Tras más de doce horas bajo una situación de rehenes, los presos del centro de coordinación policial Los Guayabitos, de la Policía Nacional Bolivariana, en el estado Carabobo, liberaron a los dos funcionarios policiales que mantuvieron cautivos.

#1May¡Dos policías secuestrados! en motín que se registra en calabozos de la PNB en Carabobo.Un Fiscal del Ministerio Público estaría negociando en este momentos con los presos. Vía: @SYaguare @impactove ? pic.twitter.com/i5pHJJDkME

Los dos agentes, quienes estaban golpeados de manera considerable, fueron trasladados hasta un centro asistencial para la respectiva revisión.

La información recabada por nuestro corresponsal en la entidad, Sandino Yaguare, indica que unos 70 presos fueron trasladados hasta la cárcel de Tocuyito, atendiendo una de las peticiones que hicieron los reos, quienes denunciaban el retardo procesal, supuestos abusos por parte de los funcionarios policiales y los traslados a los respectivos centros de retención.

En horas de la mañana de este domingo se conoce la noticia de que unos 46 presos se declararon en huelga.

¡Exigen respuesta!Se caldea la situación con familiares de reclusos en la sede de la PNB CaraboboVía: @SYaguare @ImpactoVE ? pic.twitter.com/FJ9njpMcQg

Los aprehendidos toman por sorpresa a los dos funcionarios policiales y les propinan una golpiza considerable.

Comienzan las negociaciones después de que se presentan en el lugar comisiones de los Derechos Humanos del estado Carabobo, representantes de la Fiscalía del Ministerio Público, así como la Defensoría del Pueblo.

Durante la noche de este domingo, diversas organizaciones de Derechos Humanos que acompañaban a los familiares de los reos, hicieron acto de presencia y solicitaron a las autoridades una lista de los trasladados.

El retardo procesal está causando estragos en el sistema carcelario de Venezuela. Tanto que actualmente 70% de los presos del país no poseen una sentencia condenatoria.

La información la dio a conocer Carlos Nieto Palma, director de la ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL).

En entrevista con Unión Radio, Palma indicó que la pandemia de COVID-19 agrega más dificultades al sistema. Esto, debido a que desde hace años se ha denunciado el retardo en los procesos judiciales.

«Tenemos un aproximado de 110 mil presos. Los que están en las cárceles tradicionales y los que están en los centros de retención preventiva o calabozos policiales», indicó.

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«Este limbo lo ha acrecentado la pandemia (…) trabajar una semana sí y una no, hace que los retardos procesales sean mayor», explicó.

En ese sentido, el director de UVL sugirió a la administración de Nicolás Maduro responsabilizarse por la integridad física de los reclusos y los procesos judiciales de cada uno.

Al retardo procesal y la pandemia, se suman problemas como la falta de atención médica y de alimentos.

«El retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela. En algunos casos se llega hasta 750 días sin impartir justicia». La denuncia la hizo el director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola.

«Denunciamos el grave retardo procesal que arrastran las causas penales contra los presos políticos militares. Nuestra organización ha denunciado este hecho incluso desde antes del confinamiento por la COVID-19», explicó.

Argumentó que actualmente hay más riesgo, porque los oficiales corren peligro. «Se arriesgan a contagios y hasta a la muerte por coronavirus«, insistió.

Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve. Así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la Constitución. «En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales», recalcó.

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Dijo que no solo se viola la Constitución, sino varios artículos de Código Orgánico Procesal Penal. Puso como ejemplo los artículos que señalan que un juicio se llevará a cabo sin interrupciones. También en el menor número de días posible. Hay otro que señala que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años.

«Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los batallones blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio. En el caso operación Vuelvan Caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público», indicó.

Todo esto, «a pesar de que el artículo 325 del Coopp señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al tribunal de Juicio», agregó.

Al respecto, el defensor de los Derechos Humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia.

Sin embargo, dijo que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que permanecen tras las rejas. 

El coordinador general de la Asociación Civil, Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, denunció la paralización de la justicia, como consecuencia de la Resolución 005-2020 de la Sala Plena el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, emitida el 12 de julio, la cual agrava el retardo procesal y aumenta el caos penitenciario en el país.

El abogado advirtió, en nota de prensa, que la decisión, además, aumentará significativamente el hacinamiento en los recintos penitenciarios, incluyendo los centros de detención preventiva, y traerá como consecuencia, entre otras cosas, más brotes de enfermedades contagiosas como tuberculosis, paludismo y escabiosis.

“Esto aumentará el caos en nuestras cárceles y centros de detención preventiva, desde el pasado 16 de marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la justicia en Venezuela se encuentra paralizada”, precisó.

Informes en cuarentena

A la luz de este período de distanciamiento social y cuarentena, Una Ventana a la Libertad ha realizado dos informes en torno al estado de salud en el cual se encuentran los internos de los centros de retención preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira.

De acuerdo a la investigación solo en el mes de mayo, 5 privados de libertad murieron por causas vinculadas con condiciones de salud, se determinó además que 188 internos padecen de tuberculosis, 10 tienen VIH y 941 presentan desnutrición aguda. En este período el hacinamiento alcanzó 218,10%.

El informe denominado, “Radiografía de la Salud en los centros de detención preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira”, destaca que 3 privados de libertad fallecieron durante este mes: uno de tuberculosis, otro de un paro cardio-respiratorio y el tercero de fractura craneal al caer de un tercer piso cuando se encontraba en un centro de detención preventiva.

“A todo esto debemos sumarle la paralización de la justicia. Los procesos judiciales se encuentran paralizados desde hace 4 meses, ahora con esta nueva Resolución del TSJ se suma un mes más de retardo procesal”, señaló Nieto Palma.

El Coordinador General de UVL destacó que si se mantiene el cronograma, el viernes 14 de agosto comenzarán las vacaciones judiciales las cuales se extenderán hasta el próximo 15 de septiembre.

“En conclusión la justicia penal venezolana estará paralizada por 6 meses o más”, dijo.

El abogado recordó que en la actualidad, aun cuando no hay cifras oficiales, las ONG dedicadas a monitorear los derechos humanos de los privados de libertad, llevan un registro aproximado de 110 mil hombres y mujeres que estarían recluidos en cárceles venezolanas.

“Setenta por ciento (70%) de estas personas aun no han recibido sentencia definitivamente firma, son procesados, es decir, si se mantiene la medida muchos de estos privados de libertad no recibirán tratamiento procesal cuando les corresponde y sus causas presentarán un retardo que impactará negativamente en su condición física y emocional”, indicó Nieto Palma.

Contenido de la resolución

El pasado 12 de julio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución No. 005-2020 mediante la cual “Resuelve” lo siguiente: “Se prorroga por 30 días el plazo establecido en la Resolución 004-2020, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de junio de 2020. En consecuencia ningún tribunal despachará  desde el 12 de julio hasta el 12 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive”.

La decisión agrega: “Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales  tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes”.

El máximo tribunal del país alega que persisten las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela debido a la pandemia COVID-19.