La promesa de Nicolás Maduro, de eliminar tras las elecciones regionales la figura de los protectores, está en entredicho debido. Esto, debido al proyecto de ley de Ciudades Comunales, que contempla otorgar potestades de alcalde a líderes de comunas.

Maduro adquirió el compromiso el 28 de junio, cuando aseguró que luego de los comicios eliminaría a los «protectores». Ellos son autoridades paralelas a las escogidas a través de elecciones para regir estados y municipios gobernados por opositores, recuerda la agencia Efe.

Destacan los estados Mérida o Táchira, los cuales se han visto afectados, según sus gobernadores legalmente elegidos, por la falta de apoyo de la Administración central. La misma otorga responsabilidades y presupuestos a los «protectores».

La figura del «protectorado» no está contemplada en la Constitución.

Según dijo el abogado y profesor Gustavo Manzo, no hay base jurídica ni legal que sostenga la designación de esta figura.

En el artículo 4 de la carta magna se establece que Venezuela es un «Estado Federal descentralizado». Mientras que el 5 señala que la soberanía reside «intransferiblemente» en el pueblo, quien la ejerce, indirectamente, a través del sufragio.

En ese sentido, Manzo sostuvo que el nombramiento de estos denominados protectores es un elemento de «autoritarismo».

«Cuando la Administración de Maduro no logra ganar por las vías de las elecciones (…) o cuando requiere, de alguna manera, hacer ejercicio del poder. Ahí van a nombrar un protector», comentó Manzo.

Recordó que esta figura también la designaron recientemente en la Universidad Central de Venezuela.

El pasado septiembre, Maduro titubeó sobre la decisión de eliminar a los llamados protectores al señalar que estaba «arrepentido». A su juicio, los gobernadores de oposición están ausentes, pero finalmente dijo que la medida se mantendría porque se había comprometido con ello.

Lea también: La estrategia de Maduro para que la oposición desista de participar en las elecciones, según Henrique Capriles

La promesa, sin embargo, no parece ser una garantía de que se respete la autonomía de las autoridades electas. Esto, independientemente de cuál sea el resultado el domingo.

El proyecto de ley de Ciudades Comunales, que se aplicaría de forma similar a los protectorados, pero en este caso, en alcaldías, se mantiene en discusión desde hace meses.

La legislación busca cambiar la distribución político-territorial de Venezuela. Lo haría otorgándole poder y funciones de gobernadores o alcaldes a quienes rijan estas «ciudades».

«Realmente plantea una nueva forma de ver, de organización político territorial y económica venezolana. La manera como se distribuye el dinero, las competencias, la forma como se distribuye el presupuesto, como se gasta», explicó Manzo.

En el artículo 5 de la norma en discusión se señala que el propósito «fundamental» de la «Ciudad Comunal» es el «desarrollo pleno de la democracia participativa, protagónica». Esto para la «conformación y ejercicio del Gobierno por parte de las comunas».

Y explica la forma de lograr este ejercicio de gobierno. El mismo es a través de «la administración y gestión de las competencias desarrolladas o que le sean transferidas». Además del «establecimiento de normas de convivencia y socialización, y mecanismos legislativos territoriales y de contraloría social para el tránsito hacia la sociedad socialista».

Pero además, en el 56 se indica que los entes del Estado y «entidades político territoriales» deberán «impulsar el proceso de transferencia (…) a las comunas de las Ciudades Comunales». Y agrega la «gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos».

La ley se enmarca en el denominado proyecto «Plan de la Patria» de Maduro. Él defiende que su forma de gobernar es otorgándole poder al pueblo.

Pero, los estudiosos de la materia ven en estos proyectos impulsados por el oficialismo una manera de extender o centralizar el poder del mandatario.

De manera que, en opinión de Manzo, las elecciones del 21 de noviembre pueden ser una «forma de maquillar» o «matizar» el escenario político.

Lo que busca el chavismo gobernante es transformar a Venezuela en un Estado socialista. La idea se remonta a 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó una reforma constitucional que fue rechazada en referendo.

Apenas Nicolás Maduro anunció la «eliminación» de la figura de los protectores en alcaldías y gobernaciones, a partir del 21 de noviembre, las reacciones no se hicieron esperar.

Maduro creó esa figura para limitar las funciones de los gobernadores y alcaldes opositores, desde el 2017. El caso del estado Táchira es uno de los más emblemáticos. Aunque esas figuras existen también en Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta.

Para gran parte de representantes de la oposición, el anuncio es varias cosas, menos algo positivo. Sobre todo porque consideran que tras estos comicios estarán vigentes las leyes que consolidarán el Estado Comunal. Estas normas, según los opositores, restarán funciones a los gobernantes locales, por sí solas.

Juan Guaidó, por ejemplo, considera que Maduro «se confiesa dictador», al prometer cumplir lo que está en la Constitución.

«Designar protectores, dejar a Amazonas sin diputados en 2015, negar el Revocatorio en 2016, la Constituyente, el Estado Comunal, el secuestro del Poder Judicial y cometer delitos de lesa humanidad. Se confiesa dictador cuando la promesa es cumplir (ahora sí) la Constitución», expresó por sus redes sociales.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), es el único opositor que cree que la eliminación de los protectores «es un paso en la dirección correcta».

«La supresión de la figura de los protectores estatales por parte del Ejecutivo Nacional es un paso en la dirección correcta. Esto elimina interferencias en el ejercicio de las competencias que la Constitución garantiza a los gobernadores. Estimula la participación electoral», indicó por Twitter.

Sin embargo, el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, parte del hecho de que los protectorados «nunca debieron existir», por considerarlos «entes paralelos”. «El respeto a la ley debe ser algo cotidiano”, dijo.

Lea también: ¡SALUD EN RIESGO! Oposición denuncia peligro del «experimento» con las vacunas cubanas en Venezuela

Entre tanto, el exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, preguntó: «¿Y las comunas? ¿Cuándo dejan sin efecto esas leyes comunistas? Eso es peor que los protectores. Yo soy optimista en que saldremos de esta desgracia pero lo que no soy es ingenuo para creer qué Maduro está recapacitando y ahora es un converso democrático. ¡Mosca con eso, pues!», alertó.

Por su parte, el diputado de la AN chavista, José Gregorio Correa, pidió a Maduro que elimine «desde ya» esa figura.

“Presidente elimine desde hoy, eso es una figura inconstitucional, es un fraude al elector, el venezolano no votó por ellos. Esos mal llamados protectores manejan recursos, no tienen la figura de funcionarios y hasta tienen duplicidad, porque algunos son concejales, diputados, entre otros”, indicó.

Mientras, el abogado Joel García calificó como «un descaro» ese anuncio. Y afirmó que «la ciudad comunal sustituye a los protectores».

De su lado, el exdiputado, Juan Carlos Caldera, dijo que «si de verdad el régimen quiere dejar atrás la inconstitucional figura de los protectores, debería de manera inmediata anunciar también que retiran el inconstitucional proyecto de ley del Estado Comunal».

En la misma tónica, Nelson Ventura, también exdiputado, cree que «los protectores serán sustituidos por el consejo de las Ciudades Comunales. Esa es una estructura al servicio de Psuv. El gobierno o régimen es de vocación hegemónica totalitaria, nunca dejarán de dominar, someter, controlar para su partido», advirtió.