Esta semana, se registró un hecho lamentable en contra de la integridad de uno de los habitantes de un resguardo en Caldas por parte de integrantes de una organización delincuencial.

El hombre fue empalado por negarse a dar información sobre si tenía hijos, informó el diario El Tiempo.

Los resguardos indígenas en Colombia están expuestos a varias amenazas. Entre ellas, la injerencia de grupos armados en las zonas aledañas.

Esta influencia de ilegales y la petición que le hicieron al hombre estaría ligada a casos de reclutamiento forzado en el sector de Riosucio.El hecho sucedió en el resguardo San Lorenzo, el pasado sábado, 11 de enero. Según la denuncia, hecha por Andrés Felipe Lasso Ledesma, coordinador nacional y abogado de la ONG Colombia visible, siete hombres, uniformados y armados, llegaron a la casa de la víctima para hacerle preguntas.

Entre ellas, le preguntaron que si tenía hijos, a lo que el hombre se negó a responder por miedo a que se los llevaran. Ante la negativa, los siete delincuentes se molestaron y avanzaron con los vejámenes en contra de él.Según la víctima, en declaraciones recogidas por el denunciante, los hombres lo sometieron, lo amordazaron y lo empalaron torturándolo por varios minutos. Además, tiraron al piso alimentos que tenía en su residencia.

Posterior a la agresión, el hombre fue llevado al hospital San Juan de Dios, en esa municipalidad. Sin embargo, tuvo que ser remitido a otro centro médico de mayor complejidad, en Manizales.

Según reporta el periódico La Patria, el personero Daimer Moreno, de Riosucio, confirmó el ataque y las denuncias respectivas.

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Por otra parte, anunciaron un consejo de seguridad que se llevará a cabo desde este miércoles en el que se tratará este caso con especial atención.

Esta denuncia, por parte de la Organización, agudiza la preocupación por la posible presencia de grupos armados ilegales en este territorio.

Según Lasso Ledesma, en diciembre se reportó la presencia de personas ajenas a los resguardos de Escoptera y Pirza, en el mismo territorio, que amenazaron habitantes y obligaron al desplazamiento de muchos de ellos.

«Agrava la situación de terror y la zozobra en toda la comunidad. Es imperativo que las autoridades asuman con urgencia su deber constitucional y legal de proteger la vida, los derechos humanos y la seguridad en toda la región», denunció el representante.

Por otra parte, la Policía reportó que se activaron protocolos de seguridad desprendidos de este lamentable hecho.

Liliana Jiménez, comandante de la Policía de Caldas declaró, para el medio citado, que no se reportan grupos armados en la zona a pesar de las denuncias pero que, a nombre de la entidad, «igual activamos toda nuestra burbuja jurídica y especialmente investigativa para determinar si hay algún tipo de persona sospechosa en la jurisdicción».

Por ahora, avanzan las investigaciones en este caso de agresión a una población vulnerable.

Mientras tanto, el denunciante también reveló que está siendo amenazado por estas acciones y que, desde el 3 de enero, no tiene acompañamiento gracias al desmonte de su esquema de seguridad asignado por la UNP desde el año pasado.

Narcotráfico, trata de personas, prostitución infantil, reclutamiento forzado y desapariciones misteriosas son los delitos más comunes en la zona fronteriza; especialmente en las trochas, destaca Wilfredo Cañizares, defensor de los derechos humanos en el Norte de Santander de la ONG Progresar.

El corredor fronterizo se ha convertido en un hervidero de delitos; y uno de los más alarmantes son las desapariciones, al punto que son más de 150 casos que maneja el defensor de derechos humanos en esa zona.

Las acciones de grupos paramilitares, de la guerrilla y de organizaciones criminales afectan gravemente a los migrantes venezolanos, asegura.

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Según Cañizares, los grupos irregulares que operan en las zonas fronterizas con Colombia serían los responsables de estas desapariciones que se dan mayormente en los caminos verdes, trochas o pasos fronterizos.

Sin embargo, advierte que las desapariciones también ocurren del lado venezolano, incluso algunas veces a plena luz del día.

Para Cañizares el conflicto armado en Colombia afecta a a los migrantes venezolanos que buscan cruza a territorio del vecino país.

De acuerdo a la cifra que maneja, al menos 3 líderes sociales colombianos han sido víctimas de las acciones de estos grupos al margen de la ley solo en 2022.

En una comunicación emitido por el Comando Central (Coce) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo terrorista colombiano admitió por primera que incorpora menores de edad entre sus combatientes, aunque aseguró que sólo lo hace a partir de los 16 años.

El documento se titula ‘Mienten para ocultar el mal Gobierno’ y en él la guerrilla de tradición marxista-leninista afirma que:

“Los Estatutos del ELN ordenan que las incorporaciones y retiros sean absolutamente voluntarios y conscientes y mandan que la edad para el ingreso a la guerrilla sea de 16 años, conforme al Derecho Internacional Humanitario, motivo por el que está proscrito el reclutamiento”.

Sin embargo, es conocido por denuncias de las comunidades e investigaciones de la Fiscalía, que en regiones como el Catatumbo este grupo armado recluta niños forzosamente desde los 12 años de edad.

Una práctica que es compartida por otras estructuras armadas herederas del paramilitarismo que operan en esa región.

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Recientemente, Leyder Palacios, líder social de Bojayá, Chocó, un pueblo que vive un asedio paramilitar y guerrillero desde que empezó el nuevo año, obligando a muchas comunidades a permanecer confinadas a causa de la presencia de los armados, denunció que el ELN había reclutado forzosamente entre 40 y 50 menores de la zona, lo que en sus palabras está generando “un problema y un drama social al interior de las comunidades».

Según reportes del Ejército colombiano, un 49% de los reclutamientos de esta guerrilla corresponden a menores de edad, los cuales pertenece a poblaciones vulnerables donde el ELN tiene fuerte presencia y control territorial.

En el documento emitido por el Coce, la cúpula del ELN exime su responsabilidad por la constante oleada de muertes a líderes sociales que tiene a Colombia en medio de una grave crisis humanitaria y señala al Gobierno de querer eludir su responsabilidad en estos crímenes.

Afirman que al culparlos a ellos por la muerte de los líderes sociales, el gobierno quiere hacer una “cortina de humo” para “negar sus responsabilidades en el exterminio de líderes comunitarios, defensores de Derechos Humanos y excombatientes”.

“Ninguna de las expresiones democráticas y de la izquierda es considerada como enemiga. Por el contrario, todas ellas tienen nuestro reconocimiento al ser parte de la gama diversa de la sociedad colombiana”, afirman en su comunicado.

Los jefes elenos también informaron que los Congresos Nacionales del ELN han“ratificado la política del deslinde categórico con el narcotráfico, que prohíbe tener cultivos, laboratorios, rutas o comercio de narcóticos”.

Históricamente el ELN ha negado su incursión en el negocio del narcotráfico afirmando que sus vínculos con esta actividad se reducen al cobro de impuestos y extorsiones a quienes la desarrollan en los territorios que controlan.

Luego del testimonio del exjefe guerrillero Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, comenzaron a hablar algunas víctimas del reclutamiento forzado cometido por las FARC.

“Yo tenía en ese tiempo 14 años. Me llevaron ahí para que tuviera relaciones con alguien más mayor que yo, fui violada”, dice Luz Mayler Gasca. Ella, a través de Noticias Caracol, dice que el daño que le hicieron «es para toda la vida».

Al escuchar al exjefe guerrillero reconoce que se le erizó la piel. Agrega que volvieron los recuerdos de cuando fue reclutada en 2007, por el frente 46 de las FARC.

Por su parte, José Antonio Vitona, quien fue reclutado a los 13 por la columna Jacobo Arenas, dijo que estuvo durante 14 años en el extinto grupo guerrillero.

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“Las víctimas todavía no nos recomponemos. Yo todavía no encuentro esa infancia, mi infancia todavía está perdida”, afirma.

Para quienes sufrieron el reclutamiento forzado, este es un inicio. Pero dicen que «falta mucha verdad por conocer. Como las tumbas de aquellos menores que murieron y cuyo paradero se desconoce».

 Milton de Jesús Toncel, admitió este ante la JEP el reclutamiento de menores por parte de las FARC. Aseguró que están dispuestos a rendir cuentas y a pedir perdón.

“Estoy dispuesto a reconocer, sin ambigüedad y sin eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que, como organización política surgida del acuerdo, estamos dispuestos a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y la sociedad», sostuvo ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP).