«El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto. Este precepto constitucional no excluye a las personas privadas de libertad, lo que además es respaldado por el artículo 19 que establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos humanos, tal como la participación política, sin discriminación, de manera irrenunciable, indivisible e interdependiente».

Este argumentó fue esgrimido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ONG que solicitó a través de una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) la garantía del derecho al sufragio de la población reclusa, en Venezuela, a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En el escrito, el OVP destaca que «siendo la interdicción civil y la inhabilitación política condicionantes para que una persona pueda ejercer el derecho al voto, cabe destacar que ambas son penas accesorias, definidas en el artículo 11 del Código Penal venezolano (CPV), como aquellas a “las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente”.

Explica que «la prisión es una pena principal y corporal, que de conformidad con el artículo 16, puede estar acompañada de la inhabilitación política, como pena accesoria, durante el tiempo que dure la condena».

Por tanto, «en atención al artículo 64 de la Constitución, que consagra los requisitos para que una persona pueda ser electora, y en concordancia con el Código Penal, tenemos que solamente mediante una sentencia judicial dictada en un proceso de interdicción civil, y en los casos de una condena judicial penal, que establezca como pena accesoria la inhabilitación política, los venezolanos no pueden ejercer su derecho al sufragio».

En ese sentido, «el artículo 24 del Código Penal es más determinante, ya que estipula de forma expresa que la inhabilitación política no puede imponerse como una pena principal sino como una pena accesoria a la prisión (y del presidio), produciendo como efecto la privación de los cargos públicos o políticos que tenga el penado, así como la incapacidad durante la condena, para obtener otros, “(…) y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio”.

Asimismo, en el documento consignado por OVP ante el CNE se enfatiza que el sufragio de la población privada de libertad es un derecho humano, establecido en el artículo 272 de la Constitución, al disponer que el Estado venezolano debe garantizar un sistema penitenciario que asegure “la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”; y “conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, según el artículo 19 de CRBV.

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El OVP aclara que los derechos políticos obligan a los Estados a implementar medidas que garanticen que todos sus ciudadanos puedan disfrutarlos plenamente en igualdad de condiciones.

Por lo tanto, considera que «el Estado venezolano debe garantizar a la población reclusa el disfrute y goce de sus derechos, por lo que su deber es implementar medidas para garantizar el derecho al voto».

De lo contrario, alerta que «se estaría yendo en contra de los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan a Venezuela como un país democrático y social de Derecho y de Justicia».

Finalmente, la ONG insiste en que el CNE «garantice el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que su inclusión contribuye a promover y cumplir con el propósito establecido en nuestro ordenamiento jurídico, asegurando la participación y el protagonismo de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más vulnerables».

En una entrevista con la agencia Efe, el director general del OVP, Humberto Prado, explicó que las personas que no tienen sentencia son «70%» de la población que «está en las cárceles» y «85%» de los que están en «los calabozos».

Por ello, la ONG pidió al CNE garantizar para esta población el derecho al voto, ya que al estar presos se encuentran en «una condición vulnerable».

Este domingo se procedió al desalojo de la población penitencia del Centro de Formación para Hombres Nuevos Simón Bolívar, antes conocido como La Planta, en Caracas, destinada a la reclusión de extranjeros.

Así lo informó la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, a través de la red social X.

La funcionaria detalló que los internos fueron trasladados a “distintos establecimientos en las regiones del país, de acuerdo a su situación jurídica”, aunque no especificó los nombres de los lugares a los que fueron enviados los presos, ni cuántos de ellos permanecían en el lugar.

Hemos desalojado la población penitenciaria del Centro de Formación para Hombres Nuevos Simón Bolívar, de la ciudad de Caracas hacia distintos establecimientos en las regiones del país, de acuerdo a su situación jurídica; con acercamiento familiar y a sus tribunales de origen. pic.twitter.com/BoJxv78c1x

Pero sí explicó que en los espacios del centro penitenciario se habilitará una “unidad técnica de orientación y supervisión”, que atenderá a egresados y exconvictos con “beneficios del sistema penal”.

En estos espacios habilitaremos la Unidad Técnica de Orientación y Supervisión N°1 del Dtto. Capital de la Dirección General de Regiones para los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal pic.twitter.com/J2eavilrfO

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Informó que el régimen activará “áreas de oficios” textiles, de panadería y mecánica automotriz en el lugar, “con mano de obra de egresados del sistema penal”.

Según una nota del Ministerio para el Servicio Penitenciario de 2017, este centro fue acondicionado para albergar a “152 privados de libertad extranjeros, en condición de procesados”, si bien se desconoce el censo que manejaba el lugar en la actualidad, así como las nacionalidades de los internos, recordó la agencia EFE.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad denuncia que en los siete estados con población indígena en Venezuela no existen centros de detención preventiva específicos para los pueblos originarios.

Esto sucede en las entidades regionales de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia.

Por esta razón son trasladados a otras regiones, lo que dificulta el contacto con sus familias, se resalta en el informe “Indígenas en prisión: Cuando el gentilicio empeora la situación”.

A pesar de que en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005, se establece que al indígena, estando en prisión, se le deben respetar sus costumbres y tradiciones.

#7Abr ? INDÍGENAS SUFREN PRECARIEDADES DURANTE DETENCIÓN PREVENTIVALa ONG Una Ventana a la Libertad informó que en los siete estados con población indígena en Venezuela (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia), no existen centros de detención… pic.twitter.com/BP3Q9iv3Il

También señalan que, como el resto de la población penal, sufren de hacinamiento, falta de atención médica, corrupción, retardo procesal y mala alimentación.

Por otra parte, no existen cifras oficiales sobre cuántos indígenas están privados de libertad, apunta el abogado Olnar Ortiz.

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El jurista explica que a pesar de existir un marco legal sobre el tema no se ha logrado vincular la cultura de las etnias indígenas con el sistema de justicia venezolano, por lo tanto, se siguen cometiendo diversas irregularidades en estos procesos.

“Es una deuda que debe ser solventada en corto tiempo”, dice el abogado, que además es de la etnia Bare del estado Amazonas.

Más de 2.000 privados de libertad que estaban reclusos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, ya han sido trasladados a otros centros penitenciarios del país.

Así lo informó la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista.

La funcionaria compartió en sus redes sociales imágenes de la atención integral a la que han sido sometido reclusos llevados al Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, también ubicados en Carabobo.

Continuamos en labores de atención integral a la población privada de libertad que se encontraba en el Centro Penitenciario Tocuyito del estado Carabobo. pic.twitter.com/Bkn2szFhn9

«El traslado de los privados de libertad hacia el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador se desarrolló en total respeto a los derechos humanos de los mismos. Los presos han sido atendidos en el ámbito de salud. Además de ser dotados de uniformes de acuerdo a su proceso judicial, colchonetas así como hidratación y alimentación», indicó.

En las imágenes que publicó la ministra aparecen los presos siendo afeitados y uniformados de azul.

Los privados de libertad han sido atendidos en el ámbito de salud, además de ser dotados de uniformes de acuerdo a su proceso judicial, colchonetas así como hidratación y alimentación. pic.twitter.com/UI5cxDSyXP

Además de los trasladados a la misma entidad, también fueron enviados a otros estados cercanos.

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Otros reclusos fueron trasladados hacia el Centro Penitenciario “David Viloria” del estado Lara. «Ya se encuentran en régimen penitenciario y están recibiendo atención médica, jurídica e integral», dijo Bautista.

En el lugar les dieron colchonetas, uniformes de acuerdo a su proceso judicial. Además del corte de cabello, productos para aseo personal, entre otros», resaltó en su cuenta de la red social X.

Los privados de libertad que han sido trasladados hacia el Centro Penitenciario “David Viloria” del estado Lara, desde el CP Tocuyito, ya se encuentran en régimen penitenciario y están recibiendo atención medica, jurídica e integral. pic.twitter.com/xsG6Bhk1PH

También la ministra anunció que otros presos que estaban en Tocuyito ahora se encuentran en el establecimiento “26 de Julio” del estado Guárico. En el lugar los recibieron con «una jornada de vacunación y evaluación médica».

«Continuamos garantizando los derechos fundamentales de la población penitenciaria del país», expresó.

Asimismo, se les realizó el corte de cabello, entrega de colchonetas, productos para el aseo personal, registro y reseña jurídica. pic.twitter.com/a3lU3tgLUK

Según sus reportes, los últimos traslados hasta este viernes fueron al estado Falcón.

«Para la Comunidad Penitenciaria de Coro también hemos trasladado un grupo de privados de libertad que se encontraban en el Centro Penitenciario Tocuyito del estado Carabobo», señaló.

Esta población penitenciaria está siendo atendida de manera integral, con sus respectivos uniformes ya sea penado con el color amarillo o procesado con el azul. Así como también se les realizó corte de cabello, registro jurídico y evaluación médica. pic.twitter.com/MISgfoZbOj

Para los reclusos venezolanos, los calabozos policiales del país son una verdadera pesadilla, y así lo reflejó Julio Cesar Pineda Flores, (47), quien prefirió acabar con su vida antes de regresar a un centro de reclusión.

La familia de Julio Cesar relató al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los tratos recibidos por parte de funcionarios y otros reos lo indujeron a quitarse la vida, porque no quería regresar.

Este suceso ocurrió a la 1 de la tarde del 2 de febrero en las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, Lara, cuando el privado de libertad se lanzó del 4to piso de este centro de salud.

“Yo no me quiero morir en los calabozos, allá me van a matar. No me dejes regresar”, fue lo que conversó Julio Cesar con sus familiares horas antes de tomar la fatídica decisión.

Este hombre era un detenido del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la subdelegación de Carora, ubicado en el municipio Torres, de la región larense. Estaba privado de su libertad desde el mes de octubre del año pasado.

Pineda era hipertenso y diabético insulinodependiente. Cuando fue detenido, lo evaluó una médico forense que supuestamente pidió a los familiares 300 dólares para darle un informe y así conseguir un arresto domiciliario. Como la familia no pagó, el informe fue negado.

“Por esta misma doctora mi hermano no era atendido en el Hospital de Carora, por lo que se debía llevar a diario en la mañana y en la noche a administrar su insulina en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Como era puesta a deshoras, se descompuso y fue una de sus primeras hospitalizaciones, tras esto ordenaron llevarlo a las 8am y 8pm”, explicó el hermano de Julio César a OVP.

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A su vez manifestó que Julio César, quien estaba imputado por un delito contra la mujer, no era aceptado en los calabozos por los reclusos y cuando lo mantenían allí los otros presos lo obligaban a dormir en el baño y parado. Esta situación hacía que la presión arterial se elevara.

Los familiares del privado de libertad manifestaron que la solución que consiguieron los funcionarios del CICPC fue dejarlo en un pasillo. Esto no fue gratis, para mantenerlo allí los familiares debieron cancelar 200 dólares.

Este recluso también padeció una neumonía a consecuencia del COVID-19, pero su diagnóstico fue completamente descartado al ser evaluado por un neumonólogo privado porque en el CDI no había especialista.

Aunado a esto, los familiares intentaron solicitar una medida humanitaria, pero la misma fue negada en al menos dos oportunidades.

Los familiares de Julio Cesar también denunciaron al equipo de OVP que en lo que va 2023 los funcionarios ya pidieron más dinero para mantenerlo en el pasillo.

En esta oportunidad el pago requerido era de 300 dólares, pero este dinero no fue cancelado, por lo que el detenido fue regresado a los calabozos con al menos 17 presos más.

EL 16 de enero el recluso presentó un fuerte dolor en el pecho que se le extendía al brazo y la pierna, como producto de la tortura a la que estaba siendo sometido. Tras hacerle unos exámenes indicaron que era una angina de pecho y su tensión se manejó con  unos valores de 240-110.

Desde ese día hasta el 31 de enero se mantuvo en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, y mientras estaban allí los funcionarios le recalcaban “que lo de él era una mentira, que no tenía nada y que era psicológico. Además le decían que lo iban a regresar al calabozo”.

Así lo relatan los familiares de Julio César, quienes aseguran que la presión fue tanta que nuevamente los valores de tensión y azúcar se subieron, por lo que debió ser referido al Hospital Central de Barquisimeto.

Para el traslado al principal centro asistencial de la ciudad le pedían a la familia que fuera la que se encargara de pagar la ambulancia. Tras algunas diligencias con la juez lograron el traslado.

El privado de libertad estaba en condición de procesado, su última audiencia preliminar fue diferida y precisamente en ella esperaban una libertad porque la presunta víctima nunca apareció durante todo el proceso judicial.

Con la muerte de Julio Cesar dos niñas de 15 y 4 años de edad quedaron huérfanas.

Desde los patios del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, municipio Colón, se mantiene una protesta pacífica por parte de los reos.

La manifestación se hace desde el viernes 22 de abril, según la ONG Una Ventana a la Libertad. Los presos denuncian “un brote de tuberculosis” en las diferentes áreas del penal.

Por ello, exigen la intervención de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.

La ONG indicó que un equipo de médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) evaluó a los internos.

“Tenemos una epidemia de tuberculosis crónica y nuestros compañeros están padeciendo. Hace ocho días falleció el señor Nelson Fernández y no nos están dando pronta respuesta a la situación que se está viviendo de hacinamiento», denunció uno de los internos, a través de un video difundido por UVL.

«Este es un centro de arresto construido para 80 personas. Tenemos un hacinamiento de 530 presos en este recinto”, agregó.

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El líder de cada patio hizo un llamado a los legisladores de la Asamblea Nacional, al diputado Pedro Carreño, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.

Desde el pabellón A, el vocero detalló que el 21 de abril de 2022 se instaló una mesa técnica en el penal. Lo hicieron para conocer la situación de salud y judicial de cada privado de libertad.

De no obtener respuesta en las próximas horas, los detenidos amenazan con una huelga de hambre. “Ya basta que jueguen con nuestras vidas. Somos seres humanos, nos duele que extorsionen a nuestras familias», alegaron.

Posteriormente, un equipo médico del Senamecf evaluó a 426 privados de libertad dentro del retén de San Carlos de Zulia. Lo hizo a solicitud de Miguel Fernández, fiscal provisorio 75 del Ministerio Público.

Extraoficialmente, se supo que durante la jornada de salud se conoció que había un detenido en el Hospital General de Santa Bárbara de Zulia en condiciones graves.

Dentro de las instalaciones solo había dos reclusos con tuberculosis con tratamiento, en condiciones “regulares”. Además, se detectaron dos casos de esquizofrenia y cuatro embarazadas.

Las protestas dentro del retén de San Carlos comenzaron, el 7 de abril de 2022, tras el fallecimiento de Nelson José Fernández Rodríguez.

El hombre murió en el pabellón A, tras sufrir una desnutrición severa, complicada con tuberculosis y un edema pulmonar.

Sus compañeros retuvieron el cadáver dentro del penal hasta que se acercó una comisión de la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la entidad.

El malestar se mantiene hasta la actualidad. Los detenidos denuncian la existencia de al menos otros 25 casos de tuberculosis. Pero, no los confirman por la falta de recursos para exámenes médicos en clínicas.

#Zulia | Reos denuncian epidemia de tuberculosis en retén de San Carlos y exigen respuesta de la Comisión Presidencial – #UVLObserva #25abril #VIDEO https://t.co/JTSNIgFlvM pic.twitter.com/GI2OPDHtuW

La organización Una Ventana a la Libertad, informó que la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis y el VIH, siguen siendo los principales problemas en los calabozos policiales del país.

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Según el último informe presentado por la organización, entre octubre de 2021 y marzo de 2022 murieron al menos 18 privados de libertad en comisarías ubicadas en siete regiones de Venezuela que cuentan con un hacinamiento mayor al 200 por ciento.

Del total de la población penitenciaria investigada (8.266 reclusos en 151 Centros de Detención Preventivas), se contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7 %), 207 de tuberculosis (2,5 %), 45 con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (0,6 %) y 24 con COVID-19 (0,3 %).

Las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad son deplorables. Según el estudio de los 151 calabozos policiales estudiados, solo 59 cuentan con servicio de agua potable (39 %).

Además, 67 con baños (44 %) y 90 con servicio de recolección de basura (59,6 %), según nota de prensa.

Estas condiciones están lejos de ser solventadas, debido a que las condiciones de estos espacios, capacitados para albergar reclusos por lapsos de 48 horas, no son las más adecuadas.

Bajo estas condiciones, los privados de libertad quedan expuestos a estas enfermedades.

Gracias al trabajo en conjunto de Una Ventana a la Libertad y la organización Proyecto Once Trece, se han logrado realizar jornadas médicas en varios estados de Venezuela.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, un total de 527 reclusos los evaluaron en siete jornadas médicas.

Estas se realizaron en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Entre las enfermedades detectadas, destacan casos de hipertensión, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas y respiratorias, como tuberculosis y casos positivos de VIH en las pruebas rápidas.

Los reclusos evaluados también recibieron atención primaria y parte de los medicamentos que requieren.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), Tito Yesid Castellanos, confirmó que en lo que va corrido del año, se han fugado 363 personas que se encontraban pagando sus sentencias, en el beneficio de casa por cárcel.

El descubrimiento se dio en una reciente inspección por parte del personal del INPEC, realizada en diferentes zonas del país, a los más de 74 mil reclusos con detención domiciliaria, de los cuales se descubrió que 363 no se encontraban cumpliendo la condena en sus casas. 

Castellanos aseguró, que estos escapes se han dado, en medio de la falta de personal y de los pocos brazaletes con los que cuentan para vigilar, que las personas cumplan con las medidas domiciliarias. 

Añadió que se debe hacer revisión de cada uno de los ciudadanos que tienen esta medida de aseguramiento, pero ante la falta de brazaletes, sólo pueden hacer un seguimiento de menos de un 10% de los reclusos e hizo mención de la falta de personal. 

Concluyó mencionando que ya ha solicitado a los jueces de la República que revoque la medida a las 363 personas que no se encontraban cumpliendo con su pena en sus domicilios ya que han pasado más de 48 horas desde que se desconocen sus paraderos. 

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Estas revisiones, se dan en medio de una ola de críticas hacia el INPEC  y como resultado de la fuga de alias “Matamba” el pasado 18 de marzo, narco que huyó de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. 

Mediante labores de inteligencia efectivos de la Guardia Nacional, recapturaron a otros cinco fugados del retén de menores de la avenida 19 de Abril de San Cristóbal en el estado Táchira.

⚠️ #6Dic #Ahora ¡FALTAN 8!Efectivos de la Guardia Nacional recapturaron a 5 de los 14 fugados del retén de menores de la avenida 19 de abril de San Cristóbal, estado Táchira.En total van 6 recapturados y una mujer colaboradora detenida.Vía: @maryneglod@impactove ? pic.twitter.com/Yzf3sWJhck

La fuga masiva ocurrió el pasado 19 de noviembre, dejando un custodio muerto y otros dos heridos.

Cuatro recapturados fueron sorprendidos por los uniformados en el sector Tononó municipio Junín, mientras que el quinto involucrado fue alcanzado en el sector El Tope de la misma jurisdicción.

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Los recapturados fueron identificadoa como: Miguel Eduardo Varela, Aibeth Guillén, Roberto Becerra, Sebastián Galvis y Brayan Cobaria.

Por el caso ya van 6 recapturados de los 14 evadidos. Asimismo fue detenida una mujer colaboradora, que les conseguía alimentos.

Cuerpos de seguridad mantienen la búsqueda  de los 8 reclusos que permanecen evadidos del retén de menores.

Nadie sabe cómo sucedió pero ocho peligrosos reos se escaparon del Centro de Detención Preventiva del Cicpc Guasdualito, municipio Páez en el estado Apure, y ahora los buscan hasta debajo de las piedras.

La ONG Una Ventana a la Libertad informó que los reclusos abrieron un túnel en el baño del retén.

Aseguran que el hecho ocurrió pasado las 4:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre.

Cuando el uniformado de guardia pasó la revista, se encontró con el hueco y la ausencia de los ocho delincuentes.

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Funcionarios del Cicpc solicitaron la colaboración de la ciudadanía de Guasdualito para dar con el paradero de estos delincuentes.

Según la UVL los fugados están identificados como Raúl Alejandro Fernández Avilán (24), detenido en este recinto desde el 13 de abril del año 2018, por los delitos de homicidio calificado.

Edixon Diosmar Izarra Vergara de 24 años de edad y José Leonardo Gómez Vergara de 29, presos por los delitos de secuestro y robo.

Carlos Mauricio Melgarejo (32) y José Luis Pérez Herrera (20), ambos con casi tres años presos por los delitos de abuso sexual y homicidio calificado.

Ezequiel Josué Carrillo Moreno (18), nueve meses encerrado por robo agravado y homicidio calificado, Dilson Rafael Laya Álvarez (19) y Jhony Schwarzergger Gallardo (19) por robo agravado y lesiones, hurto agravado y calificado.

Al menos 37 privados de libertad fallecieron por complicaciones de enfermedades respiratorias, tuberculosis, desnutrición, VIH (Sida) y COVID-19.

El último informe de salud presentado por la organización Una Ventana a La Libertad, se realizó en 119 Centros de Detención Preventiva de cinco regiones: Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.

De los 37 casos registrados entre abril y septiembre de 2021, 31 fallecieron por tuberculosis (83,8%).

Si se suma los decesos ocurridos entre octubre de 2020 y abril del 2021, primera fase del proyecto de jornadas médicas, el equipo de UVL registró que fallecieron 24 privados de libertad con tuberculosis, tres con VIH,  tres con complicaciones respiratorias, uno con una afección gastrointestinal y uno con un infarto.

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La sumatoria de las defunciones registradas en el segundo periodo del proyecto, se confirma que entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 69 reclusos murieron por complicaciones de salud en Caracas, Miranda, Vargas, Zulia y Nueva Esparta.

El documento también detalla que del total de la población penitenciaria registrada (7.947 privados de libertad) se han contabilizados otras enfermedades, entre los que destacan 492 casos de desnutrición (6,19%), 216 de tuberculosis (2,71%), 10 del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y dos con COVID-19.

Del total de los Centros de Detención Preventiva, donde 101 son de carácter civil y 18 militares, se determinó que en estos espacios predominan las enfermedades respiratorias, como tuberculosis, desnutrición, VIH/Sida, infecciones en la piel, síndrome diarreico, COVID-19, entre otras.

Con respecto a la pandemia de la COVID-19, el equipo de Una Ventana a La Libertad recibió denuncia de familiares que aseguran que varios reclusos presentan síntomas asociados al virus.

Sin embargo, la organización no ha podido contabilizar los casos porque no existe una información oficial por parte de las autoridades que confirmen con pruebas el descarte del virus.

Un familiar de un recluso de la cárcel de San Juan en Mérida manifestó su desesperación ante las presuntas violaciones de derechos humanos que ocurren allí.

Una Ventana por la Libertad, publicó el testimonio de la familiar quien asegura se cometen muchas injusticias dentro del penal.

 “De verdad me desgarra el corazón Saber por todo lo que pasan esas pobres personas, hambre maltratos y muchas cosas más”, reveló mediante las redes sociales.

Y reclamó que a pesar de que se encuentran allí por haber cometido crímenes, también son seres humanos que merecen respeto.

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La familiar de uno de los presos, responsabilizó a  los custodios del penal de cometer estos actos contra los reclusos.

 “No es posible que los mismos guardias quieran acabar con sus vidas, ellos merecen vivir, no todos los presos son iguales”, alegó.

Aunque aseguró que su familiar se encuentra bien, denunció la situación de otro reo, el cual está herido.

Aseveró que el recluso fue herido por uno de los guardias de la cárcel ubicada en Mérida.

“El recluso se encuentra con fuertes heridas en el estómago, piernas y espalda, heridas causadas con perdigones”, relató.

Denuncióque el recluso debe ser operado con urgencia por ñas graves heridas que tiene, pero los guardias impiden el proceso quirúrgico.

Por lo que cuestionó que si se trata de una cárcel militarizada, por qué suceden estos actos.

“Aún cuando consultamos a autoridades de la Guardia Nacional, no hubo pronunciamiento alguno acerca de la situación”, dijo.

Por su parte, allegados a reclusos de esta penitenciaría exigen respeto y un mejor trato para quienes permanecen en las instalaciones.

Se conoció que en el marco de la “Revolución del Sistema Judicial” se han realizado evaluaciones y visita a la cárcel ubicada en San Juan de Lagunillas.

Entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2021, 184 reclusos detenidos en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), recibieron cupos de traslados a cárceles, así lo confirmó Una Ventana a la Libertad con fuentes extraoficiales.

En una data privada de la policía científica, se detalla en qué centros de detención serán traslados, explico la fuente.

La información detalla las siguientes dependencias del Cicpc para los traslados:

División Contra Robos 16 privados de libertad trasladados a cárceles, en la División Contra Hurto, 7, en la Delegación Municipal de Caricuao 4; en la Delegación Municipal El Llanito 9, en la Delegación Municipal de Chacao 4.

Así como también en la Dirección de Vehículos 4, en la Delegación Municipal Santa Mónica 10, en la División Captura y Búsqueda El Rosal 19; en la Delegación Municipal El Paraíso 5, en el Bloque de Búsqueda Caracas 6 y en la División Contra Secuestro 21.

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Delegación Municipal La Vega 12 internos recibieron cupos de traslados, pero solo 11 están trasladados pues uno de ellos es adolescente. En la Delegación Municipal Simón Rodríguez 17 reclusos recibieron cupos para cárceles, 16 ya estan trasladados y uno quedó en libertad plena.

Eje Central de Homicidios, en la Avenida Principal de El Paraíso; se otorgaron 15 cupos, de los cuales 13 ya están en penales y otros 2 serán recibidos en el estado Lara.

Finalmente, en el Bloque de Búsqueda y Captura Caracas se otorgó un cupo de traslado a penal a un recluso.

Las cárceles venezolanas se han convertido en el infierno de los reclusos, quienes deben aplicar el modo de supervivencia para salir ilesos de ellas.

No solo deben toparse con la violencia que está a flor, también con las carencias e insalubridades que comprometen su salud.

No obstante, el peligro sigue prevaleciendo en los penales venezolanos, de los cuales, 2001, destacó cuáles son los cinco más peligrosos.

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Entre las cárceles más violentas destaca: Tocorón, Tocuyito, Fénix, Uribana y El Dorado.

Sin embargo, expertos penitenciarios aseguran que los hechos violentos han disminuido en los últimos años.

Este centro penitenciario, situado en la parroquia Tocuyito, Carabobo, alberga a más de mil presos.

Tal como en la mayoría de las cárceles del país hay hacinamiento.

Fue noticia el 23 de marzo, tras conocerse el asesinato de un recluso, tras recibir un disparo de la cabeza, como parte de una riña dentro del centro.

El fallecido fue identificado por sus familiares como Bleikerma Renier Rojas, de 31 años.

En febrero de este año una joven identificada como Lianyeli Colina Escobar, quien tenía un mes de embarazo, acudió al penal de Tocuyito para visitar a su pareja.

En medio de la visita la joven se encontró con otro amigo, también preso, y esto ocasionó la furia de su pareja.

Este en un arranque de celos, la degolló y luego le dio un disparo en la cabeza.

En enero, comenzando el año, la cárcel de Tocuyito también resonó por un motín que se registró en el penal por hambre.

Los reclusos repudiaban que los custodios revendían los alimentos, que debían suministrarles a ellos, y que los dejaban sin comida.

Los presos se apostaron por horas en las azoteas del penal generando disturbios y heridos, hasta que un gran número de detenidos fueron trasladados a otros centros de reclusión.

El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, sigue siendo y aún se mantiene como una de las penitenciarías más peligrosas en Venezuela.

Aunque en estos momentos disminuyeron los casos de violencia, sigue como una de las más violentas del país.

En el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destaca que el Centro Penitenciario de Aragua alberga actualmente a más de cinco mil presos.

A pesar de que fue construido para 750 personas, lo que muestra un hacinamiento de 714%.

Tocorón es el penal con mayor población reclusa.

Darwin, quien estuvo más de siete años en la cárcel de Tocorón, contó que “viven un infierno en carne propia”.

“Matas o te matan, casi no puedes dormir, no vives y si sobrevives, el infierno te persigue”, relató.

El pranato en la cárcel sigue siendo liderado por uno de los más antiguos, Héctor Rustherfor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”.

Quien ha forjado un emporio criminal,  refugio para pranes, presos y asesinos de afuera.

El líder criminal también cuenta con una red delincuencial con “El Tren de Aragua”, que ha llegado a escala internacional.

El Centro Penitenciario, David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, estado Lara, ha sido objeto de múltiples hechos de violencia y de corrupción. 

En enero de este año se registró la muerte de un reo, más de 10 detenidos heridos por proyectiles y armas blancas.

También el secuestro del director del penal, en una reyerta que se inició por el descontento de los reclusos por el pago de la “causa”.

Una especie de vacuna que cobran los pranes para que los presos puedan gozar de ciertos beneficios.

Los que no pagan son acosados, golpeados, aislados, y mayormente asesinados de forma cruenta.

La comunidad Penitenciaria Fénix, en Barquisimeto, también ha sido una de las más violentas del país.

La organización Una Ventana a la Libertad reporta que desde octubre de 2013 a 2019 se registraron más de cuatro motines, en los que fallecieron al menos 21 personas.

En febrero se registró en el centro penitenciario una reyerta entre presos, en el que resultó herido un detenido identificado como Ronny José Vargas, de una puñalada en el pecho.

Otras de las cárceles más violentas se encuentran la de El Dorado, en Bolívar y Puente Ayala, en Anzoátegui.  

Este 10 de junio se logró conocer de una riña, en la que resultaron heridos tres detenidos en el Retén de Caraballeda, en La Guaira. La reyerta se registró en la celda conocida como “Alcatraz”.

En Guárico también se reportó un herido durante una riña en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros. 

Un recluso recibió una puñalada en el abdomen.

Raíza Ramírez Pino, coordinadora de la OVP en Táchira, manifestó que las riñas o hechos de violencia en los centros penitenciarios de la entidad han disminuido.

Debido a que las autoridades penitenciarias prometieron “planes de descongestionar” las cárceles.

“En la región ya no se ven tantos casos de violencia o riñas como antes, ahorita son principalmente protestas colectivas por hambre”, contó.

Desde el sábado, denuncian situación irregular en el calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de El Hatillo, al no permitirle a familiares y concubinas visitar a los reclusos que allí permanecen.

Este lunes, la hermana de uno de los presos, informó a Impacto Venezuela, que los funcionarios hirieron a los reclusos por realizar una huelga de hambre.

Detalló que los golpearon, apuñalearon, y a uno de los reclusos le partieron las piernas.

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Alertó que los presos tienen miedo de regresar a los calabozos, porque los amenazaron con violarlos si denunciaban los maltratos.

“Uno de los apuñaleados tiene fiebre y los llevaron a los tribunales, no los han llevado a CDI, no han recibido atención médica”, denunció.

Evelyn Hernández, hermana de uno de los implicados, relató que luego de ese incidente en el calabozo, los enviaron a tribunales, alegando que los privados de libertad intentaron secuestrar a uno de los funcionarios policiales.

Los presos comenzaron una huelga de hambre, luego de que los funcionarios quisieran entregarles la comida en bolsas.

Hernández detalló que los policías decidieron quitarles los recipientes y le colocaron las comidas en bolsas.

Lo que generó incomodidad entre los reclusos y al reclamarles esto, uno d elos funcionarios les escupió la comida, informó la familiar de uno de los presos.

Asimismo detalló que esto desató la huelga de hambre de los presos, exigiendo el respeto de sus derechos humanos,

Denunció que en respuesta a la huelga de hambre, los funcionarios hirieron a los reclusos.

Ante estos maltratos denunciados por los familiares en los tribunales, exigieron a las autoridades que cesen los maltratos contra los privados de libertad.

Los familiares irán a la Defensoría del Pueblo para exigir que se respeten los derechos humanos de quienes están privados de libertad

Detenida mujer por conseguirle envoltorio de presunta droga y un teléfono celular, que al parecer tenía previsto entregar a un detenido recluido en los calabozos del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana en Acarigua, estado Portuguesa.

La mujer implicada está identificada con el nombre de Génesis Carolina Mendoza Durán de 26 años, con domicilio en el sector La Goajira de Acarigua.

Una Ventana a la Libertad informó:

De acuerdo a la información ofrecida en el reporte, Mendoza Durán se presentó en la sede del Centro de Control y Resguardo del Detenido del CPNB, con la finalidad de realizar la visita dominical a un sujeto que se encuentra preso en ese recinto.

Así mismo la sometieron a una exhaustiva revisión

Funcionarios policiales le hallaron ocultos entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía unos restos vegetales de color verde; al parecer droga conocida como «cripy», y un teléfono celular.

#18Mayo Detenida una mujer cuando intentaba entregar droga y celular a un recluso en la PNB #Portuguesa #UVLObserva https://t.co/DGN8fEem5E pic.twitter.com/KWNvjTBEfO

Se presume que la mujer tenía previsto entregar esta sustancia prohibida y el equipo telefónico, a uno de los sujetos detenidos de este centro de reclusión policial.

La implicada en este hecho quedó a cargo de la Fiscalía Primera del Ministerio Público en Acarigua

Dos reclusos que fallecieron esta semana por Tuberculosis en los calabozos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago en el Zulia, los lanzaron a la calle porque no llegaban comisiones del Cicpc para el levantamiento.

Ángel Eduardo Sanabria Ferrer (26) y Juan Carlos Godoy Rodríguez (32), fallecieron entre la noche y la madrugada del jueves 15 de abril.

Los oficiales de la custodia, cuando agonizaban los reclusos,  no hicieron el traslado a un hospital y fallecieron, informó la organización Una Ventana a la Libertad (UVL).

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Al ver que Comisiones del Cicpc no llegaban para el levantamiento de los cuerpos, los custodios los lanzaron a la a la avenida Andrés Bello, municipio Cabimas del estado Zulia.

No fue sino hasta las 11:50 de la mañana de este jueves 15 de abril que llegó la furgoneta del Cicpc a recoger los cadáveres y trasladarlos a la morgue.

Según la UVL, Sanabria Ferrer, estaba en el penal desde el 18 de febrero de 2017 por el delito de robo agravado.

Godoy Rodríguez ingresó al recinto desde el 19 de enero de 2016 también por el delito de robo agravado.

La organización que defiende los derechos de los privados de libertad en el país, aseguran que los reos “no tienen alimentos”.

Estiman que “15 por ciento de la población presenta enfermedades que comprometen su vida y otro 5 por cierto padece de patologías no controladas como diabetes e hipertensión. Sin precisar cuántos padecen de desnutrición”.

La búsqueda de los evadidos la realizan funcionarios adscritos a la dirección de Inteligencia de la policía regional.

De acuerdo con el parte de seguridad los menores esperaron la noche del viernes y en descuido huyeron del centro socio educativo, ubicado en el Sur de Barquisimeto.

Posteriormente, tras la fuga los funcionarios se desplegaron por los lugares adyacentes.

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En la avenida ribereña con calle 38 de Barquisimeto detuvieron a cuatro de ellos.

Luego, los sujetos intentaron evadir a la policía.

Ahora tres de ellos están prófugos y autoridades han intensificado las labores de búsqueda en todo el territorio.

Este martes, falleció José Humberto Hernández Rodríguez (67) por falta de atención médica en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, quien tenía medidas cautelares por parte de la CIDH.

Hernández Rodríguez obtuvo medidas cautelares por partes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de año.

Sin embargo, esta resolución a favor del recluso no fueron suficientes para respetar sus derechos e igualmente falleció ante la indiferencia del personal penitenciario.

Fue privado de libertad hace cinco años y actualmente se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix del estado Lara, publicó OVP.

Este hombre se enfrentó a un sinfín de adversidades, sufrió por hambre y falta de atención médica, hasta que su cuerpo sucumbió y falleció.

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Sus familiares tuvieron que ver con mucha angustia cómo se apagaba su vida ante la flagrante y constante violación de sus derechos humanos.

El  28 de enero de 2021, a través de la Resolución 8/2021, favorecieron a José Humberto con medidas cautelares de la CIDH.

Esto luego de que la ONG Defiende Venezuela, las solicitara, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

A pesar de que la administración de Maduro estuvo advertida sobre su delicado estado de salud, no lo atendieron oportunamente.

En varias ocasiones le negaron el traslado a un centro asistencial y la excusa siempre era la misma desde los tribunales o el Ministerio de Servicios Penitenciarios:

No hay gasolina, no hay transporte, falta un permiso, etc, señala parte de la nota de prensa.

Desde el primer día de su detención José Humberto fue víctima de tortura.

Comenzó a padecer los estragos de vida tras las rejas en Venezuela, sufrió ataques de pánico, lo diagnosticaron con dos hernias en la zona pélvica.

Nunca lo atendieron y posteriormente presentó un crecimiento prostático grado III muy doloroso.

Su salud se iba desmejorando conforme pasaba el tiempo y no lo atendían.

La última evaluación médica fue a principios del mes de enero del 2021, cuando les diagnosticaron un derrame pleural y neumonía.

Ante esto, el médico alertó que necesitaba atención médica inmediata.

Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la hija del recluso se trasladaba con frecuencia hasta la cárcel de Fénix pero las autoridades del penal hacían caso omiso a su preocupación por la salud de su padre.

En tanto, la esposa de José Humberto había notado que respiraba con dificultad.

Además su alimentación no era la adecuada, por lo que se dirigieron con mayor insistencia hacia los tribunales larenses.

“A mí nadie me dice cómo debo hacer mi trabajo”, fueron las palabras del presidente del Circuito Judicial a los familiares.

A quienes además les preguntó si se trataba de la persona que tenía medidas cautelares de la CIDH.

En vista de lo sucedido durante las primeras semanas de marzo con el presidente del Circuito Judicial, desde la organización Defiende Venezuela dirigieron un escrito a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para solicitar atención inmediata para el recluso enfermo.

Finalmente, el sábado 20 de marzo y tras una intensa lucha su hija Norka Hernández logró internarlo.

Los médicos del Hospital Central solicitaron una tomografía del tórax para descartar cáncer en los pulmones, la cual tiene un costo de 150 dólares.

Una vez más, los familiares se vieron atados de manos por no tener los recursos económicos para cubrir el estudio y acudieron a las redes sociales para pedir ayuda.

De la misma forma se conoció que aunque José Humberto tenía dificultad para respirar no le fue proporcionado el oxígeno de la forma adecuada en el Hospital Central.

José Humberto Hernández lo imputaron como cómplice no necesario en los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir.

Tras quedar detenido junto a once personas más por un cargamento de droga que salió del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto en el año 2016.

El preso se desempeñaba como vigilante en el Aeroclub y, según declaró su hija, su único delito fue haber trabajado esa noche.

Pues donde él laboraba no tenía acceso a los hangares del aeropuerto.

“Moriré tras las rejas siendo inocente”, eran las palabras del preso, quien lloraba con frecuencia en los rincones de su celda en Fénix Lara.

Aunque había pasado a fase de juicio, José Humberto ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse.

En el año 2018 fue atendido en un Plan Cayapa y la Viceministra del Ministerio de Servicios Penitenciarios le prometió una medida humanitaria debido a su condición de salud.

Sin embargo, no fue otorgada porque su expediente penitenciario estaba perdido.

La muerte de José Humberto no es más que el reflejo de la destrucción del sistema penitenciario en manos del Estado venezolano y sus precarias instituciones.

El hambre, el hacinamiento y la falta de atención médica están acabando con la vida de los presos venezolanos.

Incluso hasta de aquellos como José Humberto que fueron vistos de cerca por organismos internacionales y aún así nadie se hace responsable por su trágica muerte.

Según El Diario de Guayana, fueron localizados cuatro de los reclusos fugados de Guasina de la cárcel de Guasina en días pasados en el estado Delta Amacuro, fueron asesinados en el sector La Barra (Tucupita).

Estos reclusos eran del grupo de 14 que se fugaron del retén cercano a Tucupita, segú fuentes presuntamente con complicidad de los guardias.

Los delincuentes asesinados eran conocidos con los apodos como: “El Gordo”, “Colombia”;“Papo” y “Tego”.

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Así mismo, se desconoce si fueron asesinados por otra organización criminal o en un enfrentamiento entre delincuentes del sector.

#5Feb #Reporte ?️Cuatro de los reclusos fugados de la cárcel de Guasina en días pasados en el estado Delta Amacuro, fueron asesinados en el sector La Barra (Tucupita) antes de cruzar vía marítima hacia Trinidad y TobagoCortesía @DiariodeGuayanaVía @Dayanakrays@ImpactoVE ? pic.twitter.com/pbFEm515a7

Parece que los cuatro cadáveres presentaron diversos golpes y machetazos en sus cuerpos evidenció en la experticia forense. Antes de reportarse el hallazgo de los cadáveres, en el retén de Guasina; se informó que hicieron una fiesta por el “cambio de mando” de pranes en el penal, luego de registrarse la fuga de estos presos que tenían el dominio delictivo en la cárcel, según la fuente Armando Gruber.