La Defensoría del Pueblo alerta sobre un aumento en los casos de reclutamiento de menores en Colombia.

En todo el país, y tan solo durante el primer trimestre del 2023 se han documentado 23 casos; 13 corresponden a menores de edad y los 10 restantes a adolescentes.

Del total, 16 de los casos se presentaron en el departamento del Cauca, cuatro en Amazonas, dos en Antioquia y uno en Arauca.

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A propósito del #DíaDeLaNiñezYLaRecreación, el Defensor Carlos Camargo remitió una comunicación a la Representante Especial del Secretario General para los Niños y Conflicto Armado de la ONU, Virginia Gamba, con alertas y casos de reclutamiento infantil.?https://t.co/6oUpUDHCKt pic.twitter.com/CRBdOeil3f

En comparación con el el primer trimestre del año 2022, se registraron 15 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes, es por esto que, la Defensoría del Pueblo alerta de un incremento del 53.3 %, situación que se estaría presentando por el control territorial y social que ejercen algunos grupos armados en varias zonas de Colombia.

Debido a la gravedad de la situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, avisó a la ONU.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de un comunicado, alerta advirtiendo que el municipio de Toribío, ubicado en el departamentos colombiano Cauca, hay un centro de entrenamiento de niños reclutados por las Farc.

Al frente de ese aberrante y cruel centro, están guerrilleros pertenecientes a la columna móvil Dagoberto Ramos, al mando de alias «Iván Mordisco».

Y este es uno de los grupos que pactó un cese al fuego bilateral con el Gobierno y con el cual empezará un proceso de diálogos en las próximas semanas.

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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “La consolidación y concentración del poder por parte de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias de las Farc, ha convertido a Toribío, Cauca, en centro de operaciones militares y financieras de esta estructura armada ilegal, así como lugar de “acogida” o concentración de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente».

La Defensoría colombiana también advierte que hay un riesgo alto para los 37.000 habitantes de Toribío, pues allí hacen presencia las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y hay tránsito del ELN.

Imputaron cargos a tres cabecillas de las disidencias de las Farc, quienes habrían participado en el reclutamiento de dos menores edad en San Vicente del Caguán (Caquetá) el pasado 29 de agosto de 2019, los cuales fallecieron luego de una operación del ejército colombiano.

Los guerrilleros procesados por la Fiscalía son Géner García Molina, alias “Jhon 40”; y Alexánder Díaz Mendoza, “Calarcá”, principales jefes de las disidencias Farc.

El otro cabecilla imputado fue Fabián Guillermo Espinosa Arboleda (“Cancharino”) de quien se habla que tendría a cargo la estructura de las disidencias de las Farc llamada frente Miller Perdomo.

A estos criminales les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito, aunque serán procesados en calidad de como personas ausentes, debido a que aún no están capturados por las autoridades colombianas.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, a finales de julio de 2019 habría incorporado a la organización criminal a una niña de 12 años y a una adolescente de 16, en medio de amenazas e intimidaciones a las familias”, aseguró hoy lunes 15 de agosto la Fiscalía en un comunicado de prensa.

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De acuerdo a resultados de investigaciones realizadas por las autoridades, las dos menores de edad habrían sido trasladados al campamento de alias “Gildardo o Cucho” en el departamento del Cauca, y casi un mes después encontraron sus cuerpos en el lugar donde se realizó una operación militar contra el anillo de seguridad de este terrorista de las criminales disidencias Farc.

Fuente: Comunicado de la Fiscalía General

Carlos Luis Revette, alias el Koki, que resultó muerto en una operación policial en febrero, no deja de sonar.

Y es que resulta que la megabanda que él lideraba en la Cota 905, era la principal que reclutaba a niños, niñas y adolescente para el crimen organizado.

El dato proviene de una investigación que realizó la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en conjunto con la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA).

En días pasados, ambas organizaciones presentaron un informe que deja datos muy desalentadores.

«Las principales causas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda están relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en que viven», aseguró Cecodap.

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En un informe de 160 páginas, Cecodap y PANA advierten que La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar «son motivaciones recurrentes de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con esta organización delictiva».

“El reclutamiento de menores de edad es principalmente forzado por las circunstancias y la violación de sus derechos humanos”, destaca.

Según Cecodap, el principal anzuelo es la oferta de ingresos semanales en dólares, con los que “los niños, niñas y adolescentes podrían cubrir necesidades reales o percibidas».

Entre ellas, «alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección en una lógica de la ley del más fuerte”.

“En la mayoría de los casos, el reclutamiento está determinado por relaciones de vecindad e incluso familiaridad entre delincuentes reclutadores y niños, niñas y adolescentes reclutados, pues unos y otras forman parte de una misma comunidad”, reza el documento.

Precisan que cuando la megabanda emprendió la conquista de La Vega y engrosar sus filas para combatir a los cuerpos de seguridad del Estado, “el reclutamiento (de menores) se tornó más coercitivo y masivo”.

Colocan como ejemplo, lo que sucedió en La Vega, donde “operaron reclutadores profesionales y mediaron labores de “inteligencia” para afinar la selección de menores de edad con el perfil requerido para involucrarlos en el delito”.

Refieren que la incorporación de niños y adolescentes a la megabanda “tiene distintos grados de vinculación, asociados a cargos y funciones que conforman un verdadero escalafón”.

En primer lugar están los llamados “mandaderos”, quienes se encargan de la provisión de productos básicos, le siguen los “gariteros”, que son centinelas que se apostan en zonas estratégicas de territorios controlados por la banda.

Además están los “traficantes” de drogas, y los “malandros”, a quienes se les entrega un arma de fuego para que hagan cumplir las reglas de la banda y “cometer delitos que sustenten las economías del grupo delictivo”.

Según Cecodap, los principales delitos son la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el robo de vehículos.

Enfatizan que el objetivo del reclutamiento de esta megabanda “es la explotación sobre la base del abuso de poder y la violencia”.

Cecodap aseguró que el Estado “no ha atendido en forma integral y suficiente las causas estructurales del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado”.

“Es impostergable corregir las deficiencias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes para mitigar los factores de riesgo”.

Consideran que el reclutamiento de menores “implica un mayor rango de actuación para las autoridades judiciales encargadas de calificar jurídicamente los hechos y ejercer el poder punitivo del Estado más eficazmente sobre todas las personas involucradas en el delito, habida cuenta, de las complejidades del crimen organizado, en términos de estructura y funcionamiento”.

La organización propone en su informe, “fomentar la creación de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en las comunidades afectadas por la actuación del crimen organizado, a partir del capital social que existe en cada una de ellas”.

“Con la legitimación que confiere la participación ciudadana, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes pueden contribuir a prevenir y erradicar su sometimiento a condiciones de esclavitud moderna”.

En una comunicación emitido por el Comando Central (Coce) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo terrorista colombiano admitió por primera que incorpora menores de edad entre sus combatientes, aunque aseguró que sólo lo hace a partir de los 16 años.

El documento se titula ‘Mienten para ocultar el mal Gobierno’ y en él la guerrilla de tradición marxista-leninista afirma que:

“Los Estatutos del ELN ordenan que las incorporaciones y retiros sean absolutamente voluntarios y conscientes y mandan que la edad para el ingreso a la guerrilla sea de 16 años, conforme al Derecho Internacional Humanitario, motivo por el que está proscrito el reclutamiento”.

Sin embargo, es conocido por denuncias de las comunidades e investigaciones de la Fiscalía, que en regiones como el Catatumbo este grupo armado recluta niños forzosamente desde los 12 años de edad.

Una práctica que es compartida por otras estructuras armadas herederas del paramilitarismo que operan en esa región.

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Recientemente, Leyder Palacios, líder social de Bojayá, Chocó, un pueblo que vive un asedio paramilitar y guerrillero desde que empezó el nuevo año, obligando a muchas comunidades a permanecer confinadas a causa de la presencia de los armados, denunció que el ELN había reclutado forzosamente entre 40 y 50 menores de la zona, lo que en sus palabras está generando “un problema y un drama social al interior de las comunidades».

Según reportes del Ejército colombiano, un 49% de los reclutamientos de esta guerrilla corresponden a menores de edad, los cuales pertenece a poblaciones vulnerables donde el ELN tiene fuerte presencia y control territorial.

En el documento emitido por el Coce, la cúpula del ELN exime su responsabilidad por la constante oleada de muertes a líderes sociales que tiene a Colombia en medio de una grave crisis humanitaria y señala al Gobierno de querer eludir su responsabilidad en estos crímenes.

Afirman que al culparlos a ellos por la muerte de los líderes sociales, el gobierno quiere hacer una “cortina de humo” para “negar sus responsabilidades en el exterminio de líderes comunitarios, defensores de Derechos Humanos y excombatientes”.

“Ninguna de las expresiones democráticas y de la izquierda es considerada como enemiga. Por el contrario, todas ellas tienen nuestro reconocimiento al ser parte de la gama diversa de la sociedad colombiana”, afirman en su comunicado.

Los jefes elenos también informaron que los Congresos Nacionales del ELN han“ratificado la política del deslinde categórico con el narcotráfico, que prohíbe tener cultivos, laboratorios, rutas o comercio de narcóticos”.

Históricamente el ELN ha negado su incursión en el negocio del narcotráfico afirmando que sus vínculos con esta actividad se reducen al cobro de impuestos y extorsiones a quienes la desarrollan en los territorios que controlan.