A través de la ONG, Una Ventana a la Liberta, se conoció que la noche de este jueves los reclusos de unas 16 cárceles del país y sus familias, decidieron levantar la huelga der hambre pacífica que mantenían, en reclamo de sus derechos.

«Familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica, que inició el pasado domingo 9 de junio, tras la revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas, según lo acordado con el@mppsp_vzla», publicó la organización en sus redes sociales.

La acción ocurre solo unas horas después de que el nuevo titular del despacho, Julio García Zerpa, comenzara una visita por varios recintos carcelarios, además de escuchar a los familiares de varios reclusos que protestaron frente al despacho, apenas asumió el cargo.

La crisis del sistema carcelario del país lleva años sin ser resuelta, a pesar de que por allí han pasado varios titulares y se han aplicado varios planes.

A tal punto ha escalado la crisis en el sector que, a raíz de la huelga, el presidente Nicolás Maduro destituyó a la ministra Celsa Bautista y designó a García Zerpa en su lugar.

Lego, admitió que el sistema carcelario sigue colapsado y con corrupción, por lo que ordenó al nuevo titular atacar ese problema y atender a los presos «con humanidad».

Apenas García Zerpa asumió, dispuso de un correo electrónico para que le hagan llegar las denuncias.

En sus redes sociales, el OVP hizo estas recomendaciones al nuevo titular:

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1. Mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantizaría la vida e integridad de la población reclusa, incidiendo en la seguridad dentro de las instalaciones.

2. ⁠Crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las garantías y protecciones judiciales, considerando que es un problema multifactorial y el más preocupante en los actuales momentos.

3. ⁠Promover formación y capacitación del personal de seguridad y custodia con un enfoque basado en derechos humanos.

4. Atacar la corrupción para erradicarla de los establecimientos penitenciarios.

5. Diseñar un Plan estratégico de educación para toda la población, no hay mejor herramienta para resolver el problema penitenciario que la educación y trabajo.

6. Para reducir el hacinamiento, podría adoptar otras medidas de detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de los penales, e igualmente reduciría la carga sobre el sistema judicial y de seguridad.

7. ⁠Garantizar un enfoque diferenciado que proteja a los grupos vulnerables dentro de las prisiones como: personas LGBTIQ+, con discapacidad, pertenecientes a la comunidad indígena, jóvenes en conflicto con la ley penal, adultos mayores, mujeres en prisión, entre otros.

#EnEsteMomento familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica, que inició el pasado domingo 9 de junio, tras la revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas,… pic.twitter.com/zYfyiXtFxW

Más de 400 presos de la cárcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, reciben malos tratos y son privados de varios derechos por no pagar extorsiones a los pranes o líderes negativos del penal, según denunció este miércoles la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización detalló en una nota de prensa que en el internado judicial permanecen unos 1.790 privados de libertad, de los cuales «al menos unos 400 hombres son rechazados por el pran, quien tiene el control».

Los presos, prosigue el escrito, están obligados a pagar 20 dólares a la semana, y quienes no cumplan con esa cuota son expulsados y obligados a dormir a la intemperie y sin «derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas» o los alimentos que les llevan sus familias.

«Vista Hermosa tampoco escapa de las enfermedades que azotan a las cárceles venezolanas. Se pudo conocer que existen al menos 34 reclusos con tuberculosis y tres con VIH, quienes no reciben atención médica con regularidad y mucho menos el tratamiento adecuado», afirma la ONG.

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El pasado mes de diciembre, el OVP aseguró que los líderes de las cárceles, conocidos como «pranes», manejan «alrededor de cuatro millones de dólares al año», que obtienen a través de actividades ilícitas.

Explicó que, según sus registros, estos impuestos tienen de media un valor semanal de entre 25 y 50 dólares en las cárceles del país, y que son los familiares de los detenidos quienes deben costear el pago para garantizar el bienestar de los privados de libertad.

«Las cárceles son mercados de la miseria humana, donde se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor», recuerda Humberto Prado, director del OVP.

Agregó que el poder de los pranes «trasciende las paredes de las cárceles» y los convierte en jefes de estructuras criminales que extorsionan y asesinan para atacar a la ciudadanía en general.

Es comentario a voces que el pran el «Niño Guerrero», desde el penal de Tocorón, maneja los hilos de la organización transnacional del crimen Tren de Aragua, que tiene «sucursales» en Colombia, Perú y Chile, entre otros países de América del Sur.

Para la activista por los DD.HH. y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la administración de Nicolás Maduro no puede exhibir ni un logro en materia penitenciaria y calificó como un “fracaso” la gestión del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) desde su creación en el año 2011.

En entrevista con Fedecámaras Radio, San Miguel ratificó que, en especial, este despacho «no tiene logros que exhibir”, pues no garantiza la vida ni los derechos de los privados de libertad.

“Yo diría que no se pueden exhibir logros en este Ministerio, ha significado más bien una burocratización del fracaso de la gestión penitenciaria en Venezuela”, dijo.

Detalló que «los principales problemas que se mantienen en el sistema carcelario son las violaciones de los derechos humanos de los rehenes, la corrupción y el hacinamiento en los centros penitenciarios».

Sobre la designación de la almiranta Celsa Bautista como ministra del área, Rocío San Miguel, dice que la misma «sigue en la línea de la militarización del Consejo de Ministros de Nicolás Maduro”.

“No posee especialización en formación penitenciaria”, lamentó.

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Por otra parte, San Miguel insiste en que en este 2023 persiste el reto de impulsar la discusión sobre la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, «promoviendo el acceso a la información y la participación, con el fin de convertirlos en asuntos de interés público y del debate entre los venezolanos, para crear consensos que permitan formular políticas de Estado».

«Necesitamos continuar siendo voz activa de denuncias y de acciones, en los casos de violaciones a los derechos humanos y a la Constitución.

Contribuir con los diálogos en Venezuela, presentando propuestas, contra la violencia perpetrada por agentes del Estado, impulsando mecanismos de verdad, reconocimiento de responsabilidad, justicia, prevención y reparación, que permitan el retorno de la Fuerza Armada Nacional al carril constitucional.

Todo ello en el marco de lo previsto en los puntos 4 y 5 del memorando de entendimiento suscrito por el Gobierno y la Plataforma Unitaria, que establece: el respeto al Estado constitucional del Derecho. Renuncia a la violencia y Reparación de las víctimas de la violencia.

La crisis que viven los reclusos dentro de los centros penitenciarios de Venezuela aumentó su gravedad tanto por el hacinamiento como la propagación de enfermedades.

Denuncian que la mayoría de los recintos se han convertido en los focos de propagación para la tuberculosis generan amenaza de vid apara los reclusos.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dijo que esta situación genera graves problemas para los familiares de los reclusos.

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Aseveró que los familiares hacen hasta lo imposible para que diagnostiquen a los reclusos de manera correcta y evitar que mueran por falta de atención.

El tratamiento es un obstáculo más difícil aún de superar una vez que se tiene la certeza de la enfermedad, detalló Girón.

Angustia e incertidumbre es lo que principalmente padecen los familiares de los presos en Yare y Yare 1 en  Miranda.

 “He hablado con todo el que he podido para saber en qué fase de la enfermedad se encuentra mi hijo, pero la respuesta es la misma, hay que esperar”, dijo entre lágrimas de desesperación la madre de un recluso que dio positivo para tuberculosis.

La posibilidad de ayudar a los presos recluidos en Yare 1 se reduce constantemente.

Pese a que les notificaron la autorización del traslado a un centro de salud cuantas veces sea necesaria, aún los familiares no han tenido la información oficial del estado de los presos.

Para los familiares de presos, la cuarentena pone obstáculos para poder verificar el estado de salud de ellos.

No tienen acceso a los recintos penitenciarios por no tener condiciones mínimas para recibir visitas.

Enfermos que tienen que proveerse de agua en potes que llenan en chorros.

También sufren otras condiciones mínimas no garantizadas para asegurar que su cuadro de salud no empeore.

La madre pudo ver a su hijo luego de varios meses pero con 20 kilos menos por la enfermedad y malnutrición.

“Hoy pude verlo a unos cuantos metros de distancia, él de un lado de la cerca y yo del otro, al menos me dejaron entregarle una bolsa con comida”, relató.

Aseguró que continúa luchan porque la informen la fase de la enfermedad de su hijo y puedan permitirle que lo lleve a un hospital para que lo atiendan.