El Fútbol Club Barcelona y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su alianza global se unieron para apoyar a los migrantes y desplazados en la frontera colombo-venezolana.

Con este motivo visitaron el departamento del Arauca, en Colombia, el presidente del club, Joan Laporta, y la directora general de la Fundación del Barcelona, Marta Segú, donde conocieron de primera mano los proyectos en esa entidad como los del Norte de Santander y se encontraron con niños, jóvenes y la población más vulnerable por cuenta del conflicto armado.

El proyecto de la Fundación del Barcelona busca crear entornos seguros que contribuyan al desarrollo y a la integración social de las comunidades a través del deporte. Se estima beneficiar a más de 500 refugiados venezolanos y desplazados colombianos.

«El deporte tiene el potencial de transformar positivamente las vidas de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias y comunidades, que han sufrido el desplazamiento forzado», señaló Mireille Girard, representante de Acnur

Por su parte, Laporta se mostró por «el trabajo que hacen sobre el terreno para ayudar a las personas que están viviendo en estos asentamientos en la frontera», recogió la agencia EFE.

«Me ha impactado a nivel personal. Impresiona porque es una realidad que por mucho que te acerques a ella nunca la conocerás totalmente, porque quienes la sufren son los que verdaderamente conocen la crueldad de esta realidad», expresó el dirigente del club catalán.

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Colombia ha recibido 2.5 millones de refugiados de Venezuela y sigue aumentando. El presidente @JoanLaportaFCB y el Club están #ConLosRefugiados #ConArauca @eACNUR pic.twitter.com/mJyvG4UTbb

Laporta manifestó su orgullo de que el FC Barcelona pueda ser útil y celebró poder ayudar a «las personas que sufren».

La Fundación FC Barcelona se creó en 1994 para apoyar a la niñez y la juventud de los grupos sociales más vulnerables a través del deporte y la educación en valores, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. La Fundación FC Barcelona enmarca sus actividades en los programas de la ONU Deporte para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una de las principales misiones del la Fundación es brindar el acceso y apoyo a la educación, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos en la infancia y la juventud, además de la lucha contra la exclusión social y la discriminación.

Actualmente, la Fundación llega a más de 1,5 millones de beneficiarios en todo el mundo.

Por su parte, la Acnur lidera la acción internacional para proteger a las personas obligadas a huir de sus hogares por causa del conflicto y la persecución. Entrega asistencia para salvar vidas, brindar cobijo, alimentos y agua, contribuyendo a salvaguardar los derechos humanos fundamentales, para asegurar lugar seguro a las personas.

La agencia trabaja en más de 130 países.

En 2022, habrá unos 8,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe, un aumento importante comparado con este año.

La estimación forma parte de la información que maneja el Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Ante esta proyección, los 192 socios del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2022 solicitaron este jueves 1.790 millones de dólares; 800.000 dólares más que el año pasado, para apoyar las «crecientes necesidades» de estas personas.

«Habrá 8,9 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en 17 países para diciembre de 2022, incluyendo 6 millones en destino; 1,9 millones en movimiento regular y casi 1 millón de retornados colombianos», dijo el representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, durante el lanzamiento del plan.

Hasta noviembre de este año, más de 6 millones de personas abandonaron Venezuela y la mayoría; cerca de unos 5 millones, migraron a otros países de Latinoamérica, siendo Colombia el principal destino, según cifras de la Plataforma R4V.

El RMRP 2022 estima que habrá un aumento de 8,4 millones de personas que necesitarán asistencia el próximo año; lo que «refleja los crecientes desafíos a los que se enfrentan tanto los refugiados y migrantes de Venezuela como las comunidades de acogida», señaló Stein.

«Y unos 3,8 millones recibirán asistencia, para alcanzar ese objetivo, un número sin precedentes de 192 socios del RMRP (…) requieren de 1.790 millones de dólares», indicó Stein.

Stein apuntó que en 2022, “la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela habrán pasado varios años en sus comunidades de acogida”; por lo que sus necesidades «van más allá de las intervenciones inmediatas».

El RMRP 2022 está centrado en la integración a largo plazo y en promover el desarrollo de los países de acogida para garantizar el acceso a la educación, protección, regularización, mercado laboral y programas nacionales de salud y bienestar social.

«El apoyo a las iniciativas de regularización y documentación para los refugiados y migrantes de Venezuela en situación irregular es una prioridad clave para el 2022», señaló Stein.

Así como la «prioridad de facilitar la integración local efectiva promoviendo su integración en los sistemas nacionales de protección social».

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 «(Deben incluirse en) todos los planes de vacunación de COVID-19; así como en el acceso de protección social a largo plazo para garantizar el derecho a la salud, educación y vivienda y otros servicios esenciales», añadió Stein.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi; declaró que «muchos países han iniciado procesos de regularización para cambiar millones de vidas» y que «los esfuerzos necesitan apoyo para tener éxito».

Sin embargo, «un documento no significa nada si no hay una estructura detrás de él para promover la integración de refugiados y migrantes en las comunidades de acogida».

Entre los 192 socios del RMRP 2022, un número inédito de participantes, se encuentran las agencias de las Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales, sociedad civil y organizaciones dirigidas por refugiados, migrantes y comunitarias.

El RMRP es implementado en 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador y Guyana.

Asimismo en México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

«La crisis de migrantes y refugiados venezolana alcanzó la dramática cifra de 5.6 millones de personas. El legado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido de náufragos y caminantes». La denuncia la hizo David Smolanky, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región.

En un artículo publicado en el diario ABC de España, Smolanky afirmó que «el flujo de desterrados más grande del continente no ha sido causado por una catástrofe natural ni una guerra convencional». Lo ha sido «por una tiranía responsable del hambre, miseria, violencia y crímenes de lesa humanidad».

«Los venezolanos en Colombia representan la cuarta ciudad más grande de ese país y Lima es la ciudad con más venezolanos fuera de Venezuela, con más de 800.000 personas», recordó.

«El total de los desplazados venezolanos en todo el mundo supera la población de países como Noruega, Irlanda, Costa Rica o Nueva Zelanda. De hecho, 15% de la población de las islas de Aruba y Curaçao que conforman el Reino de los Países Bajos, es venezolana», agregó.

Asimismo, informó que » 80% de las mujeres que están dando a luz en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta son venezolanas. Mientras que 70% de las que dan a luz en el principal hospital de Boavista, Brasil, también son desterradas».

Para Smolansky, «las estadísticas de este deslave humano podrían ser infinitas en cuanto a su impacto y dimensión. Pero quedarse solo en datos y cifras sería muy frío para este flujo migratorio que proyecta ser en unos meses el más grande del planeta».

El representante de la OEA hizo una serie de preguntas. «¿Qué tanto te tiene que arder el estómago del hambre para lanzarte al agua en busca de comida? ¿Qué tan colapsado tiene que estar el sistema de salud público para que cientos de miles de madres vayan a parir a otros territorios? ¿Qué tanto habrán torturado y reprimido a jóvenes y estudiantes para que con una mochila decidan caminar todo un contienente desprendiéndose de sus padres?».

 Para él, las respuestas son «el horror que se vive hoy en Venezuela».

Por otra parte, destacó que «según la Declaración de Cartagena, un refugiado es aquel que huye de su país». Lo hace «por alteración del orden público, violencia generalizada, violación a los derechos humanos y agresión extranjera».

Todas éstas, añade «incluida la agresión extranjera (hay al menos 20.000 cubanos en Venezuela), aplican para quienes huyen de Maduro».

Ante esta realidad, dijo que «los venezolanos necesitan protección. Merecen oportunidades para estudiar, emprender y trabajar. Se les debe garantizar sus derechos, como el acceso a la salud, más aún en tiempos de pandemia».

Por ello, «integrar a los refugiados venezolanos no solo les beneficiaría a ellos, sino también al país receptor». Esto «porque su economía se vería impactada positivamente, como estudios del Banco Mundial lo han reflejado, lo que no es un tema menor por la recesión que viven muchos países a raíz del coronavirus».

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David Smolansky recordó que «la semana pasada hubo una Conferencia Internacional de donantes para dar respuesta a la crisis de refugiados venezolana. Se logró recaudar 1.500 millones de dólares entre cooperación para 2021, más préstamos y créditos en el mediano plazo».

Dijo que «en el Grupo de Trabajo de la OEA hicieron una estimación. Y es que vacunar a los venezolanos contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe costaría 165 millones de dólares. Esto es apenas 11% de lo recaudado».

En consecuencia, «no debería haber excusa para inmunizarlos sin discriminación por su nacionalidad ni estatus migratorio».

Por otro lado, dijo que «los importantes procesos de regularización que implementan países como Colombia, Perú, Brasil o República Dominicana podrían agilizarse después de la conferencia y replicarse en la región».

Indicño que «es imperativo un mayor esfuerzo para erradicar la xenofobia donde todas las autoridades, desde las locales hasta las nacionales, promuevan politicas que eviten agresiones, insultos u ofensas hacia estas personas».

«La prolongación del régimen ilegítimo ha hecho que Venezuela pasara de ser una nación receptora de inmigrantes a una exportadora de refugiados», remarcó.

Rememoró que «durante la segunda mitad del siglo XX, se estima que cerca de 4 millones de inmigrantes encontraron en Venezuela una nuevo hogar».

Aquí «estudiaron, trabajaron e hicieron familia. Un país que siempre les abrió las puertas a europeos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial o el comunismo».

También abrió las puertas a «latinoamericanos y caribeños que huyeron de dictaduras y conflictos armados. Ahora son los venezolanos que necesitan un nuevo hogar. Esto sin que el mundo olvide que la única solución para frenar este monumental flujo migratorio es restableciendo un sistema democrático, con plenas libertades, Estado de derecho y seguridad».

Con los más de 5.000 refugiados venezolanos que han llegado en el último mes a Arauquita, en Arauca, no solo llegaron sus penurias, sino también la COVID-19.

Hasta este domingo,23 de los migrantes habían dado positivo en coronavirus en las pruebas que se les han hecho. Esto, de acuerdo con el reporte oficial entregado por autoridades de Arauca, publicó El Tiempo.

El punto es que estas personas están en albergues donde es muy difícil mantener el distanciamiento físico.

De acuerdo con Yudi Dinas González, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, tras realizar las búsquedas activas comenzaron a detectarse los casos. En la medida que no se reportaban síntomas asociados al covid, se decidió tomar una prueba por cada una de las familias refugiadas.

Esas pruebas empezaron a mostrar los casos positivos. Tienen la particularidad de que las 23 personas infectadas son asintomáticas. De acuerdo con la epidemióloga, a por lo menos 80% de los desplazados se les ha hecho hasta ahora la prueba para detectar el virus.

Por el momento los afectados están en carpas separadas, pero al lado de sus familias. Los refugiados, debido a su difícil condición, especialmente emocionales, han querido permanecer acompañados. Están en carpas donadas por Acnur.

De todas maneras las autoridades sanitarias de Arauca han tomado todas las medidas. La idea es evitar que el virus pueda salir de los refugios y contagiar a los habitantes de Arauquita. Allí la COVID-19 ha tenido una mínima incidencia.

Los desplazamientos que obligaron a la llegada de las más de 5.000 personas a Arauquita comenzaron hace casi un mes. Salieron de Apure luego de los enfrentamientos entre la FAN y disidentes de las FARC.

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Aunque autoridades del Apure han insistido en que las condiciones para el retorno están dadas, la gente se niega a volver, pues se siguen escuchando las explosiones y los ametrallamientos.

Si bien algunos pocos moradores del poblado de La Victoria, ubicado justo al frente de Arauquita, al otro lado del río Arauca, han regresado, los que tienen sus predios en la zona rural sí se niegan a hacerlo. Argumentan que no tienen garantía para su vida.

Emir Ramírez huyó antes de que sus padres, un hermano y un tío murieran presuntamente a manos de uniformados venezolanos. A salvo de las balas, en el municipio de Arauquita, en Colombia, describe con rabia las fotos de su familia asesinada, algunos con botas y armas desconocidas para él.

«¿Por qué los asesinaron?», pregunta impotente este comerciante de 26 años en conversación con la AFP. Ramírez defiende sin reservas la inocencia de los suyos, una familia colombo-venezolana. «!No eran guerrilleros (…) Eran las personas más humildes del mundo!».

El 21 de marzo cuando estaban en la casa familiar en La Victoria, en el estado fronterizo de Apure, estallaron combates entre fuerzas oficiales de Venezuela y guerrilleros.

Pese a que el conflicto colombiano ha ardido siempre en sus narices, nunca antes los pobladores habían vivido algo parecido, relata.

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Ramírez temió por la vida de su esposa y huyó con ella en canoa por el río Arauca hacia el lado colombiano, donde tiene más familia y un hijo de siete años. En vano intentó persuadir a sus padres de acompañarlo. 

Unas 5.000 personas también llegaron a Arauquita para estrenarse como refugiados de la violencia, forzados a malvivir bajo carpas en coliseos, en plena pandemia. 

Hasta el 1 de abril el Ministerio de Defensa de Venezuela había informado de nueve «terroristas» y cuatro uniformados fallecidos, así como más de 30 detenidos. 

La administración de Maduro culpa a su vecino de descuidar los 2.200 km de frontera y permitir la expansión de grupos armados. 

Pero Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende con esta ofensiva ayudar a guerrilleros disidentes colombianos en la lucha que libran con otra facción por el control del narcotráfico. Ambos grupos se marginaron del pacto de paz de 2016 con las extintas FARC.

Durante la pandemia desalojaron a cerca de 40% de los migrantes y refugiados de Venezuela y otro 38% corre el mismo riesgo. La consecuencia es que, por la crisis de varios países de acogida, muchas de estas personas podrían quedar en la indigencia.

La advertencia la hizo un estudio realizado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los datos indican que tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo. Además, «una quinta parte de las personas afectadas estaban embarazas o eran madres».

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes. En el contexto actual hay más riesgo, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”. Así lo dijo Julissa Mantilla, Comisionada, Relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH.

“En este sentido, la CIDH observa que la recopilación de datos es importante. Los mismos permiten identificar las afectaciones diferenciadas. También los factores de discriminación y los múltiples aspectos, incluyendo el enfoque de género paraorientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», explicó.

Relata que «muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia. Se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler», alertó.

El estudio incluyó a migrantes en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana. «La mitad de loshogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia. Además, tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados. Esto aumentaría el riesgo de contagio de COVID-19″, destaca.

También destaca que los migrantes desalojadas que viven en las calles «se enfrentan a la estigmatización. También al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente».

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El estudio recomienda «garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda». Esto como «paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo a su vez Eduardo Stein. Él es Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

En este sentido, el funcionario destacó que que «algunos gobiernos de la región hacen esfuerzos para prevenir la indigencia durante la pandemia. Por ello han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas».

Sin embargo, alerta que «algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia».

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal. La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad. Esto, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La situación de país seguirá empeorando en el 2021 y con ella la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Por ello, Eduardo Stein, enviado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que la cifra de venezolanos por el mundo podría aumentar a 6,2 millones.

En entrevista con Europa Press, el también Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), alertó que los flujos han vuelto a reactivarse. Todo a pesar de la pandemia de coronavirus.

Recordó que la ONU estima que 5,4 millones de personas dejaron Venezuela hasta noviembre. De ellas 4,6 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.

«Tras un descenso temporal por la pandemia, en el marco de la cual hubo unos 130.000 retornos, se estima que entre 500 y 700 personas al día salen de Venezuela. Si persiste esta tendencia, a finales de 2021 podría llegarse a los 6,2 millones de migrantes y refugiados, por encima de los datos de la crisis Siria», advirtió el alto funcionario.

La pandemia de coronavirus se tradujo en “restricciones sumamente duras”, con cierres de frontera que se mantienen. Esta situación prácticamente paralizó los movimientos que derivaron en situaciones de “escasez extrema” entre migrantes y comunidades de acogida. En consecuencia, hubo pérdidas de empleo generalizadas e incluso desalojos forzosos.

“Se agravó también el tema de la regularización”, apunta Stein. Dijo que el aumento de los controles fronterizos no hizo sino elevar el número de migrantes que optaron por usar las trochas para llegar a Colombia.

«Los venezolanos siguen saliendo y los datos oficiales no reflejan la realidad”, remarcó. Según Stein, hace una semana había unas 19.000 personas cerca de tres puntos limítrofes con Colombia, esperando para cruzar.

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El personal de Acnur en zonas fronterizas detecta un “notable incremento” en el número de personas que llegan “en estados extremadamente precarios”. Así lo alertó el portavoz de Acnur, Babar Baloch.

«Hay niveles sin precedentes de trauma y desesperación. La mayoría de ellos se ponen en manos de coyotes”, dijo. Y lamentó que estas personas quedan a merced de grupos que “presionan a los jóvenes para meterse en operaciones criminales. Incluso a las mujeres para forzarlas en redes de trata”, apunta Stein. “La situación vuelve a tornarse complicada” en la zona, admite.

Stein teme, asimismo, un empeoramiento de la xenofobia contra los refugiados venezolanos. “El estigma se recrudece por la escasez de empleo”. También “los esfuerzos de reactivación económica necesitan ser especialmente ágiles”.

Pone como ejemplo las palabras “extremadamente duras” del primer ministro de Trinidad y Tobago, quien declaró que no quería que su país fuese “un campo de concentración”.

La inestabilidad económica derivada de la pandemia generó un repunte de los retornos a Venezuela. Al menos por la vía legal, este flujo “ha descendido considerablemente”. El representante de la OIM y Acnur reconoce que puede atribuirse a las recientes tensiones políticas.

A su juicio, también pudieron influir comentarios como los pronunciados por Diosdado Cabello, quien avisó de que “el que no vota, no come”. Este tipo de declaraciones abren la puerta a que la gente piense que “individuos que no pudieran demostrar que fueron a votar ese día no recibirían raciones de comida a través del sistema CLAP”, advierte Stein.

Las agencias de Naciones Unidas anunciaron el jueves un plan de respuesta humanitaria por valor de 1.440 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros) para atender en 2021 a los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida, después de un año en el que se han recaudado menos de 40% de los fondos requeridos.

Stein, sin embargo, detecta de nuevo “un incremento de la atención” en relación a la crisis venezolana, por lo que se muestra confiado de cara a los próximos meses. Percibe “expresiones muy generosas de interés” por parte de la comunidad internacional, si bien el punto de inflexión puede llegar en junio o en julio, cuando está prevista la próxima conferencia de donantes, organizada en esta ocasión por Canadá.

Con España, “que conoce muy bien América Latina”, la oficina de Stein mantiene una “relación permanente”. En este sentido, aplaude que tanto España como otros países donantes hayan sido “extremadamente cuidadosos” a la hora de desligar las cuestiones humanitarias de las políticas en toda esta crisis, algo que él mismo asume que no siempre es fácil.

El escenario también podría cambiar con el cambio de mando en la Casa Blanca, donde el 20 de enero comenzará a trabajar Joe Biden. Hay un “compás de espera”, a falta de conocer cuál será la política exacta que desarrollará el nuevo presidente en relación a Venezuela y, en particular, en la atención a los migrantes y refugiados.

En relación a su labor como enviado para esta emergencia, Stein no trabaja con ningún calendario, al igual que desconoce cuándo puede terminar. Su mandato inicial concluyó en mayo de 2019 y se ha ido prorrogando sucesivamente hasta este 31 de diciembre, si bien reconoce un “interés” para que siga en su posición actual.

El Comisionado para refugiados y migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americanos, David Smolansky, informó que para este jueves, la cifra de refugiados venezolanos en el mundo ascendió a 5.4 millones.

Smolansky ratificó que esta “es la crisis migratoria más grande de la historia de la región. Actualmente es la segunda más grande del mundo, después de Siria”.

Informó que sigue siendo Colombia el país que ha recibido a más migrantes venezolanos con 1.8 millones. Seguido de Perú: 1 millón, Chile: 457 mil, Ecuador: 420 mil, Brasil: 263 mil, Argentina: 175 mil, Panamá: 120 mil, México: 101 mil.

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Además, resaltó el aumento significativo de refugiados venezolanos en el Caribe: “República Dominicana: 115 mil Trinidad y Tobago: 40 mil Guyana: 23 mil Aruba: 20 mil Curacão: 26 mil Solo entre estos países hay 224 mil desterrados”, concluyó.

Recientemente,. España donó 17 millones de euros para la migración venezolana. Los recursos serán entregados a Acnur y la Organización Internacional para la Migración.

El dinero va destinado a que estas organizaciones los distribuyan mediante ayuda humanitaria. También para las organizaciones de los distintos países de acogida de migrantes venezolanos.

«Escuchar a un niño de 12 años decir que no quiere vivir, es desgarrador», ese es solo uno de los cientos de testimonios de menores de edad, explotados sexualmente, refugiados venezolanos que la colombiana Mayerlín Vergara rescata de las aterradoras garras de ese delito.

Lo hace en La Guajira, frontera entre Colombia y Venezuela, a donde en los últimos años están llegando cientos de niños venezolanos abandonados, con sus padres o bajo sus propios medios buscando protección económica, afecto, comida.

La Guajira, una región fronteriza al noreste de Colombia que ha experimentado un aumento en la explotación sexual infantil entre refugiados y migrantes que huyen de la actual crisis política y económica en la vecina Venezuela.

Es así como en el transcurso de su primer año, este nuevo hogar brindó un espacio terapéutico seguro para 75 niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo 7 años.

Y quienes se encuentran con una realidad angustiante, denigrante cuando caen en redes de explotación sexual que los captan aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad evidente.

Quitándoles más allá de la inocencia, robándoles la posibilidad de ser niños y de crecer sanos emocionalmente.

“La violencia sexual prácticamente ha destruido su capacidad de soñar. Les ha robado las sonrisas y les ha llenado de dolor, angustia y ansiedad”, dice Mayerlín.

“El dolor y el vacío emocional que sienten es tan profundo que simplemente no quieren vivir”, complementa.

En 32 años de la Fundación Renacer, el proyecto que lidera «Maye», más de 22 mil niños colombianos han recibido el acompañamiento, la asesoría y sobre todos el amor que requieren para volver a creer en ellos.

El proceso de recuperación con estos niños es largo, pero no en vano hay miles de casos de éxito, hombres y mujeres que vieron crecer en las paredes de la fundación y convertirse en profesionales de éxito y en adultos protectores de la infancia.

De esta manera se trata de un trabajo que en los últimos años ha focalizado su mirada en los niños venezolanos refugiados o retornados, quienes son captados por estas redes en esa frontera que se va más allá de un desierto y se convierte en un destierro doloroso y una experiencia de vida inaudita.

«Son altamente vulnerables, llegan con unas historias llenas de dolor, de tristeza, de desesperanza y el hogar se convierte en ese lugar de esperanza, de refugio en el que ellas y ellos pueden seguir siendo, pueden equivocarse, pueden caer, pueden levantarse…», comenta Maye.

Una «Maye» que se convierte, junto a su equipo psicosocial, en la acompañante de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual en su proceso de recuperación emocional.

Maye ha hecho su misión de vida ayudar a los niños a superar ese dolor y liberarse del yugo de la violencia sexual.

Una recuperación que inicia desde el mismo momento en que son rescatados por ese grupo de profesionales de esquinas, burdeles y bares donde son forzados a la explotación sexual, un equipo que trabaja en calle rescatándolos de las malvadas garras de la indolencia y la indiferencia del abuso sexual en todas sus modalidades.

«En esos establecimientos nocturnos de prostitución es donde empezamos a identificar a cientos de niños migrantes, refugiados, en condiciones de alta vulnerabilidad», explica Mayerlín.

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La casa de la Fundación Renacer en Riohacha nació a raíz de una misión de reconocimiento de dos meses a la región fronteriza con Venezuela en 2018, durante la cual el equipo identificó a cientos de niños, refugiados venezolanos, que estaban siendo explotados sexualmente.

Al menos la mitad eran refugiados y migrantes de Venezuela, algunos de los cuales habían viajado a Colombia con sus familias, otros solos y otros que habían sido víctimas de trata por redes criminales.

“Fue una situación absolutamente angustiosa”, recordó Maye. “Muchas de las niñas nos dijeron que sus circunstancias, tener que vivir en las calles en extrema pobreza, las había forzado a la explotación sexual”.

La única solución concluyó el equipo, era abrir un nuevo hogar en la región.

Mayerlín Vergara lideró la apertura del centro y desde entonces, con su equipo de trabajo y en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el apoyo de la cooperación internacional, ha ofrecido a niños, niñas y adolescentes, refugiados venezolanos, una oportunidad para curar sus heridas y volver a soñar.

Unos 5 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, huyendo de la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación galopante y la inseguridad generalizada. Se estima que 1,8 millones de ellos han buscado protección en la vecina Colombia como refugiados venezolanos.

Actualmente, alrededor de 40 niños viven en la amplia casa de dos pisos, que incluye cuatro dormitorios y está construida alrededor de un patio interior con dos imponentes árboles de mango. Alrededor del 80 por ciento de los que viven en el hogar son niñas, muchas de ellas indígenas Wayúu y Yukpa, cuyas comunidades se extienden a ambos lados de la frontera entre Colombo y Venezuela.

Maye cuenta que se dieron a la tarea de atenderlos en la casa hogar de Riohacha, donde los niños pudieran sentirse tranquilos.

«Cuando llegar a la Fundación Renacer hay mucha culpa, las niñas están llenas de odio, de rencor, de resentimiento, sienten repulsión, asco, vergüenza… Ellos necesitan una persona que las escuche, que pueda generar un ambiente de confianza con ellos», nos dice.

Una confianza que se convierte en empatía y les da la posibilidad de tener algo que perdieron cuando decidieron huir de casa, fueron abandonados, separados de sus familias u obligados a ejercer esa actividad: la posibilidad de ser escuchados.

Así y allí consiguen recuperar su libertad. Sentirse libres, tranquilos y en paz en medio de un ambiente que los hace sentir en casa, amados, respetados, dignificados y pertenecientes a una familia.

«Tenemos la tarea como educadores de observar, de atender, de escuchar. Casos de éxito muchos…Tenemos chef, estilistas, enfermeros, médicas, contadores», cuenta Maye, quien también manifiesta su profunda satisfacción y alegría por verlos crecer.

«Para mí ha sido un privilegio, creo que ha sido una lucha incansable que cuando vemos los resultados entendemos por qué es importante seguir. Ver transformar el dolor en sonrisa, ver transformar cualquier sentimiento negativo en sueños, eso no tiene precio», confirma.

“Ella es su estrella del norte”, dijo Tashana Ntuli, oficial de protección de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Riohacha. “Maye defiende a esos niños y sus derechos, con uñas y dientes”.

“Ver más allá de la agresividad hasta el dolor en sus expresiones, ver sus almas, todo ese dolor, creo que eso fue lo que me hizo conectar con ellos y querer ser parte de su proceso de rehabilitación”, explica.

“La vi como una madre adoptiva… porque siempre estaba ahí cuando la necesitabas”, dijo Jessica*, una emprendedora de 30 años y madre de dos hijos que vivió de 13 a 16 años en la casa de Barranquilla después de que su madre la obligara a la explotación sexual. “Ella realmente nos escuchaba y la forma en que nos trataba era muy especial”.

José de los Santos, oficial de Bienestar Social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira que coloca en la Fundación a niños que han sido víctimas de abuso sexual en sus hogares, dijo que emergen transformados.

“Cuando salen, no son los mismos niños que entraron”, dijo. “Se van con un nuevo propósito en sus vidas, llenos de ambición, esperanza y amor. Es un cambio real”.

Por su extraordinario trabajo a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual comercial, Mayerlín Vergara Pérez, llegó a ser la ganadora del Premio Nansen para los Refugiados 2020 de ACNUR.

Un prestigioso galardón anual, que se entrega este 5 de octubre, y el cual honra a quienes han hecho todo lo posible para apoyar a las personas desplazadas por la fuerza y ​​apátridas.

“Para mí, el premio representa una oportunidad para las niñas y los niños”, dijo Maye, y agregó que esperaba que mostrara que “es posible que las personas sobrevivientes de violencia sexual cambien sus vidas y emprendan proyectos de vida que sean positivos para ellos, para sus familias y para la sociedad. Es posible”.

Noruega y Suiza han estado comprometidos con el Premio Nansen para los Refugiados. En un mundo donde el 1% de la su población se encuentra desplazado es más importante que nunca alentar el trabajo de quienes han optado por brindar protección y nuevas oportunidades de vida para quienes han tenido que dejarlo todo.

«Maye es un ejemplo de entrega, valor y compromiso para que niños, niñas y adolescentes que ya han tenido que sufrir el desplazamiento forzado, puedan sobrevivir además a las heridas que dejan violaciones a sus derechos tan graves como la trata y la explotación sexual», manifestó Jozef Merkx, representante de ACNUR en Colombia.

*Nombre cambiado por motivos de protección.

Al conmemorarse el Día del Refugiado, el secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció la dignidad y la resiliencia de los 80 millones de desplazados en el mundo y en especial de los 5,1 millones de venezolanos que abandonaron el país por la grave crisis.

A través de las redes sociales, Almagro se comprometió desde la OEA a ayudar a los refugiados para que se hagan efectivos sus derechos.

“Reconocemos la dignidad y resiliencia de las 80 millones de desplazados forzadas en el mundo, incluidos , 5,1 millones de venezolanos”, escribió en Twitter.

En #DíadelRefugiado reconocemos dignidad y resiliencia de l@s 80 millones de desplazad@s forzad@s en el mundo, incluidos 5,1 millones de venezolan@s. Desde @OEA_oficial reafirmamos compromiso para ayudarles a hacer efectivos sus derechos #MasDerechosMasGente #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/9i4wfwewxa

En el marco del Día Mundial del Refugiado, La Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de los Migrantes y Refugiados Venezolanos, inició una campaña en contra de la discriminación y la xenofobia hacia los venezolanos con el objetivo de que estos sean acogidos e integrados en todo el continente.

Con un video en las redes sociales y bajo el slogan “Soy Venezolano, Soy Refugiado”, la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos de la región sobre las causas de la migración forzosa de los venezolanos, las dificultades y obstáculos que enfrentan en su travesía en busca de una mejor vida y sobre las oportunidades de crecimiento social y económico en una sociedad en la que el desplazado venezolano logra una integración exitosa.

“Si queremos que el mundo entienda lo que hemos padecido, es necesario contar nuestra historia y decir sin vergüenza: soy venezolano, soy refugiado y soy venezolana, soy refugiada”, manifestó David Smolansky, Comisionado del Secretario General Luis Almagro para esta crisis.

En nota de prensa, explicó que los venezolanos deben ser considerados refugiados en toda la región según la Declaración de Cartagena, la cual extiende el concepto de refugiados a “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos”.

Con 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos desterrados de su país, la crisis de migración venezolana se ha convertido en la segunda más grande del mundo después de Siria y la primera en la historia de la región. Se espera que para 2021 esta cifra ascienda a 7 millones.