La justicia británica se declaró «incompetente» en la batalla judicial entre el rey emérito español Juan Carlos I y su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, que le reclamaba 126 millones de libras (165 millones de dólares) por acoso.

Esta mujer danesa, divorciada de un príncipe alemán y conocida también por su nombre de soltera, Corinna Larsen, mantuvo una relación con el entonces monarca entre 2004 y 2009.

En su decisión anunciada por escrito, la jueza Rowena Collins Rice concluyó que «el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales no dispone de la competencia jurisdiccional para juzgar» este caso.

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La magistrada señaló que la denunciante «no estableció suficientemente» que los hechos que originaron su demanda se produjeran en Inglaterra.

Larsen, que ronda los 60 años, había presentado una demanda civil en 2020 en Londres.

La que fuera amante del exmonarca aseguró que Juan Carlos I, ahora de 85 años, la hostigó desde 2012 buscando recuperar «regalos» que incluyen 65 millones de euros (73 millones de dólares).

El rey emérito celebró en un comunicado el fallo de la justicia británica.

«Si bien Su Majestad Juan Carlos lamenta el gasto de energía y recursos que ha supuesto esta querella, se congratula de la decisión que, como era de esperar, confirma su inocencia», afirmó el antiguo monarca.

Juan Carlos, en su texto, aseguró que la sentencia le devuelve la posibilidad de nuevas apariciones públicas.

«La sentencia de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para nuevas comparecencias públicas», explicó el comunicado.

Larsen, por su parte, mostró su decepción por el fallo judicial, en un mensaje enviado por sus abogados.

«Estoy profundamente decepcionada por el fallo dictado en este caso por el Alto Tribunal de Inglaterra», afirma la demandante.

En su fallo, la jueza afirma que Larsen «no ha demostrado suficientemente que el ‘hecho perjudicial’ del que se queja –el acoso por parte del acusado– haya ocurrido en Inglaterra».

En julio, el abogado del rey emérito, Adam Wolanski, en una vista preliminar ante la jueza Collins Rice, argumentó que el caso no podía ir a juicio por falta de jurisdicción y fallos de forma y procedimiento.

Y la magistrada dictó en su favor este viernes, aunque Larsen, en su comunicado, deja la puerta abierta a nuevas acciones judiciales.

«La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo colapsarme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para aplastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones”, afirmó la danesa.

Entre otros ataques, Larsen denunció «entradas ilegales» en sus domicilios, «la perforación de un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía», el 21 de junio de 2017, y disparos a sus cámaras de seguridad, el 14 de abril de 2020.

La jueza reconoció que Larsen «tiene un relato que desea dar de su historia personal y financiera con el acusado, y sobre el daño que éste ha causado a su tranquilidad y bienestar personal, y a su vida empresarial, social y familiar».

Pero la magistrada añadió que «la única cuestión para mí ha sido si la demandante puede obligar al acusado a dar su versión de los hechos al Tribunal Superior. Mi conclusión, tal como están las cosas, es que no puede».

El padre del actual rey de España había negado «enfáticamente» las acusaciones de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación.

«Con el fin de permitir que los tribunales continúen su trabajo con total serenidad, Su Majestad ha ejercido voluntariamente la máxima discreción a lo largo del juicio y, por tanto, se ha abstenido de hacer cualquier comentario público», afirmó el exmonarca en su texto de este viernes.

Ahora, Larsen tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de Apelaciones.

«Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema legal. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados para quienes lo han sufrido», concluyó el comunicado de la demandante.

Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, que lo designó como su sucesor, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España.

Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, derrumbaron su imagen.

En junio de 2014, Juan Carlos acabó abdicando a favor de su hijo.

Con información de AFP.

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El rey emérito español Juan Carlos I abonó 678.393 euros (unos 820.000 dólares) al fisco. Para saldar una deuda tributaria generada tras haber realizado una declaración extraordinaria, informó su abogado en un comunicado difundido este miércoles.

El monarca, que abdicó en 2014, se exilió en agosto a Emiratos Árabes. Tras multiplicarse las  sospechas de que mantiene una fortuna oculta en el extranjero. Motivo por el que es objeto de investigaciones judiciales en España.

«El Rey Juan Carlos (…) ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€ incluyendo intereses y recargos». Según indicó su abogado Javier Sánchez-Junco en un comunicado.

En este texto, el letrado también indica que su cliente «continúa, como siempre lo ha estado. A disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos».

Según el diario El País, que el domingo había avanzado este movimiento, esta declaración tributaria busca poner en orden la situación financiera del exmonarca en relación a una investigación por el uso de tarjetas de crédito con fondos opacos por la que podría ser procesado.

En noviembre se conoció que la fiscalía anticorrupción indagaba si Juan Carlos I había usado cuentas bancarias a nombre de terceros con fondos de origen desconocido, lo que podría constituir un posible delito de blanqueo.

Fuentes jurídicas indicaron entonces que las cuentas investigadas estaban controladas por una empresa mexicana y un oficial de la Fuerza Aérea española.

El monarca podría ser procesado por esta causa. Ya que el movimiento de fondos y el uso de estas tarjetas se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad que tenía como jefe de Estado.

Hace cuatro meses que Juan Carlos I, cuyas finanzas están siendo investigadas en otros dos casos, se fue a vivir a Emiratos Árabes Unidos. 

La primera investigación se abrió hace dos años, cuando los fiscales examinaron un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita,  ganado por un consorcio de empresas españolas en 2011, para saber si el entonces monarca cobró una comisión.

Según el diario suizo La Tribune, el difunto rey Abdulá depositó 100 millones de dólares en un banco privado suizo en 2008 al que tuvo acceso Juan Carlos I, lo que generó sospechas de que se tratara de una comisión por el contrato que se adjudicó tres años después. 

Con información de AFP.