En Venezuela existe un gran porcentaje de discriminación hacia zonas que no son «exclusivas» para la construcción de viviendas y estructuras comerciales, algo que preocupa a los miembros de la Cámara Inmobiliaria. El mercado gira a inmuebles y comercios usados.

Esto nos lo explica Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Orta Martínez señala que el volumen de operaciones del mercado inmobiliario se ha mantenido relativamente estable en los últimos cuatro años, y que solo en algunas urbanizaciones de las principales ciudades del país se empezó a recuperar levemente el precio de los inmuebles.

Esto es Cara a Cara con Johan Álvarez.

Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, alertó acerca de los efectos negativos del cobro excesivo de aranceles sobre el sector.

“Muchos registros a nivel nacional siguen calculando aranceles por fuera de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías, que tienen un máximo 2%; pero cuando van los usuarios, compradores de vivienda, vemos que ese cálculo es hasta 30% por encima”, argumentó.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria hizo un balance del 2022, donde destacó que el sector registró una cantidad «estable de operaciones y ventas».

Dijo que hubo «algunos indicadores positivos» en algunas ciudades del país después de cuatro años, como Caracas, Barquisimeto y Valencia.

“Específicamente en locales a puerta de calle hubo un crecimiento de 23%, también los centros comerciales empiezan a recuperar su ocupación, e incluso hay nuevos proyectos que se van a ejecutar durante el año 2023″, manifestó.

«Los precios, tanto el alquiler como en ventas, se han mantenido relativamente estables a escala nacional, pero sí hay leves aumentos en algunas urbanizaciones de las principales ciudades del país”, agregó Orta.

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Otro aspecto a revisar en el 2023 de acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es la fijación de cánones de arrendamiento, para permitir acuerdos directos entre inquilinos y propietarios”

“Debido a la hiperinflación las partes se han puesto de acuerdo, han fijado sus cánones y lo que queremos es que eso se sincere y sea lo que reflejen las leyes, y que la Sunavi intervenga cuando haya conflictos entre las partes o se deba regular algún canon”, explicó el directivo.

Por otro lado pidió «un exhorto por parte de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia para que levante ese amparo y se puedan ejecutar cerca de 2.500 medidas judiciales que ya tienen sentencia definitivamente firme».

Igualmente, para 2023 piden la creación de un nuevo plan, junto la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), «para revisar las políticas inquilinarias, proceso que debe estar acompañado de una modificación de la Ley de Arrendamientos y Viviendas».

Dijo que lo que se busca es que el sector funcione con menos controles, puesto que, por ejemplo, hay «grandes inventarios en oficinas que implican que los precios no pueden subir de manera acelerada, mientras que la demanda de viviendas nuevas permanece deprimida».

Mientras que en el área del comercio este año hubo un mejor desempeño, con una recuperación de los porcentajes de ocupación.

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