Los tribunales otorgaron este lunes la libertad condicional a Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo,  detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado.

Además, fue liberado con restricciones el exdirector general de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.

 Ambos tendrán que presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo de Ramírez, que dice desconocer aún los detalles de la sentencia.

«Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil», dijo Ramírez a la prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, desde donde agradeció a Dios, a su familia y a todos los que lo han apoyado.

Sin embargo, aseguró que no hay «nada que celebrar» debido a que aún hay «muchos presos políticos» en el país, por cuya libertad pidió seguir luchando.

«Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país», expresó.

A su juicio, la nación «necesita reconciliarse» y para eso ve imprescindible «un proceso de elecciones libres que permitan que todos» puedan votar «por quienes son los verdaderos representantes del pueblo».

Tras un año y medio detenidos y tres días de audiencias de juicio, agregó: «Salimos íntegros, salimos decididos, salimos alegres, salimos convencidos de que el cambio está llegando».

Ramírez y Barroso fueron detenidos cuando Venezuela atravesaba una crisis política desatada tras las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por el organismo electoral, afín al chavismo, con base en unos resultados que no publicó de forma desagregada.

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El Ministerio Público (MP) había acusado a Ramírez de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción.

 El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo entonces que la Alcaldía de Maracaibo entregaba a «partidos políticos de la extrema derecha» —como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria— recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos y del cobro del servicio de aseo urbano.

El Gobierno informó este lunes de que la Justicia otorgó la semana pasada «medidas alternativas» a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la Convivencia y la Paz, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según un comunicado oficial, las medidas fueron solicitadas para personas «procesadas o condenadas» por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.

La amnistía aprobada en febrero por el Parlamento excluye casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Con información de EFE

Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se defendió de lo que llamó “una olla podrida” en su contra.

Aseguró que lo quieren anular políticamente luego de que manifestara su deseo de convertirse en candidato presidencial, a lo que el madurismo le tendría miedo.

“Esta es una operación política por mi intención, que es muy firme, de lanzarme como candidato en representación del chavismo a la Presidencia de la República. Nosotros tenemos que ponerle punto final a este desastre en que han convertido el país. Lo que pasa es que el Gobierno incluso tiene más terror al chavismo de Chávez que a la propia oposición”, dijo, desde Italia, a través de la emisora colombiana Blu Radio.

La fiscalía venezolana acusa al exfuncionario de participar de una trama de corrupción que incluye el robo de 4.850 millones de dólares.

“Eso es falso, ellos están diciendo una mentira gigantesca. Quienes me acusan bueno, sabemos quiénes son, son los representantes más emblemáticos del madurismo, Tareck El Aissami es una persona que está muy cuestionada, tiene orden de captura por la justicia internacional por crímenes, entre ellos, el narcotráfico. Está sancionado en los Estados Unidos y en Europa, así como el fiscal está mencionado en los informes de la CPI, pues son responsables de crímenes de lesa humanidad. Ese un ataque histérico de parte de Tareck El Aissami, un hombre desencajado que ha fracasado en todas las tareas que se le han puesto”, afirmó Ramírez.

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Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de PDVSA durante 10 años y ocupó el cargo de ministro de Petróleo en la era de Hugo Chávez durante 12 años, dice que su trabajo fue transparente y que cualquier transacción bajo su mando es legal y demostrable.

“Todas las operaciones financieras de PDVSA durante mi periodo, ahora Maduro no lo hace más, están auditadas por la firma internacional de auditores KPMG que es una de las cinco grandes firmas auditoras del mundo; esta operación, donde se pidieron préstamos en bolívares, está reflejada en esos estados financieros, si tú vas, por ejemplo, a los estados financieros del año 2012, en la página 42 encuentras reflejada la operación. El dinero por supuesto que entró a PDVSA, ahora tú dirás qué tienen que ver los dólares si los préstamos eran en bolívares, porque la empresa consiguió una manera de que, si pagábamos en dólares, es decir, si pagamos nuestra deuda en dólares, nos hacían un descuento del 50 % en la deuda y eso resultaba en una ganancia para la empresa”, agregó.

Ramírez niega conocer a Leopoldo Betancourt López, hombre al que la Fiscalía relaciona con la trama de corrupción, son otros los responsables del desfalco en PDVSA. Responsabilizando del declive en parte a familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y aseguró tener pruebas sobre eso.

“Desde que yo salí de la empresa en agosto de 2014, esta gente tomó control de la Vicepresidencia de Finanzas, ahí pusieron a un señor llamado Eric Malpica, que es sobrino de Cilia flores y a través de él hicieron numerosas operaciones donde extrajeron fondos de PDVSA de hasta 1.200 millones de dólares en varios tramos y en esa operación están involucrados el señor Raúl Gorrín y otros operadores más, así como los hijos de Cilia Flores, esa información la tengo yo porque me la fueron a decir a Nueva York. Ahora eso está siendo investigado en EE.UU.”, puntualizó.

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Rafael Ramírez, quien permanece en Italia bajo la figura de perseguido político, aseguró que ni este ni otros señalamientos lo detendrán en su deseo de conquistar la Presidencia de Venezuela y sacar del poder a Nicolás Maduro.

 “De imposible ejecución”, así calificó el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez el proceso de recepción de manifestación de voluntades convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro.

En la Mesa de Análisis, Ramírez  advirtió que actúa por presiones de la administración de Maduro; ya que las condiciones que impuso para el revocatorio son de imposible ejecución.

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El CNE anunció el pasado viernes que el plazo para la recolección de las firmas se realizaría este 26 de enero de 6:00 am a 6:00 pm en 1.200 puntos a nivel nacional; lo que resulta imposible para llegar a las 4.200.000 millones de firmas que se necesitaría para un revocatorio.

Pese a que advirtió que al quitar la “el sistema automatizado que garantizaba la imparcialidad en el conteo de los votos” ya genera dudas;sin embargo, si la votación es masiva como en Barinas no hay posibilidad alguna de que el CNE pueda “trampear los resultado”.

En esta Mesa de Análisis Ramírez ofreció detalles reveladores sobre caso de violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento de la industria petrolera.

El expresidente de PDVSA fue enfático al señalar que Nicolás Maduro no es chavista, y que usa su discurso para confundir a la gente.

Uno de los argumentos que utilizó para hacer la aseveración fue el paquetazo al mejor estilo neoliberal que Maduro y su administración le ha aplicado a los venezolanos.

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