“Todo allá adentro es inhumano”, dice el familiar de una de las mujeres detenidas, en el contexto de las manifestaciones postelectorales, y trasladadas hasta el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.

En cada celda de este penal hay entre 15 y 18 mujeres aproximadamente, quienes reciben solo dos tobos de agua para bañarse, cepillarse y lavar la ropa, reseña el portal del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Agrega que «las mujeres solo se lavan sus partes íntimas y el resto del cuerpo lo asean con toallas húmedas, de esta forma rinden el agua para todas las compañeras de celda. Se turnan por días para lavarse el cabello».

“Dos se lavan el cabello un día, otras dos se lavan el cabello otro día y así van”, denuncian los familiares.

Por las inadecuadas condiciones de higiene, las privadas de libertad se contagiaron de piojos y las custodias no permiten que los familiares les lleven champú antipiojos. “Mientras no tengan buen aseo personal, van a seguir teniendo piojos”, aseguran los parientes.

Además hacen sus necesidades en letrinas, muy cerca de las celdas, y algunas mujeres han presentado infección urinaria.

En el Centro de Formación para las Procesadas Femeninas La Crisálida hay, al menos, 100 presas políticas, según fuentes consultadas. Sin embargo, oficialmente se desconoce esta información.

A las presas políticas les dieron una colchoneta muy delgada para dormir en literas, pero son tan finitas que los tubos de la cama las lastiman cuando duermen y una solución que encontraron las reclusas fue unir dos colchonetas y dormir en parejas en cada cama.

“Hay otras que se van para el piso y están en el piso porque no aguantan los tubos de las camas”.

En menos de una semana se registraron dos traslados en este recinto carcelario en horas de la noche. El primero ocurrió el 18 de octubre, después de una requisa en la que presuntamente golpearon a las detenidas, y el segundo fue el 23 de octubre, en el cual se llevaron a 126 mujeres al Instituto Nacional de Formación Femenina (INOF), también en Los Teques.

En ambos casos se trató de privadas de libertad por motivos sociales. Y ninguno de los operativos los confirmó oficialmente el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

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Además de las inadecuadas condiciones de higiene, los familiares denunciaron al OVP que las mujeres no comen bien. En las visitas, que son cada 15 días, las ven notablemente más delgadas.

Las denuncias recibidas apuntan a que las privadas de libertad comen arepa dura con mortadela, carne molida con pasta o arroz, o arroz con auyama. Además, señalan que los alimentos a veces tienen cabellos, saliva o descompuestos.

“Sé de otras mujeres que pasan hasta ocho días sin comer casi, porque les da ganas de vomitar lo que les llevan”.

Con respecto al agua, los familiares aseguran que no es apta para el consumo humano. En consecuencia, algunas reclusas presentan problemas gastrointestinales. También se enferman con infecciones urinarias porque hacen sus necesidades en baños, muy cerca de las celdas.

Humberto Prado, director del OVP, recordó que el Estado venezolano ofrece un trato cruel e inhumano a las personas privadas de libertad, en especial a las mujeres.

“Las mujeres tienen derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, física, psíquica y moral. Tienen derecho de igualdad de trato, a que tengan la oportunidad de peticionar ante las autoridades y les den una respuesta adecuada, a tener derecho al debido proceso, su abogado de confianza y a no ser discriminadas en ningún momento”, dijo.

Las reclusas en La Crisálida tampoco hacen actividades durante el día o toman sol, pasan el tiempo dentro de las celdas hacinadas. Y recientemente a los familiares les ha llegado la información de que presuntamente deberán cumplir con orden cerrado.

Las mujeres que visitan a las presas políticas detenidas en este recinto de Los Teques, son sometidas a requisas vejatorias. En una de las recientes visitas las custodias obligaron a las parientes a quitarse la ropa, a brincar tres veces, a pujar y a abrir sus partes íntimas.

“Luego nos tiran la ropa al piso y nos mandan a vestir”.

Además los familiares deben vestir con sandalias, pantalón azul sin rasgaduras, camisa blanca, el cabello suelto y sin prendas. “En una requisa se enfocaron mucho más en la comida, la destruyeron para dejarla pasar. Ahora no nos dejan ni llevarles agua porque la directora dice que podemos envenenarlas, qué mente tan maquiavélica va a pensar que nosotras vamos a envenenar a nuestros familiares”.

En las visitas las custodias interrumpen constantemente con cualquier excusa, como poner a rezar a las detenidas y sus familiares, o vigilan las conversaciones. De acuerdo con lo documentado por el OVP la directora de La Crisálida, Francis Veloz, frecuentemente comenta que “las terroristas solo merecen luz y agua”.

El Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida fue inaugurado el 13 de diciembre de 2018, bajo la gestión de Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario en ese entonces. Su capacidad es para 600 privadas de libertad, según cifras oficiales.

Prado destacó que el gobierno de Nicolás Maduro viola los instrumentos nacionales, internacionales e interamericanos en lo que respecta a los derechos humanos en cuanto a las personas privadas de libertad.

“Como normas jurídicas de las mujeres que no se respetan podemos mencionar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y las reglas Bangkok”, detalló.

Además, recordó que según el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de la República el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Por último, el director del OVP hizo un llamado a respetar los derechos humanos y dignidad de las mujeres privadas de libertad en nuestro país.

La madrugada de este viernes se produjo el presunto traslado de un grupo de mujeres desde el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, Miranda.

La información fue dada a conocer por el Observatorio Venezolano de Prisiones, luego de durante la tarde y parte de la noche del jueves 17 de octubre se conociera que se estaba realizando una requisa y posible traslado, lo que causó tensión y angustia entre las reclusas y sus familiares.

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A través de las redes sociales se conoció que se escuchaban gritos y llantos desesperados de las reclusas, mientras los familiares desconocían lo que estaba ocurriendo.

El OVP reportó en sus redes sociales que “los parientes aseguran que no han podido comunicarse con las detenidas desde la noche del jueves, cuando inició una requisa y se escucharon gritos aterradores desde el interior del penal”.

Una tarde de incertidumbre vivieron los familiares de las mujeres privadas de libertad en Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda, este 17 de octubre, cuando alertaron sobre una presunta requisa en el penal desde las 3:00pm.

Se pudo conocer que algunos parientes se trasladaron hasta el lugar, pues temen que se trate de una situación violenta en contra de las internas.

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Desde la tarde los familiares denunciaron que escuchaban gritos de auxilio y en algunas ocasiones cantaron el himno nacional.

Mientras que en horas de la noche se pudo conocer que los vecinos del Retén en Los Teques reportan que mujeres detenidas en La Crisálida, antiguo Internado Judicial de Los Teques, gritan desesperadamente en busca de ayuda.

“Somos inocentes”, gritaban las reclusas.

La ONG Una Ventana a la Libertad realizó un informe especial sobre la precaria situación que enfrentan las mujeres que ingresan o quedan embarazadas en prisión.

Este documento, unido a un audiovisual, demuestra la realidad de las privadas de libertad que van a ser madres, es un nuevo llamado al órgano rector con competencia en materia de servicio penitenciario, que hasta ahora no toma los correctivos para evitar que estos hechos se repitan.

El trabajo estuvo a cargo del equipo de investigadores que integra la Unidad Audiovisual de Una Ventana a la Libertad y lleva por título: “Embarazos en prisión: Cuando la maternidad se convierte en adversidad”.

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El Código Orgánico Penitenciario, en el Ordinal 10 del artículo 15, establece que toda mujer que se encuentre detenida, sea cual sea su condición jurídica, debe recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia, pero la realidad revela que sucede todo lo contrario.

Los investigadores constataron que dentro de los anexos femeninos de las cárceles y calabozos policiales del país ni siquiera existe un lugar especial para tener a una mujer en estado de gravidez.

En los recintos penitenciarios del país, temporales o definitivos, tampoco tienen un lugar adecuado y aséptico, en el cual se pueda atender un parto, recibir adecuadamente a un recién nacido y mucho menos amamantar a un neonato.

Ante tanta precariedad, hacinamiento e insalubridad, la detenida se ve en la obligación de entregar a su criatura recién nacida a sus familiares más cercanos.

Muchas veces es una abuela, cansada y empobrecida, la que debe asumir la responsabilidad de criar a aquel ser que acaba de llegar al mundo.

De acuerdo a la ley, todos los privados de libertad en Venezuela tienen derecho a la visita conyugal.

Las mujeres detenidas han denunciado que este precepto no se cumple en su caso, sin embargo, algunas de ellas quedan embarazas.

Se presume que los niños (as) son hijos de los hombres presos a su alrededor o de los funcionarios que las custodian.

“Muchas veces acceder a un favor sexual para tener algo de protección, comida, agua, medicamentos, cigarros o una llamada telefónica, tiene sus consecuencias”, contó una detenida.

Sheila Rodríguez, médico gineco-obstetra, explicó que toda mujer, desde que se entera de que ha quedado en cinta, debe recibir no solo el apoyo de su pareja y familia, sino atención médica adecuada para que el nuevo y delicado proceso no se complique y tenga un desenlace fatal.

“Lo lógico es que el embarazo sea consensuado y debidamente planificado en pareja para que este proceso no tenga un impacto negativo, incluso, en el aspecto psicológico de la mujer”, dijo la especialista.

Rodríguez advirtió que una embarazada, tenga la edad que tenga, debe ser debidamente examinada por un médico quien deberá hacer los exámenes y ecos correspondientes e indicar las medicinas y complejos vitamínicos esenciales en estos casos.

“De no ser bien atendidas, las consecuencias podrían ser mortales tanto para ellas como para el recién nacido”, advirtió Rodríguez.

Una joven sentenciada a 13 años de prisión quedó embarazada dentro del recinto penitenciario donde purga condena.

En este lugar y en ningún otro se entregan preservativos ni métodos anticonceptivos.

Ella estableció una relación amorosa con otro privado de libertad y la procreación se llevó a cabo de manera consensuada.

Excepcionalmente, tuvo oportunidad de parir en un centro de salud pública y luego se le dio el beneficio de casa por cárcel para que amamantara a la recién nacida en la humilde vivienda donde viven sus familiares.

El beneficio llegó a su fin y ella debe regresar al calabozo para seguir purgando la condena. Le restan 11 años de prisión.

La recién nacida debe quedar en la humilde vivienda y alguien de la familia debe asumir su cuidado, manutención y crianza.

La abuela materna de la niña es una adulta mayor que no trabaja, es diabética y con problemas vasculares en las piernas. La abuela paterna, por su parte, tiene problemas de alcoholismo.

La tía de la recién nacida no desea asumir la responsabilidad porque ya tiene dos hijos que cuidar y mantener.

No obstante, cuando se dispuso a criar a su sobrina de 10 años, hija de su hermana detenida, surgió otro grave problema en la familia: su esposo también fue detenido y acusado de abusar sexualmente de la menor.

La infante, presuntamente abusada, ya debe tener 12 años de edad y al parecer se encuentra bajo el resguardo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Curiosamente, ninguno de sus familiares tiene certeza de cuál fue su destino.

Ante este panorama desolador, la doctora Sheila Rodríguez, médico gineco-obstetra, hizo un llamado para evitar que este tipo de casos se sigan repitiendo.

Agregó, con severidad, que una mujer debe reconocer cuándo está o no apta para traer a un hijo al mundo, de lo contrario, es un acto de irresponsabilidad que trae consecuencias indeseables la sociedad.