Venezuela es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con más vulneraciones a la propiedad privada. Únicamente lo supera Haití. Esta es una de las conclusiones del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2020 (IPRI 2020, por sus siglas en inglés).

La ONG Cedice-Libertad dio a conocer la información. El estudio, elaborado  por la Property Rights Alliance, sitúa a Venezuela en el puesto 127 entre 129 países analizados.

Para llegar a esta conclusión, el índice evalúa, en una escala del 1 al 10 tres componentes esenciales. En el caso de Venezuela se calculó de la siguiente manera: Entorno legal y político: 1,4/10, Derechos de propiedad física 4,7/10, Derechos de propiedad intelectual 2,5/10.

El entorno legal y político resultó peor evaluado. Todo, ante las restricciones legales y los constantes ataques contra la libertad económica. También contra la libre empresa y la propiedad privada, que en Venezuela son una política de Estado.

Finlandia conservó el primer puesto, mientras que regionalmente Chile es el país de Latinoamérica con la mejor situación de derechos de propiedad (puesto 28 del IPRI 2020).

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En el marco de la pandemia por COVID-19 los derechos de propiedad tienen una importancia crucial. Transforman el potencial de la innovación en valores de mercado. Así se evidencia en los múltiples intentos en todo el mundo por conseguir una vacuna que detenga el miedo.

Al respecto, Sary Levy destacó que año tras año este instrumento demuestra las estrechas relaciones que existen entre derechos de propiedad, prosperidad, una mejor calidad de vida y el desarrollo de “círculos virtuosos” en la sociedad.

Por su parte, Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la PRI y editor del índice recalcó que los derechos de propiedad no son únicamente uno de los pilares esenciales de la sociedad libre, sino que incluso están establecidos en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó la ocupación ilegal por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de una propiedad privada en Vargas, perteneciente a la ciudadana Isabel González Capriles.

«La dictadura de Venezuela, a través del DGCIM, tomó la propiedad de Isabel González Capriles y puso en la calle a los inquilinos: una familia con cuatro niños. Hay que redoblar esfuerzos para poner fin a este régimen corrupto e inhumano», expresó mediante su cuenta en la red social Twitter.

La dictadura de Venezuela, a través del DGCIM, tomó la propiedad de Isabel González Capriles y puso en la calle a los inquilinos: una familia c/4 niños. Hay que redoblar esfuerzos para poner fin a este régimen corrupto e inhumano. https://t.co/eMkEyt4EAe

El 14 de agosto una comisión  de 10 funcionarios del Dgcim se adueñaron de la propiedad de González ubicada en Caraballeda, sin orden judicial ni presencia de la fiscalía.

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González Capriles grabó un video explicando que la casa fue construida por su abuelo César Capriles Ayala en los años sesenta. «Yo soy la única propietaria al recibirla en herencia».

“Hago un llamado a que alguien me explique por qué fue tomada mi propiedad”, se preguntó esta venezolana, que se encuentra viviendo en Alemania. Precisó que este atropello fue denunciado ante la Fiscalía General dela República y la Defensoría del Pueblo, pero aún no ha recibido respuestas.

Exigió saber si en Venezuela se respeta o no la propiedad privada considerando lo ocurrido con su inmueble, mientras que lamentó que esto suceda en tiempos de pandemia.