Una amplia redada contra una operación de trata de personas y explotación sexual vinculada a miembros del Tren de Aragua (TdA) en San Antonio, Texas, dejó al menos 150 inmigrantes indocumentados detenidos.

 Según el ICE, de estos detenidos, al menos 27 pertenecen a la banda criminal.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, confirmó que la redada formó parte de una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y organismos federales y locales, como parte del mandato federal emitido por el presidente Donald Trump el 20 de enero para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La operación coincidió con la creación de un Grupo de Trabajo Regional de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo desmantelar carteles de droga, organizaciones terroristas extranjeras y redes dedicadas al tráfico de personas, contrabando de estupefacientes y lavado de dinero.

 De acuerdo con Fox News, en el operativo   fueron arrestados más de 150 inmigrantes ilegales provenientes de Venezuela, Honduras, México y otros países de Sudamérica, todos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

La redada reunió a múltiples agencias, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Jonathan Pullen, agente especial a cargo de la División de Campo de Houston de la DEA, afirmó que el nuevo grupo de trabajo permitirá a la agencia aportar “sus sofisticadas técnicas de investigación, que han sido fundamentales para capturar a las organizaciones de narcotráfico más violentas de Estados Unidos y del mundo”.

“Esperamos trabajar de la mano con nuestros homólogos federales y estatales para acabar con los narcotraficantes que envenenan nuestros vecindarios y devastan nuestras comunidades", agregó.

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🚨 OPERATIVO CONTRA EL TREN DE ARAGUA EN TEXAS@ICEgov informó que, en un operativo conjunto con el FBI, fueron detenidos 27 presuntos miembros del Tren de Aragua durante un allanamiento en un club nocturno. En total, 150 migrantes en situación irregular fueron arrestados. pic.twitter.com/tkB9oGKWbt

El representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, pidió al Departamento de Justicia y a las autoridades locales más información sobre la redada. Recordó que en operaciones similares en otros estados se han detenido ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin antecedentes criminales, por lo que exigió claridad sobre los procedimientos aplicados.

La jornada se produce mientras en Houston, según Fox News, el ICE arrestó a 3,500 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales durante el cierre del gobierno de 43 días.

 Entre los detenidos figuran 13 personas condenadas por asesinato, 51 depredadores de menores, 67 delincuentes sexuales y 23 miembros de pandillas, incluido un integrante de la MS-13 acusado de un triple homicidio en Dallas.

ICE and FBI Texas team-up at Tren de Aragua nightclub takes down 27 suspected TdA gang members among 150 illegal aliens arrested:Law enforcement also seized cocaine, three firearms and about $35,000. pic.twitter.com/cxPIEHFKGx

Las agresivas redadas contra la inmigración en Estados Unidos, que han generado protestas y reclamos de violaciones a los derechos humanos, "no han ido lo suficientemente lejos", dijo el presidente Donald Trump en una entrevista en CBS difundida el domingo.

Trump habló el viernes con el programa "60 Minutes", su primera entrevista con la cadena desde que llegó a un acuerdo por 16 millones de dólares con Paramount, su propietario.

El republicano demandó en octubre al popular programa de investigación de CBS News por supuestamente favorecer en una entrevista a su rival demócrata a las presidenciales, la entonces vicepresidenta, Kamala Harris.

La entrevistadora Norah O'Donnell le preguntó a Trump si las redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían ido "demasiado lejos", a lo que contestó: "Creo que no han ido lo suficientemente lejos".

Trump afirmó que los "jueces liberales" nombrados por los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden habían "retrasado" las operaciones de inmigración, según el extracto de la entrevista publicado en X.

O'Donnell señaló casos documentados de agentes de ICE enfrentándose a presuntos inmigrantes utilizando gas lacrimógeno en vecindarios y rompiendo ventanas de automóviles. "¿Está de acuerdo con esas tácticas?", preguntó. "Sí, porque hay que sacar a la gente", respondió Trump.

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Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

Las protestas provocadas por el aumento de redadas de ICE han causado disturbios en todo el país, particularmente en ciudades lideradas por demócratas, donde la administración Trump ha desplegado gran número de agentes.

Trump ha buscado desplegar la Guardia Nacional para respaldar a los agentes de inmigración y proteger sus instalaciones y edificios.

Su administración ha desplegado tropas en Los Ángeles, mientras que esfuerzos similares en Portland y Chicago han sido bloqueados temporalmente por cortes federales.

Con información de AFP

Las tiendas de ropa del barrio de Little Village, en Chicago, solían estar a rebosar, reflejo del optimismo de las familias latinas que consiguieron establecerse en Estados Unidos. Todo eso ya pasó.

Los comercios de esta ciudad del norte del país que dependen en gran parte de la comunidad latina ven su futuro peligrar por las redadas policiales ordenadas por Donald Trump. Los migrantes, con o sin papeles en regla, tienen pánico de salir a la calle.

Es viernes por la noche. En el Little Village, conocido como el México del Medio Oeste, desde hace unos meses las calles están desiertas; las obras, abandonadas.

Una de las decenas de tiendas para quinceañeras que hay allí, donde las familias compran los pomposos vestidos para la celebración, cerró sus puertas definitivamente en septiembre.

Para Ariella Santoyo, propietaria de My Quince World, el efecto bola de nieve de la represión en una economía de inmigrantes de mil millones de dólares le recuerda los oscuros tiempos del covid.

"Hemos notado claramente una caída este año", explica a la AFP Santoyo, de 38 años, mientras borda un vestido. Un "año" marcado por la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

Dice que la facturación ha caído "alrededor del 40%" desde que los agentes de inmigración (ICE) intensificaron las detenciones de todo aquel que parezca latino, ya sean ciudadanos estadounidenses o migrantes con o sin permiso de residencia.

Mike Muhammad, empleado de un supermercado de temática latina, se lamenta por la situación: "La gente ya no viene", dice.

El miedo a las autoridades también golpea con fuerza el sector de la construcción en esta ciudad de tradición demócrata donde no ha habido ni un republicano al frente de la alcaldía desde 1931.

Muchos empleados del sector se quedan en casa: "Nadie viene a trabajar. Tienen miedo", explica un empresario bajo condición de anonimato.

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La falta de trabajo ahonda el pozo de la precariedad en el que sobreviven millones de migrantes en Estados Unidos.

Sin ingresos y con precios al alza de productos importados, debido a los aranceles impuestos por el presidente republicano, muchos tratan de mantenerse a flote.

Pero el efecto dominó de estas políticas del presidente amenaza la economía del país.

Los migrantes tienen un peso importante en el consumo, el gran motor de la locomotora de la primera economía mundial.

En 2023, gastaron 1,6 billones de dólares, según la asociación de juristas American Immigration Council, casi un 9% del consumo total.

Y en Chicago, donde según el censo de 2025 el 30% de los 2,7 millones de habitantes son hispanos o latinos, el impacto es mayor.

El alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, quien ha chocado con Trump por las redadas de ICE, advirtió sobre problemas financieros mayores si la economía de los inmigrantes sufre.

"El presidente Trump está literalmente socavando la capacidad económica de ciudades como Chicago", dijo Johnson recientemente.

Algunos vecinos se han juntado para patrullar las calles con el fin de alertar de las redadas del ICE.

"Estos agentes recorren los barrios buscando a personas concretas y eso da miedo", dice Davis, miembro del grupo Pilsen Defense Access y quien dice ser un veterano del ejército estadounidense, durante una patrulla en el barrio de Pilsen.

Davis destaca el miedo que les produce a muchos migrantes salir a la calle. "Para mí, es un acto de terrorismo", asegura sobre las redadas.

Sin embargo, el reciente Maratón de la ciudad empujó a muchos migrantes a salir en el barrio de Pilsen. La mayoría ondeaba banderas de México.

Santoyo destaca que la represión "refuerza la solidaridad en la comunidad, ya que todos se ayudan mutuamente a superar estos momentos difíciles".

"Tengo la impresión de haber retrocedido 50 años", le confesó hace poco su padre. Aun así, Santoyo es optimista: "Lo hemos superado todo, así que también superaremos esto"

Rosa nació hace 66 años en México. Asegura que su comunidad está peor que durante el covid-19: "Ni siquiera podemos salir a trabajar o a hacer la compra". Sin embargo, sin los migrantes, "¿dónde estaría este país?".

Con información de AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus operaciones contra la inmigración ilegal en el sur de California, unas redadas muy criticadas por la oposición demócrata.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de uno o varios de una serie de cuatro factores.

Estos factores eran su presencia en un lugar específico generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

La intensificación de las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.

"La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos", reaccionó el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo "una sospecha razonable".

Pero seis jueces de la Corte Suprema levantaron el lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres magistrados progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.

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- Discrepancias -

La Corte no fundamenta su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, expresa en ella su apoyo señalando en particular que "la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles", con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.

Por el contrario, en nombre de los tres progresistas, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema, manifiesta su desacuerdo.

"No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios", escribió.

La inmigración, incluso la indocumentada, aporta una mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42% de los trabajadores agrícolas no tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.

El gobierno Trump alega por su parte que el coste para las finanzas públicas y el impacto para la seguridad nacional de los irregulares es demasiado elevado.

- Operativo en Chicago -

La política contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato de Trump, y el republicano lo relaciona estrechamente a la lucha contra el crimen.

La ICE anunció este lunes una operación en Illinois (norte).

La capital del estado, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024. Desde hace trece años es la ciudad que sufre más asesinatos en Estados Unidos en cifras absolutas, aunque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no es la más elevada del país.

"Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador [demócrata Jay B] Pritzker y su política de santuario los protegerían", anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump amenaza además a Chicago y a otras ciudades con mandar a la Guardia Nacional para controlar el crimen, como ya hiciera en Los Angeles o Washington, una perspectiva que solivianta a Pritzker.

"Vamos a limpiar nuestras ciudades (...) para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra. Es sentido común", replicó Trump a preguntas de una periodista en la Casa Blanca.

Con información de AFP

Cuando su marido fue detenido por la policía de inmigración, a principios de julio, cerca de Los Ángeles, Martha debió separarse abruptamente del padre de sus dos hijas. Pero también perdió el ingreso que le permitía mantener su hogar.

"Él es el pilar de la familia, (...) era el único que trabajaba", dice esta mujer mexicana indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. "Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas".

A los 39 años, Martha se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan por evitar terminar en las calles del condado de Los Ángeles, una región con precios de vivienda prohibitivamente altos, que tiene el mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos después de Nueva York.

Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta 2.050 dólares al mes.

Para cubrir sus necesidades más urgentes, encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Le da como para mantenerse a flote, pero no para cubrir todas sus obligaciones.

"Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas", enumera, señalando a sus hijas de seis y siete años, que necesitan útiles para el nuevo año escolar. "Son muchos gastos".

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¿Cuánto tiempo puede aguantar así, con apenas tres horas de sueño tras volver de la fábrica, antes de tener que cuidar de sus hijas? "No le puedo decir", murmura con la mirada perdida.

Los Ángeles, donde un tercio de la población es inmigrante, se ha visto desestabilizada por la intensificación, desde junio, de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar indocumentados.

Escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavaderos de coches y paradas de autobús.

Como resultado, más de 2.200 personas fueron arrestadas en junio, el 60% de las cuales no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE analizados por la AFP.

La ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump está afectando duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región, explica Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN.

"Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de las que permanecen libres", resume esta estadounidense de 36 años. "La preocupación es que la gente termine en la calle".

Su organización ayuda a más de 300 hogares con dificultades económicas cuyos ingresos se han desplomado, ya sea porque un miembro ha sido arrestado o porque tienen demasiado miedo de volver al trabajo.

El grupo ha destinado más de 30.000 dólares a ayudar a unas 20 familias a pagar el alquiler, pero cubrir las necesidades de todos es simplemente "insostenible".

Conscientes del problema, los líderes locales de los demócratas están intentando establecer alguna ayuda financiera para las familias afectadas.

El condado de Los Ángeles planea crear un fondo específico, y la ciudad también lanzará el suyo propio, financiado con fondos filantrópicos, sin recurrir al dinero de los contribuyentes.

Así, algunas familias podrían beneficiarse de tarjetas con "unos pocos cientos" de dólares, aseguró la alcaldesa Karen Bass a mediados de julio.

Pero para González estas iniciativas están lejos de ser suficientes. Las cantidades mencionadas a menudo ni siquiera alcanzan el "10% del alquiler de una familia", señala la activista.

La región debería establecer una "moratoria a los desalojos", como se hizo durante la pandemia, argumenta.

De lo contrario, el número de personas sin hogar en Los Ángeles, que hoy es de 72.000, corre el riesgo de volver a aumentar, tras dos años de ligero descenso.

"Lo que estamos viviendo ahora mismo es una emergencia", advierte.

Una moratoria tranquilizaría a María Martínez. El esposo indocumentado de esta mujer estadounidense de 59 años fue arrestado en un lavadero de autos a mediados de junio en Pomona, otro suburbio al este de Los Ángeles.

Desde entonces, ha tenido que depender de la ayuda de sus hijos para pagar su alquiler de 1.800 dólares, que su subsidio por discapacidad de 1.000 dólares no alcanza a cubrir. "Es estresante", dice. "Apenas sobrevivimos".

Más de 60 % de los residentes en Miami (Florida) está en desacuerdo con las redadas migratorias promovidas por la Administración de Donald Trump, lo que ha llevado a varios a asegurar que habrían cambiado su voto en las generales, según una encuesta publicada este martes.

El sondeo, realizado por la Universidad de Suffolk, con sede en Boston, y el medio WSVN-TV 7, desvela que el 61 % de los encuestados en Miami piensa que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han ido demasiado lejos.

Además, el 59 % aseguró oponerse a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, que ordenó el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y que favorece a más de medio millón de haitianos residentes en Estados Unidos.

Estas políticas han provocado un desapego de la población de Miami con el presidente estadounidense. El 52 % de los encuestados aseguró que las deportaciones recientes de venezolanos, cubanos y argentinos que vivían en Miami reducían su apoyo a Trump en el futuro.

«Las acciones de la administración Trump en estas políticas están alejando a los votantes, incluidos los del crucial bloque demográfico hispano», afirmó en un comunicado el director del Centro de Investigación Política (SUPRC) de la Universidad de Suffolk, David Paleologos.

Tres de cada diez personas que participaron en la encuesta dijeron que volverían a votar a Trump si las elecciones tuvieran lugar hoy, una cifra inferior al 36 % que aseguró haber votado por el republicano en los comicios del pasado noviembre.

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La economía

En el apartado económico, el 41 % de los encuestados aseguró que la economía estaba peor bajo Trump, mientras que el 37 % aseguró que había mejorado con respecto al mandato de Joe Biden (2021-2025).

La encuesta fue realizada a 500 residentes de Miami mediante entrevistas telefónicas, con un margen de error aproximado del 4 %.

Miami es una de las ciudades con mayor porcentaje de residentes hispanos. Ubicada en Florida, no obstante, ha presenciado un aumento de las redadas migratorias contra migrantes indocumentados en el marco de la política migratoria de Trump, que es apoyada fielmente por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

Como parte de estos esfuerzos contra la inmigración, el Gobierno estatal inauguró este mes de julio, de la mano con el ICE, un centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz caimán), situado al oeste de Miami en un humedal hábitat de caimanes y pitones.

Con información de Efe

Una jueza federal determinó   que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha realizado arrestos en redadas migratorias en Los Ángeles sin causa probable, y ordenó al departamento que deje de detener a personas únicamente por motivos de raza, idioma o profesión.

La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desarrolle directrices para que los agentes determinen una “sospecha razonable” sin basarse en la raza o etnia aparente de una persona, el idioma que habla o su acento, su “presencia en un lugar determinado” como una parada de autobús o su ocupación.

El fallo  se produce después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California presentara la semana pasada una demanda contra la administración Trump en nombre de cinco personas y grupos de defensa de inmigrantes, alegando que el DHS –que supervisa a ICE– ha realizado arrestos inconstitucionales.

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Fallo limitado

El fallo se limita a la jurisdicción de siete condados del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y sus alrededores.

Frimpong dijo en su fallo que el tribunal necesitaba decidir si los demandantes podían probar que la administración Trump “efectivamente está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados”.

“Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, escribió Frimpong.

Continuó afirmando que la administración “no” proporcionó información sobre las bases de los arrestos. La orden de restricción temporal también aplica al FBI y al Departamento de Justicia, que también figuran como acusados en la demanda y han participado en la aplicación de las leyes migratorias.

En el fallo del viernes, Frimpong también ordenó al DHS mantener y proporcionar documentación regular de los arrestos a los abogados de los demandantes.

Escéptica ante los argumentos del Gobierno

En una audiencia el jueves antes de dictar su fallo, Frimpong se mostró escéptica ante los argumentos del Gobierno. El Gobierno declaró ante el tribunal que los agentes del DHS inician las detenciones basándose en información de inteligencia o “análisis de tendencias”, no en la raza o la etnia. 

Presionó repetidamente al Gobierno para que presentara pruebas de que los arrestos se basaban en información procesable, en lugar de centrarse en zonas donde se presume que se concentran los inmigrantes indocumentados.

“Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien fue atacado”, dijo .

En una orden de restricción temporal separada, Frimpong impidió que el DHS negara el acceso de los detenidos a un abogado, incluidas visitas y llamadas, en un centro de detención denominado “B-18” en los documentos judiciales.

Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes habían expresado su preocupación por la falta de acceso a un abogado a los detenidos en la prisión B-18. También dijeron que los detenidos se encontraban en condiciones inhumanas, como la falta de acceso a camas, duchas o instalaciones médicas.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, condenó el fallo en una declaración y dijo: “Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”.

Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha tomado medidas agresivas para acabar con la inmigración.

El mes pasado, la administración Trump instó al ICE a ampliar las iniciativas de deportación en ciudades gobernadas por demócratas y a hacer todo lo posible para lograr deportaciones masivas. Trump también ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el mes pasado en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias de su Gobierno. La administración demandó previamente a la ciudad de Los Ángeles por su política de “ciudad santuario”.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, celebró el fallo del viernes en una publicación en X, diciendo: “California se atiene a la ley y la Constitución, y pido a la administración Trump que haga lo mismo”. De igual manera, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, elogió el fallo como “un paso importante para restaurar la seguridad y defender los derechos de todos los angelinos”.

Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU del sur de California, dijo en un comunicado: “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”.

Con información de CNN

Nayomie Mendoza estaba acostumbrada a ver una fila de clientes formarse en su restaurante a la hora del almuerzo en el distrito de la moda de Los Ángeles. Pero las redadas migratorias de la administración de Donald Trump vaciaron sus mesas.

"Nuestras ventas cayeron 80%", dijo a AFP Mendoza, a cargo del Cuernavaca's Grill, un colorido restaurante mexicano del popular barrio comercial.

"Lo que nos salva es que tenemos mucho envío a domicilio, cerca de 20%", refirió Mendoza, al explicar que en la zona muchos temen salir a la calle.

El distrito de la moda, en el corazón de Los Ángeles, es un vibrante barrio con infinidad de tiendas de ropa y accesorios.

Pero con una predominante mano de obra latina se ha convertido también en blanco de la ofensiva anti-inmigración del gobierno de Trump, con redadas en fábricas y otros puntos comerciales de Los Ángeles.

Ahora sus aceras están vacías, incluso en este comienzo de verano cuando los turistas abarrotan la ciudad californiana.

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- "Que se acostumbren" -

La administración de Trump aumentó la presión sobre Los Ángeles, declarada "santuario" de protección para inmigrantes por sus autoridades en oposición al mandatario republicano.

Con un tercio de la población de origen extranjero, y un estimado de cientos de miles de indocumentados, la embestida federal contra los inmigrantes enardeció a sus habitantes que salieron a protestar a las calles el mes pasado.

El gobierno de Trump, sin embargo, no parece dar marcha atrás.

"Mejor que se acostumbren a nosotros, porque muy pronto esto va a ser normal. Vamos a ir a todos lados, a la hora que queramos, en Los Ángeles", dijo el lunes a Fox News Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

"El gobierno federal no va a salir de Los Ángeles", agregó.

Pero Nayomie Mendoza sostiene que las operaciones no sólo golpean a extranjeros o indocumentados, sino a industrias enteras en momentos en que los comerciantes intentan recuperarse de un comienzo de año difícil, tras los voraces incendios que sufrió la zona de Los Ángeles en enero.

- Cerrar a las 3 -

Por la falta de comensales, Mendoza cierra sus puertas a las 3 de la tarde. Un contraste con el año pasado cuando trabajaba hasta la noche debido a la demanda.

"Esto es probablemente peor que la pandemia", comentó.

Manuel Suárez, dueño de un puesto de venta de juguetes en una calle próxima al restaurante, coincide.

"Ahora es peor porque en la pandemia, aunque fue pandemia, había ventas", afirmó Suárez, que ha trabajado durante 35 años en el popular distrito.

"Ahorita está completamente en crisis", indicó, al explicar que muchos comerciantes decidieron cerrar sus tiendas por precaución, a medida que las redadas se intensifican en la ciudad.

Otros redujeron su número de empleados debido a la caída en las ventas.

- "Al gato y el ratón" -

Las redadas "sembraron el miedo en nuestra comunidad latina", dijo Jose Yern, administrador de Anita's Bridal Boutique, especializada en vestidos para quinceañeras.

"La gente tiene miedo de venir (al distrito), pero si vienen, van a una tienda específica, a hacer lo que tienen que hacer, y luego se regresan a casa", agregó el comerciante, mientras un par de potenciales clientes caminaba entre los coloridos vestidos dispuestos en maniquíes.

El temor es palpable en las calles: cualquier sonido de sirena desata las alertas.

Los comerciantes se comunican con walkie-talkies y notifican cualquier ruido, helicóptero o presencia uniformada en sus calles para poner sobre aviso a quienes no tienen documentos.

Algunos incluso observan desde los techos y dan la señal de alerta al grito de "la migra".

"Es lamentable que el gobierno no entienda que cuando nos ataca, perdemos todos", comentó un vendedor que no quiso dar su nombre.

"Pero no nos vamos. Aquí lo que va a pasar es que vamos a estar jugando al gato y al ratón. A ver quién se cansa primero".

Con información de AFP

La ofensiva migratoria en fincas, construcciones y carreteras en Florida (EE.UU.), que se ha extendido por varios meses ha generado un clima de terror entre los trabajadores del campo en ese país.

Según grupos de defensa de los inmigrantes, un ejemplo de ellos se puede observar en la zona adyacente a los Redlands, en la ciudad de Homestead, donde 70% de los habitantes son hispanos y vive la mayoría de los trabajadores agrícolas de la región».

Simplemente, el miedo ha entrado a los hogares. Muchas personas evitan salir de las casas a trabajar, llevar los hijos al colegio o ir al médico por temor a ser detenidos, explican los residentes, capataces de fincas, administradores, dueños de viveros y activistas de inmigración.

En Florida vive una de las mayores poblaciones de inmigrantes en situación irregular, se estima en 1,2 millones.

Aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas en el Estado son inmigrantes, y casi la mitad son indocumentados, según los grupos de investigación.

Saúl Alemán, un propietario de viviendas en Homestead, tiene inquilinos que son inmigrantes indocumentados que han dejado de ir a trabajar por temor a ser detenidos.

En sus propiedades ha creado un “plan de acción” que incluye cámaras de vigilancia “en caso de que llegue inmigración”, explica.

Algunos de sus inquilinos, que describió como personas muy honestas y trabajadoras, están atrasados en el pago del alquiler.

“Si no tienen que salir por absoluta necesidad, no lo van a hacer”, dice Alemán, de 32 años, que también es activista proinmigrante y se hizo ciudadano estadounidense gracias al programa DACA, para hijos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

“Imagina que tengas un niño enfermo y tengas que decidir si lo llevas a urgencias, y te arriesgas a que te detengan, o quedarte en casa y rezar porque se mejore. Eso no debía estar pasando en esta comunidad”, cuenta Alemán.

En TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales abundan las publicaciones con avisos sobre la presencia de autoridades de inmigración en carreteras, barrios, o fincas de la zona, con hashtags como “ice”, “deportación” o “inmigración”. “Alerta Migratoria – 12:34 AM.

«Hemos recibido inteligencia de que ICE está haciendo checkpoints por el área de Robert Is Here y Benito Juarez Park. Tengan mucho cuidado. Pasen la palabra”, informa una publicación en Facebook que ha sido compartida más de 100 veces en menos de 48 horas.

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Nedardo Viegues, de 30 años, que ha vivido siempre en los Redlands, dice que nunca había visto una situación como la de ahora.

Como muchos en la zona, trabaja en un vivero que fundaron sus padres.

El negocio es pequeño, y ahora se enfrentan a “una situación dura” por la falta de empleados. “Dependemos de los inmigrantes, eso es la agricultura”.

A su vivero llegó una patrulla la semana pasada. “Hay mucho Border Patrol en áreas que se sabe que usan los inmigrantes, las calles de atrás, donde saben que transitan. Saben dónde ir a buscarlos, en los trabajos que nadie quiere”, apunta Viegues.

Los salarios en los viveros oscilan sobre 13 dólares la hora, el salario mínimo en el Estado. Por ese dinero, no hay muchas personas en el área dispuestas a realizar las duras tareas del campo bajo el implacable sol de Florida.

Muchos de los empleados, cuenta un encargado que prefiere no decir su nombre, llevan muchos años con ellos.

Son “personas buenas y trabajadoras”, pagan sus impuestos, no tienen antecedentes criminales, tienen hijos estadounidenses, explica. Entre ellos “siempre ha existido temor a inmigración”, pero ahora el miedo “es extremo”.

Uno de los servicios más afectados ha sido el de la jardinería, porque las brigadas tienen que salir en camiones que llevan maquinarias que son fácilmente reconocibles, y están siendo objetivo de las autoridades migratorias.

La situación se repite por toda Florida, en negocios agrícolas de todos los tamaños, dice Ernesto Ruiz, coordinador de la Asociación de Campesinos de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés). Desde 1983, la asociación aboga por protecciones fundamentales y condiciones laborales dignas. Tiene unos 20.000 miembros.

“Florida es el Estado que más produce en agricultura. Junto a California, es uno de los principales motores económicos [del país]. Es contradictorio que tenga una política antiinmigrante”, cuenta Ruiz.

El Departamento de Agricultura estima que Florida genera cerca de 9.000 millones de dólares anuales en hortalizas, viveros, ganadería y cítricos, más que cualquier otro Estado.

La contradicción a nivel nacional es evidente y solo genera confusión. La semana pasada, el presidente Donald Trump pidió detener las redadas migratorias dirigidas a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo, plantas de procesamiento, hoteles y restaurantes, a quienes llamó “trabajadores muy buenos y de larga trayectoria”, tras escuchar las presiones de esas industrias.

Menos de una semana después, el Gobierno dio marcha atrás y pidió recuperar las redadas en el campo. El Departamento de Agricultura calcula que cerca de la mitad de los casi dos millones de trabajadores de la agricultura en Estados Unidos carece de estatus legal.

Griselda Payne, que trabaja en la oficina de la Asociación de Agricultores en Apopka, en el centro de Florida, “la capital mundial de las plantas ornamentales”, cree que los trabajadores agrícolas han sido históricamente uno de los grupos sociales más vulnerables, a menudo explotados, expuestos a pesticidas dañinos, calor extremo, y abusos sin protecciones legales. A veces no les pagan sus salarios y hay víctimas de trata. “Florida es uno de los peores Estados para vivir como campesino inmigrante”, asegura Payne.

Su oficina “siempre está llena, pero últimamente no van muchas personas por el miedo”. En la zona se ven plantaciones completas abandonadas, cosechas que se van a desperdiciar. Una mujer llamó esta semana desesperada buscando ayuda porque estaba sangrando y no sabía qué hacer. “No quería ir a urgencias”, cuenta Payne.

El impacto de la política migratoria de la Administración Trump, que ha prometido deportaciones masivas, ha sido particularmente dura en Florida.

“En otros Estados, los gobernadores y alcaldes están más pendientes de las necesidades de los inmigrantes. Muchos campesinos se están marchando a esos Estados”, apunta Ruiz.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom se ha enfretando abiertamente al presidente Trump por enviar soldados a contener las protestas contra su política migratoria.

En Florida, en cambio, el republicano Ron DeSantis ha impulsado una galopante agenda antiinmigrante que parece ir más avanzada que la nacional. Una ley impulsada por DeSantis impuso sanciones severas a quienes empleen inmigrantes sin autorización.

También se han realizado cientos de arrestos en complejos operativos coordinados entre departamentos de policía locales y agencias estatales y federales, como la Patrulla de Carreteras (FHP), La Patrulla Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo un programa conocido como 287(g).

DeSantis y su fiscal general, James Uthmeier, han impulsado el programa, con el que lograron más de 200 acuerdos desde comienzos de año, el mayor número de todo el país, incluyendo uno con la policía de ciudades de mayoría inmigrantes, como Miami, Doral, y Homestead.

Con información de El País

El Departamento de Seguridad Nacional ha revocado la directriz que relajaba las redadas migratorias en granjas agrícolas, hoteles y restaurantes, a pesar de que el presidente Donald Trump insinúo que consideraría eximir a estos sectores de su política de deportaciones masivas, según fuentes citadas por The Washington Post.

Altos funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) instruyeron en una llamada a sus agentes a continuar con los arrestos de trabajadores del campo, hoteles y restaurantes, sin estatus legal, según dijeron al rotativo dos personas familiarizadas con la llamada.

El cambio supone una contradicción al mensaje dado por el presidente Trump el jueves pasado, tras la presión de los dueños de granjas y de empresas de estas industrias afectadas por las redadas.

“Nuestros estupendos granjeros y la gente del negocio de la hostelería y el ocio han estado diciendo que nuestra política tan agresiva en materia de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos con los que llevan mucho tiempo, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”, escribió Trump en un mensaje en las redes sociales.

El mandatario estadounidense insinuó que se harían excepciones para los indocumentados que trabajan en estos sectores: «Se avecinan cambios».

Trump habría considerado las excepciones a su dura política migratoria, tras una llamada de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en la que comunicó la creciente preocupación entre los rancheros y empresarios hoteleros por el golpe económico que supone perder estos trabajadores.

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El viernes, un alto funcionario del ICE, envió un correo electrónico instando a los agentes a «suspender” las investigaciones y operativos en estos lugares.

Incluso este lunes las autoridades migratorias confirmaron a NBC que pausarían las redadas en estos sectores.

Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, acusó en un mensaje de X a Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria de Trump, como responsable del cambio de las directrices.

“Miller se sale con la suya… granjas, restaurantes y hoteles vuelven a ser objeto de redadas de ICE, con una intensa presión para que los agentes alcancen los 3.000 arrestos diarios”, escribió el activista.

Con información de AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo intensificar los operativos migratorios en varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Nueva York, en un intento por lograr «el mayor programa de deportación masiva de la historia».

El magnate republicano puso como prioridad la deportación de personas indocumentadas en su segundo mandato, después de haber realizado una campaña contra lo que calificó como una «invasión» de criminales en Estados Unidos.

«Tenemos que ampliar los esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales en las mayores ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde viven millones y millones de extranjeros ilegales», escribió este domingo Trump en su red Truth Social.

«Estas y otras ciudades similares son el núcleo del centro del poder demócrata», afirmó el presidente, en referencia a una desacreditada teoría de conspiración de la ultraderecha según la cual migrantes irregulares votan en las elecciones estadounidenses en cantidades significativas.

Las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles detonaron una serie de protestas en su mayoría pacíficas, aunque en algunos momentos se han producido actos violentos esporádicos.

Trump respondió con el despliegue de 4.000 guardias nacionales y 700 marines contra la voluntad de las autoridades locales y estatales.

California inició medidas legales para retomar el control de los guardias, con el argumento de que el mandatario se extralimitó en sus funciones. La demanda está siendo procesada en una corte federal.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el domingo que el toque de queda nocturno impuesto la semana pasada para detener los actos de vandalismo durante las protestas se prolongaría «un par de días más».

Describió el miedo y la ira que se han apoderado de la segunda ciudad de Estados Unidos, con una gran población latina, a raíz de las redadas contra los migrantes.

«La gente tiene miedo de salir de sus casas» afirmó. «Esto es Estados Unidos. No se supone que tengas que mostrar tus documentos si sales a la calle», dijo.

Los Ángeles estuvo en calma en su mayor parte el domingo, noveno día de protestas, con solo un puñado de manifestantes marchando frente al Ayuntamiento antes del toque de queda.

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El sábado, cientos de miles de personas se manifestaron en varias ciudades estadounidenses, en el marco de una movilización que los organizadores bautizaron «Sin reyes» para «rechazar el autoritarismo, la política de los multimillonarios y la militarización» de la democracia en el mandato de Trump.

Fue la mayor protesta en el país desde que el magnate regresó a la presidencia en enero pasado.

El expresidente Barack Obama se sumó a las críticas de la oposición contra la campaña de deportación de Trump en su cuenta en X.

«Familias con orígenes similares que solo quieren vivir, trabajar y apoyar a sus comunidades están siendo demonizadas y tratadas como enemigas,» escribió el exmandatario demócrata.

«Podemos arreglar nuestro fallido sistema de inmigración mientras seguimos reconociendo nuestra humanidad común y tratándonos unos a otros con dignidad y respeto», agregó.

Mientras, Donald Trump continuó con su duro discurso contra los migrantes en el largo mensaje en Truth Social donde denunció que «cada día los valientes hombres y mujeres del ICE son objeto de violencia, acoso e incluso amenazas de políticos radicales demócratas».

«Nada nos detendrá de ejecutar nuestra misión. (…) Por la presente se ordena a los oficiales del ICE (…) hacer todo lo que esté en su poder para lograr la importante meta de realizar el mayor programa de deportación masiva en la historia».

El presidente dijo que «los demócratas de la izquierda radical están enfermos de la cabeza, odian nuestro país y en realidad quieren destruir nuestras ciudades. Y están haciendo un buen trabajo en ello!».

Por esta razón, entre otras, quiere que el ICE y otras fuerzas del orden «se concentren» en «centros urbanos, plagados de delincuencia y muerte».

En una doble apuesta de su discurso antimigrantes, Trump pareció comparar la migración hacia Estados Unidos con armas de destrucción masiva.

Y aseguró que orientó a todo su gobierno a «poner cada recurso posible detrás de este esfuerzo, y revertir la marea de Destrucción Masiva de Migración que ha convertido a pueblos antaño idílicos en escenarios de la Distopia del Tercer Mundo».

«Al ICE, FBI, DEA … a los patriotas en el Pentágono y el Departamento de Estado, tienen mi apoyo inquebrantable. Ahora vayan… ¡y hagan el trabajo!».

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lanzó este martes una redada en la ciudad de Nueva York en la que participó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de la que depende la agencia federal, según publicó en X.

«Arrestando a algunos extranjeros criminales esta mañana en Nueva York, gracias a todos los valientes oficiales implicados», dijo Noem, en reseña de Telemundo Noticias.

La secretaria de Seguridad Nacional publicó además un video en el que parecía mostrar arrestos en el operativo en la ciudad «justo en este momento», haciendo referencia a un «extranjero criminal acusado de secuestro, asalto y robo». «Canallas como este seguirá siendo apartados de nuestras calles», concluyó en su mensaje.

«Estamos haciendo exactamente lo que el presidente, Donald Trump, prometió a los estadounidenses: hacer que nuestras calles sean más seguras», añadió en otro mensaje en la red social. La agencia federal antidrogas (DEA, en inglés) participó en la redada, según comunicó su oficina en Nueva York en otro mensaje en la red X, apoyando a ICE junto a otras agencias y el Departamento de Justicia (del que depende por ejemplo el FBI).

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Happening Now, members of #DEANewYork along with our @TheJusticeDept & other federal law enforcement partners assisted @DHSgov with their #immigration enforcement efforts. #DEA @ATFNewYork @HSINewYork @ERONewYork @NewYorkFBI @USMarshalsHQ pic.twitter.com/ptYxlQo75I

El Gobierno ha dicho que la ofensiva se dirige a los delincuentes, pero existe la preocupación de que también sean detenidos inmigrantes respetuosos de la ley con diversas formas de estatus migratorio legal, lo que se conoce como “detenciones colaterales”.

Cuando se le preguntó sobre las detenciones colaterales, Sam Olson, director de operaciones de cumplimiento y expulsión de la oficina de campo de Chicago, dijo que eran posibles. “Nuestra tarea es hacer cumplir las leyes de inmigración”, afirmó. “Si alguien está aquí ilegalmente, haya cometido o no delitos, existe la posibilidad de que sea detenido“.

Ser indocumentado se considera una infracción civil, no un delito. Pero se considera un delito cuando un inmigrante indocumentado que fue deportado previamente vuelve a entrar en Estados Unidos sin permiso.

Desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero, su Administración ha destacado que los agentes migratorios han detenido a una gran cantidad de miembros de pandillas violentas, entre ellos decenas de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, en Colorado.

Aun así, al menos 566 personas detenidas el domingo no habían cometido ningún delito y fueron detenidas únicamente por carecer de autorización legal para permanecer en Estados Unidos.

Just now.Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody – thanks to @ICE.Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl