El Estado venezolano mantiene “el patrón de persecución» que se ha «materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país”.

La advertencia la hicieron el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB, así como 70 organizaciones de la sociedad civil, en un análisis del actual contexto preelectoral.

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Como ejemplo de este patrón citaron lo ocurrido hace apenas con los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo, por delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Denunciaron, además, lo ocurrido con la señora Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios, quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio.

Ella fue «detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Vanegas fue trasladada a Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)».

Igualmente, reseñan que «el 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla del canal Globovisión, Seir Contreras, fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista».

Los denunciantes resaltaron los casos de Delsa Solórzano y María Corina Machado, quien han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos electorales.

En el comunicado, estas organizaciones manifiestan preocupación porque «el Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos».

“Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros”, agregan.

Adicionalmente, manifestaron que «a todo esto hay que sumarle las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y organizaciones políticas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV)».

“Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país”, reseña el comunicado.

Finalmente, hicieron un llamado al cese de la persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes.

Insistieron en recordar que “es obligación del Estado, dirigir sus acciones a garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.

La Justicia Federal de Argentina abrió una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Administración de Nicolás Maduro durante el año 2014.

Se tiene que el fiscal Carlos Stonelli será el encargado de abrir la causa, tras la denuncia presentada por la Fundación Clooney ante los tribunales de Comodoro Py, apelando al principio de la jurisdicción universal.

En esta investigación se determinará la responsabilidad de un grupo de 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la represión registrada durante las protestas de 2014, recoge el portal Monitoremos.

De acuerdo a los datos preliminares, estos uniformados cometieron un ataque «generalizado» y «masivo» contra la población civil, originando una «multiplicidad de víctimas».

Estos efectivos militares son:

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Para avanzar con esta investigación, el fiscal Stornelli pidió informes a al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Penal Internacional (CPI).

La Comisión Permanente de Interior de la Asamblea Nacional, denunció la brutal represión por parte del régimen de Nicolás Maduro que ha imperado en los últimos días en Guayana, Bolívar. Así como en el municipio La Guajira, Zulia.

Además durante una sesión extraordinaria celebrada este sábado, destacaron el secuestro de Ricardo Campos, productor agropecuario de El Socorro, Guárico. Según publicó el portal web de la Asamblea Nacional.

El diputado Freddy Valera, presidente es esta Comisión y los legisladores del bloque guayanés coincidieron en denunciar que en la región continúa el caos por el suministro de gasolina. Por esa razón se han suscitado hechos violentos que en la última semana dejaron un ciudadano muerto y a un oficial de la GN hospitalizado con fractura de cráneo.

Por su parte, los parlamentarios José Ricardo Salazar, Ángel Álvarez, Rachid Yasbek y Freddy Valera, coincidieron en que el pueblo es humillado en interminables colas para surtir sus carros con apenas 20 litros de gasolina. Pero en las zonas del Arco Minero no falta el carburante.

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«Cambian la gasolina por gramos de oro», enfatizó Valera desnudando la corrupción y complicidad de cuerpos de seguridad del Estado. Así como a quienes desangran este territorio con el «oro de sangre».

Asimismo, en otro punto de la agenda, los representantes del estado Zulia, José Luis Pilera y Juan Carlos Velazco, dejaron en evidencia que cuerpos policiales imponen el terror con la represión en la Guajira.

«GN, policía y Ejército son muy duros con la población que reclama servicios, pero indiferentes con delitos de narcotráfico y de contrabando de gasolina que se producen en la región». Subrayó en este sentido Pirela.

Sobre el mismo tema, Velazco recalcó que «pretenden ahogar el grito de auxilio del pueblo cansado y hastiado de tanta incompetencia del régimen». Al tiempo que planteó la necesidad de elevar estos graves hechos ante organismos internacionales. Así como los garantes de los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, la parlamentaria Dennis Fernández, alzó su voz para denunciar el secuestro de Carlos Campo, productor de El Socorro, Guárico. Describió como arbitraria la detención. Y añadió que luego de varios días desaparecido se espera que este sábado sea presentando en tribunales, pese a no haber cometido delito.

Valera, al término de la jornada, se comprometió a elevar todas estas denuncias a instancias internacionales. Esto, con el fin de engrosar los expedientes en materia de violación de derechos humanos en el país.