“No necesitamos más magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo este miércoles la ONG Provea, en relación con la reforma parcial de la Ley Organica del TSJ que aprobó esta semana la Asamblea Nacional (A).

Cabe recordar que la reforma es para cambiar el artículo 8 de la ley con la finalidad de aumentar el número de magistrados de 20 a 32.

“Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, dijo Marino Alvarado, integrante de la ONG, en su cuenta en X.

Asegura que “las y los jueces deben ser designados por concurso. Ese mecanismo es la garantía de estabilidad judicial y la condición mínima para que exista independencia en tribunales”.

Asimismo, señala que “el derecho a la defensa y el debido proceso también están consagrados constitucionalmente. Los jueces deben decidir con base en el derecho y en las pruebas presentadas, no en consultas a superiores ni en llamadas de terceros. Esa práctica debe cesar”.

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Provea exige lo mismo para los fiscales del Ministerio Público. “La subordinación disfrazada de protocolo no es independencia. Los fiscales deben poder actuar sin tener que consultar cada decisión con quien está por encima de ellos”, afirma.

Igualmente, señalan la “necesidad urgente de fortalecer la defensa pública. Quienes no tienen recursos para pagar un abogado tienen el mismo derecho a una defensa efectiva que cualquier otro ciudadano”.

Finalmente, Provea destaca que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

🗣️ PROVEA PIDE REFORMAS PROFUNDAS AL SISTEMA DE JUSTICIA@marinoalvarado, abogado y coordinador de @_Provea, señaló que no se trata de aumentar magistrados en el TSJ, sino de garantizar independencia judicial, jueces designados por concurso y respeto al debido proceso. pic.twitter.com/qN7HGwuSBg

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la ONG, Provea insistió en exigir “una ruta electoral clara en Venezuela”, lo que implica la “renovación del CNE, elecciones presidenciales y parlamentarias con condiciones, y acompañamiento internacional efectivo”.

En nombre de otras organizaciones, Provea alertó que “la sustitución de rectores del CNE es indispensable para cualquier proceso creíble”.

Agrega que “la recomposición del CNE debe realizarse bajo criterios transparentes, sin reparto político y garantizando la idoneidad de sus integrantes en todos los niveles”.

La ONG explica que “las condiciones mínimas son: independencia plena del árbitro electoral, garantías de pluralismo político, registro confiable con voto en el exterior, auditorías independientes al sistema automatizado y observación nacional e internacional calificada”.

Asimismo, advierte que “prolongar la incertidumbre política profundiza la frustración social”.

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Exigimos una ruta electoral clara en Venezuela:Renovación del CNE, elecciones presidenciales y parlamentarias con condiciones, y acompañamiento internacional efectivo.ONG venezolanas alertamos que la sustitución de rectores CNE es indispensable para cualquier proceso creíble.… pic.twitter.com/JbDV7qM90O

Mientras que “una elección creíble puede canalizar pacíficamente la aspiración de cambio del pueblo venezolano e iniciar la reinstitucionalización de los poderes públicos”.

La organización ratificó que “no hay transición democrática sostenible sin autoridad electoral independiente”.

Y, finalmente, afirmó que “la comunidad internacional tiene responsabilidad directa en generar las condiciones, incentivos y garantías para que eso ocurra”.

 La ONG Provea  saludó el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de aprobar una ley general de amnistía, pero aclara que la medida no se debe asumir como una “gracia” del Estado, puesto que las personas a las que beneficia fueron arbitrariamente apresadas por ejercer sus derechos.

“Si bien es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, dijo la organización en su cuenta en X.

“Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas”, agregó.

Asimismo, recuerda que “tras el anuncio de numerosas liberaciones, hecho el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones a cuentagotas y la ausencia de transparencia oficial respecto al proceso agravaron en días recientes la angustia y la incertidumbre de los familiares de presos políticos, prolongando la situación de trato cruel, inhumano y degradante que han padecido durante un largo período”.

Provea remarca que “las restricciones a los derechos a la libre asociación y manifestación pacíficas, la libre expresión, el derecho a la sindicación, entre otros, mediante la construcción de un andamiaje jurídico represivo, el control social a través del uso ilegal de la fuerza policial y militar y la instrumentalización de un sistema de justicia cooptado por el Ejecutivo y el partido de gobierno, condujeron a una escalada sin precedentes de graves abusos contra los derechos humanos”.

Sostiene que “un gran número de las personas arbitrariamente detenidas en los últimos años, y sobre todo tras la escalada represiva post-electoral, fue víctima de desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violaciones sistemáticas y generalizadas del debido proceso y el derecho a la defensa”.

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Por otro lado, la ONG asevera que “no es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la justicia por los abusos cometidos”.

Por ello, afirma que “las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación”.

Como ha advertido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las "amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento... corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacte en forma apropiada".

Esto debe incluir el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que se han cometido graves abusos y de que están dispuestos a investigar y sancionar a los responsables de dichos crímenes para avanzar en una reconciliación y convivencia genuina.  

Asimismo, Provea recuerda “a las autoridades  que, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, las amnistías no podrán favorecer a actores involucrados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos”.

Finaliza diciendo que “corresponde que las autoridades concreten la liberación plena e inmediata de todos los privados de libertad por razones políticas, sin más dilaciones indebidas, para avanzar en la anunciada reconciliación nacional y detener la angustia de cientos de familias”.

La ONG Provea anunció la noche de este viernes excarcelación del integrante de la organización, el abogado Eduardo Torres.

“Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda”, publicó Provea en su cuenta en X 

“Tras su detención arbitraria y desaparición forzada el 9 de mayo de 2025, Eduardo Torres permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación”, indicó.

Provea denunció que “durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no realizó ninguna actuación ante un recurso de Habeas Corpus ejercido por nuestro equipo legal en favor de nuestro compañero Eduardo Torres, enviando un claro mensaje de denegación de justicia al resto de tribunales del país, y violando lo consagrado en el Art. 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, que obliga a estas instituciones a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Provea celebra la excarcelación de Eduardo Torres, y mantiene  su “firme exigencia de libertad plena e inmediata para todos los privados de libertad por razones políticas, incluido el también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona”.

La represión estatal en Venezuela, intensificada tras las protestas que surgieron inmediatamente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha instaurado una política de terrorismo de Estado.

Este patrón de violaciones sistemáticas, documentadas por organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y locales como el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y la agrupación Madres en Defensa de la Verdad, no solo quiebra la vida de los detenidos, sino que impone un sufrimiento económico, psicológico y logístico exponencial sobre sus familiares.

Hay casos de detenidos que son el único sustento económico de la casa; muchos son trabajadores honestos que, por estar en una prisión injusta, dejan a sus dependientes desprotegidos y en la pobreza.

Mientras, los familiares angustiados y desorientados deben suministrarles alimentos, agua potable y medicamentos. El gasto en estos casos es abrumador.

Este es un trabajo especial publicado por ONG Provea, a principios de diciembre, el cual reproducimos.

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En un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares (aunque es complementado con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares), una familia debe tener hasta $300 para cubrir la llamada paquetería (ropa, alimentos, medicinas, artículos de higiene personal) de un solo detenido; cuando es el Estado quien tiene la obligación de cubrir estos insumos, de acuerdo a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela).

A esto se suma el costo constante de los traslados de estados como Bolívar, Mérida o Nueva Esparta a centros de reclusión lejanos en Valencia (Tocuyito), Aragua (Tocorón), Miranda (Yare o El Rodeo) y Caracas  (El Helicoide), por citar los más emblemáticos.

Lo anterior agudiza aún más la pobreza familiar, sin contar la desmejora emocional.

Muchas madres, esposas, padres, hijos, hermanos, novias, lloran en silencio la ausencia de estos hombres y mujeres tras las rejas, imputados de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, instigación para delinquir y obstrucción a las vías, delitos que las familias no aceptan, pues luego de más de un año, en promedio, tras las rejas, insisten en la inocencia de sus seres queridos.

 Esa rutina obligada hace que las familias pierdan su calidad de vida, su intimidad y hasta sus empleos.

“Me siento presa, al igual que mis hijas. No me atrevo a comer una pieza de carne o de pollo, porque pienso en ellas, que comen mortadela desde hace un año”, contó una madre*, de profesión docente, quien desde el 1 de agosto de 2024 tiene a sus dos únicas hijas, de 25 y 23 años, detenidas injustamente en un centro penitenciario del oriente del país.

Ocho horas de viaje, desde su lugar de origen hasta la cárcel de Cumaná, gasta para verlas un solo día al mes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Un esfuerzo físico que dice soportar “por las muchachas”; pero su psiquis, vista como el conjunto de funciones y procesos mentales y emocionales, como pensamientos, sentimientos, motivaciones y percepciones que permite al organismo asumir una postura activa y adaptarse al entorno para la supervivencia, no está bien.

“Paso muchos días tomando las pastillas que me manda el psiquiatra. Hay veces que no quiero hacer nada, me siento deprimida, lloro mucho. Me paro y salgo de la casa cuando recuerdo que mis hijas me dicen que me necesitan fuerte porque soy la única que ve por ellas”.

Entre los días 29 y 30 de julio de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de grupos armados no oficiales, los llamados colectivos, en al menos 119.

Las cifras de esta ola represiva son alarmantes: en solo 16 días después del evento electoral, se registró un promedio de 150 detenciones diarias, superando significativamente los picos de represión de los años 2014, 2017 y 2019.

La Misión de la ONU registró la detención de al menos 2.220 personas, incluyendo 218 niños, niñas y adolescentes (NNA). Estas se sumaron a los más de 300 presos políticos que ya existían antes del evento electoral.

El impacto de todo esto fue mucho mayor, pues la maquinaria represiva del Estado se extendió a los familiares, principalmente madres y hermanas, quienes debieron movilizarse en ese momento para atender a los centenares de detenidos.

Hoy en día, son las que llevan la carga de las visitas y son las que, mayoritariamente, protagonizan las acciones de exigibilidad, incluso en las peores condiciones y en detrimento de otras personas a su cargo y de sí mismas, pues abandonan temporalmente a sus otros hijos, a sus esposos, a sus padres, mientras caminan en la búsqueda de justicia para sus seres queridos.

Las mujeres que tienen familiares presos también sufren tratos crueles, degradantes y humillantes durante las visitas, lo que constituye una violación de derechos humanos y se configura como una forma de tortura psicológica.

Algunos de estos patrones fueron documentados por la misión de la ONU.

“En Yare I, me obligaban a subirme la franela, a bajarme el pantalón, a agacharme, me pedían que pujara”, dijo Luisa Barrios, madre de Luis Eduardo González, de 25 años, a quien “unos colectivos se llevaron de la puerta de la casa”, ubicada en Los Teques, el 30 de julio de 2024.

 A ella y a todas las que estaban en la cola para entrar ese día y los sucesivos les socavaron por completo la dignidad.

“Nos dijeron cómo vestirnos, con franela blanca y jeans azul, que usáramos sandalias, nos prohibieron pasar cartas, fotos y alimentos enlatados o en vidrio. Cuando le llevé la torta de cumpleaños a mi hijo, tuve que cortarla en pedazos para poder ingresarla, por eso no he llevado a mis nietos a verlo. Les cuento que su papá está de viaje”.

La vida de esta mujer cambió: aunque tiene otros dos hijos más, sus horas las dedica a buscar la libertad de Luis.

“Mi relación con mi pareja es como de hermanos ya, mi trabajo se vino a menos, soy peluquera y ya no puedo atender a mis clientas, ya no duermo. En casa se siente su ausencia. Es un dolor que no pasa”.

Al hermano de Elimar Barreto lo trasladaron el 30 de agosto de 2024 desde Nueva Esparta hasta Tocorón, en el estado Aragua.

El 11 de agosto le hicieron una audiencia telemática y le dijeron que iba a estar privado de libertad durante 45 días por averiguaciones y revisión de su caso: terrorismo, intimidación al odio, traición a la patria y obstrucción a las vías públicas.

En octubre de ese año, después del 16, le hicieron la preliminar. Luis Óscar, de 22 años, es mecánico y cuando se lo llevaron estaba sentado cerca de su casa, en Conejeros, agarrando Wifi libre.

“A él le encantan mucho los videojuegos y estaba sentado jugando, aun cuando le dije que no saliera. Pasamos el 30 y el 31 de julio buscándolo, hasta que recibí una llamada y pude encontrarlo. Me dijo que se lo llevaron a eso de las 6:30 p.m. cerquita de la casa de mami. En el camino fueron recogiendo muchachos y personas mayores, los llevaron a un sitio donde estaba una estatua de Chávez, le pegaron con un casco en la cabeza y lo estaban vinculando con actos vandálicos”.

El 29 de agosto, a eso de las 11:00 p.m le permitieron hacer una llamada. Pidió una camisa blanca, un pantalón y los zapatos sin trenzas. “En la mañana, cuando mi hermana le iba a llevar estos insumos, nos enteramos de que lo iban a trasladar para Tocorón”.

Desde entonces, cuenta, hacen maromas cada semana para reunir el dinero de la paquetería.

“Pero desde hace algunos meses esa tarea me ha tocado sola, porque mi mamá está enferma, mis otros dos hermanos están fuera del país y mi hermana está en proceso de migración”.

Luis Óscar ha estado enfermo del estómago; constantemente tiene diarreas, ha tenido abscesos (hasta siete en el mismo lugar).

“Al principio no dejaban pasar el medicamento porque no teníamos una receta y porque no lo llevaba un familiar directo. Luego se regularizaron las visitas y ahora tenemos el envío de paquetería semanal. Por un lado le damos gracias a Dios, pero no niego que es un gasto grande y yo no consigo dinero todas las semanas. Cobro 15 y último, entonces entre una rifa y otra cosa logro reunir la plata que se la envía a una señora que me ayuda con la compra de los insumos en Caracas”.

El 14 de noviembre fue que Elimar pudo visitarlo, luego de estar casi 15 meses preso.

“Pasé dos días viajando para llegar a Caracas. Gasté cerca de $160 en pasajes, más de $60 en la paquetería para dos semanas. Ahorré al máximo, hasta mi alimentación, para poder dejarle las cosas que necesita”.

La angustia y el miedo constante afectan gravemente la salud de los parientes.

Elimar Barreto relata que su madre, quien padece cáncer de cuello uterino, ha empezado a alucinar y a perder el contacto con la realidad; cree que su hijo está de paseo, bromea con eso, aunque a veces dice que está secuestrado en Margarita. Incluso a veces va a buscarlo a casas de familiares, sumida en ataques de nervios.

La madre decidió suspender tratamientos de quimioterapia por miedo a faltarles a sus hijos, una preocupación agravada por la detención.

La situación de los familiares de los presos políticos es como intentar mantener un barco a flote en una tormenta constante, donde cada provisión que necesita el barco (el detenido) debe ser comprada, transportada y entregada personalmente por el tripulante (el familiar, en este caso las mamás o esposas), mientras que, al mismo tiempo, las olas (las autoridades) los golpean y los humillan, tratando de ahogarlos emocional y económicamente.

El simple acto de mantenerse a flote se convierte en una labor que consume la vida entera.

Martha Tineo Rodríguez, activista y abogada, coordinadora general de la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón, señala que por supuesto hay un impacto en toda la estructura familiar, hay un quiebre de esa estructura.

“La mayoría de los casos, los presos políticos son hombres; muchos de ellos eran el soporte económico de la familia, entonces quedan las mujeres no solamente con el esposo preso, sino haciéndose cargo de todo el hogar, de la logística, de la manutención de los niños, de la familia, pero al mismo tiempo dividiendo el poco dinero entre el hogar y la prisión, y los niños creciendo lejos de su padre, con los daños psicológicos que eso trae consigo”.

Además, dice, de una afectación directa en lo emocional y en lo económico, pues se sabe que muchas de las familias de los presos políticos han tenido que salir de Venezuela como consecuencia de la extensión de la persecución hacia ellos.

“Todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, la higiene personal, medicina e, incluso, dotación de agua potable está a cargo de la familia. Y cuando estos familiares tienen que salir del país, los presos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos hacen un esfuerzo enorme por enviar dinero a otros familiares, amigos o familiares de otros presos políticos para que le lleven esos insumos”.

En definitiva, sostiene la especialista, hay un impacto muy severo y una ruptura del tejido familiar.

“La prisión no solamente destruye la vida de quien está privado de libertad, sino que también destruye la vida de todo el entorno familiar”.

Aun si son excarcelados, se mantienen judicializados, con medidas sustitutivas a la privativa de libertad que van desde presentación periódica a tribunales, prohibición de salida al país, prohibición de dar declaraciones en torno a su caso, “y eso evidentemente los mantiene en en una situación de restricción de sus libertades, que impacta igualmente a la familia, que sigue atravesando ese terror, ese miedo de que puedan revocar esa medida, haciendo magia para reunir el dinero para que quienes están en el interior del país puedan venir mensualmente a Caracas a presentarse a los tribunales”.

“Son esposas, son madres, son hijas, son hermanas, y sabemos que si no hay procesos de justicia a favor de una sana investigación, pues mucho menos hay programas de reparación integral a favor de ellas. Entonces, queda en una situación de absoluta vulnerabilidad, empobrecimiento, con traumas emocionales, psicológicos, tratando de rehacer su vida en medio de todas esas dificultades, porque además sabemos que incluso los familiares de presos políticos no consiguen trabajo. Es un daño que se extiende hacia el futuro en todos los aspectos de la vida”.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los presos políticos están sometidos a condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, que violan el derecho a la vida, la alimentación adecuada, el acceso al agua potable y la salud.

Algunos detenidos presentan deterioro físico y psicológico. Se han reportado casos de dengue, fiebre prolongada, infecciones en la boca y pérdida de peso.

Kelvin*, de 33 años de edad, padece un cuadro de ansiedad y depresión que requiere tratamiento y seguimiento psiquiátrico permanente.

Aunque esa condición antecede a su encarcelamiento, los meses de prisión han empeorado su condición y se ha sumado a su estado la ideación suicida.

El 30 de julio de 2024, después de su rutina laboral habitual, fue detenido arbitrariamente por la policía durante su regreso a casa, sin que existiera una orden judicial en su contra ni estuviera cometiendo algún delito en flagrancia, cuenta su mamá*.

“Actualmente presenta un marcado deterioro funcional, ataques de pánico, trastornos maníacos, acciones autolesivas, alucinaciones auditivas, llanto fácil. Sufro con esto, estoy sola atendiéndolo; a mi esposo lo botaron del trabajo por pedir tantos permisos. Esto es muy difícil; si no cometió delito, ¿por qué está pasando por esto?”, expresa.

A Kelvin sus padres no lo dejan solo; hacen todo lo posible por atender su caso. Pero, hay presos que se han quedado sin el apoyo de sus madres o esposas, porque les suspendieron las visitas o porque sus allegados migraron o fallecieron o porque están en zonas remotas del interior del país.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado al menos 80 casos de presos políticos con condiciones de salud delicadas.

Algunos llegaron a prisión con enfermedades preexistentes que se han agravado; otros han desarrollado nuevas patologías debido al hacinamiento, la mala alimentación, la falta de agua potable y la tortura.

Un caso emblemático que no se puede dejar en el olvido es el de Yenny Barrios, detenida en septiembre de 2024, en el contexto de la crisis postelectoral.

Pasó 93 días en prisión, fue excarcelada el 11 de diciembre con medida de presentación que le exigía trasladarse cada mes a Caracas a firmar ante el tribunal.

Tenía un linfoma no Hodgkin agresivo, murió el 7 de noviembre alejada de su único hijo, Diego Sierralta Barrios, quien el 22 de enero de este año publicó en redes que cambiaba un medicamento por otro que Yenny necesitaba. Por eso fue detenido y acusado de “instigación al odio”.

Desde ese día, madre e hijo nunca más se vieron, aunque numerosas ONG solicitaron su liberación humanitaria para acompañar a su madre en la etapa terminal.

Provea, en su red social X, solicitó una medida urgente para que Diego pudiera acompañarla en medio de las complicaciones de salud; y condenó enérgicamente esta penosa situación, que describió como un acto de trato cruel, inhumano y degradante cometido por las autoridades venezolanas contra la familia Sierralta Barrios.

El 22 de septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos publicó un informe donde reseña que había investigado la muerte bajo custodia del Estado de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025.

En dos de estos casos, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada.

Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando el Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia.

El quiebre de la justicia y la economía venezolana ha forzado la ruptura del tejido familiar, extendiendo el castigo de la prisión a todo el entorno.

Pero las historias de Eneida, Eliminar, Luisa y Daisy y de las mamás que por temor pidieron que sus nombres se resguardaran no son solo crónicas de injusticia; son el testimonio vivo de la resiliencia del amor incondicional.

La abogada y activista Martha Tineo lo resume con claridad: “La prisión no solamente destruye la vida de quien está privado de libertad, sino que también destruye la vida de todo el entorno familiar. Es un daño que se extiende hacia el futuro en todos los aspectos de la vida”.

El 24 de julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó su Resolución No. 2/25 sobre Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivosde las privadas de libertad, aprobada en el marco del 193º Período de Sesiones del organismo.

El documento reconoce las afectaciones que sufren las personas que tienen familiares privados de libertad y hace un llamado a los Estados a adoptar medidas que les aseguren sus derechos.

«La ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento y los obstáculos para mantener un contacto adecuado, ocasionan que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono«.

La CIDH instó a los Estados a desarrollar políticas públicas y el marco legal para « i) respetar el derecho a mantener vínculos familiares contra toda interferencia arbitraria; ii) garantizar que las personas sean alojadas en sitios de detención cercanos al hogar de sus familiares y otras personas bajo su cuidado; iii) facilitar visitas; iv) asegurar las condiciones apropiadas para la realización de visitas destinando espacios adecuados a tal fin, que sean universalmente accesibles y adecuados para personas de todas las edades; y, v) asegurar que las visitas se realicen, por lo menos, con la periodicidad, modalidad y duración señalados en los reglamentos penitenciarios».

La Resolución adoptada por la CIDH tiene especial relevancia para las víctimas de la represión y los familiares de los privados de libertad en Venezuela.

En efecto, el costo de la represión se mide en lágrimas, ansiedad, trabajos perdidos, y en el dolor de un niño que cree que su padre “está de viaje” para no enfrentar la verdad.

El tejido familiar se ha desgarrado por la migración forzada y la distancia impuesta, dejando a muchos presos sin su soporte vital, como documenta Justicia, Encuentro y Perdón en casos de personas que ya no tienen quién les lleve un vaso de agua.

Pero en el filo de esa oscuridad, surge una luz de admirable humanidad.

En estas fechas, donde la tradición nos invita a celebrar la unión y el reencuentro, el valor de las madres, esposas, y hermanas cobra una dimensión heroica.

Ellas se han convertido en el último bastión de la dignidad, la única línea de suministro, y la memoria viva de la inocencia.

El tejido familiar, aunque herido, se rehace a sí mismo con lazos de sacrificio y esperanza. Ellas, junto a sus familias, hacen “magia” para reunir el pasaje y el dinero para la paquetería, no solo por cumplir una obligación, sino porque la presencia es la última forma de resistencia y amor.

*Se omiten los nombres de las madres y se usa un seudónimo a petición de los entrevistados.

Con información de PROVEA

La ONG Provea denunció la desaparición de  Petter Distefano Padilla Rea, un ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad, quien fue visto por última vez el 27 de julio.

Según la ONG, los familiares de Padilla, ese día  mantuvieron un último contacto con él, al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de   Cúcuta, desde donde se trasladaría a Venezuela.

Padilla Rea viajó el 27 de julio proveniente de  Guayaquil, Ecuador, con destino final a la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

“Sus familiares pudieron hacer una verificación de las cámaras y lograron constatar su tránsito hasta el puente Simón Bolívar”, publicó Provea en sus redes sociales.

Presumen que, por estar cerrada la frontera debido a las pasadas elecciones municipales, Padilla habría cruzado una de las trochas abiertas en los pasos fronterizos.

Algunas personas de la zona indicaron que fueron presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes se lo habían llevado.

Los familiares han acudido a centros de salud y lugares de detención, pero tampoco lo han encontrado.

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Incluso, han recurrido a la Fiscalía de Colombia, Ministerio Público venezolano, Defensoría del Pueblo, delegada del estado Táchira, SEBIN, Migración Colombia, Guardia Nacional Bolivariana y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Pese a las denuncias hechas, han recibido escasas respuestas de parte de las autoridades venezolanas y colombianas, y ninguna información sobre el paradero del ciudadano.

Este 28 de octubre, ejercieron una acción de Habeas Corpus ante el TSJ debido a la negativa de los Tribunales Penales de Caracas a recibir el recurso.

Aún se desconoce el paradero de Petter Padilla.

🚨 DESAPARECIDO EN LA FRONTERA COLOMBIA–VENEZUELAFamiliares denuncian la desaparición de Petter Padilla Rea (41), visto por última vez el 27Jul tras llegar a Cúcuta y dirigirse a Venezuela. Testigos señalan que presuntos funcionarios de la DGCIM lo habrían detenido📹 @_Provea pic.twitter.com/UGO7Zymtu5

Con información de Provea

La ONG Provea alertó este miércoles sobre el «abuso crónico» de la figura de estado de excepción en Venezuela, luego de que el Gobierno anunciara un decreto de conmoción exterior ante la «amenaza» que, insiste, representa el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, donde ese país mantiene una flota militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«El abuso crónico de la figura de estados de excepción se ha extendido a lo largo de los últimos 10 años, convirtiendo la excepcionalidad en cotidianidad para afianzar el control social sobre la población», indicó la organización en su cuenta de X.

 En este sentido, subrayó que en 2015 el Ejecutivo venezolano «promulgó ocho estados de excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos» ante la «presencia -añadió- del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción».

Para Provea, esto «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros (revendedores de productos básicos), contrabandistas y traidores a la patria'».

En este contexto, mencionó que efectivos militares «fueron acusados de la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes» en el estado Zulia y, además, señaló que en Táchira hubo «desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia».

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⚠️ "ABUSOS" DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN VENEZUELAEntre 2015 y 2025, la Administración de Nicolás Maduro ha dictado más de 12 decretos de estados de excepción. @_Provea advierte que se han usado para afianzar el control social, la militarización y la represión contra la población pic.twitter.com/LxxAn9iJej

A partir de mayo de 2016, Venezuela fue «sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado ‘estado de excepción y emergencia económica'» que, según la ONG, «usurpó las funciones del Parlamento venezolano», entonces controlado por la oposición, y «brindó una ‘legalidad’ paralela a la Constitución».

Provea indicó que en septiembre de 2018 se prorrogó el estado de emergencia económica y en marzo de 2020, en medio de la pandemia por la covid-19, se declaró un estado de alarma en el país.

«Ninguno de los decretos de estados de excepción dictados en la era Maduro han cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción», manifestó la organización no gubernamental.

Asimismo, afirmó que esta figura ha sido empleada como «excusa» para «aumentar la represión, la persecución por razones políticas y afianzar el control social de la población bajo la narrativa de la ‘defensa de la seguridad de la nación'».

Provea manifestó su preocupación por el reciente anuncio de un decreto de conmoción exterior, un tipo de estado de excepción, bajo la «excusa de la ‘defensa de la soberanía'», con el que, a su juicio, se estaría dando «un paso crucial hacia la militarización total del país y escalaría la comisión de abusos contra los derechos humanos».

 Este martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró Maduro tiene «preparado y listo» el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento.

Con información de EFE

Las detenciones en el país de personas vinculadas a organizaciones sindicales y de derechos humanos representan para el coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, un "ataque sistemático" contra el derecho a la asociación y una política de "persecución" hacia la opinión crítica que, advierte, puede afectar también a aquellos que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Pareciera que el Gobierno está pasando del ataque sistemático que ha venido teniendo contra el activismo político a un ataque ahora sistemático contra los activistas sociales, como parte de una política de Estado de persecución a todo lo que sea una opinión crítica", señaló Alvarado, en una entrevista con EFE.

A mediados de agosto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención "arbitraria" del profesor y dirigente sindical Roberto Campero, tras un presunto "allanamiento ilegal" a su vivienda en el estado Aragua.

La organización también reportó la captura, en Caracas, de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

El 8 de agosto pasado, organizaciones denunciaron la detención de la activista Martha Grajales, luego de que participara en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de los presos políticos que fueron agredidos cuando hacían una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de los casos de sus parientes.

Tras pronunciamientos de distintos sectores a nivel nacional e internacional, como la ONU y las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), Grajales fue excarcelada con medidas cautelares.

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"Nadie está a salvo"

Ante esta situación, Alvarado aseguró a EFE que "nadie está a salvo en este momento".

"La represión se desbordó a un nivel que ni siquiera los que hoy están en el más alto nivel de Gobierno están a salvo, aquí de un momento a otro pueden detener a un ministro, pueden detener a un general, pueden detener a un alto jefe de un organismo policial", advirtió el coordinador de Provea.

El activista mencionó el arresto de 22 fanáticos del club de fútbol Deportivo Táchira, cuando viajaban a Caracas para ver la final del Torneo Apertura, en junio pasado, que en su mayoría fueron excarcelados, mientras otros cinco se mantienen detenidos, entre ellos el conductor del autobús que se dirigía al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

"Yo creo que ese es el ejemplo más claro de que todos, absolutamente todos, estamos en riesgo", apuntó Alvarado.

En este caso, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, explicó -en junio pasado- que los hinchas fueron acusados de presuntamente agredir a un policía y de "resistencia a la autoridad".

Sin embargo, Alvarado sostiene que en las últimas semanas han sido detenidas personas que pertenecen a asociaciones de jubilados y pensionados, a colegios de enfermeras, de biólogos, del sector educativo, así como sindicalistas de las empresas básicas de Guayana.

También, de acuerdo con Provea, se han arrestado a economistas, presuntamente para evitar que "den cifras distintas a las del Gobierno", añade la ONG.

Las detenciones se dieron luego de que el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportara que la inflación de mayo pasado fue del 26 %, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica este dato desde octubre del año pasado.

Hasta la fecha, el OVF no ha vuelto a difundir cifras de inflación, del Producto Interno Bruto, proyecciones económicas o el costo de la canasta alimentaria.

El coordinador de Exigibilidad de Provea advierte que esta "política" puede generar autocensura en organizaciones y sindicalistas del país que se abstienen de divulgar investigaciones o dar declaraciones.

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Un patrón

Por otra parte, Alvarado explica que en el país toda persona detenida por motivos políticos sufre lo que tipifica como "desaparición forzada" y "largos procesos" de incomunicación, sin visitas de sus familiares o abogados.

"Eso ya se convirtió en una política de Estado, la desaparición forzada y la incomunicación prolongada para cualquier persona detenida por motivos políticos", advierte el abogado.

A su juicio, esta situación se agudizó tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando cientos de personas salieron a las calles para protestar en contra del resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Maduro como el ganador.

"Casi la totalidad de las personas que fueron detenidas después del 28 de julio están en desaparición forzada, algunos por pocos días, otros por semanas y algunas por meses", añadió el jurista.

En ese contexto, Alvarado afirma que en Venezuela hay una política de "detenciones arbitrarias, desaparición forzada" e "incomunicación", donde, además, denuncia, no se reciben los habeas corpus y, "los pocos que reciben, no los procesan".

"Es decir, la acción judicial en cuestiones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no tiene ninguna efectividad", concluye el representante de la ONG Provea.

Con información de Efe

El despliegue de unos 15.000 efectivos anunciado por Nicolás Maduro, en parte de la frontera con Colombia, «abre las puertas» a «nuevos abusos contra pobladores» de zonas limítrofes con este país.

La advertencia la hizo la ONG Provea, en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde aclara que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía, despliegues militares pasados «han demostrado su ineficacia y, lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares», han «elevado los abusos contra los pobladores fronterizos».

Provea asegura que «una práctica arraigada en la dinámica estatal» es la «imposición de la seguridad territorial hegemónica», caracterizada, por el «privilegio del elemento militar-policial (la ‘mano dura’) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional».

«La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional», señala la ONG.

Provea recordó que el gobierno promulgó en 2015 ocho decretos de Estados de excepción, que «afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos».

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Los argumentos

Los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos» contra la moneda nacional, el bolívar, y contra «los bienes adquiridos con divisas», subrayó la ONG en el texto.

Sin embargo, eso «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros’, ‘contrabandistas’ y ‘traidores a la patria'».

Ahora, la organización alertó que la «nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos».

«Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población, generando con ello la revictimización de cientos de familias», agregó Provea.

Con información de EFE

La ONG Provea alertó sobre el riesgo de las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra  el sindicalismo autónomo y la libertad sindical en Venezuela, al plantear  un “proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional”.

“Rechazamos esta nueva amenaza contra el movimiento sindical y recordamos que la existencia del sindicalismo autónomo y libre de amenazas e injerencias indebidas del Estado, es esencial para la democracia y la garantía de los derechos sociales”, publicó Provea en sus redes sociales.

Recordó que, “al asumir la presidencia en 2013, Maduro inició la progresiva anulación de derechos laborales. En medio del ascenso de las protestas por derechos laborales y en medio de la extinción del Estado de derecho, la respuesta estatal ha sido la represión contra los trabajadores, los sindicatos y los gremios”, alertó.

Agrega la ONG que “un marco jurídico restrictivo para el ejercicio de los derechos a la asociación pacífica y a la huelga, fue remozado con nuevas leyes anti-sociedad luego de los ciclos de conflictividad de 2014, 2017, 2018 y 2019”.

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Sindicalistas presos

Por otro lado, lamenta que "decenas de dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados en 10 años de gestión de Nicolás Maduro y más de 3.000 casos de amenazas u hostigamiento a líderes del movimiento laboral fueron registrados en el Informe Especial “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos”.

Para Provea, “esta nueva amenaza se produce en el marco de la imposición de un modelo económico basado en el estrangulamiento de la capacidad de consumo de los trabajadores, la precarización del empleo decente, la flexibilización de las relaciones de trabajo y la persecución a la disidencia laboral”.

Asimismo, la organización rememora que, ya en el 2019, "la Comisión de Encuesta de la OIT llamó al Estado venezolano al ‘Cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro’".

Nueva amenaza contra la libertad sindicalNicolás Maduro lanzó una nueva amenaza contra el sindicalismo autónomo y la libertad sindical al llamar a un "proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido,… https://t.co/25MV07gqQR

La ONG de Venezuela Provea denunció este miércoles que las mujeres detenidas en el país viven «condiciones inhumanas» de reclusión, al afirmar que permanecen «hacinadas, sin acceso regular a agua potable, atención médica especializada o productos para una menstruación con dignidad».

«Venezuela incumple las reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión», manifestó la ONG a través de su cuenta en X.

Denuncia que «las familias cargan con todo: comida, analgésicos, toallas sanitarias, agua para beber y asearse».

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También señala que el «Estado venezolano se desentiende por completo, incluso de lo más básico».

Igualmente, destaca que «durante la represión postelectoral de 2024, al menos 2400 personas fueron detenidas en solo 16 días. Aproximadamente unas 293 eran mujeres. Hoy, 92 siguen presas por motivos políticas, muchas de ellas en un sistema diseñado para olvidarlas».

Provea alerta que «esta omisión puede constituir un trato degradante, como ha advertido el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura».

LA ONG Provea se pronunció contra las acusaciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien la señaló de pertenecer a un grupo de organizaciones implicadas en presuntos planes terroristas.

E un comunicado, publicado en sus redes sociales, la ONG dijo que se trata de una estrategia para «desacreditar la denuncia y el acompañamiento a las víctimas de violación de los Derechos Humanos.

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Rechazamos las acusaciones del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señala a PROVEA -junto a otras ONG de derechos humanos- de formar parte de un supuesto plan “terrorista”.

Esta criminalización busca desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país.

Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica.

Recordamos que el pasado 9 de mayo, nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, fue detenido arbitrariamente en la ciudad de Caracas y actualmente se encuentra aislado en la sede del Sebin Helicoide, sin poder comunicarse con sus familiares o abogados de confianza.

Torres se suma a la lista de defensores de DD. HH., como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, sometidos a prisión y acusados sin pruebas de formar parte de supuestos planes conspirativos.

Recordamos también que todos los miembros de PROVEA, incluyendo a Eduardo Torres, somos beneficiarios de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) por las constantes amenazas de altos funcionarios del Estado venezolano y voceros oficialistas, entre ellos, el actual ministro Diosdado Cabello.

Entre el 2020 y el 2024, la CIDH determinó que los integrantes de PROVEA nos encontramos en una situación de riesgo por las labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual que enfrenta Venezuela.

Enfatizamos que ninguna circunstancia de amenaza, hostigamiento u actos de persecución de las autoridades venezolanas, apartará a PROVEA de su labor ininterrumpida por 36 años de acompañamiento a las víctimas, documentación, investigación y difusión de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela.

Seguiremos, junto a las víctimas, exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en los últimos años.

A pesar de la oscuridad actual, el pueblo venezolano sabrá encontrar la luz que lo guiará definitivamente hacia la recuperación de la democracia, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

La ONG, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este sábado, la presunta desaparición del abogado Eduardo Torres, integrante de su equipo de exigibilidad jurídica.

Según la organización, Torres fue visto por última vez el viernes 9 de mayo a las 4.00 pm. en Parque Central, en el centro de Caracas, luego de asistir a una reunión.

En ese momento, el activista se comunicó con su familia y les informó que se dirigía a su hogar, cerca de la Avenida Fuerzas Armadas, pero nunca llegó.

Junto a la esposa del abogado, Emiselys Núñez, han recorrido diversos centros de detención, como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, pero no han encontrado información sobre su paradero.

Tampoco obtuvieron respuestas en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, la Dirección de Investigaciones Penales de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez y Boleíta, ni en la denominada “Zona 7” o División Contra la Delincuencia Organizada en Petare.

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Han pasado más de 24 horas, seguimos sin saber sobre el paradero e integridad del defensor y miembro de PROVEA, Eduardo Torres.Fuimos al Sebin El Helicoide, DIP/PNB Maripérez, DGCIM y DIE/PNB Boleíta, PNB Zona 7 y DCDO/PNB Petare sin obtener respuestas.#DóndeEstáEduardo visto… pic.twitter.com/UujDJQFd69

Provea advirtió que Torres, quien lleva varios casos de presos políticos y es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad.

“Expresamos nuestra preocupación debido a la alta probabilidad de que nuestro compañero Eduardo Torres se encuentre en condición de detención y desaparición forzada”, señaló la ONG.

Provea también recordó que “en medio de la escalada represiva postelectoral, las autoridades venezolanas han arreciado los ataques y actos de persecución contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, en un intento por imponer el silencio ante la constante exigencias ciudadanas y pacíficas”.

Con información de prensa Provea

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 30 de abril su informe general 2024, titulado «El apagón democrático de Venezuela».

El coordinador general de la ONG, Óscar Murillo, afirmó que en ese período de tiempo «el Estado respondió con la mayor represión que hemos venido registrando a lo largo del funcionamiento de Provea desde el año 1988».

Destacó que la represión que se vivió tras las elecciones presidenciales del 28 de julio no solo fue desmedida y desproporcionada, «sino que rompió todos los récords en medición de represión política».

En este sentido, la coordinadora de investigación de esta ONG, Lissette González, se refirió a la situación del derecho a la vida en el país y dijo que el año pasado «registramos 522 personas asesinadas por efectivos de la fuerza pública».

Precisó que 65% de estas personas tenían entre 18 y 30 años de edad y que 46% eran adolescentes.

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Adicionalmente, Ligia Bolívar, investigadora y especialista en derechos humanos, considera que «si no hay condiciones mínimas, no podemos hablar de garantías electorales en Venezuela».

Luego del envío de 238 venezolanos, aunque sean miembros del tren de Aragua, hay ONG en Venezuela que alertan que estas personas no tienen garantizados sus derechos.

Una de esas ONG en Provea, que alerta que «la administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso».

En su cuenta en X, Provea señala que estas personas están «siendo sometidas a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa».

Explica la organización que «no se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela de donde estas personas huyeron. Pero, son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».

Denuncia también que «el envío de 238 venezolanos, acusados de presuntamente ser miembros del Tren de Aragua, se hizo contra la orden de un juez federal que prohibió el traslado».

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La administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso.Siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa.… pic.twitter.com/8amn6T6Je5

Ante esas circunstancias, Provea hace varias preguntas: «Enfrentándose a un sistema judicial incierto: ¿sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal», advierte.

Provea recomienda que «Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías».

Finaliza diciendo que «la migración forzada de 7.7 millones de venezolanos es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas de Maduro, que han cerrado cualquier salida democrática. Migrantes y refugiados tienen derechos».

Una vez llevada a cabo la «Ruta por la libertad y la justicia», que consistió en un recorrido de cinco días por distintas instituciones del Estado, realizado por familiares de presos políticos, la ONG Provea exigió que se deje de «normalizar la incomunicación de presos en Venezuela».

La organización hizo la exigencia en vista de que una de las características de las detenciones de los últimos años y más de los últimos meses, tras las elecciones del 28 de julio, es que los afectados son completamente o casi completamente incomunicados, tanto con sus familias como con sus abogados.

«La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público deben abrir urgentemente una mesa de diálogo que pide el Comité Familiares Presos Políticos @clippve», pidió Provea, en relación con que esta última organización ha venido pidiendo reuniones para que se garanticen los derechos de los detenidos.

Asimismo, Provea destaca que «la Ruta por la justicia demostró que las víctimas no están solas. Por 5 días se realizó una manifestación de institucionalidad democrática y resistencia ciudadana por la libertad de todas las personas injustamente detenidas por motivos políticos».

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A juicio de la ONG, «no podemos voltear la mirada ante este sufrimiento que hoy expresan sus familiares».

Por otra parte, Provea rechazó que «en todas las paradas de la ruta en la semana, hayan estado presentes funcionarios con armas largas alrededor de estas protestas pacíficas. El derecho a la participación política y la protesta están consagrados en la Constitución».

Agrega que «no es tiempo de cambiar Constitución, es tiempo de cumplir con la Constitución. Somos gente que respeta las leyes y exigimos que se devuelva la dignidad a este pueblo venezolano, que las instituciones del Estado vuelvan a la Constitución».

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Apenas transcurrido minutos de la acusación del presidente Nicolás Maduro a la ONG, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, las rechazó: «No es la primera vez que el poder ataca a Provea».

«Reiteramos que ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o actos de persecución por parte del gobierno de Maduro, apartará a Provea de su labor ininterrumpida de 36 años acompañamiento a las víctimas, de documentación, investigación y difusión pública de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela», aseveró Murillo en su cuenta de la red social X.

Maduro acusó a la ONG de trabajar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los años 90.

«Y ahora dicen en la cara que son presos políticos, sale Provea, que no es Provea, es ProCIA, porque Provea trabaja para la CIA, desde los años 90», dijo Maduro.

«Nuestra posición frente al conflicto poselectoral es diáfana y conocida por todos. El proceso electoral, que debía servir para abrir el camino hacia el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, fue empañado por una escalada de graves abusos, entre ellos, detenciones arbitrarias y el encierro injusto de miles de venezolanos», señaló.

«Las autoridades tienen la obligación constitucional de velar por las garantías judiciales de todos los ciudadanos y atender los reclamos y solicitudes de las familias que hoy claman por la libertad de sus seres queridos», concluyó.

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La ONG de Venezuela Provea hizo un llamado este jueves para que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los considerados «presos políticos».

Según la organización Foro Penal todavía queda 1.877 presos políticos luego de las recientes liberaciones, por lo que Provea alerta que los «presos políticos de Venezuela necesitan una medida humanitaria para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos. Que cientos se despierten con libertad. Pedimos una Navidad Sin Presos Políticos».

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Bajo el lema «Aún estamos a tiempo», la ONG insiste en pedir la libertad para los presos políticos, tomando en cuenta que hay denuncias según las cuales hay personas que no estaban protestando y fueron detenidas.

Recordemos que en el contexto poselectoral, y a raíz de varios episodios de violencia, la fiscalía contempla los cargos de «terroristas».

En el más reciente balance de la Fiscalía un total de 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas.

Las excarcelaciones se producen luego de una solicitud al Poder Judicial para la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron a las 354 ejecutadas en las últimas semanas, cita EFE.

Sin embargo, se ejecutaron nuevas detenciones, a dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz.

El excandidato opositor Edmundo González agradeció este martes que el Gobierno de Estados Unidos lo reconociera como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del pasado 28 de julio.

Esto lo expresó González a través de su cuenta en la red social X.

Agradeció “profundamente” el reconocimiento de Estados Unidos a la “voluntad soberana de todos los venezolanos”.

“Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, añadió.

Agradecemos profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio. https://t.co/cll01xyAsZ

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González también se pronunció sobre el hostigamiento al coordinador general de la organización no gubernamental Provea, Óscar Murillo, afirmando de forma rotunda que «defender derechos no es un delito».

En su breve mensaje fue solidario con la ONG y todos los que trabajan por tener un país libre.

«Defender derechos no es un delito. ¡Toda nuestra solidaridad con Provea y quienes trabajan por una Venezuela más justa y libre!”, escribió.

Defender derechos no es un delito. ¡Toda nuestra solidaridad con Provea y quienes trabajan por una Venezuela más justa y libre! https://t.co/acWRcASW5Z

Se conoció este martes que se hiciera pública una citación al coordinador general de Provea, Óscar Murillo, para declarar el miércoles 20 de noviembre por una supuesta investigación basada en la Ley Contra el Odio.

El llamado a declarar fue tomado como una acción de acoso tanto por la ONG, como por Amnistía Internacional (AI), que se pronunció solicitando a la Administración de Nicolás Maduro “frenar el acoso” contra Provea.

«Exigimos urgentemente a Nicolás Maduro y otras autoridades del país frenar el acoso contra Provea.  Su contribución histórica a los derechos humanos en el país no puede ser castigada ni silenciada», expresó AI.

Se encienden las alarmas luego que este martes se hiciera pública una citación al Coordinador General de Provea, Óscar Murillo, para declarar el miércoles 20 de noviembre por una supuesta investigación basada en la Ley Contra el Odio.

El llamado a declarar fue tomado como una acción de acoso tanto por la ONG, como por Amnistía Internacional, que se pronunció solicitando a la Administración de Nicolás Maduro «frenar el acoso» contra Provea.

#19Nov ? PIDEN "FRENAR EL ACOSO" CONTRA LA ONG PROVEA@AmnistiaOnline le pide a la Administración de Nicolás Maduro “frenar el acoso" contra la ONG @_Provea, tras la citación del Cicpc a Óscar Murillo, su coordinador general?: #Comunicado pic.twitter.com/xc4PPPbp2v

Mientras que Provea alega que “la boleta de “citación” no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación que realiza el CICPC, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario”.

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Como contexto, la ONG, asegura que la “situación se produce en medio de una escalada de abusos registrada tras las elecciones del 28J y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas».

La nueva ola de acosos estarían «encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Sr. Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista social Edwin Santos en el estado Apure, reportado el pasado 25 de octubre”.

#19Nov ? CITAN AL COORDINADOR DE PROVEACicpc citó para el #20Nov al coordinador general de @_Provea, Óscar Murillo, por una supuesta investigación llevada a cabo por la “comisión de un delito contemplado en la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” pic.twitter.com/MmF5VZfgNv