La conmemoración de los tres años del inicio de las protestas sociales en Chile se saldó con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales, según un balance oficial divulgado este miércoles. 

«No hubo ninguna persona en Chile fallecida; el año pasado tuvimos que lamentar dos», destacó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, al entregar un reporte de las acciones de violencia registradas la noche del martes en todo el país.

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Durante la jornada, que arrancó con la instalación de barricadas incendiarias en barrios periféricos de Santiago y luego protestas en las principales ciudades, fueron desplegados 25.000 policías para resguardar la seguridad.

De ellos, 5.000 lo hicieron solo en Santiago, donde se concentraron las manifestaciones, reseñó AFP. 

De acuerdo a las autoridades, unas 2.300 personas se movilizaron, una convocatoria menor que en los dos aniversarios anteriores del llamado «estallido social», las protestas masivas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 para exigir una serie de reclamos ciudadanos.

Al caer la noche, en el centro de Santiago un camión fue quemado y dos autobuses del transporte público fueron robados; además, varios comercios fueron saqueados.

En el barrio de Puente Alto, en el sur de la capital, turbas de personas saquearon tres supermercados, una farmacia y una juguetería.

El balance de este miércoles mencionó 24 policías y 18 civiles heridos en los 150 puntos de manifestaciones que se registraron en todo el territorio chileno. Se contabilizaron también 195 detenidos y 15 locales comerciales saqueados.

El alza en el pasaje del metro de Santiago desencadenó hace tres años en Chile las mayores protestas sociales desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se saldaron con una treintena de fallecidos y casi 400 heridos oculares por acción de agentes del Estado.

Tras cumplirse dos años de la protesta nacional en contra del Gobierno de Sebastián Piñera, los chilenos salen a las calles para conmemorar este gran movimiento, pero la jornada termina en saqueos y protestas violentas.

En Santiago, miles de personas caminaron hacia la céntrica Plaza Italia, bautizada por los manifestantes como plaza Dignidad, epicentro del estallido social de octubre de 2019, que dejó más de 30 muertos.

#18Oct #ImpactoVenezuelaMiles de manifestantes toman las calles de Chile en el segundo aniversario del estallido social.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/DIDJ9hf8Bx

La Alameda, principal avenida de la capital, fue cerrada. Tiendas y edificios de oficinas bloquearon sus puertas con vallas de metal y dos de las seis líneas del metro suspendieron sus servicios.

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Tal como ocurrió desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, los manifestantes lanzaron gritos en contra del gobierno de Sebastián Piñera, a su paso por el frente del Palacio de La Moneda.

Grupos de encapuchados logran quemar barricadas, lo que provoca la respuesta de la policía, que intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos y camiones lanza agua. Una óptica y un restaurante de comida rápida fueron saqueados en el centro de Santiago.

Este segundo aniversario del «estallido social» coincide con el inicio de la redacción de la nueva Constitución. Un proceso que en noviembre de 2019 logró canalizar por la vía institucional la rabia desatada en las calles. La gente protestó contra un modelo considerado injusto y el anhelo de una mayoría de los 19 millones de chilenos por un «nuevo pacto social».

Durante las protestas que perduraron cuatro meses hasta la irrupción de la pandemia en marzo 2020, murieron 34 personas y más de 460 sufrieron lesiones por la acción de la policía.

La dura represión de las protestas originó acusaciones internacionales de violaciones de derechos humanos en contra del gobierno de Piñera.

El aumento de pasaje del metro de Santiago fue el detonante de las primeras manifestaciones estudiantiles el 18 de octubre de 2019. Pero el reclamo se amplió rápidamente contra todo el modelo económico chileno.

Al menos 5.000 agentes de policía fueron movilizados en todo Chile. En la ciudad portuaria de Valparaíso columnas de manifestantes marcharon hacia el edificio del Congreso Nacional.

En Antofagasta y en las ciudades sureñas de Concepción, Chillán y Punta Arenas reportaron protestas con consignas contra el gobierno de Piñera.

Con información de AFP

La Fiscalía de Chile abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique (norte) por manifestantes que protestaban contra la creciente migración en la zona.

La manifestación congregó a unas 3.000 personas que portaban banderas chilenas y carteles con lemas antimigración, reseñó la agencia AFP.

En medio de gritos xenófobos, los más radicales quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en las calles de esta ciudad de la región de Tarapacá, a unos 1.800 km al norte de Santiago.

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La Fiscal Jócelyn Pacheco de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) que «realice investigación por hechos ocurridos en Iquique que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó este domingo un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía de Tarapacá.

Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas (migrantes)», quienes tras el ataque tuvieron que huir, esconderse y pernoctar en las calles y playas de Iquique, constató una periodista de la AFP.

La protesta se registró un día después del desalojo de una plaza copada de familias de migrantes con niños.

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta.

No obstante, «vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran».

También «con el plan de expulsiones» de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno, aclaró.

La violencia en contra de migrantes en Iquique ha sido condenada por organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Asimismo,  el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el hecho como una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables».

Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique».

Pide al Estado «garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».

Los hechos ocurren en medio de la creciente llegada de miles de migrantes indocumentados que cruzan a pie la frontera entre Bolivia y Chile.

Esto por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas.

Unos 11 migrantes han muerto en la zona en lo que va del año.

Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago.

Pero los más pobres carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena.

Algunos han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en precarias condiciones.