El año pasado, Diosdado Cabello anunció la «revolución judicial» que, entre otros objetivos, tenía la misión de descongestionar las cárceles, mediante la solución del problema del retardo procesal.

Un año después, esa «revolución» no solamente no solucionó ese conflicto en particular, sino que las cifras de hacinamiento y desnutrición en los penales y retenes policiales del país aumentaron.

Así lo muestran las cifras presentadas este martes, en una reunión de la oposición, donde acordaron denunciar «el fracaso» de la política carcelaria de la administración de Nicolás Maduro.

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En el documento se «rechaza de manera categórica las políticas penitenciarias y deplorables condiciones humanas que ocasionan alarmantes problemas de desnutrición, hacinamiento, retardo procesal y muertes de la población privada de libertad en Venezuela».

Condena «el fracaso de la Revolución Judicial que estuvo a cargo del ciudadano Diosdado Cabello y del sistema penitenciario en manos de Nicolás Maduro».

Además, «reconoce la labor del Observatorio Venezolano de Prisiones que expuso la coyuntura penitenciaria en una audiencia del 183 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

En esa sesión acordó trabajo conjunto para «elevar más casos de las graves violaciones a los derechos fundamentales de la población carcelaria ante la Corte Penal Internacional». Esto, tomando en consideración también la decisión del fiscal Karim Khan de instalar una oficina en la ciudad de Caracas.

Asimismo, en el acuerdo piden «hacer un llamado ante la comunidad internacional para la aplicación de un mecanismo que permita tomar acciones políticas concretas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela».

El dirigente opositor, Williams Dávila, fue el encargado de presentar las cifras que avalan la situación de las cárceles en el país.

«La realidad de las cárceles venezolanas es caótica e inhumana, como consecuencia de que Maduro viola el artículo 272 de la Constitución. La desnutrición, hacinamiento y el retardo judicial, pone en evidencia su política de aniquilamiento paulatino de los privados de libertad», argumentó el vocero.

«Las 52 cárceles que hay en Venezuela están socavadas de hacinamiento, corrupción, destrucción, enfermedades y violación de derechos humanos», agregó.

Aseveró que la infraestructura carcelaria no es suficiente para una población carcelaria de 32 mil privados de libertad. «Su capacidad real es para 20 mil presos, por lo que el hacinamiento supera 158%», alertó.

En cuanto a la ingesta de alimentos, precisó que: «12.7% de los presos come tres veces al día, 40.1% una vez al día, 38% dos veces al día y 9.2% nunca recibe comida en el día».

Dijo que «desde el 2017 hasta enero 2022, la desnutrición, el paludismo y la tuberculosis son las principales causas de muerte en las cárceles. En ese lapso han fallecido 1.730 presos, 960 provenientes en los centros penitenciarios y ellos 412 murieron por desnutrición».

Denunció que “las mujeres presas están en un estado de indefensión, las autoridades que la cuidan muchas veces las violan, no reciben atención médica y se les viola el derecho humano de la menstruación”.

La realidad de los calabozos policiales de Venezuela no es tan diferente. «Allí se viola de manera sistemática la permanencia preventiva de los detenidos que debe ser de un máximo de 72 horas. Esas detenciones preventivas se convierten en detenciones definitivas”, afirmó Dávila.

“El ministerio para el Servicio Penitenciario, perdió el control de todas estas cárceles, debido a que existen dos sistemas de convivencia tutelada entre pranes y el Estado”, fustigó.

Por su parte, el dirigente Gilber Caro, dijo que «Nicolás Maduro sigue violando los derechos a los privados de libertad, negándoles la alimentación, salud, cultura, deporte y al debido proceso».

«No reciben la adecuada alimentación y por ende, muchos de ellos, están muriendo por desnutrición, paludismo y tuberculosis”, agregó.

Precisó que más de 70% de los presos no reciben la “justicia rápida y expedita para la víctima y victimario”.

Mientras que la exdiputada por Carabobo, Deyalitza Aray, denunció que «las cárceles venezolanos son escuelas del crimen donde mandan los pranes”.

“No hay política alimentaria para los presos. Se desconoce el presupuesto manejado por las personas que usurpan las funciones en el Ministerio y tampoco hay inversión para las infraestructuras de las cárceles”, exclamó.

Las reformas legales aprobadas desde 2021, en el marco de la llamada «revolución judicial» impulsada por Nicolás Maduro, no han dado resultado.

Por lo tanto, según un estudio de la ONG Acceso a la Justicia, las fallas que aquejan a la justicia venezolana persisten.

La ONG denunció que abogados en ejercicio se quejan porque subsisten los obstáculos para que realmente se haga justicia y hay cuatro casos que así lo demuestran.

La organización destaca que estos expedientes están contenidos en informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Además de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela.

«Estos señalamientos revelan que iniciativas como el llamado paquetazo penal, no han arrojado los resultados prometidos», señala la ONG.

Mediante este «paquetazo» se reformaron por lo menos unas ocho leyes y se aprobaron cuatro nuevas.

Lo que más llama la atención es que son casos donde los implicados son opositores o disidentes del Gobierno.

Las autoridades presentaron como solución al retardo procesal, a las detenciones ilegales o arbitrarias, la reforma de varias leyes.

Decían que eran «nuevas herramientas para garantizar el debido proceso en Venezuela».

Por ello, modificaron el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Código Orgánico Penitenciario y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM).

A la ellas se unieron la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. así como la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.

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El periodista Roland Carreño está detenido desde octubre del 2020. Lo señalan por su presunta participación en un complot contra Maduro.

«Su proceso se inició antes de las reformas emprendidas por el oficialismo. Pero, este es prueba de que ellas no se están aplicando al pie de la letra», señala la ONG.

¿La razón? «Su juicio no se ha iniciado, pese a que hace casi ocho meses un tribunal de control admitió la acusación en su contra. Además, ordenó sentarlo en el banquillo de los acusados.

A mediados de enero de 2022 su abogado Joel García denunció lo siguiente:

«Desde agosto de 2021 realizamos la fase de audiencia intermedia. Allí se determinó que debía pasar a juicio. El juicio debió comenzar a más tardar en septiembre», dijo.

Agregó que «a estas alturas, no tenemos una fecha probable de cuándo va a comenzar ese juicio. Roland está en una situación de incertidumbre en la parte judicial».

La ONG afirma que «el incumplimiento de los lapsos procesales es uno de los patrones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela».

De hecho, la Misión de Determinación de Hechos «pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas. Allí encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica».

Añade que «77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley.

Además, 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación».

«Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas. Además de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», enfatiza.

El 12 de noviembre de 2021 la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en el estado Falcón.

Lo detuvieron por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay. El aprehendido estuvo desaparecido arbitrariamente casi 24 horas, cuando las autoridades confirmaron que lo tenían en su poder.

La organización Espacio Público denunció que ni los familiares ni los abogados del fotógrafo tuvieron conocimiento de su situación en las primeras de su detención.

Esto viola el artículo 44 de la Constitución que dice que «toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza».

Tanto el ACNUDH como la MDH han registrado decenas de aprehensiones que han terminado convirtiéndose en desapariciones forzadas. La mayoría de ellas de corta duración.

El caso del fotógrafo pone en duda la efectividad de los cambios legales realizados para garantizar el debido proceso en materia penal, destaca Acceso a la Justicia.

El 12 de febrero detuvieron a William Echarry y Ramón Blanco, miembros del Frente Amplio Venezuela Libre, en La Guaira.

¿Su delito? Protestar contra el Gobierno y denunciar la precaria situación que atraviesan los jubilados. ¿Y dónde estaba la revolución judicial?

El Tribunal 1 de Control de La Guaira ordenó mantener preventivamente tras las rejas a los detenidos. Lo hizo luego de que el Ministerio Público los imputara por los delitos de instigación al odio y agavillamiento.

Esto, no solo en contravención del artículo 231 del COPP, el cual prohíbe enviar a un calabozo a una persona de 70 años de edad. Además, va a contracorriente de la reforma que sufrió el instrumento con la finalidad de evitar el uso abusivo de la figura de la detención preventiva.

Las autoridades dieron marcha atrás en el caso de Echarry y Blanco y a las horas los dejaron en libertad.

Sin embargo, consideramos que su detención y la decisión decretando su detención preventiva jamás han debido producirse.

El ejercicio del derecho a la defensa y a poder contar con un abogado de confianza sigue en tela de juicio.

Ejemplo de ello es el caso del capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, a quien detuvieron en el estado Apure.

Agentes de la DGCIM le aprehendieron sin que existiera ninguna orden de aprehensión en su contra. tampoco cometió un delito en flagrancia.

Lo detuvieron por representar al propietario de un hato que está ocupado por militares.

Pese a que el profesional del Derecho denunció haber sido objeto de malos tratos por parte de sus captores, el juez que tiene su caso no atendió su acusación.

Esta situación deja en letra muerta disposiciones del reformado COPP, como el artículo 120 que ordena a los jueces a garantizar «la vigencia» de los derechos de la víctima. Además del «respeto, protección y reparación durante el proceso».

Lo ocurrido con Juan Carlos Guillén también pone en duda la eficacia de iniciativas como la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos.

El ACNUDH y la MDH han contabilizado decenas de casos de tortura cometidos por agentes policiales y militares.

Estas entidades han puesto especial énfasis en casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Arévalo Acosta.