Sin tener rastros de él, ni tampoco el motivo de su acción, el gobierno de Gustavo Petro anunció que alias Iván Mordisco, abandonó los diálogos de paz en Colombia.

Néstor Gregorio Vera Fernández, mejor conocido como Iván Mordisco, es uno de los principales líderes de las Disidencias de las FARC, grupo subversivo que mantiene acciones bélicas en territorio colombiano, relacionada directamente con acciones del narcotráfico.

Camilo González, jefe de la delegación oficial del gobierno colombiano, indicó a diversos medios de comunicación, que el líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, esta fuera de la mesa.

Según el Gobierno, este grupo está dividido, por lo que negociarán con otros cabecillas, aunque actualmente los diálogos están «congelados».

Debido a esto, los personeros de Petro han decidido mantener el diálogo con otros líderes guerrilleros, como alias Andrey (Andrey Avendaño), quien tendría a su mando el 50% de los 3 mil 500 combatientes que actualmente tienen las disidencias.

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Según expertos, Iván Mordisco es el hombre fuerte del EMC, que controla rutas millonarias del narcotráfico y la minería ilegal, principalmente en la Amazonía. 

Famoso por su habilidad para manejar armamento, el comandante perteneció a la extinta guerrilla FARC, pero nunca quiso acogerse al acuerdo de paz de 2016 y siguió en la clandestinidad. 

Iván Mordisco habría presentado en días pasados un video en redes sociales, donde manifestaba abiertamente que el futuro de los diálogos dependía de que se retomara el cese al fuego, el cual había sido suspendido por Petro el pasado 17 de marzo, después de que se conociera que las disidencias de las FARC habrían asesinado a un líder indígena, así como el reclutamiento de jóvenes, mientras se encontraban en una supuesta tregua.

Con información de AFP

Las delegaciones del Gobierno de Gustavo Petro y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el diálogo de paz, invitaron este viernes a representantes de la Convención Nacional Campesina a participar en las negociaciones que las partes llevan adelante en Caracas.

“Queremos invitar a delegados de esta Convención Nacional a que acudan, cuando las condiciones lo permitan y podamos hacer acuerdos con ellos sobre esas entrevistas, a la mesa de negociación”, dijo el jefe de la delegación del Gobierno colombiano en el diálogo, Otty Patiño, en declaraciones a VTV reseñadas por el diario El Espectador.

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Esa intención la reafirmó el senador e integrante de la mesa de diálogo, Iván Cepeda, quien dijo que “el campesinado ha sido la víctima más cuantiosa del conflicto armado y de la vinolencia en el país. De cada diez víctimas, seis son de origen campesino y muchas son mujeres rurales”.

Explicaron que la intención de las partes, que se reúnen en un hotel caraqueño desde el pasado 22 de noviembre, es conversar con delegados de esa agrupación de campesinos “para hacer acuerdos con ellos”, en vista de los daños sufridos por esta población debido al conflicto armado entre las fuerzas armadas y grupos irregulares.

“La tragedia humanitaria que está viviendo el campo colombiano a partir de los daños que produce el conflicto armado son mucho más fuertes (…) la paz nacional no se podrá construir sin paz territorial”, subrayó el Patiño.

Por su parte, el líder de la delegación del ELN, Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”, deseó a los participantes del congreso campesino “unas deliberaciones muy útiles para encontrar la paz y la solución política del conflicto”. Asimismo, aseguró que esperan de la convención salgan unos delgados que puedan participar en las negociaciones.

«Esta mesa inicia abriendo unos espacios de participación en los cuales queremos y debemos contar con ustedes (…) intercambiemos sobre cómo vamos a seguir, juntos, buscando los cambios que toda la sociedad colombiana está buscando», sostuvo.

Ramírez consideró que el diálogo de paz en Venezuela y la Convención Campesina tienen la “tarea común” de “formular soluciones al conflicto de Colombia”, que, remarcó, va más allá de las armas e incluye temas del ámbito social, político, económico y militar.

“Todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz de Colombia” ratificó este lunes Nicolás Maduro al dirigirse a una multitud de estudiantes latinoamericanos  que llegaron al Palacio de Miraflores.

Al tomar la palabra Maduro destacó que en Caracas  “se han  sentado a negociar un acuerdo de paz” , en alusión a la reunión que se desarrolló en el hotel Humboldt en la cual participaron negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN.

Levantando la bandera de la unión regional, aseguró que el proceso de paz es “un mensaje de esperanza para América latina”.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje. “Petro y Colombia cuenten con nosotros para la paz total. Cuenten con nosotros”.

Hizo un especial saludo a la juventud de Colombia a quienes le ratificó el compromiso de su administración de colaborar con lo que sea necesario para contribuir a la paz.

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#EnVivo ? | Junto a los delegados y delegadas, nacionales e internacionales, del XIX CLAE, celebramos el Día del Estudiante en Venezuela. https://t.co/fOuGrRg5PJ

El proceso de paz que se lleva a cabo en Caracas en apoyo a la paz de Colombia, es bien recibido por sectores de la vida nacional; sin embargo, la postura de Maduro ha sido duramente criticada por factores de oposición quienes aseguran que apoya a Petro, pero se para de la mesa de diálogo de México.

En este sentido, el opositor Juan Guaidó  en rueda de prensa celebrada este lunes, indicó que «El proceso de paz de Colombia es bienvenido, pero no vamos a voltear la cara ante la realidad. Maduro financia al ELN, mientras se para de las negociaciones de México».

Un grupo de jóvenes participó en la  Gran Marcha con motivo al Día del Estudiante Universitario que llegó al Palacio de Miraflores, en donde Maduro los recibió.

Caracas es la sede del XIX CLAE,  que celebra el Día del Estudiante en Venezuela, con la participación de delegados y delegadas, nacionales e internacionales.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que el Gobierno colombiano reconoce como legítima la delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Cuba.

Según dijo el alto funcionario del gobierno Petro, el Estado está dispuesto a hacer todo lo necesario desde el ámbito político y jurídico para que se den los diálogos con esa guerrilla. Pese a eso, Rueda aseguró que todas las decisiones encaminadas hacia ese fin se darán en el marco del derecho interno y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esta es la primera vez, desde que se suspendieron los diálogos en 2019, que se ve a la delegación del ELN en una reunión institucional con el gobierno colombiano.

En aquel año, el entonces presidente, Iván Duque, decidió suspender las negociaciones que había empezado el expresidente Juan Manuel Santos.

“En el marco de la visita oficial del Gobierno de Colombia a la República de Cuba, la delegación integrada por Álvaro Leyva Durán, Ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Iván Cepeda Castro, Senador de la República y el suscrito Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, queremos reiterar nuestra voluntad, como ayer lo hizo el Presidente Gustavo Petro en Quibdó, de cumplir con los compromisos que anteriormente ha asumido el Estado Colombiano en esta materia”, dijo Rueda.

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Así mismo, el Alto Comisionado aseguró que la delegación del grupo subersivo también hará los movimientos necesarios para mostrar su voluntad de paz. Según él, “en las reuniones sostenidas, la delegación ha anunciado que el ELN dará los pasos necesarios para reanudar la Mesa de conversaciones. Las partes coincidimos en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo, con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real”, concluyó.

Por su parte, el senador Iván Cepeda aseguró que este anuncio prepara las condiciones para reactivar los diálogos de paz.

Cinco años después de firmar la paz, viven con terror en las mismas montañas de Colombia donde combatieron. En sus casas prefabricadas, los exguerrilleros confiesan sentirse cazados como «conejos» indefensos.

A comienzos de 2017 unos 300 guerrilleros de las FARC se concentraron en un pequeño predio rural del municipio de Miranda, en el departamento de Cauca (suroeste), para entregar las armas. En la zona abundan los cultivos ilegales de marihuana.

En esa época todo era fiesta, pero luego la mayoría huyó. Una ola de asesinatos selectivos y la falta de tierras para sus proyectos agrícolas – «un incumplimiento de lo acordado», alegan – rompió la vida colectiva. 

«El mismo dolor que se le causó a tantas personas se ha vuelto un odio», dice a la AFP Luz Dary Guarnizo, viuda de un exguerrillero asesinado a hachazos no muy lejos.

Aquí solo quedan unos 35 hombres y mujeres que no tuvieron adónde ir. A veces, cuentan, se oyen los disparos de los grupos que llegaron primero que el Estado para llenar el vacío dejado por las FARC en la cordillera.

Paradójicamente, la paz ha sido letal: 293 exguerrilleros fueron asesinados desde el desarme que vigiló la ONU. Cuando enfrentaban la ofensiva militar, entre 2006 y 2009, el ejército abatía a unos 640 guerrilleros al año, según el centro de estudios independiente sobre el conflicto CERAC.

Ya sin armas, fueron asesinados 59 por año. 

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«Lo que se ha dado es por venganzas de un pasado», explica Guarnizo, una campesina de 52 años. 

El 27 de diciembre de 2020 su esposo fue descuartizado. Manuel Alonso era un exguerrillero de 54 años que estuvo en prisión. En una de sus últimas fotos se le ve, sonriente, canoso y con un bigote en lo alto de un cerro sosteniendo una podadora. 

«Me siento impotente. El acuerdo era que se iban a cuidar las vidas (…) A él, que fue uno de los que quiso que este proceso siguiera, le quitaron la vida», suelta la viuda con voz entrecortada. 

Conocido como Romel, Alonso salió de prisión en 2018 gracias al acuerdo de paz. Se dedicó a la ebanistería y la serigrafía, cuenta Luz Dary en su taller ahora abandonado. 

Aun con la zozobra, los exguerrilleros limpian caminos, reparan escuelas o siembran árboles a la espera de que sus gestos sean reconocidos por un tribunal de paz que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes aporten verdad y reparen a sus víctimas. 

Romel estaba respondiendo por unos 18 secuestros, algunos en esta misma región. «Yo no sé quién lo mató, pero si sé por qué lo mataron», se lamenta Luz Dary. Una posible venganza asoma en su relato. 

Solo en el 9% de los asesinatos de excombatientes la justicia ha identificado a los responsables.

La brutalidad del crimen marcó a los pobladores de esta aldea de casas con techo de lata:  «A mí me da miedo, temor salir, me da miedo con mi marido, con el papá de mis hijos, porque el riesgo es que de pronto (los exguerrilleros) salgan y no vuelvan a sus hogares», cuenta Amparo Cunda, una mujer de 28 años casada con un excombatiente de las FARC.

«Muchos de los hombres y mujeres que hoy estamos como firmantes de paz haciendo actividades en los territorios somos declarados objetivo militar», denuncia Sandra Morales.

Una decena de escoltas – la mayoría exguerrilleros – y dos camionetas blindadas acompañan en todo momento a esta mujer de 40 años, exnegociadora del acuerdo de paz en La Habana y quien en la guerra se hacía llamar Camila Cienfuegos.

Ignacio Loaiza era uno de los rebeldes que dejaron las armas y conformaban su esquema de seguridad. 

Fue asesinado a tiros en mayo. Estaba solo, «fue una cosa muy dura», recuerda Morales durante un recorrido por la región con la AFP.

En su computador tiene docenas de fotos de compañeros que corrieron la misma suerte.

«En la guerra hubo momentos muy difíciles porque estábamos armados y sabíamos que era confrontación de dos fuerzas (…) pero es que ahora me parece muy cruel, porque se han dedicado a cazarnos como conejos, como patos», reclama desconsolada.

Nuevos grupos comandados por exmiembros de las FARC que se apartaron del pacto de paz, bandas de origen paramilitar y la guerrilla del ELN se disputan el control del Cauca. Es uno de los departamentos con narcocultivos de Colombia.

Es uno de los departamentos con narcocultivos de Colombia. Aquí también han caído nueve de los 43 exFARC asesinados este año. 

Con la paz ya en marcha, los vecinos se acercaban a jugar fútbol en una cancha sintética construida junto al complejo donde viven los excombatientes. El año pasado un mortero artesanal fue lanzado cerca. Al parecer iba dirigido contra una patrulla militar. Tras la explosión, no volvieron ni los vecinos ni los soldados. 

«Esto se debe (…) a una ausencia del Estado. No solamente de la presencia de fuerza pública, sino de un Estado con vías, con educación, con justicia», apunta Leonardo González, investigador del centro de estudios independiente Indepaz.

Según González, los disidentes están detrás de gran parte de los crímenes. En su mayoría son «nuevos reclutas» que no pertenecieron a las FARC y «ven la implementación del acuerdo como un enemigo» contra la expansión de los cultivos de marihuana y coca.

Las historias de muerte se suceden. Como en el conflicto, son las viudas las que las cuentan. Nancy Medina tenía un bebé de tres años con Fernando Ramos, un exguerrillero indígena asesinado en el municipio de Caldono, en Cauca. 

«Lo sacaron de su sitio de trabajo con engaños, diciéndole que hiciera un domicilio (…) lo estaban esperando para hacerle una emboscada», relata la mujer. La autoridad indígena identificó a los culpables como disidentes de la organización Dagoberto Ramos. 

Mientras sigan prófugos, Nancy teme por ella y su pequeño Elián. «Pueden tener represalias con la familia», comenta en voz baja. 

Cuando se cumplen cinco años de la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, los indicios de que el pasado violento del país aún está vigente parecen volver a surgir.

Durante las últimas semanas, varios incidentes dejaron en evidencia los limitantes de la paz.

Un ataque del ejército cerca de la Amazonía mató a diez miembros de las llamadas disidencias de las FARC, entre ellos un cabecilla, alias «Ferney». Un ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó abatió a un alto mando guerrillero, alias «Fabián», y dejó al menos cuatro menores de edad fallecidos.

En Tibú, en la frontera con Venezuela, asesinaron a dos adolescentes venezolanos, a tiros después de ser acusados de un robo. La policía, ausente durante varios días que estuvieron detenidos por civiles, acusó a las disidencias, pero otros lo atribuyeron a «prácticas paramilitares».

También se reportó la masacre número 72 en lo que va del año. En esta murieron cinco personas en la ciudad de Tumaco, en el sur del país.

Y se reportó que 46.321 colombianos han tenido que desplazarse por la violencia en los primeros ocho meses del 2021.

Son muestras de que hoy es difícil hablar de paz en Colombia, señala un trabajo de la BBC.

Los homicidios, el desplazamiento forzado, los enfrentamientos entre bandas armadas y la producción de cocaína han aumentado este 2021, según múltiples conteos.

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Algunos achacan este repunte de la violencia al gobierno de Iván Duque, crítico del proceso con las FARC. Aseguran que no ha sido proactivo en su implementación de la paz.

Pero el presidente defiende sus planes de desarrollo productivo en territorios afectados por la guerra y su «paz con legalidad». Además de su estrategia contra grupos armados y el narcotráfico, con la que ha dado de baja a decenas de criminales e incautado toneladas de estupefacientes.

«En los tres años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de implementación de la paz». Así lo dijo Duque en una reciente entrevista en referencia al gobierno de su predecesor Juan Manuel Santos.

Aunque no se puede hablar de paz en Colombia, tampoco es que haya una guerra como la que se vivió durante 60 años entre el Estado y movimientos insurgentes.

«No hay un regreso de la guerra, sino conflictos muy localizados que no tienen el alcance nacional de antes». La expresión corresponde a Juanita Vélez, investigadora de la Fundación Core, un centro de estudios.

Y Jorge Restrepo, director de la CERAC, otro organismo que investiga conflictos, añade: «Ni se ha recrudecido el conflicto ni ha empezado un nuevo conflicto. Han aparecido conflictividades que antes del proceso con las FARC no existían. Pero son de mucha menor intensidad y no plantean una confrontación directa por el control del Estado».

La violencia en Colombia, entonces, se transformó. Se fragmentó y concentró en regiones donde las cifras de homicidios sobrepasan las de los países más violentos del mundo. Y surgieron múltiples grupos, desarticulados y heterogéneos, que intentan usar los símbolos y lenguajes del pasado. Quieren justificar su único interés actual: lucrarse de las economías ilegales.

Estos son, pues, los grandes rasgos de los grupos que mantienen vigente la idea de que en Colombia hay una guerra, así el Estado democrático no esté amenazado ni las cifras de homicidios del pasado hayan regresado.

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Se hacen llamar disidencias porque no acogieron o renunciaron al proceso de paz. El mismo, en 2016, desmovilizó a 13.000 guerrilleros del que fue el movimiento insurgente más grande de América Latina.

Usan, además, símbolos y discursos guevaristas que recuerdan la lucha emprendida en los años 60 por movimientos campesinos. Y sus líderes fueron miembros de las extintas FARC.

Pero hasta ahí, advierten los expertos, los parecidos con la guerrilla que creó Manuel Marulanda Vélez, alias «Tirofijo», en 1964.

«Se asume que las disidencias son las FARC de antes, pero eso es un análisis muy errado», le dice Vélez a BBC Mundo. «Porque las disidencias retoman el gen fariano (de las FARC), sí, pero el grueso de las disidencias son nuevos reclutados. Eso hace que su manera de actuar sea distinta en muchos sentidos».

«Presumir que son iguales —añade— hace que se agranden y se sobreestimen sus actuaciones y poderío. Hace que nos lleve a pensar que la guerra es la de antes, cuando eso no es cierto», afirma.

Elizabeth Dickinson, investigadora del Crisis Group, señala que las disidencias se suelen agrupar en dos líneas diferentes y a veces antagónicas. La del líder Gentil Duarte, que se separó de las FARC antes de la firma la paz. Y la de Iván Márquez, quien firmó la paz y luego desertó.

«Pero incluso esta división no es firme y cada disidencia tiene su propio hábitat y sus propias ambiciones de control territorial», explica la analista.

Aunque los centros de estudios estiman que existen entre 30 y 40 frentes de grupos postFARC, ninguno tiene articulación nacional ni pretende —o tiene oportunidad de— derrocar al modelo capitalista.

Los vínculos entre ellos, reporta un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, se dan más para repartir territorios, acordar ceses de violencia o transar labores en la producción de cocaína, que para derrocar a un presidente.

Duque culpa en parte a Nicolás Maduro de la subsistencia de estos grupos. Les da refugio en Venezuela y permite su emprendimiento narcotraficante. Pero, Maduro lo niega.

Esta semana el comandante general de las Fuerzas Militares le dijo a la agencia Reuters que en Venezuela están refugiados al menos 1.900 guerrilleros colombianos.

El ELN es conocido como la última guerrilla de América.

«Es el último grupo realmente guerrillero, en el sentido de que tiene ideales políticos, quiere derrocar el poder en Bogotá y hace trabajo no solo con las comunidades, donde pone reglas y organizan, sino entre sus filas, donde hay formación militar e ideológica», explica Dickinson.

La Fundación Ideas para la Paz estima que en 2017 se vincularon cerca de 1.000 personas a la guerrilla y que para 2018 contaba con más de 4.000 integrantes. «Hoy en Venezuela el ELN desarrolla actividades ilegales relacionadas con el contrabando de gasolina, la minería y la extorsión», dice un informe de la ONG.

El ELN se ha atribuido varios ataques en bases de la policía y el ejército en los últimos años, pero los expertos no creen que sea una amenaza directa para el orden establecido.

Aunque el ELN ha aprovechado la ausencia de las FARC para tomar algunos territorios, también se ha encontrado y ha tenido que enfrentar a diversos grupos armados que luchan por control en regiones remotas del país.

El ELN no es la única activa de las seis guerrillas que sugieron en Colombia en los años 60: el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocido como «Los Pelusos», mantiene cierta presencia en la frontera con Venezuela a pesar de sus divisiones internas y el asesinato de su principal líder en 2015.

En los años 80 y 90 el fortalecimiento de las guerrillas generó un actor incluso más violento: los paramilitares, organizados para acabar con la insurgencia, defender la propiedad privada y evitar la llegada del comunismo al poder.

Las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron a través de un acuerdo de paz firmado con el entonces presidente, Álvaro Uribe, en 2003. Pero desde entonces surgieron diversos grupos que se adueñaron de sus símbolos y, sobre todo, de sus territorios y vínculos con el narcotráfico.

Hoy el principal grupo neoparamilitar es el Clan del Golfo, que nació en el Golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, pero se ha expandido por otras regiones del país. Además del narcotráfico, viven del microtráfico, la trata de personas y el cobro de extorsiones.

Cifras oficiales estiman que unas 4.000 personas hacen parte de este grupo.

«Su foco es el control territorial y operan bajo las prácticas de los paramilitares, con matanzas, amenazas, toques de queda y control social», dice Dickinson. «Han ido colonizando terreno después del proceso de paz, no solo alrededor del Golfo de Urabá, sino también en la frontera con Venezuela».

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Urabeños, no es el único grupo neoparamilitar que opera en el país: también están Los Rastrojos, fuertes en la frontera con Venezuela, y la Oficina de Envigado, originado como el grupo de sicarios de Pablo Escobar y hoy reducido a su mínima expresión y concentrado en el narcotráfico.

Si es difícil identificar grupos articulados y homogéneos en los ámbitos guerrillero o paramilitar, en el mundo del crimen organizado la situación se complica aún más.

Colombia es hoy, así como en los 80 y 90, el país que más cocaína produce en el mundo, según cifras de la ONU. La minería ilegal, el contrabando y el tráfico de personas y especies animales son también actividades que prosperan en este país, un caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados ilegales.

Además, la presencia de los carteles mexicanos ha proliferado el entramado de grupos interesados en una u otra actividad ilícita.

«El hecho de que los grupos armados hoy en Colombia no tengan elementos aglutinadores o de cohesión ha llevado a que su violencia sea más atroz», dice Restrepo. «Hacen un uso más instrumental y restringido de la violencia y buscan intimidar construyendo un capital del terror».

¿Por qué es tan difícil contener le emergencia de grupos armados ilegales con ingeniosos nombres como Los Caparrapos, Los Puntilleros o Los Pachenca?

El gobierno de Duque suele decir que la culpa es del narcotráfico, una actividad trasnacional cuya principal demanda está en países desarrollados.

«Es hora de la corresponsabilidad de la comunidad internacional», dijo Duque recientemente.

Otros hablan de la incapacidad histórica del Estado de ejercer control sobre un complejo, diverso y remoto territorio.

Restrepo da su hipótesis: «No podemos derrotar a estos grupos porque las fuerzas armadas no estaban preparadas para el posconflicto. La preparación fue no solo episódica, sino interrumpida por el gobierno de Duque, que sigue utilizando elementos de la guerra de guerrillas para unos criminales que se han transformado en todo sentido».

Es posible que la guerra haya pasado en Colombia, pero la paz está todavía pendiente.