Una docena de representantes sindicales y gremiales del país denunció este lunes  la represión contra la marcha de trabajadores por aumento de salario mínimo del pasado jueves 9 y pidió a la Defensoría del Pueblo investigar al nuevo fiscal, Larry Devoe, por “criminalizar” el derecho a la protesta.

Jesús Jaramillo, integrante de la Coalición Sindical Nacional, cuestionó que la protesta de la semana pasada fuera reprimida por funcionarios policiales, que agredieron a varios manifestantes y detuvieron a cinco de ellos, cuando intentaban avanzar hacia el palacio presidencial de Miraflores.

“Hemos salido a la calle simplemente los ciudadanos a exigir nuestros derechos (…). Vivimos en condiciones de indigencia. No tenemos para comer, no tenemos para medicina”, afirmó Jaramillo a la prensa desde las afueras de la Defensoría del Pueblo en Caracas.

En este sentido, cuestionó que se impidiera a los trabajadores terminar su protesta, que buscaba crear una comisión para exponer sus exigencias ante la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez.

Eduardo Torres, abogado y expreso político, indicó que los detenidos en esa marcha fueron liberados al día siguiente.

Torres explicó que esta denuncia, junto a otras seis exigencias, forma parte de un petitorio dirigido a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, entre las cuales se incluye la solicitud de investigar al nuevo fiscal.

“Anoche pretendió encarcelar y acusó a un nuevo defensor de derechos humanos”, afirmó el abogado.

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Según detalló, la solicitud incluye también la exigencia por la liberación inmediata de todos los presos políticos; la derogatoria de leyes que consideran “criminalizantes”; la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el respeto al derecho a protestar y el aumento salarial y mejora de las condiciones laborales y pensiones de la seguridad social.

Jorge López, secretario general del sindicato de la Alcaldía de Caracas, dijo a EFE que la Defensoría recibió la misiva y les confirmó una reunión con la defensora González Lobato para este miércoles 15 de abril, en la que expondrán sus denuncias.

Además, los dirigentes ratificaron la convocatoria a una marcha el jueves 16 de abril a la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde pedirán explicaciones a Washington por el manejo de los fondos provenientes de la comercialización de oro y el petróleo venezolano.

“Ya que el gobierno, los encargados, no tuvieron la gentileza, no quisieron darnos respuesta, pues nosotros le pedimos a la comunidad internacional, le pedimos al gobierno americano, le exigimos al señor Donald Trump y (al secretario de Estado de EE. UU.) Marco Rubio, que le dé una respuesta a este pueblo que se está muriendo de hambre”, subrayó Jaramillo.

La “presidenta encargada” anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste “responsable”, sin precisar el monto ni las condiciones.

Con información de EFE

 ¿La represión en Venezuela es una serie de hechos aislados o parte de un sistema organizado?

Este reportaje analiza cómo operan el poder político, los organismos de seguridad y el sistema judicial dentro de una misma estructura señalada por investigaciones internacionales.

 Quién da las órdenes, quién las ejecuta y cómo funciona el engranaje que mantiene el control en el país. Una mirada a los nombres, los cargos y las responsabilidades detrás de la represión.

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La ONG Un Mundo Sin Mordaza presentó este miércoles el informe “El miedo cruzó la frontera”.

Se trata de una investigación que documenta cómo el Estado venezolano ha extendido sus mecanismos de persecución más allá de sus fronteras para intimidar, castigar y silenciar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores que viven en el exterior.

"El presente informe analiza la represión transnacional ejercida por el Estado venezolano contra personas que se encuentran fuera del territorio nacional, en particular contra quienes continúan ejerciendo su derecho a la protesta, a la denuncia pública y a la participación política desde el exterior. 

A partir de un enfoque estrictamente extraterritorial, el estudio documenta y sistematiza 326 casos verificados en fuentes abiertas, correspondientes al período de análisis, con el objetivo de demostrar la existencia, funcionamiento y carácter sistemático de este fenómeno", señala la introducción del informe.

El estudio abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

El informe identifica además factores estructurales de subregistro, derivados de la censura, la autocensura y el temor a represalias, incluidas consecuencias migratorias, familiares o de seguridad personal, que limitan la denuncia pública y la disponibilidad de información verificable incluso fuera del territorio venezolano. 

En consecuencia, los casos documentados deben entenderse como una aproximación mínima verificable, suficiente para acreditar la existencia y sistematicidad del fenómeno, pero no como una medición exhaustiva de su magnitud real.

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El presidente de la organización, Rodrigo Diamanti, explicó que el informe demuestra que la represión estatal venezolana “no se detiene en las fronteras nacionales”, sino que se proyecta hacia otros países mediante prácticas que incluyen estigmatización pública, hostigamiento digital, represalias consulares, vigilancia, amenazas, uso indebido de mecanismos policiales internacionales e incluso agresiones físicas. 

Diamanti destacó que más de la mitad de los casos corresponden a campañas de propaganda y estigmatización extraterritorial, utilizadas para deshumanizar y señalar a disidentes en el exterior.

El informe identifica ocho tipologías de represión, entre ellas la represión consular —negación arbitraria de documentos, trabas administrativas y bloqueos en trámites esenciales—, la apertura de investigaciones penales extraterritoriales, la vigilancia física fuera del país, las represalias contra familiares que permanecen en Venezuela y operaciones digitales coordinadas desde el Ministerio de Comunicación e Información.

 Según la organización, estas campañas digitales han generado decenas de miles de incidentes de hostigamiento en redes sociales.

El director legal de la ONG, José Leonardo Díaz, detalló que la investigación se basó en fuentes abiertas verificables, análisis técnico y triangulación de información para identificar patrones y atribuir responsabilidades. Subrayó que los 326 casos documentados representan solo una fracción del fenómeno, debido al temor de las víctimas a denunciar y a la dificultad de rastrear operaciones encubiertas.

En la presentación se incluyó testimonios de personas afectadas por la represión transnacional.

En este sentido, la activista Elisa Trotta, exiliada en Argentina, relató cómo fue señalada públicamente en un programa de Diosdado Cabello, donde se mencionó incluso la casa de su familia en Venezuela. 

Trotta explicó que, aunque cuenta con protección del Estado argentino, la amenaza contra sus familiares la obligó a modificar su vida cotidiana y aplazar el regreso de su madre a Venezuela. “Nos acostumbramos a vivir con miedo, pero el mayor temor siempre es por quienes quedan en Venezuela, totalmente indefensos”, afirmó.

Luis Peche, desde Colombia,  narró el atentado que sufrió junto a su compañero Yendri Velásquez en octubre de 2025, cuando ambos fueron atacados a tiros frente a su residencia en Bogotá. 

Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. “Esto demuestra que la violencia que te obliga a salir de Venezuela puede alcanzarte incluso fuera del país”, dijo. 

Señaló que el ataque generó un efecto paralizante entre la comunidad venezolana en Colombia, donde varios activistas decidieron emigrar nuevamente por temor.

Llamó a los gobiernos de la región a investigar con seriedad estos hechos, citando como ejemplo el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, donde la Fiscalía concluyó que el asesinato fue ordenado desde Venezuela. “La impunidad no puede seguir siendo la norma”, advirtió.

Un Mundo Sin Mordaza alertó que la represión transnacional es un sistema estructural, no un conjunto de hechos aislados, y que sus efectos continuarán incluso si se producen cambios políticos en Venezuela. La organización insistió en la necesidad de rendición de cuentas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.

En conjunto, los hallazgos confirman que la represión transnacional vulnera de manera transversal y acumulativa derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, afectando no solo a las personas directamente señaladas, sino también a sus entornos familiares y comunitarios, y generando un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la protesta, la participación política y la denuncia desde el exterior.

El informe será remitido a organismos multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI), relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con información de Un Mundo sin Mordaza

  Dos regímenes separados por un siglo, pero unidos por un mismo patrón: veintisiete años de poder absoluto y un colapso inevitable. 

Tras la caída de Juan Vicente Gómez emergió Eleazar López Contreras; tras el ciclo del chavismo, surge Delcy Rodríguez.

 Ninguno llegó por voto popular, sino como expresión de una transición forzada, encargados de liderar el cambio y reescribir el rumbo del país. 

Una lectura profunda de cómo la historia venezolana no se repite, pero rima con precisión inquietante.

Esto es Venezuela en profundidad.

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Mientras el presidente, Nicolás Maduro, vive un aumento de la presión externa en medio del despliegue militar de Estados Unidos, ciudadanos, opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la tensión interna en Venezuela se ha recrudecido y también la represión.

 Según denuncian organizaciones no gubernamentales como Provea, octubre fue el mes con mayor represión desde el inicio de las tensiones bilaterales, especialmente contra personas vinculadas con la dirigente opositora María Corina Machado.

Según los registros de Provea, octubre fue uno de los meses más represivos de 2025, con 54 detenciones, en su mayoría vinculadas al movimiento político Vente Venezuela, liderado por Machado.

 “Es una política diseñada para imponer el miedo entre los venezolanos”, aseguró Marino Alvarado, coordinador de la ONG, quien alertó sobre el agravamiento de las condiciones carcelarias, el hacinamiento y los castigos contra detenidos políticos.

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El caso de la familia Hernández Castillo ejemplifica la situación. La noche del 19 de noviembre, hombres vestidos de metro, algunos con identificación de la Policía Nacional Bolivariana, otros de la División contra la Delincuencia organizada y algunos sin identificación, según describieron testigos, “irrumpieron violentamente” en la residencia de la adolescente Samanta Sofía Hernández Castillo, ubicada en la parroquia El Valle, en el oeste de Caracas, según relataron sus familiares ante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un grupo de detenidos que organiza protestas para pedir mejores condiciones de detención y liberaciones. 

Los testigos afirmaron que estas personas amenazaron con armas de fuego a los abuelos y se llevaron a la joven de 16 años, sin informar su destino ni dar respuesta a sus familiares, quienes al momento de publicar esta nota aún desconocían su paradero.

“Hago responsable a Diosdado Cabello (ministro de Interior y Justicia) por toda la persecución familiar que sufrimos”, declaró Ámbar Castillo, madre de Samanta, en un video difundido en redes al denunciar que su hija fue detenida sin orden judicial ni de allanamiento. Expresó, además, su preocupación por los posibles daños psicológicos y emocionales que podría sufrir la estudiante, a quien calificó como víctima de un “secuestro”.

Tras 48 horas de angustia y sin saber de Samanta, la familia recibió otra mala noticia: la detención de Aranza Hernández Castillo, de 19 años, hermana de Samanta, ocurrida en Maracaibo, en el occidental estado Zulia según dijo a CNN la madre, Ambar Castillo. 

Ambas son hermanas del teniente Cristian Hernández quien, según sus familiares, salió del país tras denunciar persecución por acusaciones de conspiración. 

Castillo dijo a CNN que han sido días bastante angustiantes sin conocer el paradero de sus hijas o en qué condiciones se encuentran. Relata qué ha recorrido centros de reclusión donde algunas personas le dicen que podrían estar pero que ahí les niegan su presencia.

La esposa de Cristian, Maykelis Borges, dio a luz en el INOF, una cárcel para mujeres, y permanece detenida junto con su bebé. 

Según Foro Penal fue detenida estando embarazada el 29 de enero de 2025 y acusada del delito de conspiración junto con su esposo, el teniente Cristian Hernández. Su familia dice que no se le permitió abogado privado sino defensa pública.

Además, Henry Castillo, empresario y productor agrícola, tío de las jóvenes, fue aprehendido el 24 de enero de este año por razones que su familia asegura desconocer.

 Dicen haber recorrido distintos centros de reclusión para conocer su paradero y que hasta ahora en todos se lo niegan y que tampoco tienen conocimiento de que haya sido presentado en tribunales. 

Consideran que es víctima de desaparición forzada. CNN contactó al Ministerio Público para obtener la versión oficial y está a la espera de una respuesta.

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El caso de esta familia no fue el único que causó conmoción en noviembre. El 16, la doctora Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel, acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. 

Señalada por dichos delitos fue sentenciada a la pena máxima contemplada por la legislación venezolana. Según informó a CNN la organización defensora de derechos humanos Provea y familiares de Orozco, el juicio comenzó después de que la doctora compartiera un audio en un grupo de WhatsApp.

CNN no tuvo acceso al mensaje, pero el hijo de Orozco, Walter Ruiz, contó que su madre hizo un llamado a votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 para “lograr un cambio en el país”.

 Ruiz explicó que una vecina, quien era jefa de calle y representante del partido de Gobierno, la delató. Horas más tarde, el 5 de agosto de 2024, funcionarios policiales irrumpieron en su casa en horas de la noche y la detuvieron sin orden judicial.

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Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que esta sentencia “desproporcionada” evidencia cómo se aplica la justicia de forma distinta cuando se trata de perseguidos políticos. 

“Con este fallo se busca meter miedo para que la gente no opine”, afirmó. Para Alvarado, el Gobierno pretende imponer terror para silenciar cualquier expresión ciudadana, ya sea en medios, redes sociales o incluso en mensajes privados.

Alvarado explicó que, aunque a inicios de noviembre se observó una disminución temporal en las detenciones, en lo que describió como un intento del Gobierno por enviar señales de diálogo a Estados Unidos, esos períodos “sin represión” en su opinión suelen ser muy breves.

 En ese mismo lapso se produjeron algunas excarcelaciones, como las del ciudadano francés Camilo Castro y del empresario venezolano Noel Álvarez, entre otras.

Vente Venezuela denuncia “ingeniería del terror”: de la represión masiva a la selectiva.A través de su Comité de Derechos Humanos encabezado por Orlando Moreno, denunció ante CNN y otros medios internacionales una nueva fase de represión estatal en 2025 que, asegura, “ha entrado en una etapa más oscura y sofisticada”. 

Sostienen que el Gobierno aplica una represión “quirúrgica”, mediante secuestros políticos y detenciones selectivas, con el objetivo de “decapitar al liderazgo opositor”. 

Además, Moreno advirtió que esta práctica podría intensificarse ante una posible escalada militar de Estados Unidos. CNN contactó a las autoridades en busca de respuesta a estas acusaciones sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

“Ya no buscan llenar cárceles, sino neutralizar la organización ciudadana, secuestrando voces con capacidad de movilización”, subrayó Moreno. Añadió que la ley se aplica “como un garrote político”.

Según el informe más reciente de Vente Venezuela, en lo que va de 2025 se registró una detención arbitraria cada 32 horas, con al menos 232 casos documentados, de los cuales 143 corresponden a militantes de Vente Venezuela. 

En 2024, el promedio fue de seis detenciones diarias, equivalentes a una cada cuatro horas, para un total de 2.500 arrestos. En conjunto, entre 2024 y 2025 se registraron 431 detenciones vinculadas al comando “Con Venezuela”, de las cuales 174 culminaron en excarcelaciones.

También coinciden con Provea en que octubre fue el mes más represivo. Vente Venezuela registró 60 detenciones ese mes, que coincidieron con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y un aumento de la presión de Washington sobre Nicolás Maduro. De esas, 21 personas fueron posteriormente liberadas.

Moreno también mencionó la detención reciente de al menos siete militares, incluido un general de división sin precisar otros detalles sobre el caso. Estas detenciones no pudieron ser confirmadas por CNN de forma independiente. 

Moreno, actualmente en la clandestinidad de forma preventiva, asegura, además, que existe un creciente descontento y que algunos militares habrían sido detenidos tras negarse a grabar videos de juramentos en apoyo a Nicolás Maduro o a asumir ciertas responsabilidades en la Fuerza Armada.

El dirigente acusó a Maduro de “perfeccionar una diplomacia de rehenes” usando a presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como fichas de negociación. 

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Asimismo, denunció el resurgimiento del “efecto Sippenhaft” o culpa por parentesco, práctica de corte nazi que busca castigar a familiares para forzar entregas o declaraciones.

 Entre los casos citados, destacó el arresto de Rafael Tudares, yerno del candidato Edmundo González Urrutia, detenido frente a sus hijos pequeños cuando los llevaba al colegio el 7 de enero de 2025. Tudares continúa preso actualmente.

En el caso de Tudares, su esposa Mariana González ha denunciado en redes sociales insistentemente que persiste una situación de desaparición forzada al no informar sobre su paradero y no permitirle tener una fe de vida para conocer sobre su integridad física y salud. Aseguran que se le impuso defensa pública y que al abogado de la familia no le han permitido asumir el caso. A Tudares lo acusan de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, forjamiento, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Moreno agregó que continúan las denuncias de torturas, aislamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención, en medio del colapso judicial y el uso del sistema de justicia “como arma de castigo político”.

En septiembre de 2025, la Misión de determinación de los hechos incluyó en su informe que siguen documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de aislamiento contra los detenidos.

También destacan que en 2025, han continuado las detenciones contra personas opositoras o percibidas cómo tales al igual que ocurrió en 2024. Explican que se trata de casos sin base legal ni orden judicial, “en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial”. Agregan que también “se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total convivencia judicial”, indicó Francisco Cox, experto que forma parte de dicha misión.

Por su parte Moreno, también insistió en la necesidad de visibilizar estas violaciones y redoblar la presión internacional. “No se trata de un conflicto político, sino de mafias que han secuestrado a toda una nación”, afirmó.

Foro Penal, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, registró hasta el 17 de noviembre un total de 884 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 159 ya fueron condenadas. 

Los delitos incluidos con mayor frecuencia en estas sentencias, según Himiob, fueron traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio. 

Precisa que en el caso de los militares, a veces hay rebelión, desobediencia y “actos contra el decoro militar”. La lista incluye 768 hombres, 116 mujeres, 710 civiles y 174 militares. Entre ellos hay 85 personas con nacionalidad extranjera y se desconoce el paradero de 59 detenidos.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, aseguró a CNN que la represión se ha intensificado en dos niveles: “Primero, contra los movimientos opositores, con la detención de miembros de Vente Venezuela en todo el país; y segundo, con arrestos aleatorios de ciudadanos sin militancia política ni capacidad de movilización social”. 

Según explicó, algunos casos se generan únicamente por mensajes o comentarios en redes sociales. “Pensamos que esta es una estrategia del Gobierno para mantener a la población asustada y en silencio”, afirmó.

Himiob también advirtió que los extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad corren un riesgo especial, pues muchos permanecen detenidos sin acceso a abogados de confianza y con escasa comunicación con sus delegaciones consulares.

CNN contactó al Ministerio de Interior, Justicia y Paz y a la Fiscalía General de Venezuela para obtener más detalles y conocer su posición sobre cada uno de los casos incluidos en esta historia y no ha obtenido respuesta.

En el pasado, el Gobierno de Venezuela ha insistido en que a todos los detenidos en el país se les respeta los derechos humanos y el debido proceso, y ha tildado a diversos informes internacionales sobre detenciones arbitrarias de “injerencistas” y a las denuncias de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.

Mientras tanto, los venezolanos se enfrentan a la doble presión, interna y externa, ante un escenario de gran incertidumbre sobre el futuro del país.

Con información de CNN

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la ganadora Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, Orlando Moreno,  informó este sábado que 54 personas fueron detenidas en el país en octubre, de las cuales diez fueron excarceladas.

A través de su cuenta en X, Moreno detalló que de las 44 personas que permanecen detenidas, veintidós son activistas de VV, ocho de otros partidos políticos y catorce son miembros de la sociedad civil, para quienes exigió su «liberación inmediata».

 «En promedio, se generó una detención arbitraria cada 15 horas, una alarmante cifra que ha dejado como resultado decenas de familias vulneradas física y emocionalmente, por el simple hecho de pensar distinto«, indicó el coordinador nacional del Comité.

Así mismo, Moreno subrayó que esta estadística corresponde «solo a los casos» que se han podido confirmar, «sin mencionar posibles secuestros o desapariciones forzadas que no se hayan denunciado por temor o desconocimiento».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes y que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que son ciudadanos capturados por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores. 

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Con información de EFE

  Maduro quiere convertir cada teléfono en un centinela. 

En plena tensión con Estados Unidos, el régimen venezolano propone una aplicación para que los ciudadanos “reporten todo lo que vean y oigan”, las 24 horas del día. 

Bajo el pretexto de “defender la soberanía”, el chavismo planea digitalizar la delación y convertir la vigilancia vecinal en una herramienta militar, mientras el Caribe hierve con buques estadounidenses y Venezuela revive su viejo reflejo: vigilar para sobrevivir.

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Las acciones recientes del gobierno de Nicolás Maduro contra los defensores de DD. HH., las asociaciones civiles y sus adversarios políticos, solo se puede interpretar como “miedo a la derrota” en las presidenciales del 2024, a decir de los analistas.

Pero, lo que ocurre en Venezuela en la actualidad, no es nuevo, ya está escrito. Es una estrategia que ya se ha aplicado en otros países, según recuerda el politólogo John Magdaleno.

“Las elecciones presidenciales no solo plantean una cantidad de desafíos y amenazas para quienes tienen la autoridad. Si no restringe las garantías constitucionales y el ejercicio de las mismas, puede ocurrir que una opción oposita se puede convertir en una opción”, dijo el experto.

Sin embargo, para el analista, lo más llamativo es que el malestar por la situación del país no afecta nada más a la oposición, sino que ya está permeando al propio oficialismo.

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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y habitantes de la Mina Cacique en el Parque Nacional Yapacana se enfrentaron este miércoles en lo que pretendía ser el desalojo del sector en el marco de la Operación Autana.

La acción habría dejado varias personas heridas y algunos fallecidos, indicó ONG Kapé Kapé en la red social.

Denuncia que los militares llevan a cabo expulsiones masivas de personas que se dedican a la extracción de minerales.

#13Sep ? ¡REPRESIÓN EN AMAZONAS!Habitantes de la Mina Cacique en el Parque Nacional Yapacana reportan enfrentamientos entre efectivos militares y los ciudadanos, en lo que pretendía ser el desalojo total de esos sectores en el marco de la Operación Autana ?️ cortesía pic.twitter.com/OZ6DMLVeQo

El enfrentamiento tuvo lugar en el parque nacional ubicado en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), donde la FANB ha ejecutado numerosos operativos de seguridad, especialmente desde el 1 de julio, cuando empezaron las evacuaciones.

«Kapé Kapé conoció que el hecho ocurrió en la mina Cacique, entre efectivos militares que están practicando el desalojo y las personas que se resisten a salir de esta área protegida. La acción habría dejado varias personas heridas y algunos fallecidos», indicó la agrupación en la red social X.

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Asimismo, señaló la periodista Carolina Azavache que de manera extraoficial se pudo conocer que hay cuatro civiles fallecidos y otros civiles y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) heridos.

Esperan que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un fiscal del Ministerio Público (MP) se apersonen en el lugar.

De manera extraoficial se pudo conocer que hay 4 civiles fallecidos, civiles heridos, y varios efectivos de la PNB. Se espera que suba al Yapacana una comisión del CICPC y un Fiscal del MP. La información q estamos recibiendo es porque los mineros están enviando las imágenes pic.twitter.com/9rx5Qq6hu3

Otra joven iraní habría muerto a manos de la brutalidad policial mientras participaba en las protestas para reivindicar la muerte de Mahsa Amini.

Según Amnistía Internacional, Sarina Esmailzadeh, de 16 años y conocida por colgar vídeos en YouTube, fue asesinada por la policía el pasado 23 de septiembre. La joven recibió numerosos golpes cuando participaba en la manifestación en la ciudad de Gohardasht, en la provincia de Alborz.

Según el informe de AI, los familiares de la adolescente habrían sido «coaccionados» y «acosados» por los oficiales para «mantener silencio» acerca del fallecimiento de su hija.

El motivo que han dado desde Alborz para explicar su muerte ha sido el suicidio, alegando que la joven tenía problemas mentales y que se cayó del tejado de un edificio de cinco plantas.

Esmailzadeh era conocida por hablar de música, artes e incluso de mujeres en sus vídeos colgados en redes sociales. Subía clips en los que se puede apreciar a la joven cantando canciones, pero había más: críticas al uso del hijab o análisis de la mala situación económica en su país.

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La de Esmailzadeh no ha sido la única muerte causada por la represión de las fuerzas policiales en Irán, que vive un momento convulso que ha captado la atención internacional.

Nika Shakarami, de 17 años, desapareció el 20 de septiembre en Teherán después de haberle dicho a una amiga que estaba siendo perseguida. Todo apunta a que también falleció a consecuencia de una brutal paliza a manos de la policía iraní.

La historia se repite. Pese a que en el cuerpo de Shakarami había claras muestras de tortura, e incluso se llegó a hablar de una posible violación, los oficiales iraníes tiraron de nuevo de la cuerda de los problemas mentales. Shakarami también se había tirado desde el tejado de un piso y se había suicidado.

Nasrin Shakarami, madre de Nika, indicó en Radio Farda que su hija había sido «asesinada». Además, denunció que la tía de Nika, que había hecho una aparición televisiva para hablar de lo sucedido, había sido «obligada» a contar la versión impuesta por los oficiales, en la que la joven «muere después de caerse de un edificio».

«Las autoridades han llamado a más personas, a mis tíos, a más gente, diciendo que si no digo lo que ellos quieren, básicamente hablar de la situación que ellos mismos han creado, que harán esto y lo otro, me amenazaron», relata la madre de Nika en unas declaraciones recogidas por la BBC.

Fuente: El Español

Con disparos de armas automáticas y gases lacrimógenos las fuerzas rusas repelieron este lunes,  una manifestación en Jersón, ciudad del sur de Ucrania.

Según las agencias de noticias dan cuenta que la ciudad esta  ocupada por las fuerzas rusas, fue dispersada de manera violenta  dejando al menos un herido.

Los videos muestran a los manifestantes avanzando hacia el centro de la Plaza de la Libertad enfrentándose a los militares, que abren fuego. 

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Las imágenes, publicadas en las redes sociales por dos medios locales, Souspilné Novini y Most Kherson, también registran desde al menos dos ángulos diferentes a varias docenas de manifestantes huyendo bajo un fuego intenso. 

Jersón, cerca de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, fue la primera ciudad importante (con más de 200.000 habitantes) tomada por las fuerzas rusas tras su invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Desde entonces, ha sido escenario de manifestaciones de sus habitantes contra los ocupantes.

Los medios ucranianos  reseñaron una fuerte explosión seguida de atronadores disparos de metralleta. Destacan que así respondieron los militares rusos a los manifestantes ucranianos en esta ciudad situada al sur de Ucrania, muy próxima a la Península de Crimea.

Desde temprano  se habían concentrado numerosos manifestantes, frente al ayuntamiento, para pedir a las tropas que se fueran, entre otras cosas. La respuesta fue directamente abrir fuego contra ellos, reseña La Sexta.

"Les combattants du service de la garde fédérale russe à #Kherson ont pu faire face rapidement à un rassemblement de nationalistes??." ?#Russie #Ukraine #Poutine #Zelenski #Armee #soldats #military #nazisinukraine #weapons #nationaliste pic.twitter.com/JfM3wbeVgA

Con el propósito de contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe.

El documento recoge las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021.

La CIDH destaca que las observaciones y recomendaciones que se presentaron están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Específicamente lo que tiene que ver con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género y el enfoque étnico-racial.

Asimismo observó el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar.

También consideró la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros.

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La CIDH difundió un documento titulado ‘Observaciones y recomendaciones: Visita de trabajo a Colombia’.

Allí expone 187 apartes sobre lo que pudo constatar la comisión durante la visita que realizó a Colombia en junio de 2021.

Se trata de un documento de 41 páginas con 187 observaciones y 41 recomendaciones que la CIDH le hace al Gobierno de Colombia.

La CIDH destaca que el objetivo es ayudar al impacto de las protestas en el bienestar del país y sus ciudadanos.

Atendieron los temas sensibles que se denunciaron durante el paro tales como violencia, presencia de estructuras criminales, bloqueos y las denuncias en contra de la fuerza pública, entre otros.

Destaca el documento que el Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana.

Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.

En el informe, la CIDH se muestra «preocupada» por «el alto número de muertes y personas lesionadas.

También alertan sobre las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial.

Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias».

Sin embargo, admitió que se pudo evidenciar «la presencia y accionar de diferentes estructuras criminales con características particulares en los distintos territorios del país», un tema que había sido negado por distintos sectores sociales y políticos.

«La CIDH urge al Estado a que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de protestas», destaca el texto.

La CIDH destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, los cuales fueron revisados.

Del total se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva.

Esto implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados.

La metodología utilizada para la toma de testimonios priorizó el diálogo, la privacidad, seguridad y confianza para las personas entrevistadas.

Asimismo la CIDH manifestó su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias.

Destacan que es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida y todos los que se vieron afectados.

Tal es el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas.

Recalcan la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana.

Esto lo consideran prioritario para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho.

Debido al colapso de los servicios básicos, durante septiembre se registraron 1.193 protestas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó que hubo un promedio de 40 protestas diarias. «Esta cifra, ubica al noveno mes del año con el índice de protestas más alto», destaca la ONG.

La demanda de derechos fundamentales es el principal motivo de protestas. «En este lapso, 90% de las exigencias eran para rechazar el colapso de servicios básicos. Además de la crisis de combustible, reivindicaciones laborales, salud y alimentación», dice el observatorio en nota de prensa.

Con 404 protestas, la crisis de la gasolina fue la principal motivación de las manifestaciones durante el mes. Se suma a la precaria situación con la electricidad, agua potable y gas doméstico. «Esto profundiza la pérdida de calidad de vida de los venezolanos», denuncia la organización.

En septiembre se registraron al menos 394 demandas en rechazo a los apagones. Asimismo, 375 para exigir gas doméstico y 315 por la falta de agua potable.

Las protestas laborales ocuparon el segundo lugar de la conflictividad en el país. «Se registraron un promedio de nueve protestas diarias en demanda de un salario digno».

La ONG resalta que «los conflictos sociales revelan la profunda emergencia humanitaria que atraviesan los venezolanos». Pero, subraya que esta situación «es más dramática y aguda en el interior del país».

La espiral de protestas se inició el 22 de septiembre, en el estado Yaracuy. Vecinos de Urachiche realizaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros.

Estos reclamos se fueron replicando posteriormente en varios estados del país. Se llegaron a escenificar 701 acciones de calle entre el 22 y el 30 de septiembre.

En promedio general, Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112 manifestaciones. Lo siguen Sucre (107), Nueva Esparta (102), Bolívar (94), Lara y Zulia con 79.

El Ovcs también denuncio cómo estas manifestaciones populares y pacíficas son respondidas con una política de represión por parte del régimen.

«Se caracteriza por la violación sistemática de derechos humanos de los manifestantes. Todo a través del uso letal de la fuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes. Además de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales», señala.

En septiembre se registraron 74 manifestaciones reprimidas, obstaculizadas o impedidas en 19 estados del país. Con un saldo de una persona asesinada, 233 detenidos y 52 heridos.

Adicionalmente se documentó la militarización o activación de dispositivos y operativos policiales en 20 estados.

En sector Playa Gran, en Carúpano, estado Sucre, permanece encendido este lunes. Los habitantes de esa localidad del oriente salieron a la calle a protestar por la escasez de gas doméstico y el régimen los reprimió.

Se trata de una de las 27 protestas que este lunes se registran en varios estados de Venezuela. La razones son las mismas: falta de gasolina y fallas en los servicios básicos.

Usando «gas del bueno» y perdigones, guardias nacionales arremetieron contra los manifestantes que trancaron las calles.

Llevan semanas sin gas doméstico, en espera de la llegada de los camiones de Pdvsa-Gas. Pero nada. Así que se cansaron y salieron a exigir sus derechos.

A través de las redes sociales circulan videos de la represión por parte de la GN. Hay varios heridos por disparos de perdigones.

«Los ciudadanos, que exigían al régimen de Nicolás Maduro el suministro de gas doméstico, encararon a una comisión de militares que llegó al lugar. Luego de una confrontación verbal, los uniformados comenzaron a disolver la manifestación pacífica», destaca el portal El Carupanero.

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«A este venezolano lo atacaron en Carúpano por alzar su voz contra el caos madurista. En Venezuela la protesta la ampara la Constitución, pero en Lara y Cojedes desplegaron a la GNB para amedrentar al pueblo, para que no salgan a reclamar. ¡Siguen sumando violaciones de DDHH!», escribió el exgobernador de Miranda, Hernrique Capriles, en su cuenta en Twitter.

Muestra las imágenes de un joven con el brazo herido, lleno de perdigones disparados por la GN.

Por su parte, el diputado por ABP, Richard Blanco, publicó fotografías de GN disparando armas de fuego, supuestamente, contra los manifestantes.

«CLARAMENTE esto pasa en Playa Grande Carupano Edo Sucre, bajo la aceptación del Régimen de Maduro. Un país en crisis, los reprimen con balas y gas. VIOLADORES DE DDHH», escribió Blanco.

A este venezolano lo atacaron en Carúpano por alzar su voz contra el caos madurista.En Venezuela la protesta la ampara la Constitución, pero en Lara y Cojedes desplegaron a la GNB para amedrentar al pueblo, para que no salgan a reclamar.¡Siguen sumando violaciones de DDHH! pic.twitter.com/swa8r10Dkz

CLARAMENTE esto pasa en Playa Grande Carupano Edo Sucre, bajo la aceptación del Régimen de Maduro. Un país en crisis, los reprimen con balas y gas. VIOLADORES DE DDHH. pic.twitter.com/T5H4bG53Jc

#28sep Se registra protesta en la entrada de los bloques de playa grande en #Carúpano Los habitantes protestan porque llevan 4 meses sin recibir el servicio del gas. 08:50am pic.twitter.com/gMQO78ryDL

El presidente encargado, Juan Guaidó, repudió este lunes la represión del régimen contra las gente que protesta por la falta de gasolina.

«La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente y lo que ha generado absoluto rechazo hacia el régimen: No es gas lacrimógeno, es gas doméstico. No es plomo, es gasolina sin plomo», escribió en su cuenta en Twitter.

Se refirió expresamente a lo que ocurre en Lara, Caracas, Nueva Esparta y Sucre, entre otros estados. La gente ha salido a trancar calles y quemar cauchos, cansada no solo por los días que pasan haciendo cola por gasolina, sino por las fallas en todos los servicios.

El régimen ha reprimido varias de estas protestas con gas lacrimógeno y con detenciones arbitrarias.

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“En este momento hay al menos 27 protestas en Venezuela. Ya hay muchos detenidos injustamente”, señaló Guaidó, en el marco del foro Violación a los Derechos Humanos en América Latina: Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En este evento participaron: Julio Borges, María Teresa Romero, José Miguel Vivanco (HRW), Juan Antonio Blanco Gil (historiador cubano) y Gonzalo Carrión Maradiaga, activista por los DD.HH en Nicaragua.

Ante estas personalidades, Guaidó destacó la importancia del informe de la ONU sobre Venezuela. «Por primera vez en Latinoamérica a un régimen en el poder se le acusa de narcotraficante y violador de derechos humanos».

Alertó que el régimen quiere seguir desestabilizando a la región. «Debemos fortalecer las instituciones para que sirvan de contrapeso. Cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace”, advirtió.

“Tenemos que abocarnos no solo a denunciar sino a lograr justicia. Explorar todas las herramientas que tenemos a mano y ver qué cursos tienen esos mecanismos”, dijo.

“Debemos empuñar la bandera del cambio porque en Venezuela, así como en Cuba y Nicaragua lo que estos autócratas quieren es aniquilar la alternativa democrática. Quieren eliminar la disidencia y las voces críticas”, afirmó.

La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz aseguró este sábado que la represión que ejecutan los cuerpos de seguridad al servicio del régimen de Nicolás Maduro contra los yaracuyanos es atroz.

Sin embargo, Ortega Díaz resaltó mediante su cuenta en la red social Twitter que los yaracuyanos están resteados en las calles.

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“Están cansados de la miseria. Todo el país debe acompañar esta lucha”, dijo la fiscal.

Por eso, afirmó que el deseo de cambio es nacional y “debemos unirnos hasta lograr la salida definitiva del tirano”.

Desde hace días, varios sectores de Yaracuy se encuentran en las calles protestando por la falta de servicios públicos.

Los ciudadanos ejercen la protesta pacífica que es coaccionada por los funcionarios de Maduro.

Este sábado los habitantes de los municipios Yaritagua y Chivacoa tomaron las calles pese a la represión.

Atentos a #Yaracuy! La represión es atroz, pero el pueblo yaracuyano está resteado en las calles cansado de tanta miseria. Todo el país debe acompañar esta lucha. El deseo de cambio es nacional y debemos unirnos hasta lograr la salida definitiva del tirano #26Sep https://t.co/fmK6LjNdWr

Varios estados del país se han sumado a protestar en el país.

La falta de servicios básicos en Venezuela llevó a los venezolanos a exigir en las calles una respuesta.

La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela rechazó la represión del régimen de Maduro luego del informe de la ONU.

Denunció que el régimen responde al informe emitido por las Naciones Unidas “deteniendo y disparando”.

Mediante su cuenta en la red social Twitter condenó la represión y los hechos ocurridos en Yaracuy más temprano durante una manifestación ciudadana.

«Así es como el ilegítimo régimen de Maduro responde a las conclusiones de las Naciones Unidas y Michelle Bachelet sobre violaciones de los derechos humanos”, aseveró.

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Asimismo reiteró que “deteniendo y disparando arbitrariamente a manifestantes que exigen servicios básicos en Yaracuy».

Más temprano hubo detonaciones y gases lacrimógenos en Nirgua, Yaracuy por parte de cuerpos de seguridad de servicios del régimen para intentar frenar una protesta por falta de servicios básicos.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Conflictos, en Venezuela, solamente este viernes 25 de septiembre se contabilizaron 47 manifestaciones

La escasez de gas, energía eléctrica, suministro de agua y combustible mantienen a los venezolanos exigiendo respuesta de los entes estadales.

Desde hace mucho tiempo los funcionarios del régimen de Maduro no se manifiestan ni tampoco plantean soluciones para las problemáticas que padecen los venezolanos,

Por la crisis humanitaria es que cuatro millones de venezolanos han emigrado en los últimos cuatro años.

Así es como el ilegítimo régimen de Maduro responde a las conclusiones de las @UN y @mbachelet sobre violaciones de los derechos humanos. Hoy, deteniendo y disparando arbitrariamente a manifestantes que exigen servicios básicos en #Yaracuy.#25Sep #MaduroEsLesaHumanidad https://t.co/kAp3euW2QK

La diputada, denunció este domingo que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detiene a menores de edad y le decomisan las bicicletas, excusándose en la pandemia por COVID-19.

Solórzano mediante su cuenta en la red social Twitter aseguró que durante la pandemia la única respuesta por parte del régimen de Maduro ha sido la represión.

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En el marco de un video que compartió aseveró que es una barbarie detener a niños, por eso pidió a la Corte Penal Internacional actuar ya.

Según el video, el hecho ocurrió específicamente en El Trigal, Valencia.

Durante la pandemia, la dictadura de Maduro ha dado como única respuesta la represión. Lo que se observa en el video, es un acto de barbarie donde detienen a niños. ¡Es hora de actuar @IntlCrimCourt ! https://t.co/l0rIyVGFC1

La ONG Foro Penal denunció que la represión por motivos políticos en Venezuela ha venido aumentando a medida que avanza el 2020ç

«Entre el 1º de enero y el 31 de mayo hubo un total de 235 personas arrestadas con motivos políticos en el país», dijo el organismo en el informe correspondiente a mayo.

«En lo que respecta específicamente a mayo de 2020, hubo 119 personas arrestadas, 69 personas más que el mes inmediatamente anterior, en el que hubo un total de 50 personas arrestadas», señala el reporte.

Alertó que «al menos 13 personas permanecen desaparecidas forzosamente, observándose que la desaparición de personas por parte de los cuerpos de seguridad, también se ha convertido en un patrón sistemático de represión».

Para el Foro Penal «llama la atención que esta ha sido la cifra más alta reportada en los últimos años de personas desaparecidas por razones políticas».

Por otra parte, destacó las protestas de ciudadanos en todo el país «por deficiencias en los servicios básicos, tales como: agua y electricidad. También hubo protestas por escasez de combustible e irregularidades para surtir de gasolina los vehículos, en las pocas estaciones de servicio habilitadas para tal fin».

La ONG señala que «esta situación evidencia una vez más, que el número de detenciones con fines políticos, está directamente relacionado a la represión violenta de las protestas».

Sobre los presos políticos, el Foro «observó un incremento considerable en la cifra promedio al cierre del mes en referencia de 451 personas, de las cuales 35 son mujeres, 128 son funcionarios militares y 2 son adolescentes».

Subraya que «durante el período de estado de alarma decretado y sus prórrogas, se ha mantenido el acceso restringido a los tribunales y centros de reclusión, tanto para los familiares como para los abogados de los detenidos, por lo que ejercer las defensas de estas personas se dificulta enormemente».