Daniela Echeverry Gómez, era una patrullera de la Policía Nacional en Cartagena, acaba de ser enviada a la cárcel, junto con Bertha Ramírez Torres –venezolana–, acusadas por inducción a la prostitución a menores de edad y trata de personas en Cartagena.

La Procuraduría y la Fiscalía solicitaron una medida de aseguramiento para ambas mujeres en un centro carcelario, la que fue concedida por el juez durante la audiencia. 

Las denuncias que permitieron que se adelantara el proceso de investigación en contra de esta uniformada, se conocieron el 13 de mayo, y en las que se identificó que podría estar operando en la zona de Cholón y en las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena.

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La captura de esta policía de 27 años aconteció en el municipio de Cravo Norte (Arauca) y, según el comandante de la Policía de Cartagena, coronel Wilson Parada, hacía parte de una red que se dedicaba a la explotación sexual en esa ciudad y su rol era el de agente corruptora.

Además, explicó Parada, también “inducía a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución, no solo al interior, sino externamente”.

Por esta razón, la Fiscalía le imputará a la mujer –que trabajaba en la División de Infancia y Adolescencia de Cartagena– el delito de trata de personas.

Según el ente investigador, Echeverry se valía de su puesto para fomentar el tráfico de mujeres jóvenes en lugares turísticos de la ciudad “Heróica” como Islas del Rosario y Barú. La mayoría de las personas que la denunciaron eran extranjeras o del centro del país.

Echeverry, quien hacía parte del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena –y llevaba cinco años en la institución–, fue detenida por sus propios compañeros el pasado 18 de diciembre en Cravo Norte, Arauca, y ese mismo día, además, fue dejada disposición de la Fiscalía y recluida en la cárcel para mujeres de El Buen Pastor en Bogotá.

El Castillo el club nocturno más grande de Bogotá, vinculado con la mafia, drogas, prostitución, compra de sexo y compañía a cambio de jugosos dividendos económicos; pero hoy se convierte en el centro cultural para rescatar población vulnerable.

En este Testigo Directo el cronista callejero, Raúl Arévalo muestra la inmensa estructura que tiene más de 100 habitaciones, en la que las niñas recibían a sus clientes y también muestra los  cuartos de castigo para quienes no pagaban.

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Llegan a Colombia con la promesa de un trabajo estable que les permita enviar dinero a Venezuela y sobrevivir medianamente; pero migrantes venezolanas son captadas por redes de trata sexual.

Son secuestradas durante un año o más en distintos lugares. El miedo las oprime y las obliga a prostituirse bajo el yugo de bandas que les ofrecen falsas ofertas laborales a través de las redes sociales.

En las que caen las mujeres venezolanas, quienes son más vulnerables frente a estas ofertas debido al éxodo masivo que azota al país con 5,5 millones de desplazados, según las últimas cifras de ACNUR.

Redes de trata sexual victimizan a las migrantes venezolanas, allanamientos de autoridades colombianas, lo confirman; incluso.

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«Algunas mujeres han referido que Tibú ‒zona roja controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)‒ es un lugar donde hay alta violencia y explotación sexual», describe El Nacional.

Se las llevan con la promesa de trabajar en fincas cafeteras, les dicen que les pagan los pasajes y al llegar allí les ofrecen vestuarios y las explotan.

También hay referencia de redes en Bogotá, Bucaramanga, Montería, Barrancabermeja y Ocaña.

Naciones Unidas estima que la trata sexual es la principal modalidad de explotación en el mundo, representando 50%. Por cada víctima rescatada, 20 mujeres permanecen sin identificar.

Una problemática a la que se suma el subregistro, la ausencia de información y transparencia, la dificultad para acceder a ellas y, principalmente, el miedo, el silencio y la ausencia de denuncia.

Además, se estima que las venezolanas que, supuestamente, están en situación de prostitución en Colombia, alrededor de entre 80% y 90% son, en realidad, víctimas de trata sexual.

Esto en Colombia, sin contar «las mujeres que están siendo traficadas hasta Trinidad y Tobago, un destino de trata sexual de inmigrantes venezolanas que podemos considerar consolidado», asegura el reportaje del El Nacional.

Aruba, Curazao, Bahamas, Guyana. España es otro de los destinos.

«Hemos visto que una ruta que está, digamos, consolidándose también es la ruta Bogotá-Madrid Barajas», se describe.

Más allá de ello, también se denuncia la revictimización de las mujeres en instituciones como la Fiscalía que somete a las víctimas a interrogatorios largos y complejos.

«¿Por qué tantos interrogatorios? Vayan ustedes e investiguen. Al final, parece que es ella la que tiene que probar su situación y no la Fiscalía la que tiene que investigarla”, denuncia Ana Margarita de González Women’s Link Worldwide.

“Además la Fiscalía no hace una evaluación o estudio de los riesgos a los cuales somete a esta persona de seguridad e integridad física y psicológica porque ir a la Fiscalía es muy peligroso», complementa de defensora.

Finalmente, el informe de El Nacional asegura que «la situación debido al covid-19 incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas venezolanas».

Y a pesar del cierre de las fronteras, la problemática con las redes de trata sexual, no solo no ha disminuido.

«Ha empeorado produciendo una transformación de las dinámicas internas de las redes, así como la aparición de nuevas rutas y países de destino en los que explotan a migrantes venezolanas», concluye.

Con información de El Nacional