La activista por los DD. HH., Rocío San Miguel, llegó a Madrid este 9 de enero, luego de casi dos años de estar presa por motivos políticos en El Helicoide. Ella no puede dar declaraciones, pero su abogada, Theresly Malavé, cuenta al diario El País, de España, algunas de las vejaciones que sufrió durante su cautiverio.

A continuación reproducimos el trabajo completo.

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Durante muchos años, Rocío San Miguel fue la mujer que más sabía del ejército venezolano. Qué oficiales eran los más poderosos, cuál era el sentir de la tropa o qué generales se corrompían negociando con carne, leche, con el oro de las minas… ella era la persona a la que todos los periodistas y organizaciones internacionales buscaban en busca de luz sobre un mundo tan oscuro como los más de 2.200 generales que lo componen.

Por todo ello ha pagado dos años de cárcel incomunicada en una celda en la siniestra cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide, de la que acaba de salir. “Hasta el último momento lo vivimos con tensión. Solo respiramos cuando el avión cerró la puerta y empezó a circular por la pista rumbo a España. Entonces nos abrazamos y lloramos juntos”, recuerda su abogada, Theresly Malavé, desde Caracas.

 Nacida en Caracas hace 59 años y criada en Madrid, después de dos años encerrada en una de las cárceles más duras del mundo —utilizada por el Servicio de Inteligencia como lugar de encierro donde obtener confesiones— las dudas giran ahora en torno al estado de salud de San Miguel. Su abogada, que tiene nacionalidad española y venezolana, señala: “Me dijo que estaba más o menos, pero que ahora quiere revisarse en España y visitar al médico para ver cómo está del brazo que se rompió en prisión”, recuerda su abogada, que el jueves pudo hablar con ella por teléfono antes de que el avión levantara el vuelo.

La abogada de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, resume estos dos años encarcelada en como una “tortura inhumana”, en la que jamás pudo ver a su defendida y debía comunicarse con ella a través de su hija.

 “Todas las denuncias de torturas físicas, de cucarachas, de dormir en el suelo sobre una colchoneta son ciertas. Pero en el caso de Rocío tuvo dos etapas. Una primera, donde se le aplicaron todo tipo de maltratos físicos, y una segunda, en la que, aunque mejoraron las condiciones físicas, la tortura consistió en aislarla”, detalla.

Incluso su excarcelación, una noticia que recibió la noche del miércoles, se vivió con ansiedad. “Desde que supimos de su posible liberación hemos pasado recorriendo cárceles porque no sabíamos ni cuándo ni dónde la liberarían. Eso forma parte de la tortura del Gobierno: no decir nada y mantenernos en la incertidumbre”, explica.

Cuando, a primeros de febrero de 2024, San Miguel fue detenida, le aplicaron la “sippenhaft”, un término alemán que define el encarcelamiento de los familiares de un detenido por los delitos cometidos por una persona. En este caso, la Fiscalía encarceló también a su hija, a su exmarido, a su pareja actual y a otros dos familiares más. Días más tarde, todos fueron puestos en libertad con cargos, salvo su actual pareja, que sigue en prisión. “Son cientos de personas las que están injustamente encarceladas. Ni siquiera cuando los abogados pueden ver a sus defendidos pueden verlos, porque deben estar enmascarados para hablar con ellos”, explica Malavé.

 Acusada de “espía”, para justificar el encarcelamiento de San Miguel, el fiscal general, Tarek William Saab, presentó como pruebas un audio de mala calidad en el que un militar implicaba en su confesión a San Miguel y unos mapas “desactualizados, de acceso público y de carácter académico”, según su familia, que ella había utilizado como profesora en la Escuela Superior de Guerra. En realidad, aquellos mapas estaban en la propia web de la academia.

Desde el primer momento, el chavismo se mostró inflexible y ni siquiera permitió que recibiera la asistencia consular, la ayuda que ofrecen siempre las autoridades a los extranjeros. En cuanto a su proceso penal, Malavé desconoce si San Miguel ha sido condenada al “destierro”, como sucede con casi todos los liberados, y califica de farsa cualquier proceso judicial. 

“El futuro de los presos políticos depende única y exclusivamente de la voluntad del Gobierno, que es el que decide el futuro de cada encarcelado”. “En Venezuela todos los presos políticos entran a la cárcel con una etiqueta en la espalda. Siempre hay un carcelero detrás, que es alguien a quien supuestamente se ha ofendido, pero nunca supimos bien de quién se trataba: si de Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez…”

 Según la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que ha recogido 122 testimonios de víctimas que han pasado por las cárceles venezolanas, en ellas se practica la tortura de manera generalizada, que incluye “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la tortura blanca”, que incluye el aislamiento o la imposibilidad de ver la luz.

Con la anunciada libertad de los presos políticos no termina el trabajo de los abogados que los representan, ya que hasta el viernes el régimen solo había puesto en la calle a un puñado de ellos, de los más de 800 que las organizaciones de derechos humanos dicen estar encarcelados. 

“No se trata solo de los presos, también hay 61 personas desaparecidas y el sufrimiento que yo he visto en esas personas es superior al de las personas que tienen a alguien detenido. Son muchas madres buscando por hospitales, por morgues, por prisiones…”, remata la abogada con un tono de voz a medio camino entre la alegría de saber que San Miguel aterrizó en Madrid y la desesperación por los cientos que aún siguen encarcelados.

Con información de El País

Nota: Los intertítulos son de la redacción

El tribunal que lleva en Venezuela la causa por «terrorismo» contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este lunes por cuarta vez el inicio del juicio y alegó como causa las medidas de «ahorro energético».

Este mismo tribunal ya aplazó el juicio en las dos ocasiones anteriores, pero por «falta de traslado» de la activista al Palacio de Justicia.

Según la agencia AFP, se despachó a familiares y defensores cerca del mediodía, cuando funcionarios judiciales sostuvieron que la audiencia no podría hacerse por una política de «ahorro energético».

Como se recordará, la semana pasada, el gobierno ordenó a la administración pública reducir a cuatro horas y media y solo res días a la semana, el horario de atención de las oficinas, salvo algunas excepciones.

San Miguel fue detenida hace trece meses, acusada por e estar vinculada con una operación para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La audiencia fue reprogramada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y de gobernadores.

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Respecto al diferimiento, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, calificó el hecho como «inadmisible».

Denunció que la libertad y salud de Rocío San Miguel, «continúan siendo vulneradas».

«A pesar de que lleva más de un año privada de libertad, y más de siete meses con una fractura en su hombro que le ha causado la pérdida de movilidad en el brazo y sin recibir la atención médica adecuada, su audiencia ha sido postergada una vez más, ahora hasta finales de mayo. Este es el cuarto aplazamiento con dos meses entre cada uno», agregó.

La organización exige «la liberación inmediata de Rocío San Miguel y que se respeten sus derechos fundamentales, comenzando por recibir la atención médica que requiere de manera urgente».

San Miguel, experta militar de 58 años y quien también tiene la nacionalidad española, está recluida en el Helicoide.

Fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a salir del país junto a su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y hoy se encuentra en libertad condicional.

Su expareja, un militar retirado, está preso por la supuesta conspiración.

La activista, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano padece una lesión en un hombro por una fractura que no ha sido atendida por médicos, según sus abogados.

Actualmente, solo puede recibir visitas de su hija, mientras sus abogados de confianza denuncian que no han podido juramentarse como representantes legales.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reveló este viernes un plan de la oposición que pretendía «liberar» a la activista por los DD. HH., Rocío San Miguela, detenida desde hace un año en el Sebin de El Helicoide y, además, confirmó la detención del dirigente opositor, Luis Somaza.

Cabello hizo el anuncio su programa de los viernes, «Sin truco ni maña» que conduce junto con la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz.

Detalló que se desmanteló «una banda de coyotes internos», cuyos integrantes son del mismo grupo que trabajó para sacar a Leopoldo López de Venezuela.

«Ellos estaban planeando rescatar de una clínica, cuando la llevaran a operar, a Rocío San Miguel y a otra persona y ayer (jueves 13 de febrero) fueron detenidas las tres personas, quienes pagaban a los mercenarios», explicó.

Cabe recordar que, casi a finales del año pasado, se filtraron fotografías de San Miguel, siendo sometida a exámenes médicos y luego se supo que desde hace más de seis meses ella sufrió una caída y se fracturó un hombro, por lo que requiere una operación, a la cual no la han sometido.

En su relato, Cabello señaló que el plan «era asaltar la clínica, sacarla y se la entregan a la red (de coyotes internos). Es una red de la conspiración, así sacaron una gran cantidad de gente de aquí de Venezuela», añadió.

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Por otro lado, Cabello confirmó la detención del dirigente opositor Luis Somaza, cuyos familiares y amigos denunciaron que “Fue violentado su lugar de resguardo (…) Me encontré con 5 hombres vestidos de negro. No tenían ningún tipo de identificación de cuerpos de seguridad del Estado, pero sabemos que era una camioneta que usan funcionarios del gobierno”, como relató su hermana, Valeria Somaza.

Sobre el caso, Diosdado Cabello dijo: «Fue detenido Luis Somaza, un personaje muy perverso, un delincuente, que era el que llevaba el control del dinero de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de Juan Guaidó y Leopoldo López en primera instancia y después de La Sayona (María Corina Machado)», expresó.

«Somaza operaba con los coyotes y nosotros llegamos a él por los coyotes que desmantelamos», aseveró.

Asimismo, agregó que son los mismos coyotes que mueve Carlos Orcariz, los que utilizó en julio para organizar las guarimbas en Petare.

«Él dice que no conoce a Wilexis, pero sí lo conocía, porque operaba con él y organizaba guarimbas junto con Henrique Capriles; esa banda fue sembrada por ellos», sostuvo.

? “ES UN PERSONAJE MUY PERVERSO”El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención del dirigente de @VoluntadPopular Luis Somaza, en el programa “Sin truco ni maña”, con Tania Díaz.? Cortesía pic.twitter.com/Lqtg74TuHG

El tribunal que lleva la causa por «terrorismo» contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel difirió este martes el inicio del juicio para el 31 de marzo.

Una funcionaria del tribunal informó que «por falta de traslado» de San Miguel desde su centro de detención hasta el Palacio de Justicia en Caracas se postergaba el proceso.

Es el segundo aplazamiento desde el 18 de diciembre, cuando estaba previsto inicialmente el inicio del juicio. El argumento entonces fue el mismo, común en el retraso procesal de juicios contra opositores reseña la agencia AFP

La nueva fecha viola la ley, «porque excede los lapsos procesales para que se verifique la audiencia una vez que se difiere», explicó a la AFP el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco.

«En un lapso de tres meses deberíamos estar en apertura del juicio oral y público», añadió. «Y llevamos un año y no hemos empezado».

San Miguel, de 58 años, es abogada, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano.

Fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y acusada de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Estaba con su hija, liberada tras una breve detención, al igual que otros tres familiares.

Su expareja, un militar retirado, está detenido acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.

Maduro ya la había acusado en 2014 de estar involucrada en «un alzamiento militar».

San Miguel solo puede recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y está a la espera de una cirugía por una fractura de hombro.

González no ha podido juramentarse como abogado de San Miguel junto a Theresly Malavé. Su defensa por ahora recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir a la Fiscalía.

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Entre tanto, Theresly Malavé, abogada de San Miguel, denunció que la defensora tiene inmovilidad en su brazo derecho tras 6 meses con fractura en hombro.

«Exigimos una medida humanitaria para Rocío urgente para una operación con sus médicos de confianza, postoperatorio en libertad y recuperación en familia. Rocío es inocente», publicó este martes la oNG Provea, en sus redes sociales.

“Tiene que ser operada por un especialista. Tiene 6 meses con esa fractura y no la pudieron llevar ni siquiera al médico, le detectaron la fractura por una jornada médica 4 meses después”, agregó Malavé, en un video colgado en las redes de la ONG.

Theresly hace un llamado a la juez Alejandra Romero, quien lleva el caso, para que se le otorgue una medida humanitaria a la defensora y ciudadana española-venezolana.

«Rocío está detenida arbitrariamente desde hace 1 año en El Helicoide, sin haber podido asignar a sus abogados de confianza ante el caso y a la espera de que su juicio finalmente inicie. Por ahora, Rocío sigue con defensa pública impuesta», recuerda Provea.

Asimismo, piden al gobierno venezolano que «otorgue la medida y libertad a Rocío, que le permita ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad. Además del respeto al debido proceso».

Y, finalmente, exigen «al Reino de España que actúe para garantizar la integridad de su ciudadana».

La Plataforma Unitaria se pronunció este domingo acerca de la situación de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG, Encuentro Ciudadano, exigió este domingo la liberación de Rocío San Miguel, quien ya cumplió un año detenida.

«A un año de la detención arbitraria de la defensora de DD. HH. Rocío San Miguel, se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso», publicó la PUD en sus redes sociales.

Recordó que, a San Miguel «se le ha negado la atención médica que requiere con urgencia».

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Dice esto, en referencia a que el año pasado se supo que San Miguel sufrió una caída que le produjo una fractura e el hombro, la cual no ha sido atendida.

«Desde la Plataforma Unitaria Democrática exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela», agregó la coalición.

Al igual que la Plataforma Unitaria, varias ONG se han pronunciado sobre la activista por los Derechos Humanos e insisten en que «es inocente» de los delitos que se acusan.

Una de estas organizaciones, como el Observatorio venezolano de Prisiones, destacó que, «durante estos doce meses, Rocío ha sido sometida a un proceso viciado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso. Ha sido víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática».

«Pedimos a la comunidad internacional que no desvíe la mirada y que continúe presionando por el respeto a los derechos humanos en nuestro país», agrega la ONG.

A un año de la detención arbitraria de la defensora de DDHH Rocío San Miguel, se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como también se le ha negado la atención médica que requiere con urgencia. Desde la Plataforma Unitaria Democrática exigimos que… pic.twitter.com/Q9KPvTSgey

La activista por los Derechos Humanos, Rocío San Miguel, cumple este domingo un año de detenida y varias ONG, más defensores de los DD. HH., exigen una medida humanitaria a su favor, por las condiciones de salud en que se encuentra, además de ser «inocente de los delitos que se le imputan».

«Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, se encuentra detenida en Venezuela sin acceso pleno a las garantías procesales que le son reconocidas por la legislación nacional e internacional», publicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

«Desde su arresto, se le ha impedido el acceso a sus abogados de confianza, quienes no han podido consultar el expediente de su caso ni brindarle la asistencia legal correspondiente», denuncia en su cuenta en X.

Insistieron en exigir «que se le otorguen, sin más dilación, todas las garantías de un proceso justo y que se le permita acceder libremente a una defensa legal efectiva».

Además de los comunicados difundidos por redes sociales, se hizo una actividad de calle, donde familiares y amigos se convirtieron en la voz de San Miguel, para denunciar su situación.

?? "ROCÍO NO PUEDE HABLAR PERO SOMOS SU VOZ"Cuando se cumple un año de la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel en Venezuela, familiares, amigos y seres queridos se reúnen para protestar y exigir su inmediata liberación.? Sergio Contreras (IG) pic.twitter.com/AN5sxoqDyZ

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Las ONG denuncian que San Miguel permanece «detenida en Venezuela en condiciones que vulneran gravemente sus derechos fundamentales».

«A su detención se suma una grave situación de salud: hace seis meses, Rocío sufrió una caída que le fracturó el hombro, lo que requiere una intervención quirúrgica urgente».

Sin embargo, alertan que «durante su arresto, se le ha negado sistemáticamente el acceso a atención médica, lo que ha provocado el agravamiento de su condición. Esta negación de atención médica constituye una violación de su derecho a la salud y de los estándares internacionales sobre trato digno y humano».

Exigen que «se otorgue con carácter urgente una medida humanitaria para que Rocío San Miguel recupere su libertad y pueda someterse a la operación necesaria para su salud».

A pocos días de que se cumpla un año de la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel no se ha dado inicio formal del juicio, ni le han permitido ser asistida legalmente por abogados de su confianza.

Así lo denunciaron varias ONG que, a través de las redes sociales, se han unido para promover la campaña: #medidahumanitariapararocio.

«Ella requiere atención médica urgente, por una fractura en su hombro derecho, que padece desde hace más de 6 meses», recordaron, en referencia a que solo mediante una foto filtrada a las redes, se supo que San Miguel está lesionada.

Pero, desde allí, no se ha sabido más de ella.

«Pedimos una medida humanitaria, que le permita ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad», señalan las organizaciones y activistas por los DD.HH.

Alertaron que San Miguel «no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla. En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna».

Aseguran que «Rocío tiene derecho a sus médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna. Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física».

Remarcan las ONG que «Rocío es inocente, víctima de un proceso sin debido proceso».

La defensora de derechos humanos fue detenida el 9 de febrero de 2024, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija.

No le han permitido a sus abogados acceder al expediente del caso ni asistirla legalmente. 5 de sus familiares también fueron víctimas de detención arbitraria, su exesposo Alejandro González permanece detenido arbitrariamente.

A pocos días de que se cumpla un año de la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel no se ha dado inicio formal del juicio, ni le han permitido ser asistida legalmente por abogados de su confianza. #MedidaHumanitariaParaRocio pic.twitter.com/ylPHwZc4HZ

La primera audiencia del juicio contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida hace diez meses y acusada de terrorismo en Venezuela, fue diferida, informó este miércoles su abogado a la AFP.

«La audiencia estaba fijada para el día de hoy (…). Pasadas las 4 de la tarde (20H00 GMT) se informa del diferimiento», comentó el abogado Juan González Taguaruco, quien denuncia que las autoridades le han negado el acceso a la activista, obligada a tener un defensor público.

González Taguaruco dijo que se pospuso «bajo el argumento» de que San Miguel no fue trasladada desde su sitio de reclusión en Caracas hasta la sede de los tribunales.

Suele ser una de las causas de retraso procesal en los juicios contra opositores detenidos en este país sudamericano.

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San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada el pasado 9 de febrero, vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.

Se le acusa de los delitos de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración», según informó el fiscal general, Tarek William Saab.  

De doble nacionalidad venezolana y española, San Miguel se encuentra detenida en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de tortura». 

Su defensa denunció la semana pasada que la abogada no ha recibido atención médica adecuada tras una fractura en un brazo sufrida en una caída.

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó en su momento preocupación por la detención de San Miguel, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian una «escalada» de las autoridades contra activistas.

Amnistía Internacional instó «al gobierno de Nicolás Maduro debe liberar de manera inmediata e incondicional a Rocío San Miguel y todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela».

A través de sus redes sociales advirtió que «Negar atención en salud a quien está detenida es tortura y una agravante a los crímenes investigados por la justicia internacional».

El pronunciamiento se hizo, luego que se conociera, que la defensora de derechos humanos, detenida el 9 de febrero, sufrió lesiones y apenas recibió atención médica, tal como lo informó su abogado defensor Juan González Taguaruco.

González denunció que la lesión que sufre la presidenta de la ONG Control Ciudadano, ocurrió hace cuatro meses, cuando se cayó como consecuencia de una laberintitis que «no fue debidamente atendida».

Por si fuera poco, advirtió que desde entonces San Miguel «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».

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Mientras que los familiares de Freddy Superlano, coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP), denuncian que tras 4 meses detenidos en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), no han tenido ningún contacto con él.

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Juan González Taguaruco, abogado de la activista por los DD. HH., Rocío San Miguel, denunció que la lesión que sufre la presidenta de la ONG Control Ciudadano, ocurrió hace cuatro meses, cuando se cayó como consecuencia de una laberintitis que «no fue debidamente atendida».

En entrevista con la agencia Efe, Taguaruco, dijo que, desde entonces «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».

Una vez que se supo que ella será operada, el abogado exige que pueda ser atendida y operada por sus médicos de confianza.

«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó.

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Mientras tanto, a través de su cuenta en X, la ONG Acceso a la Justicia pidió que san Miguel «sea evaluada por un equipo médico autorizado por su familia para conocer realmente su estado de salud», además de exigir su «liberación inmediata».

San Miguel fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de este año en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y fue sometida a desaparición forzada por varios días, hasta que se supo de ella y luego fue imputada por varios delitos relacionados con «terrorismo».

De hecho, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo, en esa ocasión, que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.

Durante su reclusión, la activista de derechos humanos Rocío San Miguel sufrió una lesión en el hombro derecho, por lo cual recibió atención médica y autorización para someterse a una operación quirúrgica.

Por esta razón, tras 10 meses detenida en El Helicoide, sede del Sebin, San Miguel fue vista en unas fotografías difundidas en redes sociales.

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La abogada y directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el 9 de febrero en el momento en que tenía previsto abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El Ministerio Público la imputó por presuntamente estar vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.

Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Provea y Frente Amplio de Mujeres han condenado la detención y exigido la liberación inmediata, según una medida cautelar otorgada por la CIDH.

El Forum 2000, creado en 1997 por el expresidente, dramaturgo y disidente checoslovaco Václav Havel, otorgó su Galardón a la Valentía y Responsabilidad a la abogada venezolana Rocío San Miguel, actualmente detenida en el Sebi, acusada por cargos de tererorismo.

“Rocío San Miguel Sosa es una de las expertas militares y de seguridad más experimentadas de Venezuela. Hizo un trabajo sumamente importante con su ONG y también participó activamente en organizaciones internacionales que llaman la atención sobre la situación actual en Venezuela. Por eso, el régimen represivo de Nicolás Maduro la encarceló y trata de silenciarla“, declaró el director del foro, Jakub Klepal, reseñado por Efe.

El Forum 2000, que celebra su XXVIII edición este año, persigue el legado de Havel apoyando los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos, y ayudando al desarrollo de la sociedad civil y fomentando la tolerancia religiosa, cultural y étnica.

San Miguel es una activista de derechos humanos, y preside “Control Ciudadano”, una ONG que supervisa la seguridad nacional, la defensa, fuerzas armadas y los compromisos de Venezuela respecto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En febrero pasado, fue detenida por agentes de seguridad, que la tuvieron incomunicada durante 10 días en la prisión “El Helicoide de Caracas”, recordó el comunicado del Forum 2000.

Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Provea y Frente Amplio de Mujeres, han condenado la detención y exigido la liberación inmediata, según una medida cautelar otorgada por la CIDH.

La abogada Tamara Sujú, que creó la fundación venezolana “Nueva Conciencia Nacional” y que vive bajo asilo político en Chequia, recibió el galardón anoche en nombre de la detenida de manos del presidente del Senado checo, Milos Vystrcil.

#14Oct?RECONOCIMIENTODefensora de DD.HH., @rociosanmiguel, fue galardonada con el Premio Internacional del Coraje y Responsabilidad @Forum_2000 La activista se encuentra detenida desde en El Helicoide. La abogada @TAMARA_SUJU recibió el precio en su nombre?@TAMARA_SUJU pic.twitter.com/fbeyVc9KRr

Este viernes se cumplen seis meses de la detención de la activista por los DD. HH. y experta en materia militar, Rocío San Miguel, quien se encuentra en la sede del Sebin, en El Helicoide, acusada por delitos asociados al terrorismo.

La ONG, Provea, denunció que «la defensora de DD. HH. sigue en el centro de torturas, El Helicoide», y agregó que sus derechos han sido violados, entre ellos, el debido proceso, puesto que «no ha podido designar a sus abogados».

Recuerda que San Miguel «fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar sus abogados de confianza», además de ser «víctima de desaparición forzada (por más de 3 días) desde el viernes 9 de febrero».

Relató que la detención ocurrió cuando ella «se disponía a viajar con su hija Miranda».

Remarca Provea que San Miguel fue «oficialmente detenida desde la noche del lunes 12 de febrero, cuando fue presentada en el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas».

Alerta que «el Gobierno de Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria, por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares».

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Igualmente, Provea indicó que 5 de sus familiares «también fueron desaparecidos y detenidos: Miranda San Miguel, hija; Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda; Alejandro González, exesposo (quien sigue detenido junto a Rocío)».

Mientras que «4 de estos familiares fueron liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salir del país y tampoco declaraciones sobre el caso».

Además, la casa de habitación de San Miguel fue allanada.

«La Misión de la ONU sobre Venezuela expresó su preocupación por la detención de Rocío: Esta práctica de intimidar a familiares responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión”.

La Misión también advirtió que junto con «Rocío han registrado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han buscado derrocar al Gobierno de Maduro durante los últimos años».

Este 9 de julio, la activista Rocío San Miguel, presidenta de la oenegé Control Ciudadano, cumplió cinco meses presa, este 9 de julio, razón por la cual organizaciones defensoras de los DD. HH. exigen su liberación.

“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones pedimos su liberación inmediata y sin restricciones”, escribió en X, esta ONG que señala que la detención de San Miguel es “injusta y arbitraria”.

La entidad asegura que la activista lleva «cinco meses de sufrimiento” en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

Denunció que, en este lapso, sigue sin poder “nombrar a sus abogados de confianza”.

Entre tanto, Acceso a la Justicia, también a través de X, exigió la “inmediata liberación” de la abogada, cuya detención también calificó de “arbitraria”, y aseguró que “ha sido víctima” de “violaciones a sus derechos”.

San Miguel ha sido acusada por el Ministerio Público de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Lea también: Ministerio Público presentó acusación contra ROCÍO SAN MIGUEL violando su derecho a la defensa

La detuvieron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se iba a viajar en compañía de su hija, a quien también detuvieron temporalmente.

Además, San Miguel fue señalada por el fiscal general, Tarek William Sabb de “entregar información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y de otras naciones.

El caso de San Miguel ha sido denunciado, incluso, por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien denunció que esta oficina ha documentado un incremento de “las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas”.

Türk, en su reciente presentación del informe sobre Venezuela, mencionó los casos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, “detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección”.

Hoy, al cumplirse 5 meses de la detención arbitraria de Rocío San Miguel, activista y directora de Control Ciudadano, recordamos todas las violaciones a sus derechos de los que ha sido víctima y exigimos su inmediata liberación #JusticiaVe https://t.co/mCud8MAock

#Venezuela: la reconocida Diputada Española Cayetana Álvarez de Toledo @cayetanaATenvió este mensaje de esperanza para el evento en #Madrid, #ApadrinaAUnPresoPoliticoDelMundo a su ahijada ROCIO SAN MIGUEL @rociosanmiguel!Escuchenla! @caslainstitute pic.twitter.com/cFEwX6I3Ig

El abogado Joel García informó que el Ministerio Público presentó acusación contra Rocío San Miguel y Alejandro González, sin darle acceso a su defensa.

García señaló en su cuenta de la red social X que con esto se está violando «el sagrado derecho a la defensa, pues no cuenta con defensa de su confianza y la defensa pública que tiene nunca los ha visitado ni realizado actuación alguna para defenderlos».

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Enfatizó que el proceso está plagado de irregularidades que comprometen el derecho a la defensa de los imputados.

«Hoy son 52 días privados de libertad, 52 días en los que reiteradamente se ha solicitado al juez de Control la designación de defensa privada, pero el juez quien debe controlar y garantizar el respeto por sus derechos fundamentales, con su actuación los viola», explicó.

Añadió que “ahora, van a una Audiencia Preliminar sin llevar ni un solo medio de prueba a su favor, sin poder defenderse de esa acusación. ¿Será que ya acusados, el juez de Control permitirá la designación de defensa de confianza?”.

Ahora, van a una Audiencia Preliminar sin llevar ni un solo medio de prueba a su favor, sin poder defenderse de esa acusación. ¿Será que ya acusados, el juez de Control permitirá la designación de defensa de confianza?

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A Rocío San Miguel la imputan por presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

Mientras que a Alejandro González, expareja de San Miguel, se le imputa la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, el Parlamento Europeo ha decidido este jueves exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos la activista Rocío san Miguel, además de solicitar más sanciones para la administración de Nicolás Maduro.

Los europarlamentarios consideran que en Venezuela, no se cumplen las condiciones mínimas para mantener a ciudadanos en prisión, mucho menos a aquellos que están denominados como presos políticos-

Por ello, han exigido la «inmediata liberación de los presos políticos» y que sean restablecidos sus derechos constitucionales.

Para la cámara de parlamentarios europeos es necesario que la administración de Nicolás Maduro cese en su “política de represión y ataques contra la sociedad civil y la oposición”.

Según diversas agencias de noticias, el detonante de la decisión de los europarlamentarios sería la detención de la activista y experta en temas militares, Rocío San Miguel, quien ya lleva más de un mes tras las rejas, una vez que fuese acusada de conspirar en un plan de magnicidio, llamado Brazalete Blanco.

Otra situación que ha llamado la atención de los europarlamentarios es la detención del general Héctor Hernández Da Costa, quien se encuentra recluido desde el 2018 y con quien los familiares no han tenido ningún tipo de contacto.

Vale destacar que el general ha presentado severos problemas de salud.

Debido a lo antes expuesto, la eurocámara ha solicitado al representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que se haga un nuevo estudio y se incrementen las sanciones en contra de Nicolás Maduro y los personeros de su Gobierno.

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También han solicitado a la Corte Penal Internacional que incluya los recientes casos de supuestos delitos de lesa humanidad, así como las recientes detenciones de presos políticos.

Otro tema que estuvo en la palestra fue el asesinato del militar disidente Ronald Ojeda. Por eso, han pedido a Chile una averiguación exhaustiva en torno al hecho.

Las venideras elecciones presidenciales no quedaron atrás.

Han pedido a toda la comunidad internacional que estén atentos a los actos electorales en el país y que apoyen «la vuelta a la democracia», permitiendo la plena participación de María Corina Machado, quien actualmente está inhabilitada políticamente y fue electa como candidata presidencial por la oposición venezolana.

Con información de agencias

La familia de la activista por los DD.HH., Rocío San Miguel, apeló a los buenos oficios del gobierno de España, para lograr su liberación, cuando se cumple un mes de su detención.

«Que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad», es el mensaje de los familiares de san Miguel, según reseña el diario español El Mundo, en vista de que ella es ciudadana hispano-venezolana.

«Le pedimos al gobierno español que acompañe el proceso hasta que Rocío pueda demostrar su inocencia y sea puesta en libertad», ratificaron sus familiares.

Se recuerda que desde que está detenida, a la activista solamente le han permitido ver a su hija Miranda, una vez.

Sin embargo, en tres oportunidades se ha frustrado la diligencia en los tribunales para que ella pueda juramentar a sus abogados de confianza, puesto que hasta el momento lo que se sabe es que la asiste uno de oficio.

Cuando la joven de 24 años pudo visitar a su progenitora, dijo, a través del abogado, Joel García, que ella estaba «fortalecida y muy confiada de su inocencia».

Cabe recordar que Miranda también fue detenida con San Miguel y luego liberada, pero con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y de hablar del caso con los medios.

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«Queremos que pueda acceder a sus abogados lo antes posible», añadieron las mismas fuentes ante el estado de «total indefensión» que sufre San Miguel.

A sus abogados ni siquiera se les ha dado la opción de tener acceso a su expediente, por lo cual no conocen sus cargos más allá de las ruedas de prensa de la Fiscalía.

«El caso de Rocío San Miguel es emblemático de las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, que afectan a todos los venezolanos por igual», denunció el Laboratorio de Paz.

Actualmente en las mazmorras de los organismos de seguridad del Estado permanecen, al menos seis presos políticos con doble nacionalidad española y venezolana.

Además de San Miguel, se encuentran detenidos: Alejandro González de Canales, María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández, Ángela Expósito y Jorge Alayeto.

Todo están implicados en presuntas tramas y conspiraciones.

A casi un mes de la detención de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, esta  se mantiene confiada en su inocencia y espera que se ablande el corazón a la persona que toma las decisiones y pueda salir en libertad.

La información la dio a conocer, el defensor de San Miguel y especialista en derecho penal, abogado Joel García, a través de sus redes sociales.

“Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”, publicó.

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Como se recordará,  el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención San Miguel Sosa, el 11 de febrero por estar incursa en actividades conspirativas y de magnicidio.

Aclaró que sobre San Miguel pesaba “una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco””.

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Dicha  operación tenía como “objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira ) y otras entidades del país”.

Mensaje de Rocío San Miguel“Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”

Este 9 de marzo cumple un mes detenida, acusada de terrorismo, la activista por los DD.HH. Rocío San Miguel no ha tenido contacto con sus abogados y se le permitió tan solo una visita de su hija.

Más allá de su reclusión en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de torturas», poco se sabe de la situación de San Miguel, experta en temas militares, vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, reseña la agencia AFP.

«Indefensión»

San Miguel fue arrestada la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas.

Sus abogados intentaron desde entonces comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso.

Fue presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y forzada a aceptar un defensor público, estrategia habitual en casos de presos políticos. Se le acusó de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

«Esa defensa pública nunca se ha comunicado con los familiares de Rocío», explicó a la AFP Joel García, abogado de San Miguel. «Nosotros fuimos designados por familiares para asistirla, pero eso no ha sido posible y el tribunal se excusa diciendo que no ha habido el traslado hasta el tribunal».

«Está en indefensión e incomunicación», condenó.

Única visita

La activista recibió una «única visita» el pasado 18 de febrero de su hija, Miranda Díaz.

«Por ella supimos que no había sido torturada», dijo García, pero «desde ese entonces nadie más ha podido conversar con ella. No ha tenido acceso ni a familiares, amigos, abogados, nada».

Su situación es «totalmente desconocida porque no hay comunicación con ella», siguió. «No se sabe de su estado anímico, de salud, si está comiendo… no se sabe nada, ni siquiera cómo o con quién esta recluida».

«Nada, no sabemos nada», lamentó.

San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española. Su detención estuvo en la agenda de una llamada entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su par venezolano Yván Gil.

Exesposo detenido

San Miguel dirige la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos de civiles y militares, y fue detenida junto a seis familiares, incluida su hija.

La joven y otros tres quedaron en libertad condicional.

Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, quedó, como ella, en custodia del servicio de contrainteligencia (DGCIM) bajo sospecha de «revelación de secretos políticos y militares».

Los abogados tampoco han tenido acceso al expediente.

La vivienda de San Miguel fue allanada días después de su detención, mientras su hija se encontraba en el lugar. Las autoridades se llevaron mapas y computadores, expuestos luego ante la prensa por el fiscal general, Tarek William Saab, como «pruebas» de su relación con una presunta conspiración.

Saab mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, acusado también de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».

Según esos extractos, la acusada debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.

El lapso para que la Fiscalía concluya sus investigaciones vence en 15 días, según la ley, y según García, su defendida «sigue sin contar con los medios y el tiempo necesario para defenderse».

La ONG especializada Foro Penal contabiliza 263 «presos políticos», 19 de ellos mujeres.

Por tercera vez desde que fue presentada en tribunales, fue suspendida la audiencia donde la activista por los DD.HH. Rocío San Miguel, juramentaría a sus abogados.

La denuncia la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a través de su cuenta en X, donde dice que «este retardo en el trámite impide que Miguel juramente a abogados de confianza como sus defensores y revise el expediente para conocer los fundamentos de las imputaciones en su contra».

Alerta que «esta situación la mantiene en estado de indefensión».

La audiencia se llevaría a cabo ente el tribunal Segundo de Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo.

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Como se recordará, Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 y luego de más de 72 horas, durante las cuales no se supo ciertamente de su paradero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que había sido encarcelada por varios delitos, entre ellos traición a la patria.

Posteriormente, fue presnetada en ese tribunal y tras u imputación, se decidioó que su lugar de reclusion sea la sedew del Sebin en El Helicoide.

A San Miguel le nombraron abogados de oficio, negándole el derecho a designar a una defensa de su confianza, lo estaba previsto para este 5 de marzo.

La ONG ratifica que «en el caso de Rocío San Miguel se ha violado el debido proceso».

Recuerda que «el artículo 44 de la Constitución indica que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares abogado o abogada o persona de su confianza”.