La Defensoría del Pueblo alerta sobre un aumento en los casos de reclutamiento de menores en Colombia.

En todo el país, y tan solo durante el primer trimestre del 2023 se han documentado 23 casos; 13 corresponden a menores de edad y los 10 restantes a adolescentes.

Del total, 16 de los casos se presentaron en el departamento del Cauca, cuatro en Amazonas, dos en Antioquia y uno en Arauca.

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A propósito del #DíaDeLaNiñezYLaRecreación, el Defensor Carlos Camargo remitió una comunicación a la Representante Especial del Secretario General para los Niños y Conflicto Armado de la ONU, Virginia Gamba, con alertas y casos de reclutamiento infantil.?https://t.co/6oUpUDHCKt pic.twitter.com/CRBdOeil3f

En comparación con el el primer trimestre del año 2022, se registraron 15 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes, es por esto que, la Defensoría del Pueblo alerta de un incremento del 53.3 %, situación que se estaría presentando por el control territorial y social que ejercen algunos grupos armados en varias zonas de Colombia.

Debido a la gravedad de la situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, avisó a la ONU.

El máximo cabecilla del ELN, alias «Antonio García» afirmó que esta guerrilla no tienen ninguna intención de reclutar a 12 menores de edad.

Así le respondió al gobernador de Antioquia diciendo que ellos no hacen reclutamientos, pues, según él, las personas llegan al grupo voluntariamente.

«Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser reclutados por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN. Me parece una buena oportunidad para que el gobernador envíe una delegación del ICBF Colombia para que les de la atención requerida y de paso les ofrezca, desde la Gobernación, estudio gratis, como debería ser», señaló García.

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Es que el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, había denunciado que la guerrilla del ELN estaría buscando reclutar a 12 menores de edad en las áreas rurales de municipios como Yarumal y Campamento, según información de inteligencia.

«Se ha entregado información y denuncias a la Fiscalía que hablan de una intención de reclutamiento entre 10 y 12 menores por parte de este grupo al margen de la ley», informó Aníbal Gaviria, a través de Caracol.

En una comunicación emitido por el Comando Central (Coce) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo terrorista colombiano admitió por primera que incorpora menores de edad entre sus combatientes, aunque aseguró que sólo lo hace a partir de los 16 años.

El documento se titula ‘Mienten para ocultar el mal Gobierno’ y en él la guerrilla de tradición marxista-leninista afirma que:

“Los Estatutos del ELN ordenan que las incorporaciones y retiros sean absolutamente voluntarios y conscientes y mandan que la edad para el ingreso a la guerrilla sea de 16 años, conforme al Derecho Internacional Humanitario, motivo por el que está proscrito el reclutamiento”.

Sin embargo, es conocido por denuncias de las comunidades e investigaciones de la Fiscalía, que en regiones como el Catatumbo este grupo armado recluta niños forzosamente desde los 12 años de edad.

Una práctica que es compartida por otras estructuras armadas herederas del paramilitarismo que operan en esa región.

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Recientemente, Leyder Palacios, líder social de Bojayá, Chocó, un pueblo que vive un asedio paramilitar y guerrillero desde que empezó el nuevo año, obligando a muchas comunidades a permanecer confinadas a causa de la presencia de los armados, denunció que el ELN había reclutado forzosamente entre 40 y 50 menores de la zona, lo que en sus palabras está generando “un problema y un drama social al interior de las comunidades».

Según reportes del Ejército colombiano, un 49% de los reclutamientos de esta guerrilla corresponden a menores de edad, los cuales pertenece a poblaciones vulnerables donde el ELN tiene fuerte presencia y control territorial.

En el documento emitido por el Coce, la cúpula del ELN exime su responsabilidad por la constante oleada de muertes a líderes sociales que tiene a Colombia en medio de una grave crisis humanitaria y señala al Gobierno de querer eludir su responsabilidad en estos crímenes.

Afirman que al culparlos a ellos por la muerte de los líderes sociales, el gobierno quiere hacer una “cortina de humo” para “negar sus responsabilidades en el exterminio de líderes comunitarios, defensores de Derechos Humanos y excombatientes”.

“Ninguna de las expresiones democráticas y de la izquierda es considerada como enemiga. Por el contrario, todas ellas tienen nuestro reconocimiento al ser parte de la gama diversa de la sociedad colombiana”, afirman en su comunicado.

Los jefes elenos también informaron que los Congresos Nacionales del ELN han“ratificado la política del deslinde categórico con el narcotráfico, que prohíbe tener cultivos, laboratorios, rutas o comercio de narcóticos”.

Históricamente el ELN ha negado su incursión en el negocio del narcotráfico afirmando que sus vínculos con esta actividad se reducen al cobro de impuestos y extorsiones a quienes la desarrollan en los territorios que controlan.

La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este martes sobre el riesgo de reclutamiento de menores de edad por parte del ELN y disidencias de las FARC en Arauca. Este departamento fronterizo con Venezuela es un escenario de violentas disputas entre esas dos guerrillas que ya dejaron 24 muertos en este inicio de año.

«Se registra alto riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad en Saravena y Arauquita por parte del ELN y disidencias de las FARC. Además, ha ido aumentando el desplazamiento de las comunidades a los cascos urbanos de los municipios en los que hay confrontaciones», dijo la Defensoría en Twitter.

Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y del ELN por el control territorial afectan principalmente a las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. En sus carreteras asesinaron a las 24 personas en los primeros dos días de este 2022, reseñó Efe.

«En seguimiento a la situación se ha establecido el registro de 24 homicidios», dijo la Defensoría. Explicó que los cadáveres fueron trasladados a morgues de Saravena, Fortul, Tame y Cubará, esta última, localidad del departamento de Boyacá.

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La ola de violencia que sacude a Arauca hizo que el Gobierno dispusiera el envío de 600 soldados para «ejercer mayor control territorial».

El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que los militares llegarán a caseríos rurales como Puerto Nariño, Aguachica, Botalón y La Paz. Lo harán para brindar garantías de protección y tranquilidad a la población civil. Sobre todo en estas zonas donde hay alertas de desplazamiento forzado.

Igualmente, anunció que subió a 300 millones de pesos (unos 74.000 dólares) la recompensa por información que permita la captura de alias «Carlos» o «Pájaro», y alias «Pescado». Ellos, dijo, son «cabecillas de las estructuras delincuenciales que presuntamente cometieron los hechos violentos de los últimos días».

Las recompensas por Omar Pardo Galeano, alias «Antonio Medina», y Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias «Arturo» o «Jerónimo», se mantienen en 500 millones de pesos (unos 123.000 dólares).

«Son ellos quienes delinquen, los que tienen una mente criminal para realizar este tipo de actuaciones. Las mismas han afectado el orden público y la tranquilidad», aseguró el ministro Molano.

El jefe de la cartera de Defensa también dijo que como una medida de largo plazo, en los caseríos Aguachica y La Esperanza se construirán instalaciones militares, con el propósito de que funcionen como bases para puntos de control territorial y el desarrollo de operaciones.

Al referirse a los muertos, Molano dijo que fueron identificados 15 cuerpos y que cuatro de ellos eran ciudadanos venezolanos, dos de ellos con antecedentes por porte ilegal de armas.