después, el 12 de marzo, su madre compareció ante el organismo para ampliar la información y solicitar respuestas.

 El 25 de marzo, el Ministerio recibió un oficio formal del Cicpc pidiendo datos sobre la ubicación del ciudadano. Esta comunicación activó una revisión interna de expedientes. 

Detenido en El RodeoTras examinar los registros, el Ministerio determinó que Víctor Hugo Quero había sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en Guatire, estado Miranda.

El ministerio argumenta que durante su reclusión no aportó datos filiatorios ni recibió visitas de familiares, lo que dificultó su identificación en los registros penitenciarios.

Luego el 15 de julio de 2025, Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por presentar  una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo. 

Y el 24 de julio de 2025, a las 11:25 p. m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. 

Según el ministerio la información está respaldada por el acta de defunción número 2635, folio 135, tomo 11, emitida el 30 de julio de 2025 por el Registro Público de la parroquia Santa Rosalía.

Agrega que debido a la ausencia de familiares registrados, el Ministerio procedió a la inhumación formal del cuerpo el mismo 30 de julio de 2025, “en cumplimiento de los protocolos de ley”.

Finalmente, el ministro dice estar a disposición de las autoridades para la revisión del caso,  además de garantizar la entrega de los restos de Quero a sus allegados. 

Durante una reunión del Consejo Permanente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exigió este miércoles que se  acelere "incondicionalmente" la liberación de todos los presos políticos, en Venezuela, además de que se permita una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país.

"Reiteramos nuestro llamado a las autoridades en Venezuela a que agilicen incondicionalmente la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas. Celebramos cada liberación que ha tenido lugar y, en el mismo espíritu, llamamos a las autoridades a incrementar el ritmo y la exhaustividad de sus medidas", afirmó Ramdin.

También exigió que "una visita in loco proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que la situación exige y, lo más importante, que el pueblo venezolano merece. Apoyo, como todos hemos manifestado en distintas ocasiones, que esa visita, con el propósito de observar y evaluar la situación de derechos humanos, contribuirá a los procesos democráticos que Venezuela necesita", explicó.

Un asunto de la región 

Por otra parte, Ramdin dijo que  la crisis venezolana es una responsabilidad hemisférica compartida.

"La situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela es y debe ser tanto una preocupación de derechos humanos como una preocupación política para toda la región. Cada persona detenida por sus posiciones y puntos de vista políticos representa un obstáculo para la estabilidad democrática y el progreso que la región necesita. La represión y la persecución política no pueden ser toleradas en nuestro hemisferio. Esto no es solo un asunto venezolano. Es una urgencia regional y una responsabilidad hemisférica", remarcó.

Definió el papel que la OEA está dispuesta a jugar en el proceso de transición venezolana.En este sentido dijo que la organización puede actuar como "mediador honesto" si se lo piden.

"La OEA está lista para apoyar a Venezuela a través de líneas de acción complementarias orientadas a restaurar la confianza, fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la gestión pública y fomentar una gobernanza sostenible. Nuestra secretaría está lista para facilitar el diálogo, apoyar reformas institucionales, asistir en asuntos electorales y trabajar junto a la sociedad civil".

Ramdin aclaró sin embargo que la OEA respeta  la soberanía venezolana, pero sin ceder en los principios. 

"El camino de Venezuela hacia adelante, como el de cualquier estado en este hemisferio, debe estar fundamentado en la voluntad de su pueblo. La OEA no está aquí para imponer soluciones. Estamos aquí para apoyarlas. Actuamos y continuaremos actuando como un socio cooperativo y de confianza, respetando plenamente la soberanía mientras cumplimos nuestro mandato de defender los derechos humanos y la gobernanza democrática".

Familiares de presos políticos en Venezuela se reunieron este lunes con representantes de la Defensoría del Pueblo para denunciar los retrasos en la aplicación de la amnistía, y pedir respuestas por la crítica situación de salud de los detenidos.

La histórica Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos. Dos meses después de su aprobación, varias oenegés denuncian dilación para tramitar el beneficio en tribunales.

Unas 8.084 personas han recibido amnistía, según el balance en marzo del diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la normativa.

"La amnistía es una burla, es como darle larga a todo esto. Fue una burla más al pueblo, fue esperanzarnos, subirnos y volver a bajar de golpe. Y a ellos (presos políticos) ilusionarlos", dijo Massiel Cordones, madre de José Ángel Barreno, detenido desde 2020.

La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó 454 detenidos, de los cuales, 41 son extranjeros y 109 se encuentran en el centro de reclusión El Rodeo I, a las afueras de Caracas.

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La noche del lunes, esta cifra creció con la detención del ex prisionero político Luis Eduardo Perozo, liberado en diciembre antes de la amnistía, tras año y medio de confinamiento, y ahora de nuevo bajo arresto.

"Cuando lo agarraron le pusieron el pie encima, en la espalda, y le pusieron una capucha", detalló a la AFP su madre, Yuraima Piñero, que aún no tiene detalles de su paradero.

Más temprano, familiares de detenidos entregaron en la sede de la Defensoría un documento en el que detallan graves afecciones pulmonares, lesiones visibles y alteraciones en la salud mental de los detenidos. Exigen que se tome en cuenta los casos de personas desaparecidas y tratos crueles.

Cordones dijo que las "torturas" se repiten en cárceles como el Fuerte Guaicaipuro, Yare y El Helicoide.

Inacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, informó que atenderán las denuncias. "En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos revisando", dijo.

El domingo se realizaron vigilias en las principales cárceles del país. "Aún hay más de 500 presos políticos en condiciones inhumanas de reclusión", denunció desde El Helicoide Sairam Rivas, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.

A finales de enero, Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, que ha sido denunciado por oenegés como un "centro de torturas", pero hasta la fecha decenas siguen detenidos.

Con información de AFP

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) denunció “la nueva detención arbitraria del ciudadano Luis Perozo, expreso político que había recuperado su libertad en diciembre de 2025, tras permanecer recluido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, por 16 meses”.

En sus redes sociales, el Comité cita el testimonio de Yuraima Piñero, madre de Perozo, quien dijo que la detención “ocurrió el 4 de mayo, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Perozo regresaba a su vivienda en Mariara, estado Carabobo, transportando varios botellones de agua”.

Dijo que funcionarios policiales lo vieron pasar, dieron la vuelta y lo interceptaron. “A pesar de que el joven solicitó, si iba a ser detenido, que al menos llevaran los botellones hasta su casa, los agentes patearon el carrito donde los transportaba, lo tumbaron en la acera, le pusieron un pie encima, lo encapucharon y se lo llevaron sin presentar orden de aprehensión alguna”, relata el ClippVe.

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Destacan que “hasta el momento, su madre ha recorrido varios centros de detención sin obtener respuesta sobre el paradero de Luis. Se desconoce su lugar de reclusión actual”.

Por esta razón, desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigen:

- El respeto irrestricto a los derechos humanos de Luis Perozo, así como al debido proceso.

- Su liberación inmediata, pues es inocente y nunca debió haber sido privado de libertad.

- Que el Estado venezolano asuma plena responsabilidad por todo lo que le suceda a Luis Perozo mientras permanezca bajo custodia estatal, ya que fue detenido de manera ilegal, violando su integridad física y sus garantías fundamentales.

Finalmente, la ONG recuerda que “el Estado es responsable directo de su vida, su salud y su integridad, y debe responder ante la comunidad nacional e internacional por cualquier acto de tortura, maltrato o desaparición forzada que pudiera ocurrir”.

📣 ATENCIÓN | Denunciamos la nueva detención arbitraria del ciudadano Luis Perozo, expreso político que había recuperado su libertad en diciembre de 2025, tras permanecer recluido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua por 16 meses. Según el testimonio de su madre, Yuraima… pic.twitter.com/dk62iVoa6o

La Defensoría del Pueblo anunció la conformación de una comisión especial que va a estudiar los casos denunciados por los familiares de los presos políticos.

El anuncio lo hizo Ignacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, quien expresó que la instancia también se ocupará de las violaciones de derechos humanos en cárceles.

“En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos revisando”, dijo Da Costa al recibir a los familiares de los presos políticos ue se concentraron en la sede del organismo.

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🗣️ DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANUNCIA ATENCIÓN A CASOS DE DETENIDOSEl director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Ignacio da Costa, informó que a cada caso de personas detenidas se le asignarán defensores especiales para su revisión pic.twitter.com/0PI6DlQVqv

Y es que los familiares y allegados de los presos políticos decidieron acercarse a la Defensoría para denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que continúan recibiendo sus seres queridos en distintos penales del país.

Los manifestantes exigieron al Estado venezolano la garantía plena de los derechos humanos de los detenidos, así como el cese de los abusos y condiciones irregulares dentro de los recintos penitenciarios.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) repudió este jueves las declaraciones del embajador y encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien manifestó que las denuncias de los familiares de los presos políticos son una “tontería”. 

 “Las víctimas no son una ‘tontería’: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos”, dice un comunicado del ClippVe publicado en sus redes sociales.

 “Decir que hay que ‘enfocarse en lo bueno y en lo positivo’, mientras cientos de familias llevan más de 110 días en vigilia frente a cárceles como El Rodeo I y El Helicoide, es una forma de negar el sufrimiento real de las víctimas”, agrega el texto.

Por ello, el comité condenó “categóricamente las declaraciones de Félix Plasencia durante el acto de reanudación de vuelos comerciales Miami-Caracas este jueves. Son ofensivas, niegan la prisión política, revictimizan a las familias y demuestran que no hay interés real en una reconciliación con verdad, libertad y justicia. Sin la libertad de todos los presos políticos no hay paz posible”.

Igualmente, destaca que  "las víctimas no se oponen a la paz. Pero la paz no se construye sobre la negación, la burla ni el silencio obligado. La paz requiere verdad, libertad, reparación, garantías de no repetición y respeto a la dignidad de quienes han sufrido la represión”, subraya.

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🔴COMUNICADO URGENTE | Las víctimas no son una “tontería”: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos.Condenamos categóricamente las declaraciones de Félix Plasencia durante el acto de reanudación de vuelos comerciales Miami-Caracas este jueves #30Abr.… pic.twitter.com/rJY1Gk5M0R