El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), Tito Yesid Castellanos, confirmó que en lo que va corrido del año, se han fugado 363 personas que se encontraban pagando sus sentencias, en el beneficio de casa por cárcel.

El descubrimiento se dio en una reciente inspección por parte del personal del INPEC, realizada en diferentes zonas del país, a los más de 74 mil reclusos con detención domiciliaria, de los cuales se descubrió que 363 no se encontraban cumpliendo la condena en sus casas. 

Castellanos aseguró, que estos escapes se han dado, en medio de la falta de personal y de los pocos brazaletes con los que cuentan para vigilar, que las personas cumplan con las medidas domiciliarias. 

Añadió que se debe hacer revisión de cada uno de los ciudadanos que tienen esta medida de aseguramiento, pero ante la falta de brazaletes, sólo pueden hacer un seguimiento de menos de un 10% de los reclusos e hizo mención de la falta de personal. 

Concluyó mencionando que ya ha solicitado a los jueces de la República que revoque la medida a las 363 personas que no se encontraban cumpliendo con su pena en sus domicilios ya que han pasado más de 48 horas desde que se desconocen sus paraderos. 

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Estas revisiones, se dan en medio de una ola de críticas hacia el INPEC  y como resultado de la fuga de alias “Matamba” el pasado 18 de marzo, narco que huyó de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. 

La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro, principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega, quedó este miércoles bajo prisión domiciliaria.

El arresto se da tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno que desató la condena internacional. 

Carlos Fernando Chamorro, hermano de la precandidata aseguró que «Policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento».

Trascendió que un tribunal de Managua emitió la orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro «en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».

Esto bajo la acusación por delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos.

Al respecto se denuncia que los agentes entraron con violencia a la residencia, donde Chamorro se preparaba para dar una conferencia de prensa, conoció AFP.

Chamorro, de 67 años, manifestó públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre.

Recientes sondeos la colocan como la aspirante de mayor apoyo popular después de Ortega.

Por su parte Daniel Ortega, actual gobernante, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones.

Sin embargo, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.

Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, derrotó en 1990 a Ortega en las urnas cuando este buscaba su reelección después de su primer gobierno (1985-1990).

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La orden de prisión domiciliaria la emitió la jueza Karen Chavarría, del Noveno Distrito Penal, donde la fiscalía presentó la acusación la noche del martes, según el comunicado.

Se sabe que la fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación.

En adición, el gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. 

Cristiana Chamorro ha rechazado las acusaciones, las que considera una «farsa» para evitar su participación en las elecciones.

«Ya que la ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto», anuncia.

Por su parte la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles la «inhabilitación política» de Chamorro.

Calificó la decisión como «un atentado a la democracia» y advirtió que Nicaragua se encamina a las «peores elecciones posibles». 

«Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral», agregó en su comunicado.

El eurodiputado español José Ramón Bauza calificó de atentado «gravísimo a la democracia» e instó a Josep Borrell, representante de la UE para Asuntos Exteriores, a ejercer sanciones contra el gobierno de Ortega.

Por su parte el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken aseguro que: «Prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas».

Y el bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de «desatar una cacería» contra los precandidatos porque «teme ir a un proceso libre, transparente y observado».

Con información de AFP