El gobierno de Colombia anunció que presentó ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir el entrenamiento, financiación y reclutamiento de mercenarios en el país, célebre por exportar mano de obra para guerras en el mundo.

«Necesitamos herramientas para enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a las personas (…) bien entrenadas en temas militares», «las reclutan y se las llevan a guerras», dijo en una rueda de prensa el canciller Luis Gilberto Murillo.

El diplomático explicó que el proyecto de ley busca que el Congreso ratifique la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989.

Su aprobación «permitiría su criminalización, procesamiento y extradición en caso de ser necesario», precisó la Cancillería en una nota de prensa.

Desde hace años se ha documentado que mercenarios colombianos, en su mayoría militares en retiro, han combatido en conflictos como los de Afganistán, Yemen e Irak.

Recientemente, han crecido las denuncias de familiares de exsoldados que viajaron a Ucrania para enfrentar al ejército ruso y resultaron muertos, heridos o desaparecidos.

Sin hacer mención a ese conflicto, Murillo reconoció que «han aumentado los casos».

Colombia es una cantera de soldados debido al conflicto armado de más de seis décadas contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.

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«Es un país que tiene un personal muy bien entrenado en temas militares, de seguridad, en temas policiales, y llegan muchas redes aquí extranjeras a reclutar a estas personas, a veces con engaños», agregó Murillo.

Cada año miles de militares se jubilan muy jóvenes con pensiones bajas – de unos 350 dólares mensuales – porque cumplen con su tiempo de servicio o porque no tienen más posibilidades de ascenso.

En 2022, la AFP conoció testimonios de militares en retiro que trabajaron en Oriente Medio para la compañía estadounidense Blackwater, acusada de contratar mercenarios. Allí recibían sueldos de más de 1.400 dólares por proteger instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos bajo la figura de «guardias de seguridad».

Los colombianos también son empleados para cometer crímenes en otros países de la región. En 2021, un grupo de militares en retiro asesinó a tiros al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, en su residencia.

En 2023, pistoleros nacidos en Colombia mataron al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones.

Milton de Jesús Toncel conocido como ‘Joaquín Gómez’  rindió versión ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) tras delitos cometidos con las Farc.

El acto fue en Riohacha, La Guajira, donde leyó una carta en la que reconoce el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de las Farc.

«No podemos devolverle a los niños, niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo en la guerra”, destacó.

Por lo que resaltó que reconoce sus equivocaciones, “tanto individuales como colectivas ocurridas en la guerra, esto con el fin de respetar las memorias de las víctimas», aseveró.

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Agregó que está dispuesto a pedir perdón. «Estoy dispuesto a reconocer sin ambigüedades y sin eufemismos el reclutamiento forzado”, dijo.

Comentó que está dispuesto a pedirles perdón a las víctimas por el delito cometido en el marco de la organización política que surgió del acuerdo de paz.

«No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos a los adultos que hoy nos reclaman justamente, haberlos despojado a la fuerza de su niñez», destacó.

Cabe acotar, que horas antes, Gómez negó estos delitos al decir que nunca se llevaron a nadie a la fuerza, reseñó RCN.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el ahora Partido Farc retomó las declaraciones de Gómez.

Toncel Redondo fue miembro activo de las Farc-EP: suplente del Estado Mayor Central en 1989 y titular desde 1990. 

Hace algunas semanas, Rodrigo Londoño, Timochenko, negó estos delitos, así como el secuestro.

Lo hizo en audiencia ante los miembros de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pastor Alape, al igual que otros de los exlíderes de las Farc, negó su participación en el delito de reclutamiento forzado de menores.

En el marco de continuar la línea de la hoy senadora Sandra Ramírez, quien también negó la práctica de esta actividad por la guerrilla.

La autorización del reclutamiento por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) permitirá evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna.

Se trata de la vacuna Ad26.COV2.S para la prevención de COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J).

El proceso de reclutamiento iniciará en Colombia el 21 de septiembre luego de que el Invima recibiera los resultados del estudio de fase 1/2 de este proyecto.

Los resultados confirman la seguridad requerida para dar inicio a la fase III en el país.

La autorización se otorga después que la autoridad sanitaria aprobó en Colombia el desarrollo del ensayo clínico ‘VAC31518COV3001.

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase III, para evaluar la eficacia y la seguridad de Ad26.COV2.S para la prevención de COVID-19 mediada por SARS-CoV-2 en adultos a partir de 18 años de edad’.

Este ensayo de fase III también se realizará en paralelo en Estados Unidos, Chile, Colombia, México, Perú y Suráfrica.

Será un total de 60.000 participantes, distribuidos proporcionalmente entre estos países.

Las 6 instituciones de salud donde se desarrollarán las pruebas son:

“Se podrá interrumpir en cualquier momento la realización de la investigación clínica o exigir la introducción de modificaciones en su proyecto”, indicó el director del Invima Julio César Aldana.

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El proceso aprobado por el Invima contemplan dos etapas.

1) Participantes adultos entre 18 y 60 años, sin comorbilidades asociadas con un aumento en el riesgo de progresión a COVID-19 intenso. Grupo con comorbilidades que puedan generar formas graves de la enfermedad.

2) Adultos mayores a 60 años, con y sin comorbilidades que se asocian con aumento del riesgo de COVID-19 severo.

La farmacéutica J&J será la encargada de definir además de los centros de investigación los criterios de selección de los voluntarios.

“Los participantes del ensayo clínico deben firmar un consentimiento informado donde acepten su participación voluntaria en el mismo. Estos deben cumplir a cabalidad cada una de las recomendaciones del equipo investigador, con el fin de obtener datos robustos acerca de la seguridad y eficacia del medicamento/producto en investigación”, anota el Invima.

La participación en la prueba de la vacuna no tendrá ningún pago ni incentivos para los voluntarios que se vinculen al ensayo clínico.

El ensayo permitirá: medir la efectividad y seguridad de la vacuna, inmunizar personas desde este momento y salvaguardar la salud pública del país.

El anuncio del Invima se conoce cundo en Colombia se registra una importante disminución en el número de contagios diarios de COVID-19.

Este jueves la cifra fue de 5.573 casos. En la última semana, el registro diario más bajo marcó 6.876 contagios (sábado 12 de septiembre). 

Asimismo este domingo hubo 199 muertes por segundo día consecutivo, la cifra diaria de fallecimientos no supera los 200 (este domingo fueron 190). 

Con esta actualización del Ministerio de Salud, la cifra total de fallecimientos en Colombia es de 23.123.