Según diversas fuentes del sector industrial, el Gobierno de Nicolás Maduro estaría preparando la privatización de más de 500 empresas públicas, de las cuales 350 ya están listas para ser transferidas a la administración de inversionistas prioritariamente nacionales, a través de venta directa o de alianzas entre el Estado y el capital privado.

Recientemente, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, informó que hasta 600 empresas estarían involucradas en este proceso, lo que ha generado expectativas en el sector comercial, pero del que piden celeridad ante la caída sostenida de la producción nacional. Johan Álvarez con los detalles.

«Estamos pidiendo que se avance lo más rápido que se pueda. Fue anunciado pero a veces notamos que se anuncian algunas cosas y no tenemos la respuesta como esperamos, como debe ser. Por eso, dentro de estos puntos coyunturales estamos pidiendo en el sector oficial acelerar en ese sentido, de manera que esas 350 industrias pasen a ser, en algunos casos, cargas fiscal a ser productos de tributos», expresa Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio.

De acuerdo a información divulgada por el propio sector industrial, Nicolás Maduro habría comunicado el interés de dar prioridad al capital privado en esta iniciativa, que estaría coordinando el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, y en la que la vicepresidenta Delcy Rodríguez también advirtió que el Gobierno está en disposición de involucrar a inversionistas nacionales en proyectos de producción petrolera y gasífera.

«Consideramos que hay un grupo de empresas que deberían estar en manos del sector privado, pagando impuestos y generando empleos en el país, agilizando los procedimientos para las 350 industrias aprobadas por el Gobierno venezolano para formar parte de un proyecto que contempla la inversión o alianzas con la empresa privada nacional para reactivar la operatividad de espacios dedicados a las áreas petroleras, gasíferas, la industria del hierro y el aluminio», agrega Valecillos.

Desde Consecomercio también consideran necesaria la reducción del tamaño del Estado, para disminuir el déficit fiscal y paliar la voraz política tributaria que ha tenido consecuencias en el esquema de sueldos y salarios, pese a que el Gobierno y los gremios sostienen que el país ha experimentado un crecimiento económico durante los últimos años.

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«Los años 2022-2023, y probablemente 24, es bastante probable que se haya podido ver un crecimiento económico, que ha sido demasiado bajo para lo mucho que se ha caído, y por eso muchas personas no lo ven en la calle, no lo sienten. Lo otro es que el salario tiene casi tres años estancado y salario mínimo y la bonificación salarial que se ha ido impulsando ha destruido la seguridad social a la mayoría de los trabajadores», argumenta por otra parte el economista Manuel Sutherland.

Esta posible privatización de empresas ha generado rechazo en ciertos sectores que no ven positivo el capital privado luego de una política de expropiación impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, desde el gremio empresarial hay incertidumbre por la falta de garantías jurídicas y un panorama no tan claro sobre en qué condiciones se encuentran estas empresas.

Con información de Johan Álvarez

Con cacerolas, tambores y campanas, los puertorriqueños continúan en la calle en protesta contra la privatización de los espacios públicos, en especial las playas, a pesar de que la ley dicta el libre acceso a estas áreas.

A lo que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, hace caso omiso y manteniéndose ajeno al reclamo ciudadano. Sus planes de arrendar los terrenos del Parque Sixto Escobar a la empresa desarrolladora del Hotel Normandie, Ishay Group, para la construcción de un estacionamiento soterrado, siguen en pie.

Ante la postura del burgomaestre, activistas de los diversos grupos han asumido la defensa para que el parque y la playa continúen siendo públicos. El movimiento «Las Playas son del Pueblo», que lucha desde hace años contra este fenómeno ante la construcción de hoteles y fincas privadas en estas zonas y el cobro en algunas por el acceso, se activó de nuevo.

Desde hace unos días Escambrón Unido y Las Playas son del Pueblo llevan a cabo manifestaciones.  Gradissa Fernández, miembro de Escambrón Unido, indicó que entregaron una carta dirigida al alcalde en reclamo de información sobre el proyecto que se persigue desarrollar en el Parque Sixto Escobar. Hasta el presente no han recibido respuesta.

Fernández dijo que en el área de El Escambrón en una ocasión vieron a unas personas haciendo estudios de suelos y que la intención evidente es privatizar.

“El Gobierno de Puerto Rico, administración tras administración, ha desmantelado y les ha quitado fondos, presupuestos, recursos a nuestros vigilantes y a muchas áreas de recursos naturales para que sistemáticamente no funcionen”, comentó a EFE Lauce Colón, activista en defensa de las áreas de dominio público.

“En el año 2016 el empresario José González adquirió tres fincas aledañas y colocó vallas cerrando los accesos al sitio arqueológico y a la designada desde 2005 Reserva Marina y, desde 1992, Reserva Natural Cueva del Indio”, denunció la activista Alegna Malavé tras realizar un cacerolazo de protesta.

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Hace una semana, al son de las consignas «Las playas no se venden» y «Puerto Rico no se vende”, salieron a la calle y siguen en lucha. Los manifestantes contaron con el apoyo de un grupo de jóvenes estadounidenses y de la diáspora, miembros de un programa de formación de líderes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Cristina Jiménez, portavoz, indicó que el grupo es uno de líderes de diferentes frentes sociales en Estados Unidos.

“Hemos venido a estar en solidaridad con el pueblo puertorriqueño para demandar que se ponga primero los intereses del pueblo antes que las corporaciones”. En su visita de una semana, el grupo se estará conectando con diferentes grupos y líderes sociales de comunidades.

En definitiva, los puertorriqueños están en reclamo de sus derechos por el acceso libre a los espacios públicos y en la defensa de los ecosistemas en los que viven especies en peligro de extinción, que también se ven afectadas por las construcciones.