Apenas se conoció sobre la sentencia de 30 años de cárcel para los asesinos «materiales» del capitán Rafael Acosta Arévalo, las reacciones no se hicieron esperar. Y es que desde familiares, pasando por activistas de DD.HH. y dirigentes políticos, esta condena no es suficiente, porque no se toca a la cadena de mando.

Una de las primeras en reaccionar es Waleska Pérez, viuda de Arévalo. Ella aseveró que la condena no demuestra la verdadera intención de hacer justicia.,

“Faltando pocos días, para el plazo que dio la CPI a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, el Ministerio Público condenó teniente Ascanio Antonio Tarascio y sargento Estiben Zárate Soto. No investigó la cadena de mando. No hay intención de hacer la verdadera justicia, solo de maquillar el caso”, remarcó por Twitter.

De su lado, la activista por los DD.HH. Tamara Suju, coincide con Pérez. «La Cadena de Mando denunciada ante la @IntlCrimCourt sigue IMPUNE. Jefes, Ministros. Nada pasa en el DGCIM sin que Nicolás Maduro y Vladimir Padrino se enteren. La verdadera Justicia llegará», afirmó.

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Por su parte Marino Alvarado, director de Provea, sostuvo que en este caso no «olvidemos que desde el Ministerio Público, con Tarek William Saab a la cabeza, hubo el claro propósito de garantizar impunidad».

«La condena a 30 años a los dos autores materiales es un victoria contra la impunidad. Pero no es suficiente. Debe investigarse la directiva del DGCIM para ese momento, en particular la responsabilidad que pudiese tener el director de ese organismo», agregó, también por Twitter,

«La justicia no es completa si no se juzga a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se investiga también a quienes por omisión y complicidad han contribuido a que tales crímenes hayan ocurrido», dijo.

Entre tanto, Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, destacó que «el país entero sabe que los culpables de que esto ocurriera, están en libertad sin haber sido juzgados».

Mientras que el líder opositor, Juan Guaidó, dijo que la sentencia es una “simulación de justicia que no es justicia y eso lo sabe la Corte Penal Internacional”.

«A Acosta Arévalo lo secuestraron, privaron ilegítimamente de su libertad y su familia, lo torturaron hasta la muerte, lo presentaron en silla de ruedas en un tribunal militar para enviar el mensaje a la Fuerza Armada», enfatizó.

“Los ejecutores deben entender quienes les dan órdenes los señalarán. No repetición, reparación y justicia solo son posibles con independencia de poderes”, subrayó.

El Tribunal 12 de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a 30 años de cárcel. Se trata de la pena máxima que se aplica en el país y es por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

La información se dio a conocer este viernes por la noche, a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La sentencia recayó sobre el sargento Estiben José Zárate Zoto, y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía. Los condenaron a «30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio calificado», indica la nota.

Esta es una nueva condena, luego de una polémica sentencia conocida en septiembre de 2019 que había determinado seis años de prisión para estos funcionarios.

En ese entonces, lo sentenciaron por «homicidio preterintencional», desestimando entonces el delito de tortura.

El capitán Acosta Arévalo, de 50 años, falleció el 29 de junio de 2019 en un hospital de Caracas. Murió ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar a Nicolás Maduro.

Tras sufrir un colapso en el tribunal donde lo presentaron en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura, el juez ordenó que lo llevaran a un centro asistencial.

El caso que suscitó un fuerte rechazo internacional ante el clamor de justicia, recordó la agencia AFP.

En octubre del año pasado, el TSJ anuló la acusación del Ministerio Público con el argumento de que hubo actuaciones que «atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva».

Por ello, Tarek William Saab, fiscal de Nicolás Maduro, anunció que se hizo una nueva imputación. Reconoció «la intencionalidad del homicidio y la tortura».

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La ONG Foro Penal señala que 10 presos políticos han fallecido bajo custodia. Entre ellos también destaca el concejal Fernando Albán, detenido el 5 de octubre de 2018 por su supuesta participación un intento de magnicidio.

Albán murió tres días después de su detención en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Igual que en el caso de Acosta, esta muerte desató polémica internacional, al punto que las Naciones Unidas pidió una «investigación transparente».

La fiscalía, en tanto, informó en diciembre pasado que más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados por violaciones a los derechos humanos.

La mayoría de las violaciones se produjeron durante protestas antigubernamentales que dejaron unos 125 muertos en 2017.

La Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante esas manifestaciones, según un memorando firmado en noviembre en Caracas por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Maduro.

Después de más de dos años, el miércoles de esta semana comenzó el juicio por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

A través de la ONG Coalición de Derechos Humanos, se supo que el proceso lo lleva el Tribunal 12 de juicio de Caracas, a donde acudieron seis testigos, entre ellos médicos forenses. Ellos relataron y ratificaron las terribles lesiones, producto de la tortura, por parte de funcionarios de la Dgcim, que derivaron en la muerte del capitán.

Uno de los forenses citado como testigo, quien examinó el cadáver, ratificó las lesiones.

Según el especialista, se encontraron 38 lesiones que evidencian la tortura. «Tenía golpes con un tubo, marcas que sugieren que le fueron colocadas descargas eléctricas», señaló.

También destacó «las fracturas en las costillas y en uno de sus tobillos», según relata la ONG.

Otros médicos que fungieron como testigos en esta audiencia también aseguraron que no era necesario el traslado del capitán Acosta Arévalo al hospital. «Murió ante el juez», dijeron.

El dato contradice la versión oficial que aseguró que al militar le llevaron al hospital aún con vida.

Amnistía Internacional, en un informe emitido poco después del deceso, aseguraba lo mismo. «Rafael Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación».

Además, la ONG afirmó que Acosta Arévalo murió sin recibir atención médica cuando ya presentaba un estado de salud crítico.

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La Coalición de Derechos Humanos recordó que por este caso hay dos militares acusados. Se trata de Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, adscritos a la Dgcim.

Sin embargo, lamentó que no se haya mencionado de ningún procedimiento contra la cadena de mando.

Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 en Guatire, estado Miranda. El 29 de junio de ese año murió ante un Juez en Caracas en una audiencia de presentación. Estuvo ocho días en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo figura en los expedientes contra la administración de Nicolás Maduro en la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

#Atención esto sucedió en tribunales de CaracasEste miércoles se dió inicio nuevamente al juicio por el homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo en el tribunal 12.Hubo 6 testigos citados a esta audiencia, entre ellos el médico forense que realizó la autopsiaSigue #Hilo pic.twitter.com/nLCTebhUuv

Waleska Pérez de Acosta, viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, reaccionó indignada contra el dirigente opositor Freddy Guevara. Este último instó este martes a «avanzar a una etapa de convivencia democrática», con la administración de Nicolás Maduro, para resolver la crisis del país.

«Estoy absolutamente convencido de que este círculo vicioso tiene que parar. Es importante que se logren acuerdos de tolerancia y entendimiento en el marco de la democracia», señaló Guevara.

«Todas las partes deberán hacer concesiones por el bien común. Tenemos que entender que nuestros objetivos quizás no se puedan lograr como pensamos en un principio. Quizás el cese de la usurpación no se pueda lograr primero, o tengamos que ceder espacios políticos para poder lograr un proceso de transición que permita mejorar la situación de Venezuela», señaló Guevara.

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Ante tal petición, Pérez de Acosta dijo: «¡Convivir con asesinos jamás…!». “Fuiste afortunado, Freddy Guevara, en salir con vida», aseveró.

«No fue la misma (suerte) para Rafael Acosta Arévalo. Decirles a mis hijos que convivan con los asesinos de su padre, eso jamás», insistió.

Agregó: «ya sé por qué tanto silencio en el caso, abandono a tantas víctima y militares torturados, tienes poca memoria”, pubñicó en su cuenta en Twitter.

En la misma publicación, colgó una infografía donde se muestran las torturas que sufrió el capitán cuando estivo preso y que luego le causaron la muerte.

El caso de Rafael Acosta Arévalo es uno de los que engrosa el expediente de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. asimismo, el hecho ha sido repudiado por personalidades de la talla de Michelle Bachelet, alta comisionada para los DD.HH. de la ONU.

Fuiste afortunado @FreddyGuevaraC en salir con vida, no fue la misma para #rafaelacostaarevalo, decirles a mis hijos que convivan con los asesinos de su padre eso JAMAS, ya se porque tanto silencio en el caso, abandono a tantas víctima y militares torturados, tienes poca memoria pic.twitter.com/Yl4FDV9pGD

Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), confirmó que el Ministerio Público imputó a dos funcionarios militares por la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo.

Ambos funcionarios estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y fueron acusados por los delitos de homicidio calificado y tortura en contra de Acosta Arévalo.

La nueva imputación se realiza luego de que el TSJ anulara la imputación por “homicidio preterintencional”. Esta la había realizado anteriormente este mismo Ministerio Público, y ordenaba una nueva investigación.

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En consecuencia, ahora los tenientes Estiben José Zárate Zoto y Ascanio Antonio Tarascio Mejía, quedan imputados por homicidio calificado y tortura, delitos de mayor gravedad y con una pena superior.

En septiembre pasado la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que muestra nuevos hallazgos sobre la muerte de Rafael Acosta Arévalo. Indicaron sobre la base de documentos del caso, que se logró determinar que el funcionario murió frente al juez de la causa víctima de torturas. Y no murió en el hospital militar, como dijeron voceros del régimen.

Además, las investigaciones que se realizaron sobre este hecho, nunca mencionaron las torturas que derivaron en el fallecimiento del militar, el 28 de junio del 2019.

Se trata del informe: Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo.

La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que muestra nuevos hallazgos sobre la muerte de Rafael Acosta Arévalo. AI, sobre la base de documentos del caso, logró determinar que el capital murió frente al juez de la causa víctima de torturas. No en el hospital militar, como dijo el régimen.

Además, las investigaciones que se realizaron sobre este hecho nunca mencionaron las torturas que derivaron en el fallecimiento del militar, el 28 de junio del 2019. Se trata del informe: Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo.

Asimismo, la ONG denuncia que al menos hay tres versiones sobre las circunstancias de la muerte. Además, las mismas no se investigaron, sino que el objetivo de las averiguaciones fue la víctima y nos los victimarios. Ellos fueron sentenciados pero por delitos que nada tienen que ver con la tortura.

Acosta Arévalo era un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció en Guatire en el estado de Miranda el 21 de junio de 2019.

Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su muerte.

“Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desaparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La información pública disponible indica que Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 de junio, hasta el 26 de junio, fecha en que las autoridades venezolanas anunciaron su detención.

Según un oficio del expediente, los funcionarios de la Dgcim le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.

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«De acuerdo con distintas fuentes, incluyendo las actas del expediente penal por su muerte, Acosta Arévalo murió minutos antes de celebrarse su audiencia de presentación el 28 de junio de 2019, en la sede de la Corte Marcial en el Fuerte Tiuna, Caracas», señala el escrito.

Las actas de investigación no vinculan la actuación de los condenados a la muerte de la víctima. Además, se les imputa un cargo que insinúa que la muerte de Acosta Arévalo fue causada accidentalmente. Se hace un lado que la misma fue consecuencia de múltiples y serias lesiones que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo.

“En las 550 páginas del expediente a las que Amnistía Internacional tuvo acceso no se menciona la palabra tortura ni una sola vez. Esto a pesar de que constan múltiples documentos que refieren a las más de 50 lesiones corporales de la víctima. Llegó en un estado precario de salud ante el tribunal militar que le imputaría cargos, siete días después de que su familia denunciara su desaparición y dos días después que las autoridades admitieran que había sido detenido”, dijo Erika Guevara Rosas.

Para leer el informe, completo haga click en este enlace:

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5329092020SPANISH.PDF

Walesca Pérez de Acosta, esposa del capitán Rafael Acosta Arévalo, detenido, torturado y posteriormente asesinado mientras se encontraba en los calabozos del régimen, exigió que se haga justicia y que los culpables de este hecho sean realmente castigados.

En una carta pública, Pérez de Acosta pidió «a todos los países que conforman y suscriben todos los Tratados yEstatutos que defienden los Derechos Naturales del hombre, para que condenen, sanciones y penalicen a toda la estructura criminal responsable de la tortura y asesinato de mi esposo».

A continuación la carta