La ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), denunció este unes que en la mayoría de los penales del país no se han instalado mesas de votación, a pesar de que los reclusos mantienen su derecho constitucional al sufragio.

UVL publicó que hay problemas en los Centros de Detención Preventiva de 8 estados del país, entre ellos Carabobo y Aragua.

«A pesar de que los procesados tienen derecho constitucional a ejercer su voto, el CNE no habilitó mesas en los calabozos del país, lo que impide la participación de más de 17 mil reclusos en el proceso», informó la organización.

Alerta que a «a los privados de libertad que esté actualmente bajo una investigación de carácter penal, nuevamente se le irrespetan los principios y las garantías constitucionales a las que tienen derecho».

En cambio, la ONG reportan que en Miranda, en la Cárcel de Yare, ubicada en los Valles del Tuy, en El Rodeo (I y II) en Guatire, en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) con sede en Los Teques, sí instalarán una mesa.

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El abogado penalista Jorge Davalillo, entrevistado por la ONG, recordó que la Constitución, en su artículo 63, establece que el sufragio es un derecho.

“Ellos tienen el derecho de votar porque tanto ellos como sus familiares están afectados por la situación político-social del país. Es tanto así, que a ellos se les complica la situación porque el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades”, aseguró.

El caso de Bolívar llama la atención, puesto que la UVL indicó que ubicaron una mesa en la Cárcel de Vista Hermosa, pero para los habitantes de la comunidad, porque desde la intervención del penal, el año asado, allí no hay reclusos.

La organización recuerda que solo podrán votar los presos que aparezcan inscritos en el Registro Electoral, correspondiente a cada uno de esos centros penitenciarios, y que no tengan condena.

A principios de este mes, la otra ONG defensora de los DD. HH. de los reclusos, Observatorio Venezolano de Prisiones, pidió al CNE que habilitara centros de votación en los penales, porque la mayoría de los reclusos no tiene condena firme.

El director general del OVP, Humberto Prado, explicó a la agencia EFE que las personas que no tienen sentencia son “ 70 %” de la población que “está en las cárceles” y “85 %” de los que están en “los calabozos”.

Recordó que la Constitución establece que el voto “es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto” y establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el “ejercicio de los derechos humanos”, que incluye “la participación política, sin discriminación”.

Por estar implicados en la fuga en la fuga de 13 privados de libertad, fueron detenidos tres funcionarios que trabajaban en subdirector del Centro Penitenciario Agroproductivo “26 de Marzo”.

En un procedimiento efectuado por organismos de seguridad, lograron la detención de Danny Alexis Mercado Mata, subdirector del referido centro, el jefe de régimen de esa cárcel José Luis Manzanilla Peña y el custodio Leonardo Alexander Caicedo Márquez.

Trascendió que al parecer cobraron una suma en dólares para permitir la fuga, informa el periodista de sucesos Eligio Rojas de Últimas Noticias. También reveló que los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 14ª.

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El pasado 20 de julio, en horas de la madrugada, el grupo de privados de libertad se fugó del centro penitenciario, procedían de Valencia (Carabobo) y Los Teques (Miranda), de acuerdo al chequeo realizado por las autoridades.

Entre los reos identificados se encuentran: Víctor Jesús Rodríguez Riera (Robo agravado. Penado), José Bladimir Blanco Yzarra (Asalto a transporte público. Penado), Divenes Enrique Andrade Villegas (Robo agravado. Penado) y Fernando Alberto Dumon Villegas (Robo agravado. Penado).

Comisiones militares emprendieron la búsqueda logrando la recaptura de nueve, mientras que dos resultaron muertos abatido y otro se ahogó en el río Boconoíto.

Hace tres meses, Mirelys Contreras, ministra del Servicio Penitenciario, informó para ese momento que esperaban vacunar a las 40.000 personas que están en prisión en 80 recintos, en el país. Pero, en ese momento no publicó un cronograma ni de qué manera se cumpliría la inmunización.

Ha pasado el tiempo y la vacunación en las cárceles va «a paso de tortuga». En el caso de las cárceles del estado Lara, por ejemplo, los familiares de reclusos exigieron a los ministerios Penitenciario y de Salud que se establezca un plan en la materia.

Piden que las jornadas sean en todos los Centros de Detención Preventivos (CDP) o calabozos policiales que hay en la entidad.

«El hacinamiento es un caldo de cultivo para la propagación del coronavirus. Esto puede pasar como ha pasado con la tuberculosis u otras enfermedades, el Gobierno debe cuidar también de nuestros presos». Así lo comentó el familiar de un recluso en una comisaría de la PNB, en Barquisimeto.

El familiar contó a La Prensa de Lara que en el recinto ubicado en la avenida Libertador de Barquisimeto no está permitida la vista de los familiares. Esto debido a que los reclusos no se están vacunados contra la COVID-19.

«Por una parte, ellos están aislados, pero siguen estando en riesgo porque con el pase de comida se pueden contagiar. Aquí no queremos que estén suspendidas las visitas. Exigimos es que nuestros hijos sean vacunados», sostuvo otro familiar.

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En septiembre, luego de un mes y medio que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios iniciara la primera fase de inmunización masiva contra el COVID-19 en las cárceles venezolanas, llegaron las vacunas a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara y Centro Penitenciario David Viloria.

Para ese mes se supo que el Ministerio Penitenciario junto con autoridades de salud realizaron jornadas de vacunación, aunque no especificaron cuántas dosis aplicaron en cada penal.

«Vacunaron solo una parte, pero aún faltan por vacunas. Tanto en Fénix como Uribana hay miles de presos y es imposible que en una sola jornada lo hayan logrado», comentó un familiar de un detenido en Uribana.

Un grupo de familiares de los privados de libertad que permanecen en los calabozos de la Policía del municipio Guaicaipuro, ubicado en Los Teques, denunciaron irregularidades que atentan contra los Derechos Humanos de los más de 60 detenidos.

Marina Guevara, es tía de un privado de libertad. Señaló que los reclusos cuando son trasladados al tribunal para las audiencias, les cobran montos excesivos por beneficios, así lo informó Una Ventana a la Libertad.

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Agregó que deben pagar en los tribunales para poder realizar las audiencias y son los uniformados que no los trasladan a tiempo.

Según la fuente, pierden el dinero y el cupo en los tribunales para poder agilizar las causas.

“En ocasiones no se le permiten las visitas ni le reciben las comidas”, afirman.

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Además, están ingresando a muchos privados de libertad sin ningún tipo de chequeo de salud o prueba del COVID-19.

«Ponen en riesgo de contagio a todos los que allí se encuentran».

Hay quienes debían acudir a tribunales en Caracas, pero no los pueden trasladar porque no hay transporte.

La boleta llega con una semana de anticipación y no se toman acciones previas, aseguran familiares.

Fuente UVL-Miranda

26 privados de libertad, recluidos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Chuparín, están liberados, luego de un operativo del «Plan Cayapa Judicial»,

Este operativo se realizó durante la semana del 19 al 23 de este mes de octubre.

En la jornada legal llevada a cabo en los Tribunales de la ciudad de Barcelona, están verificados y atendidos 36 casos.

Todos estos casos reposan en el centro de prevención porteño, logrando dejar en libertad plena a 25 masculinos y una femenina.

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El director de la policía, comisionado agregado, José Bellorín, aseguró que este plan tiene como objeto fundamental, atender a los detenidos en materia jurídica y acelerar el retardo procesal.

Así mismo, agregó que para la realización de esta jornada, los detenidos contaron con la presencia de equipos evaluadores que se encargaron de verificar el tiempo de detención que lleva cada privado.

Además, su comportamiento y si cumple con actividades de rehabilitación, que los ayude a redimir la pena.