El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que en las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos, de los pueblos indígenas, hubo una alta participación.

«Participaron de 97% de los voceros de los pueblos originarios que fueron más de 600, elegidos en abril», explicó el rector principal, en entrevista con VTV.

Informó que los ganadores fueron: Arly González (Conive), Yesenia Mendeli González (Cátedra Guaicapuro) y Pedro Requena (Conive).

Estos diputados se sumarán a los 282 que ya fueron electos el 25 de mayo.

La luna de miel entre los pueblos étnicos y el gobierno de Gustavo Petro tuvo su primera diferencia.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) manifestaron su preocupación por unas declaraciones de la vicepresidenta, Francia Márquez.

Las autoridades indígenas alertaron por lo que consideran, una propuesta riesgosa para sus pueblos.

El detonante de estas diferencias entre indígenas y el Gobierno ocurrieron el pasado 13 de agosto, la vicepresidente Márquez viajó hasta su natal Suárez, en el Cauca, para recibir la posesión espiritual por parte de las comunidades afros e indígenas del territorio. Allí reveló una propuesta que desató la preocupación del CRIC.

“Se pronunció sobre el interés del actual Gobierno de reglamentar la ley 70 de 1993 y ‘dejar de gastar los recursos públicos’ en las consultas previas con los pueblos indígenas”, señaló el CRIC y añadió que Márquez dijo que los recursos ahorrados serían “destinados a garantizar el acceso al agua potable a las comunidades del Cauca y del pacifico colombiano”.

La ley a la que se refirió la Vicepresidenta tiene el propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural de las comunidades negras en Colombia y fomentar su desarrollo económico y social.

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Para las 139 autoridades indígenas –que firmaron el comunicado en señal de protesta– las declaraciones de Márquez ponen en riesgo su derecho a la consulta previa.

“Estas afirmaciones constituyen una contradicción con sus posturas políticas y generan escenarios de estigmatización a las comunidades étnicas que en el marco de la defensa de un derecho fundamental, exigen la consulta previa”, indicaron las autoridades indígenas.

Los 11 pueblos que conforman el CRIC le puntualizaron al nuevo Gobierno que no renunciarán a su derecho de la consulta previa; mecanismo que tienen los grupos étnicos para decidir sobre las medidas de gobierno o proyectos que pretenden ser realizados dentro de su territorio.

“Esperamos que estos 4 años de Gobierno, de transición democrática para la construcción de un nuevo país, se cimienten sobre la base del respeto y garantía de los derechos colectivos adquiridos por las comunidades étnicas y no sobre la regresividad de estos”, puntualizaron directivos del CRIC.

El CRIC está representado en el actual gobierno con Giovany Yule, indígena Nasa, quien es el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras.

Un inicio de semana poco alentador para Ecuador; y es que los indígenas siguen en la calle trancando las vías, quemando cauchos y protestando en contra del gobierno del Guillermo Lasso.

El escenario político en Ecuador, está candente, ya que no se ha logrado un acuerdo entre los movimientos indígenas y las autoridades gubernamentales.

Las protestas están lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que es la mayor organización de aborígenes del país, y su mayor reclamo es una rebaja de precios de combustibles.

La presa local y las agencias de noticias dan cuenta de neumáticos encendidos, alambres de púas, piedras y enormes troncos bloqueando rutas dentro y fuera de ciudades.

Por si fuera poco, a esta ola de manifestaciones se han sumado estudiantes y trabajadores.

El común denominador  es «alto costo de la vida» en la dolarizada economía ecuatoriana.

De acuerdo a los analistas, Ecuador intenta recuperarse de los efectos de la pandemia en medio de la tendencia al alza de precios alrededor del mundo, cita AFP.

El pasado viernes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en las tres provincias más afectadas por una protesta indígena.

Se trata de las provincias andinas de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, donde se registra el grueso de las manifestaciones.

La medida la toma luego de cinco días de protestas que  dejaron bloquea vías en la mitad del país y al menos 43 heridos y 37 detenidos.

Con esta medida, que estará vigente por  30 días, el presidente Lasso movilizará a las Fuerzas Armadas ante una «grave conmoción interna».

Además, les ordenó un toque de queda entre las 22H00 y 05H00 locales (03H00 y 10H00 GMT) y suspendió derechos ciudadanos como el de reunirse.

Estoy aquí para proteger a los ciudadanos. Lucharé siempre por defender la democracia y a la voluntad del pueblo ecuatoriano. No permitiré que se imponga el caos. pic.twitter.com/ZJUspYuVMP

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Como parte de las medidas que toman para controlar las protestas, este domingo la Policía de Ecuador requisó la sede de la Casa de la Cultura en Quito para convertirla en base para su personal que controlará, en los alrededores, protestas que indígenas realizan contra el gobierno desde hace una semana.

«La Policía Nacional ha notificado la requisición del lugar, basados en el estado de excepción», señaló la institución en un comunicado, cita la agencia AFP.

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Dentro de los aspectos que claves de la protesta de los indígenas en Ecuador están: el peso del movimiento indígena, el aumento de la gasolina y las peticiones de los indígenas.

Movimiento indígena en pie de lucha: tienen una amplia capacidad de convocatoria, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor del país,  tomó fuerza en 1990 con un histórico «levantamiento», que logró la entrega por parte del gobierno de 2,3 millones de hectáreas de tierras a comunidades de la Amazonia y la sierra andina.

Actualmente, su brazo político Pachakutik es la segunda fuerza en el Legislativo, donde la oposición está dispersa, pero hace mayoría. Cuenta con 18 de los 137 curules.

A las protestas, que empezaron el día 13 y han incluido el cierre intermitente de carreteras en más de la mitad de las 24 provincias de Ecuador, se han sumado estudiantes y trabajadores que realizaron marchas en Quito y chocaron con la policía.

Los indígenas representan más de un millón de los 17,7 millones de habitantes de Ecuador.

?? Hermanos/as, pueblos, organizaciones y sectores movilizados a nivel nacional, no permitamos que nuestra lucha legítima se dañe por la violencia y el vandalismo. Tenemos una agenda clara que busca resultados concretos, actuemos en unidad.#ParoEcuador2022#Ecuador pic.twitter.com/mFfgYVEi8L

Aumento de la gasolina: Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles que vende con subsidios que han demandado 2.806 millones de dólares al gobierno entre 2014 y 2022, según el ministerio de Economía.

La Conaie se opone rotundamente al alza de precios de combustibles. En poco más de un año, el gobierno subió el galón de diésel en 90% (a 1,90 dólares) y el de gasolina corriente en 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por presión de los nativos.

Los indígenas reclaman una rebaja a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.

¿Protestas indefinidas?   A diferencia de otras veces, los indígenas no han ingresado aún en masa a Quito. Leonidad Iza, un ingeniero ambiental de 39 años, demanda que el Ejecutivo cumpla los 10 pedidos de la Conaie.

«Por más mínimos que sean los resultados, son importantes porque son parte de la lucha», expresó.

Pero Ramírez considera que no hay condiciones para que las manifestaciones se extiendan por más tiempo.

«El país está viviendo una crisis económica, la gente se empezaba a estabilizar tras la pandemia. No sé hasta qué punto las clases medias y populares apoyen el levantamiento si esto empieza a afectar los negocios», expresó.

Las protestas dejaron ya pérdidas por al menos 60 millones de dólares en los primeros cinco días en el sector productivo a nivel nacional, señaló a la AFP la Cámara de Comercio de Quito.

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Con información AFP

La Contraloría General de Colombia alertó sobre  una serie de situaciones alarmantes como vulneración al derecho a la salud y educación de los niños indígenas del Vaupés.

Según el organismo de control a esto se suman tanques de almacenamiento de agua que no garantizan su consumo y escenarios de recreación en condiciones deplorables.

“Esta es una región indígena por naturaleza, donde más del 81% de sus habitantes pertenecen a diferentes comunidades ancestrales, por ello, cuando se habla de cualquier tipo de insatisfacción a derechos de infancia nos referimos en gran medida a casi la totalidad de niños del departamento”, afirmó el Contralor Delegado para la Población Focalizada, Hitler Rouseau Chaverra.

El funcionario estuvo reunido con líderes de 256 comunidades indígenas y realizó una visita al resguardo “Bocas del Yi”, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Mitú, por el río Vaupés.

Igualmente, el organismo de control visitó lo que debía ser un centro de salud, el cual se encuentra en completo abandono, sin ningún tipo de dotación y mucho menos personal profesional que brinde los servicios mínimos para la comunidad en general.

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La Contraloría también evidenció lo que sería una situación de hacinamiento en los alojamientos escolares, que actualmente albergan a más de 169 alumnos internos.

“En un solo dormitorio se alojan hasta 32 niñas separadas en hamacas a menos de 40 centímetros, evidenciando hacinamiento y falta de condiciones mínimas de habitabilidad”, explicó Chaverra Ovalle.

Hay, además, baterías sanitarias en las peores condiciones, alimentos que no corresponden a una dieta balanceada para niños y niñas sujetos de un enfoque diferencial y ausencia del programa PAE.

Igualmente, el organismo de control visitó lo que debía ser un centro de salud, el cual se encuentra en completo abandono, sin ningún tipo de dotación y mucho menos personal profesional que brinde los servicios mínimos para la comunidad. 

Esta es una historia de Testigo Directo de un grupo de indígenas que se desplazó a la capital de Venezuela, en busca de subsistir.

El control chavista durante muchos años se extendió a las zonas más remotas del territorio venezolano, tanto así que llegó a la selva, donde habitan miles de indígenas que han tenido que huir de sus hogares y desprenderse de su cultura para lograr sobrevivir.

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El chavismo durante muchos años les fue creando necesidades que antes no tenían, como la de cocinar con gas, motores para la pesca,  y programas de asistencia social a cambio de votos y poder dentro de estas comunidades.

Pero hoy en día esas promesas fueron incumplidas en su totalidad y muchos tuvieron que huir a la capital en búsqueda de respuestas y soluciones que les permita sobrevivir.

Esta es una historia de Rosalí Hernández para Testigo Directo

La violencia transformó en desplazados a los últimos nómadas contactados de la Amazonía colombiana.

Aunque todavía hoy algunos indígenas nukak salen de sus precarios refugios para ir a cazar o recolectar frutos en los bosques del departamento del Guaviare (sureste de Colombia), luego de ser desplazados de su tierra, la selva amazónica. 

Los más viejos mantienen viva la lengua, la caza y la recolección. Las demás tradiciones sucumbieron bajo la violencia y la deforestación que les abrió paso a los narcocultivos, los ganaderos y los terratenientes.

En 1988 aparecieron los primeros nukak en los poblados del Guaviare. Llegaron en mal estado y diezmados debido a las “enfermedades por contacto con los colonos”, según relató la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Catorce años después los combates entre guerrilleros y paramilitares de ultraderecha causaron desplazamientos masivos.

Para 2018 había 744 nukak, 336 menos que en el censo de 2005, según la autoridad estadística.

El Estado colombiano los reconoce como los dueños legítimos de 954.000 hectáreas de selva protegida, pero de nada les sirve.

En 2017 las Farc, la guerrilla que ejerció el poder de facto en extensas zonas del Guaviare, dejaron estos territorios luego de firmar la paz.

Sin embargo, en los bosques de los nukak quedaron sembradas las minas antipersona que protegían los narcocultivos.

«La única comunidad nómada de Colombia está amenazada y en peligro de desaparecer”, advierte la ONU en un informe reciente.

Solo en 2020, agrega el documento, el área de los nukak perdió 1.122 hectáreas por cuenta de la deforestación para el cultivo de la materia prima de la cocaína.

La ONG Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible cree que el daño fue mayor: 2.892 hectáreas si se suman las destruidas para vías ilegales y la ganadería.

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Los nukak que huyeron del conflicto sobreviven en asentamientos precarios. En San José, la capital de Guaviare, se les ve amontonados en un parque y pidiendo limosna.

En sus largas búsquedas de alimentos, esquivan cercas de alambre y electricidad y se quejan de que los animales para su consumo escasean.

La tradición nómada está herida por la forzada semisedentarización (ya no son completamente nómadas).

También desaparecieron los taparrabos y muchos beben licor, consumen drogas extrañas a esta comunidad como crack y hasta caen en la prostitución. Están cayendo en la otra tradición de los colonos blancos.

La minga indígena ha denunciado que en el municipio de Argelia en el Cauca se ha incrementado la violencia por la presencia de grupos armados. 

En ese territorio, los pueblos indígenas han sufrido un profundo fenómeno de reclutamiento de sus miembros jóvenes que se extiende también a los municipios de Toribío, Corinto, Caloto y Caldono. 

Esa es la principal razón por la que han dicho adelantarán una movilización desde hoy para denunciar las violaciones a los derechos humanos y pedir garantías de vida.

El pasado 8 de noviembre dos líderes indígenas sufrieron dos atentados, uno en contra del exgobernador indígena Ovidio Hurtado, quien se desplazaba con su familia por la vereda Santa Helena, en el municipio de Caldono, a bordo de la camioneta del esquema de seguridad y otro en la vereda Las Delicias, sobre las 10:00 pm del pasado 8 de noviembre en donde Edison Zetty, coordinador de la Guardia Indígena de ese territorio, se desplazaba hacia su casa cuando hombres armados dispararon en contra de su vehículo.

Los líderes indígenas han solicitado que se garantice la seguridad en su llegada y durante los días en los que se adelante la protesta.

A lo que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respondió que los indígenas pueden desplazarse por el territorio de la capital del Valle del Cauca sin restricciones. 

Anunció un protocolo de seguridad para evitar desmanes como los ocurridos durante el paro nacional.

Sin embargo, los congresistas vallecaucanos Gabriel Vallejo y Christian Garcés pidieron impedir el ingreso de los indígenas a la ciudad.

El primero señaló que en la última ocasión los indígenas tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar y aseguró: “Alcalde, usted no puede dejar que la ciudad la tomen nuevamente, necesitamos recuperar el orden y la autoridad”.

A Jamundí llegaron las comunidades indígenas y se ubicaron en un estadio que se acondicionó para ellos en este municipio.

Hoy iniciaron viaje hacia Cali en donde se concentrarán en la Universidad del Valle, allí dejarán sus vehículos y caminarán hacia el Parque de las Banderas.

El funcionario aseguró que en el recorrido los indígenas estarán acompañado de 25 agentes de tránsito y dos supervisores de Policía. Sin embargo, habrá 40 uniformados más a disposición de la Minga en caso de presentarse alguna eventualidad.

Según la consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Carmen Gembuel, el reclutamiento se genera en un contexto en el que los jóvenes no tienen oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, ante la falta de tierras, oportunidades económicas y laborales.

Por esa razón se ven seducidos por los grupos armados que los engañan con ofertas de dinero y los reclutan en sus filas, para luego devolverlos muertos, como han tenido que recogerlos varias familias en las zonas más afectadas por la guerra. 

Además, las familias también terminan involucradas en los cultivos ilícitos como una de las pocas oportunidades para recibir recursos económicos.

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Esa guerra también ha generado múltiples atentados en contra de los líderes indígenas en el Cauca, que en lo corrido del año superan los 81 asesinatos. 

Esas situaciones serán denunciadas en una movilización por varios municipios entre Cauca y Valle del Cauca, que espera llegar a Cali hoy, cuando en el mundo se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

Las condiciones climáticas, lluvias y frio, a las que está expuesta la comunidad indígena embera que se tomó el parque nacional en Bogotá, podría cobrar más vidas a niños.

La Personería de la ciudad capital colombiana advirtió que no se descartan más fallecimientos de niños como ya aconteció.

La delegada para la Protección de Víctimas de la Personería de Bogotá, Patricia Villegas, hizo un llamado para que se tomen acciones y puedan reubicar en lugares seguros a esa población.

«Las posibilidades de más fallecimientos son altas, por las mismas condiciones climáticas, las condiciones ambientales, el humo que se maneja, la polución, la misma situación en la que se encuentran. Por esto, es fundamental una solución».

Los menores indígenas asentados allí salen a hacer sus necesidades únicamente vestidos con pantaloneta ante el inclemente frío de la ciudad. 

Las mujeres emberas se bañan cerca del parque con el agua que encuentran en las llaves que hay en las inmediaciones.

La Defensoría del Pueblo rechazó el fallecimiento del menor, informando que ya hoy son cerca de 550 niños, niñas y adolescentes indígenas los que se encuentran asentados en el parque nacional.

De acuerdo con el informe de la entidad, en total hay 480 familias indígenas concentradas en ese parque bogotano, las cuales están conformadas por “390 niños y niñas menores de 5 años, 90 niños y niñas de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años.”

Autoridades distritales han documentado que en esa comunidad indígena se han registrado cuatro casos de rubeola y sarampión y 11 casos graves de enfermedades respiratorias. 

Tanto la Procuraduría y la Personería de Bogotá, solicitaron a la Secretaría de Salud Distrital “urgente atención médica para los niños, niñas, adolescentes, que están tan vulnerables”

 La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, informó que este viernes se llevarán a cabo los comicios donde las comunidades indígenas elegirán a sus representantes.

«Este viernes 26 de noviembre los pueblos y comunidades indígenas elegirán a 69 concejales y 8 legisladores en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia», explicó la rectora en su cuenta de Twitter.

Agregó que 74 centros de votación estarán operativos en estas regiones de Venezuela. Los pueblos indígenas elegirán a sus representantes a los consejos legislativos y los concejos municipales.

A mediados de septiembre, el CNE aprobó el Registro Electoral de las Comunidades Indígenas. En él están inscritos 4.334 voceros que elegirán, en nombre de sus comunidades, a estos representantes.

Los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con una normativa especial para las elecciones, por lo cual celebrarán los comicios el viernes, mientras el resto de la población ya votó el domingo. Esta decisión se tomó para las elecciones parlamentarias del 2020, en una medida que ocasionó serias críticas porque se trata de una elección de segundo grado que no está en la Constitución.

En los ocho estados se elegirá de forma manual a un legislador al Consejo Legislativo, con su respectivo suplente.

Según el Reglamento Especial, el sistema de elección será bajo la modalidad nominal en asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones y costumbres.

«Es importante destacar que para esta elección se elegirán 69 cargos de representación indígena a los Concejos Municipales, distribuidos en 8 estados. Amazonas (7), Anzoátegui (12), Apure (7), Bolívar (8), Delta Amacuro (4), Monagas (8), Sucre (3) y Zulia (20)», agregó en esa oportunidad el CNE.

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El rector Roberto Picón se comprometió a principios de julio a trabajar en una ley para garantizar el voto de las comunidades indígenas. Además de promover, entre otras cosas, que este sea secreto.

Picón sostuvo que las disposiciones del Reglamento Especial para regular la elección de los representantes indígenas, «son consistentes con el derecho convencional».

«Sin embargo, el sistema de elección en segundo grado previsto por el reglamento resulta antagónico con el contenido del derecho al sufragio establecido en la Constitución. El mismo determina que este debe ser universal, directo y secreto», afirmó.

En la tarde de este jueves, el director de la ONG, Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que la guerrilla que hace vida en Venezuela intenta adueñarse de territorio de indígenas.

Mediante su cuenta en Twitter publicó un video en el que se evidencia como la comandante Yulianny Alias «Gata» exige claramente que «Deben reconocer a la guerrilla de las FARC como una fuerza beligerante».

Mientras que los indígenas, se mantienen firmes frente a su exigencia de derechos humanos.

“Los cuales los facultan a permanecer en sus tierras ancestrales, situación que debe reconocer el Estado”.

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Más temprano, José Mejías, coordinador del Observatorio de derechos humanos de FundaRedes por el estado Amazonas alertó que la actuación de organizaciones armadas ha fracturado la supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas.

Alertó que los pueblos indígenas están expuestos a los grupos terroristas que operan en los territorios de los pueblos ancestrales.

Detalló que cuarenta y cuatro pueblos indígenas habitan en los estados Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui.

Además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil.

Igualmente señaló que los grupos armados irregulares controlan el paso de personas y mercancías.

Así como también el contrabando de combustible y de minerales derivados de la explotación minera.

“Intereses por los cuales desplazan a las poblaciones indígenas a fin de hacerse con el control de las zonas y de los negocios ilegales”, destacó.

Asimismo, señaló que Funderedes durante años se dedica a documentar la vulneración de los pueblos indígenas por parte de grupos irregulares.

Principalmente en las siguientes entidades:

Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure.

“Los indígenas mantienen una posición firme frente a los derechos que por ley les corresponden, los cuales los facultan a permanecer en sus tierras ancestrales, situación que debe ser reconocida por el Estado” advirtió Mejías.

La parlamentaria indígena Mauligmer Baloa aseguró que el régimen de Nicolás Maduro enterró los derechos políticos de los pueblos indígenas por los que tanto han luchado. La denuncia la hace en el marco de la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional.

Baloa explicó que 3.558 personas, supuestamente indígenas y escogidas de manera fantasma, eligieron a tres diputados a la Asamblea Nacional para que figuren como representantes indígenas falsamente.

«Estas personas fueron seleccionadas anulando sus propios derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna apoyándose en una elección de segundo grado que se hizo en un centro electoral dentro de unas instalaciones militares”.

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Baloa manifestó con tristeza que anulan los derechos que tanto han luchado para los pueblos indígenas. Además anulan a los verdaderos indígenas, al pueblo indígena que tiene cédula indígena y anula a todos los venezolanos que votaron por la Constitución de 1999.

A través de una gráfica detalló que “cómo cuadraron para sacar a estos falsos representantes, designando por ejemplo, a unos 319 electores de segundo grado por el estado Amazonas».

Un medida que deja por fuera a la verdadera diversidad de los pueblos indígenas que existen en Venezuela. «Solo para garantizar tener unos jarrones chinos, solo de utilería en esa Asamblea Nacional”.

La diputada Baloa ratifico que esos que saldrán hoy como supuestos representantes “no van a representar a los pueblos originarios de Venezuela”.

Con información de nota de prensa.

El presidente encargado Juan Guaidó, denunció este martes «el desprecio del régimen» contra los pueblos indígenas. Esto en referencia la modificación inconstitucional de la forma como se debe votar para elegir a sus diputados. El régimen eliminó el voto directo, universal y secreto para estos parlamentarios.

“Nuestro respeto, respaldo y acompañamiento a los pueblos indígenas. Vamos a luchar por recuperar su dignidad y la de todos los venezolanos. El desprecio de la dictadura a los indígenas se ve reflejado una vez más al pretender acabar con sus derechos políticos”.

Así lo expresó Guaidó durante la sesión en línea de la Asamblea Nacional, donde se debatió el tema.

«El régimen quiere seguir burlándose de las comunidades y los pueblos ancestrales. Como lo hicieron en el año 2016, cuando anularon una elección por no reconocer la derrota electoral que se llevaron”, expresó.

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Citó como otra “muestra del desprecio” hacia los indígenas, la entrega de tierras de “manera deliberada, voluntaria y cómplice, a narcotraficantes, grupos terroristas y mercenarios”. Este es el caso del Arco Minero, «donde han sido desplazadas comunidades indígenas y etnias; destruyendo de esa manera el presente y futuro del país».

“Es momento de detener esta tragedia. Este es el peor momento de la vida republicana de Venezuela. Sólo es comparable con países en guerra. Con la diferencia de que esta guerra es generada desde la dictadura contra de los ciudadanos, en contra de los indígenas. Sin duda alguna, hoy el problema es Maduro”, ratificó Juan Guaidó.

Una vez más dijo que participarán en el “fraude” del 6 de diciembre. «No existen las condiciones para que se realicen unas elecciones libres, justas y verificables».

“No vamos a legitimar ningún tipo de fraude de la dictadura. Por el contrario, vamos a luchar por las condiciones que nos permitan una solución real a la crisis. La Unión Europea lo acaba de ratificar. No convalidar un fraude, porque no existen condiciones. Nosotros debemos seguir unificados en torno a una transición”, indicó.

A través de un comunicado, la organización de la cuenca del río Caura Kuyujani denunció la muerte de 26 indígenas por complicaciones asociadas a la malaria durante la cuarentena del Covid-19, por lo que solicitan la inmediata atención.

Kuyujani expresó su preocupación no sólo por los indígenas de los pueblos de alto Caura y alto Arebato  en el municipio Sucre del estado Bolívar, sino también por la vida de los Sanemá y Yekuana.

El documento publicado por el Correo del Caroní, señala que desde que inició la cuarentena se han visto en una situación “muy complicada en materia de salud”, pues están aislados de la población urbana.

Asimismo, denunciaron la falta de combustible en la zona, necesario para el traslado. Aseguran que la organización ha hecho solicitudes a la autoridad única de mercado Interno PDVS-Puerto Ordaz y “hasta ahora no ha habido respuesta”.

“Se nos ha reportado que hay un paciente desde hace meses que se encuentra en la comunidad de Santa María de Erebato por falta de combustible no se ha podido referir y se encuentra muy grave, se ha reportado el caso ante el Instituto de Salud Pública de Bolívar y no ha habido respuesta”, reza textualmente el comunicado.

Además, necesitan el combustible para el traslado de 302 indígenas de la población de Maripa que se encuentran varados desde hace ocho meses por falta de gasolina, incluso personal de salud que se necesita para atención.

La organización de la cuenca del río Caura Kuyujani, también informó que  para prevenir el coronavirus, no cuentan con el personal preparado, “los ambulatorios que tenemos no cuentan con los medicamentos e insumos para atención de nuestras comunidades en caso de que exista algún indígena contagiado”.

El diputado a la Asamblea Nacional, Virgilio Ferrer, calificó como «catastrófica» la situación que están viviendo los habitantes en la Guajira venezolana y en el Municipio Mara, que a su juicio “se encuentra como en la época de la barbarie nazi”, no solo por la por la crisis económica y social, la precariedad de los servicios públicos, sino que además son robados y saqueados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

La denuncia la hizo el parlamentario indígena durante un punto de información en el que planteó la situación crítica que viven los habitantes de la Guajira venezolana, donde a su juicio reina la desidia y el abandono, aunado a deben sufrir los abusos de “la Guardia del Régimen que saquea, hurta y roba, descaradamente a los ciudadanos que viven en esa región del país”.

Alertó que ante una crisis tan grave como la pandemia por el Covid-19, los indígenas de la Guajira y del Municipio Mara en Zulia no cuentan con servicios básicos como electricidad, agua, gas doméstico, viven en pobreza extrema, escasez de alimentos y falta de atención médica, reseñó la Asamblea Nacional.

Destacó que ante la crisis los Guajiros se ven en la obligación de movilizarse hacia Maracaibo u otros territorios de la frontera para vender hortalizas y otros productos para adquirir alimentos, pero al pasar por las alcabalas los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, aprovechan para quitarles la mercancía.

“Les quitan todo lo que tienen, son asaltados. En el Municipio Mara es peor todavía porque la guardia arremete contra ellos y les quitan el dinero, las verduras, el arroz, toda la mercancía que llevan para vender y poder comprar sus alimentos para sus familias y subsistir, en medio de esta crisis que vivimos los venezolanos, por las políticas erradas de este régimen hambreador”.

“Venezuela no resiste más este régimen. El Zulia, los indígenas, ningún habitante normal de esta tierra puede seguir tolerando esta situación»

Indicó que esta situación tiene que alertar a la Asamblea Nacional, al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. “Venezuela no resiste más este régimen. El Zulia, los indígenas, ningún habitante normal de esta tierra puede seguir tolerando esta situación», apuntó el diputado Ferrer.

Propuso que se levante la voz para darle una esperanza a estas comunidades indígenas que están siendo atropelladas y sometidos al trato más cruel y llevar esta denunciar ante los organismos internacionales.

“Esta dictadura no respeta los derechos humanos, ni los derechos civiles, no respetan a nadie ni la constitución. Creen que están atornillados, pero estoy seguro que más temprano que tarde esta pesadilla se va acabar en Venezuela y tendremos el triunfo de la democracia”, concluyó el diputado Ferrer.